Aun cuando la Sedena ha sido una de las dependencias con mayor presupuesto en las dos administraciones anteriores, es una de las menos auditadas. Entre 2013 y 2018 sólo se sometió a 16 auditorías superficiales para conocer la forma en que gastó los 420 mil millones de pesos que le fueron otorgados en ese periodo. Sin embargo malgastó 630 millones de pesos del Fonden. Parte de esos recursos beneficiaron a un par de empresas fantasma.
En la reconstrucción de 15 recintos militares dañados durante los terremotos de septiembre de 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) malgastó cerca de 630 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden): pagó, entre otros, 150 millones 505 mil pesos a dos presuntas empresas fantasma en Oaxaca.
Además, en 603 millones 192 mil pesos, la Sedena “no contó con la documentación que compruebe de manera fehaciente la recepción” de los bienes y servicios contratados y, de manera general, la dependencia “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, señala un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado el pasado 20 de febrero.
De acuerdo con ese documento de 33 cuartillas, la Sedena incurrió en múltiples irregularidades en el otorgamiento discrecional de contratos referentes a los edificios dañados, y en 10 ocasiones el ente fiscalizador pidió a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea que realice las “investigaciones pertinentes” y sancione a los militares involucrados.
El organismo fiscalizador encontró que la Sedena otorgó dos contratos por un monto de 150 millones 505 mil pesos a las empresas Construcciones y Arquitectura Popol Vuh, SA de CV, y Arquitectos y Constructores Donají, SA de CV, que comparten un mismo socio y que los auditores no ubicaron en los domicilios señalados al Servicio de Administración Tributaria.
Mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas, Proceso buscó a las empresas mencionadas para consignar su versión, pero –al igual que la ASF– no obtuvo respuesta, lo cual apunta a que son empresas fantasma.
No es la primera vez que la Sedena recurre a sociedades de papel en sus obras: en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la dependencia otorgó contratos a 45 empresas fantasma por mil 778 millones de pesos, según reveló la periodista Zorayda Gallegos en una investigación publicada el pasado 25 de febrero por El Universal.
En diciembre pasado, el mismo periódico exhibió que, en 17 obras civiles y militares realizadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto –por 891 millones de pesos–, la Sedena contrató a 100 empresas irregulares o creadas ex profeso.
La administración de Andrés Manuel López Obrador encargó al Colegio de Ingenieros de la Sedena la construcción de varios proyectos de gran amplitud, entre ellos la ampliación del aeropuerto militar Felipe Ángeles de Santa Lucía como anexo al AICM; un megaproyecto para el cual el gobierno planea una inversión de 95 mil 260 millones de pesos.
Con el afán de evitar que se repitan irregularidades, el pasado 27 de febrero la ASF y la Sedena celebraron un convenio para que el ente fiscalizador supervise las obras del aeropuerto, así como su interconexión con el AICM.
Además de Santa Lucía, el gobierno de López Obrador entregó a la dependencia militar la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y 161 cuarteles de la Guardia Nacional.
Opacidad
Bajo el escudo de la seguridad nacional y la secrecía militar, la Sedena es un ente opaco por naturaleza, y su gestión financiera escapa en gran parte a la rendición de cuentas: a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, la ASF sólo realizó 16 auditorías –superficiales– para verificar cómo esta dependencia gastó los 420 mil millones de pesos que le fueron otorgados en los sucesivos presupuestos de 2013 a 2018.
Una de esas auditorías, referente a 690 millones de pesos erogados en la construcción del Centro Militar de Ciencias de la Salud en 2015, constó de apenas tres cuartillas; otra, que aspiraba evaluar el desempeño del Programa de Seguridad Pública en 2013, tenía siete.
Durante la administración pasada, la Sedena osciló entre el quinto y el sexto lugar de las dependencias dotadas de mayores recursos en la administración pública federal.
La ASF puso mucho mayor atención en las secretarías que recibieron presupuestos cercanos: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, fue sujeto de 287 auditorías; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fue auditada 103 veces.
Sin embargo, cuando el organismo fiscalizador puso la lupa en su gestión financiera, encontró que la institución castrense hace un uso discrecional de recursos públicos y otorga contratos de manera opaca.
Ese fue el caso del informe de auditoría 1835-GB: tras los terremotos que sacudieron el país los días 7 y 19 de septiembre de 2017 –el primero con epicentro en Oaxaca y el segundo en la zona limítrofe de Puebla y Morelos–, la Sedena mandó un presupuesto al Fonden para bajar recursos de este fideicomiso, del que Banco Nacional de Obras es fiduciario.
Con la luz verde del Fonden, la Sedena otorgó 93 contratos a 58 proveedores por 630 millones 966 mil pesos, 64 de los cuales fueron adjudicados de manera directa, es decir, sin pasar por un proceso de licitación pública, bajo la justificación de que se trataba de “obras con fines militares”.
Al respecto, la ASF determinó que, en el momento de elegir a sus proveedores, la Sedena no evidenció que siguió “los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que justificaran el procedimiento de adjudicación directa”.
El ente fiscalizador se interesó de manera más profunda en ocho inmuebles –cuatro en Oaxaca, tres en Chiapas y uno en la Ciudad de México–, a los que la Sedena canalizó 536 millones de pesos, y observó que la dependencia “no evidenció el cálculo realizado para la determinación de los presupuestos paramétricos de cada obra, que fueron la base para solicitar recursos al Fonden”.
Un ejemplo: en la remodelación del Hospital Militar Regional de Chiapas, la Sedena presentó un presupuesto de 58 millones 442 mil pesos basado en los costos de obras realizadas en el Hospital Militar Regional de Puebla, “el cual difiere también de los costos indicados en el catálogo de costos paramétricos de la Dirección General de Ingenieros”.
En octubre pasado, la ASF emitió otro informe de auditoría –el 77-GB–, en el cual reportó la contratación de un proveedor llamado Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, SA de CV, el cual no fue localizado en su domicilio fiscal, así como la compra de materiales por 14 millones 815 mil pesos a la empresa Productos Industriales Hadar, SA de CV, la cual nunca entregó los bienes, había sido creada meses antes y no tenía experiencia en el rubro solicitado.
En otra auditoría (número 107-GB) fechada en octubre de 2018, la ASF destapó otra serie de irregularidades en la Sedena; descubrió, entre otras cosas, que fue deficiente en la realización de estudios de mercado, pagó diversos sobrecostos, otorgó contratos en fechas anteriores a los procesos de licitación, emitió cotizaciones sin “congruencia cronológica” y no omitió la presentación de comprobantes respecto a 369 millones de pesos de viáticos para militares “en desempeño de comisiones y funciones oficiales” en el extranjero.
