Denuncias anónimas de militares colombianos destaparon un escándalo de espionaje político ilegal contra opositores al partido Centro Democrático, al que pertenecen el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Iván Duque. El amplio operativo de intercepción de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y redes sociales alcanza por igual a magistrados, periodistas y activistas. Lo más grave es que se realiza desde instalaciones de inteligencia militar. Es el segundo escándalo por intercepciones ilegales o “chuzadas” que involucra a Uribe, después del que se descubrió en 2009.
BOGOTÁ.- El senador opositor Iván Cepeda sabe que todo lo que dice en sus conversaciones telefónicas, sus correos electrónicos y hasta lo que habla en su hogar es monitoreado por los servicios de inteligencia del Estado colombiano.
Cepeda, cuyas denuncias tienen al poderoso expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sometido a un proceso penal, ha sido uno de los blancos favoritos de las salas de escucha de los organismos de seguridad de Colombia desde hace 17 años, incluso antes de que fuera congresista, cuando dirigía el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Por eso, a nadie en este país le sorprendió que el senador apareciera como uno de los objetivos de una operación de espionaje ilegal que acaba de descubrir la justicia colombiana.
Tampoco extrañó que entre los personajes vigilados estuvieran magistrados, periodistas, generales de las fuerzas militares y políticos opositores que se han caracterizado por defender el proceso de paz con la exguerrilla de las FARC.
Lo que resultó inaudito en esta nueva trama de espionaje es que las intercepciones a teléfonos celulares, cuentas de WhatsApp, correos electrónicos y computadoras personales se realizaban desde las tres principales instalaciones de inteligencia del Ejército.
Y se hacían, además, con fines políticos, de manera absolutamente ilegal y con el uso de equipos de alta tecnología proporcionados por gobiernos extranjeros para combatir fenómenos delictivos, como el narcotráfico.
La revista Semana, cuyos periodistas eran espiados y seguidos en la calle por militares, reveló que la información recopilada por estos agentes era entregada a un dirigente del gobernante Centro Democrático (CD), partido del ahora senador Uribe Vélez.
A Cepeda no le cabe duda de que el aparato de inteligencia del ejército actuó al servicio de los intereses de Uribe, el político más poderoso de Colombia y personaje que más influencia tiene en el gobierno del presidente Iván Duque.
“Estas operaciones de espionaje –dice Cepeda– están dirigidas a políticos de oposición, a periodistas y a magistrados de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional que tienen en común que han denunciado al senador Uribe Vélez, lo han investigado o llevan casos en su contra.”
No es la primera vez que Uribe Vélez protagoniza un escándalo por intercepciones ilegales. Cuando fue presidente (2002-2010) la revista Semana reveló en 2009 que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que dependía de él, espió ilegalmente durante años a magistrados, activistas humanitarios, fiscales, dirigentes opositores y periodistas.
Ese caso de “chuzadas” –como se dice en Colombia a la acción de interceptar líneas telefónicas– llevó a juicio penal a 22 funcionarios públicos, entre ellos el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, quien cumple una condena de ocho años, y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, sentenciada a 14 años de prisión.
Uribe Vélez, como ha ocurrido en otros casos penales que involucran a cercanos excolaboradores suyos, negó tener conocimiento de esa operación de espionaje político y la justicia nunca lo tocó.
Frente a este nuevo escándalo de “chuzadas” que involucra otra vez al influyente político ultraderechista, el senador Cepeda teme que ocurra lo mismo.
“Inmediatamente después de que se produjeron estas nuevas denuncias de espionaje ilegal, tanto en la fiscalía como en el ejército, se han tendido cortinas de humo para que no avance ninguna investigación seria”, dice a Proceso el legislador.
Cepeda señala que resulta “curioso” que los blancos de esta operación, que se viene desplegando desde que Duque llegó al poder en 2018, son también defensores de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, de los que Uribe Vélez es el principal detractor.
Para el senador José Obdulio Gaviria, del gobernante Centro Democrático (CD), las revelaciones del nuevo caso de “chuzadas” forman parte “de una campaña” contra su partido, contra Duque y contra Uribe.
De acuerdo con el legislador, “van por la cabeza” del ministro de Defensa (el uribista Carlos Holmes Trujillo), un precandidato del CD para los comicios presidenciales de 2022.
Uribe, por su parte, aseguró en su cuenta de Twitter que las acusaciones de que él sería el beneficiado de la información de inteligencia recopilada por el ejército “carecen de argumentos”.
“Borren todo”
El pasado 17 de diciembre, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana recibió en su cuenta de correo institucional un mensaje anónimo que la alertaba sobre una operación de inteligencia ilegal a gran escala que se realizaba desde instalaciones del ejército. Ella era uno de los objetivos.
El autor del correo electrónico es, evidentemente, alguien que conoce en detalle las labores de espionaje político que realizaban militares con recursos de la institución por órdenes de altos oficiales.
Durante año y medio “varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones (sic) al margen de la ley es el señor Uribe Vélez”, señalaba el escrito.
La fuente anónima, que omitió identificarse “por razones de seguridad”, daba pormenores de las “unidades orgánicas” del ejército desde las cuales se desarrollaba la operación criminal.
Mencionó la Brigada de Inteligencia Militar número 1 (Brimi1), el Batallón de Inteligencia Militar número 4 (Baime4) y el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib), ubicados en el aeropuerto militar de Bogotá y en el Cantón Militar de Comunicaciones en Facatativá, una población cercana a la capital colombiana.
A la magistrada Lombana le pareció tan veraz la información que ordenó que el 18 de diciembre se realizara una diligencia de inspección y allanamiento en el Batallón de Cibertinteligencia, epicentro de la operación ilegal.
Agentes de la procuraduría y de la policía judicial irrumpieron en las instalaciones castrenses, donde los militares reaccionaron con hostilidad e intentaron impedir la acción de los investigadores, quienes a pesar de los obstáculos procedieron a confiscar computadoras, celulares y memorias USB.
Durante la diligencia, que se prolongó 17 horas, varios militares intentaron borrar o esconder los discos duros de las computadoras, lo cual lograron. “Borren todo, borren todo”, ordenó un coronel.
Un oficial le pasó por la ventana su teléfono móvil a un abogado que se presentó al lugar, pero al que agentes de la procuraduría impidieron el acceso.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el entonces comandante del ejército, general Nicacio Martínez, llamaron a la magistrada Lombana para intentar que detuviera la diligencia, pues según ellos en el sitio había información de seguridad nacional que podría quedar comprometida.
Lombana aguantó las presiones y siguió con el allanamiento. El equipo y la información incautados quedaron bajo custodia judicial.
Militares que denunciaron en forma anónima el espionaje político desde la institución castrense dijeron que los responsables de esa operación ilegal sabían de antemano que se produciría un operativo y que eso les permitió borrar gran cantidad de discos duros con información sobre los seguimientos a opositores, magistrados, periodistas y generales molestos por el manejo político de los servicios de inteligencia.
Los denunciantes, que durante meses filtraron información a la revista Semana y a otros medios de información que recién la hicieron pública dijeron que en esos seguimientos se utilizó una plataforma llamada Hombre Invisible, que fue comprada el año pasado por las Fuerzas Militares a una empresa española por 940 mil dólares.
Esa herramienta tecnológica es capaz de monitorear de manera simultánea miles de llamadas telefónicas y conversaciones en las aplicaciones WhatsApp y Telegram. Y permite acceder a computadoras y copiar todo el contenido de los discos duros.
Los espías del ejército también utilizaron equipos móviles StingRay para interceptar llamadas de teléfonos celulares.
Además del senador Cepeda, fueron espiados el congresista Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quienes se han destacado por denunciar la falta de voluntad política del gobierno de Duque y del Centro Democrático para implementar los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC.
Como parte de las investigaciones, fueron hallados dos micrófonos en la oficina del magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Reyes, quien lleva un caso penal contra el expresidente Uribe Vélez por fraude procesal (manipulación de testigos) y soborno.
Una caja de compensación familiar se adjudicó después la propiedad de los micrófonos, pero no dio una explicación convincente sobre la función de esos diminutos artefactos electrónicos, los cuales estaban ocultos entre el cableado de la electricidad.
Renuncia inesperada
El pasado 27 de diciembre, sólo nueve días después del allanamiento del Batallón de Ciberinteligencia, el presidente Iván Duque anunció de manera sorpresiva la renuncia del comandante del ejército, general Nicacio Martínez.
Según el mandatario, la salida de Martínez –cuestionado por organizaciones humanitarias por presuntos abusos cometidos durante su carrera– obedeció a “motivos familiares”.
Pero la revista Semana señaló que, en realidad, su retiro se debió a que Duque ya estaba al tanto de la operación ilegal en los servicios de inteligencia del ejército y consideró que el general, al menos, no había implementado los mecanismos de control suficientes.
Martínez negó estar involucrado en la red de espionaje ilegal y anunció una demanda contra Semana por las “injustas acusaciones” que, según dijo, le hizo la publicación. Su representante jurídico es el abogado Jaime Granados, que también defiende a Uribe Vélez en el caso penal.
Ahora se sabe que en las labores de espionaje político que realizó el ejército fueron usados delincuentes ligados a las mafias del contrabando que operan en un sector de la capital colombiana conocido como San Andresito.
Aunque la magistrada Lombana ya llamó a declarar a varios oficiales del ejército para que respondan por esa trama ilegal, el senador Cepeda teme que la investigación no lleve a ningún lado y se quede en mandos medios que, por lo regular, son los que terminan pagando los “platos rotos” de sus jefes.
“No tengo la menor duda de que el mismo presidente de la República sabía que se estaban cometiendo hechos muy graves. Y es claro que miembros del partido de gobierno se estaban beneficiando de esa operación ilegal”, señala el senador.
El mes pasado Cepeda viajó a Washington con el también senador Roy Barreras para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañe la investigación con el fin de evitar que sea obstaculizada y dictar medidas cautelares para que el gobierno de Colombia garantice la seguridad de las víctimas de este caso de espionaje.
Los senadores se entrevistaron también con congresistas estadunidenses, a quienes alertaron de que en esta operación ilegal pudieron haber sido usados equipos de inteligencia proporcionados por Estados Unidos a los organismos de seguridad de Colombia para perseguir a capos del crimen organizado involucrados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
De acuerdo con Cepeda, un grupo de congresistas del Partido Demócrata se comprometió a investigar si en la trama de espionaje se usaron equipos y recursos estadunidenses que debieron destinarse a la lucha contra el crimen trasnacional organizado.
“Es una averiguación que está en curso”, señaló el senador.
Para el abogado Ramiro Bejarano, quien fue director de los servicios de inteligencia del Estado entre 1994 y 1996, el “error garrafal” del presidente Duque es haberle entregado al uribismo el manejo de la seguridad, la inteligencia y la fuerza pública.
