El caso de Miguel Mora, fundador del canal televisivo 100% Noticias, ilustra la manera en que el régimen nicaragüense hostiga y reprime a la prensa independiente y a los defensores de los derechos humanos. El periodista cuenta en qué condiciones estuvo preso cuando fue acusado de terrorismo, y las secuelas de haberse vuelto incómodo para el gobierno. Su caso no es único: Ricardo Baltodano y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentan más casos.
Managua.- Miguel Mora, periodista y socio fundador del canal televisivo nicaragüense 100% Noticias, fue detenido en las instalaciones de esa emisora el 21 de diciembre de 2018 y trasladado a la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, donde permaneció aislado en celdas que él mismo califica de “tumbas”, ya que, asegura, ahí “los prisioneros están muertos en vida”.
El 30 de enero de 2019 fue trasladado –con su colega Lucía Pineda Ubau, jefa de información del canal– ante el juez sexto de Distrito Penal de Audiencia en esta capital, Henry Morales, para celebrar la audiencia inicial del juicio contra ambos periodistas. Ahí se les informó que estaban acusados de ejecutar acciones que encuadran en el tipo penal de: provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.
Morales ordenó la prisión preventiva a ambos y ordenó el embargo o secuestro preventivo de los bienes inmuebles o cualquier otro activo de la empresa Primicias, SA, propietaria del canal 100% Noticias. Además clausuró la televisora, giró oficio al ente regulador de las telecomunicaciones para la cancelación y revocación de las licencias de transmisión, y finalmente ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias, certificados de acciones y títulos bancarios a nombre de Miguel Mora o de su empresa.
Seis meses después, el 11 de junio de 2019, Mora salió de la cárcel gracias a la Ley de Amnistía, después de haber permanecido más de 180 días en prisión en régimen de aislamiento, sin haber sido juzgado ni condenado, pues Morales sólo cumplió con la audiencia inicial.
“Permanecí aislado en una celda que llamo tumba, de dos por tres metros, donde sólo había un orificio para recoger la comida y donde estaba rodeado de cucarachas, zancudos, ratas y alacranes. Nos servían lo mismo siempre: arroz y frijoles. Sólo comía una vez al día, cuando el hambre apretaba”, afirma en entrevista.
El primer artículo de la Ley de Amnistía –Ley 996, aprobada el 8 de junio de 2019 y ratificada días después por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega– ordena a las autoridades competentes “cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.
Sin embargo, siete meses después de su liberación, el régimen mantiene embargados y secuestrados los bienes inmuebles, activos y las cuentas bancarias del Canal 100% Noticias, así como las cuentas personales de Mora y Pineda.
La entrada principal de la sede del canal está sellada con láminas de zinc y afuera permanece estacionada las 24 horas una camioneta de la Policía Nacional, con efectivos de la fuerzas especiales, armados.
Mora asegura –por testimonios de vecinos y testigos– que la empresa televisiva fue saqueada luego de ser ocupada por la policía.
Demanda internacional
Mora asegura que la empresa –formada hace 24 años– generaba alrededor de 60 empleos, facturaba más de 50 mil dólares mensuales en ventas, tenía su propio edificio, una flota vehicular, estudios de grabación y de edición, un sistema de cámara y de enlace en vivo y funcionaba bajo un formato de noticias las 24 horas del día. Sus redes sociales contaban más de un millón de seguidores.
Su abogado, Julio Montenegro, solicitó oficialmente un documento que acredite el cierre de los procesos administrativos iniciados y los procesos penales contra Mora; sin embargo todavía no hay una confirmación oficial sobre el cierre judicial. Por otra parte, asegura que introdujeron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, pero éste guarda silencio en torno a la petición.
En un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el pasado 20 de septiembre, el gobierno señala que “el Estado de Nicaragua reafirma que la ocupación de las instalaciones al canal 100% Noticias fue realizada en el marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico”.
Y agrega: “Los alcances de la Ley de Amnistía y sus efectos genéricos abarcan el cierre de los procesos, la libertad y la cancelación de los antecedentes penales, pero no la devolución de los bienes o instrumentos con que se realizó el delito, medidas que se enmarcan en el principio de no repetición de conductas delictivas por las cuales se ejerció la acción penal en contra de ellos”.
Ante la dificultad de encontrar justicia, Mora –Premio Internacional 2019 a la Libertad de Prensa– decidió entablar una demanda contra el régimen de Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo jurídico del organismo Race and Equality.
“Es una demanda contra el Estado de Nicaragua por daños y perjuicios contra mí, mi esposa, familiares y trabajadores del canal 100% Noticias. Ellos (Race and Equality) nos están asesorando con un grupo de abogados y están preparando la demanda para presentarla ante la Corte”, dice Mora a Proceso. Calcula que la demanda de indemnización podría rondar los 5 millones de dólares.
Al respecto Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Mesoamérica, señala en entrevista que “la confiscación de bienes y cuentas bancarias del periodista Miguel Mora, que se mantiene vigente aun y cuando no hay ningún proceso legal en su contra, es una grave restricción a la libertad de expresión. Su encarcelamiento en 2018-2019 también da cuenta de las múltiples detenciones arbitrarias que se han hecho frecuentes en Nicaragua, desde el estallido de la crisis en abril de 2018”.
Mientras tanto, desde YouTube y las plataformas de sus redes sociales, el canal 100% Noticias ha vuelto a informar, desde el pasado agosto.
Mora dice que ya fueron retirados los policías que permanecían frente a su casa, pero está convencido de que sigue siendo un “sujeto de interés” para el régimen de Ortega y, por lo tanto, se mantienen una vigilancia discreta sobre él y su familia, mediante simpatizantes y militantes del vecindario.
“El régimen mantiene una campaña de odio a través de sus medios oficialistas, así que tenemos un protocolo de seguridad. Evitamos circular por espacios públicos, para no ser víctimas de hostigamientos ni de provocaciones”, asegura.
En septiembre de 2019 la CIDH denunció la persistencia de la represión en Nicaragua y expresó su preocupación por el incremento de hostigamiento contra personas excarceladas.
“El Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) recibió testimonios sobre la situación de derechos humanos de las personas excarceladas y la persistencia de actos de hostigamiento, amenazas y agresiones en su contra. De acuerdo con los testimonios recibidos, éstas son víctimas de vigilancia permanente por agentes de policía y civiles motorizados por medio de constantes interrogatorios a sus familiares y vecinos, y se mantendrían en las inmediaciones de sus domicilios hasta altas horas de la madrugada”, refirió la CIDH en un comunicado de prensa.
Excarcelados y exiliados
Ricardo Baltodano –quien combatió la dictadura somocista en los setenta y ocupó algunos cargos públicos en los ochenta, en el primer gobierno sandinista– permaneció detenido casi nueve meses sin ser juzgado.
También liberado en junio de 2019 por la Ley de Amnistía, ha sido objeto de vigilancia por policías apostados frente a su casa. Sobre todo después de octubre del año pasado, cuando participó en la organización de un acto a favor de los presos políticos y de sus familiares.
“Durante un par de meses llegaban en patrullas, se bajaban, se tomaban fotos frente a mi casa y dejaban a un par de policías vigilando. Luego dejaron de venir a diario y se personaban esporádicamente. Para mí era frecuente asomarme a la calle y verlos apostados”, dice Baltodano a Proceso.
Si no hay policías, asegura Baltodano, también es acosado por vigilantes del barrio San Antonio, donde reside, quienes fotografían a quien lo visita e informan a la Policía Nacional.
“Son contados los expresos políticos que permanecen en su domicilio, debido a los hostigamientos y amenazas. La mayoría cambió de domicilio, se fue a vivir con familiares a otros departamentos del país o se fue al exilio”, afirma.
Baltodano relata el caso del profesor Gabriel Putoy, de Masaya, quien tuvo que cambiarse de domicilio debido al hostigamiento, pero siempre lo perseguían y lo acosaban. Intentaron recapturarlo, huyó y se asiló en Costa Rica.
“Estimo que más de 55 excarcelados políticos han sido capturados nuevamente y han soltado a unos 30. El resto permanece detenido nuevamente, bajo acusaciones penales. Es parte de una campaña de terror. Nos tienen ‘microlocalizados’ y estamos en la primera línea de fuego los que seguimos involucrados en actividades políticas”, dice Baltodano.
“Hay por lo menos 87 excarcelados en el exilio, en Costa Rica, debido a la persecución política”, concluye Baltodano.
Más hostigamiento
El año pasado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó mil 267 casos de violaciones a la libertad de prensa, incluyendo 72 casos de intimidación, 41 de censura y nueve de hostigamiento judicial. En el primer mes de 2020 contabilizó 12 casos.
Entre los medios que más han sufrido la represión gubernamental está Radio Darío, de la ciudad de León, cuyas instalaciones fueron incendiadas por fuerzas paramilitares en 2018. Su director, Aníbal Toruño, ha sido hostigado y amenazado de muerte, lo que lo orilló a exiliarse, aunque volvió a Nicaragua en agosto de 2019.
El 25 de septiembre de 2019, denunció la Fundación, desconocidos sabotearon la antena principal de transmisión de Radio Corporación, en Tipitapa, lo que ha impedido que la emisora cubra todo el interior del país.
El Canal Notimatv en Matagalpa también ha denunciado en las redes sociales persecución, asedio y amenazas contra los periodistas y la familia propietaria de este canal.
A la fecha, después de 14 meses, siguen ocupadas las instalaciones de Esta Semana, Confidencial y Niú, medios que dirige Carlos Fernando Chamorro, quien también estuvo en el exilio y regresó para ejercer el periodismo independiente.
