CARACAS.- El 30 de abril de 2019 una revuelta militar sorprendió a los venezolanos. En medio de tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la base aérea La Carlota, en esta capital, fue el escenario. Pero algo salió mal y el levantamiento no prosperó. Un hombre fue clave en la llamada Operación Libertad: Manuel Ricardo Cristopher Figuera.
Cristopher fue muy cercano al fallecido Hugo Chávez –fue su edecán más de una década– y aun rebelándose contra Maduro, se dice chavista de corazón. El día de la sublevación él era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), uno de los organismos acusados de cometer sistemáticas violaciones de derechos humanos, persecución, desapariciones forzadas y detenciones ilegales.
El cargo que ostentaba se lo había dado el propio Maduro apenas seis meses antes de ese 30 de abril, pero su trayectoria se remonta a los inicios del chavismo. Ocupó cargos administrativos y directivos en diferentes instancias militares y también en empresas estatales creadas por Chávez.
El 30 de abril de 2019, el eslabón entre los militares y la oposición era Cristopher, pieza fundamental del régimen por estar al frente del organismo estatal de inteligencia. Pero no se consiguió el objetivo de deponer a Maduro, sólo se logró la liberación de un preso político que era trofeo del régimen: Leopoldo López.
Durante su paso por el Sebin Cristopher fue uno de los funcionarios de Maduro que entró en la lista de los sancionados por el gobierno de Donald Trump, quien prometió levantar el castigo a los que se rebelaran contra el régimen. Y cumplió. Por conducto de su vicepresidente, Mike Pence, el 7 de mayo de 2019 anunció que Cristopher dejaría de ser objeto de las sanciones que pesaban sobre él desde febrero de 2019.
El exdirector del Sebin no es un opositor clásico. Reconoce a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nombrada por Maduro en 2017 como un suprapoder tras meses de protestas en su contra.
De hecho Cristopher aseguró que le planteó a Maduro convocar a la ANC para renovar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y así llamar a elecciones.
Además admitió que en Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado cometen violaciones a los derechos humanos, hecho que la oposición venezolana lleva varios años denunciando y que fue ratificado por la delegación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en sus informes de 2019.
Cristopher también ha sido acusado de cometer abusos y delitos de lesa humanidad.
Pese a que su última vinculación con el régimen de Maduro fue al frente de una policía de inteligencia civil, Cristopher también pasó por la Dirección de Inteligencia Militar durante el mandato de Chávez, en 2007, como subdirector de esa instancia que posteriormente se llamaría Dirección General de Contrainteligencia Militar.
En octubre de 2018, cuando Maduro lo hizo director del Sebin, la oposición venezolana alertó que se trataba de un “torturador”.
Este antecedente explica las sanciones impuestas hace menos de un año y levantadas un par de meses después. “Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha suprimido la democracia, incluso mediante tortura y otro uso brutal de la fuerza”, decía el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 15 de febrero de 2019.
Por su cercanía con Maduro y su vinculación con Chávez durante 12 años como parte de su seguridad personal, Cristopher parecía ser una ficha crucial para los planes de la oposición liderada por Guaidó.
La negociación parecía sólida, pero de último momento todo se complicó. Varias versiones sobre el motivo del fracaso han circulado. Incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que el alzamiento fracasó por presión de Rusia. “Había un avión listo en la rampa del aeropuerto para sacar a Maduro del país, pero los rusos le dijeron que se debía quedar”, dijo a CNN.
Según declaraciones a la prensa que dio Cristopher después del levantamiento y ya en el exilio, la liberación de Leopoldo López habría jugado contra los objetivos de Guaidó y generado molestia entre el alto mando militar que había accedido a entregar a Maduro.
Aunque era una ficha de peso dispuesta a ceder para sacar a Maduro del poder, en su historial Cristopher también cuenta con una denuncia ante la Corte Penal Internacional por torturas, persecución y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
Cuando fue nombrado jefe del Sebin, el partido opositor Primero Justicia también alertó sobre los antecedentes de Cristopher: “Señalamos que el nuevo director del Sebin, el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, hasta hace poco era el número dos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y es responsable de todos los abusos y torturas dentro de ese cuerpo de inteligencia”, publicó ese partido en su cuenta de Twitter el 29 de octubre de 2018.
