El 30 de enero último el gobierno federal anunció la liberación de 10 mil cajas de documentos oficiales pertenecientes a las extintas agencias de inteligencia mexicanas: la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que contienen información relevante sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en casos como la guerra sucia. Sin embargo, la transparencia se ha aplicado a cuentagotas, lamentan académicos e investigadores.
La declaratoria que formalizó dicha apertura ocurrió a casi un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las dependencias federales transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos” relacionados con las “violaciones de derechos humanos y con las persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.
El director del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, hicieron el anuncio oficial después de que un colectivo de académicos, investigadores e historiadores denunciaron ante López Obrador que la administración del AGN mantenía la opacidad sobre la documentación original de la DFS.
En la misiva que le enviaron al presidente detallaron que les han negado información y que cuando les liberan los archivos se trata de versiones públicas de los expedientes cuyos criterios fueron inconsistentes y nada claros, “impidiendo la consulta y, por ende, la investigación de la historia del siglo XX mexicano”.
La inconformidad entre quienes han denunciado la opacidad del gobierno federal sobre los archivos históricos comenzó el 6 de enero último y se intensificó 10 días después, cuando Ruiz Abreu anunció en un comunicado que solicitó al Inai que, con apego a la Ley General de Archivos, “permita la consulta íntegra de la documentación que generaron diversas corporaciones de inteligencia del Estado mexicano desde 1926 hasta 1985” y que están bajo resguardo del AGN.
En la carta que los inconformes dirigieron a López Obrador el 21 de enero explicaron que la posición de Ruiz Abreu es contraria a la directiva que el propio presidente emitió el 28 de febrero de 2019 y en la cual ordenó la apertura total e irrestricta de la información.
En la conferencia de prensa posterior a la declaratoria, el propio titular del Inai admitió que el Archivo General de la Nación es la máxima autoridad en la Ley General de Archivos y que también es la responsable de realizar la declaratoria de historicidad de esos fondos. No obstante, dijo que le concedió a Ruiz Abreu el “tiento elegante, fino” de convocar al Inai para realizar las mesas técnicas conducidas por la comisionada Josefina Román Vergara.
En entrevista con Proceso, la coordinadora de la Comisión de Gestión Documental y Archivos del Inai consideró válida la polémica solicitud del Departamento Jurídico del Archivo General de la Nación que consideró que no había ocurrido “una entrega recepción ordenada ni clasificada ni hubo conocimiento por parte de la institución de qué tipo de información se estuviera recibiendo”.
Josefina Román Vergara adelantó que promoverá la instalación de mesas técnicas para analizar la procedencia de una declaratoria similar para el caso del archivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que también por orden de López Obrador deberá ser enviado al AGN. “El acceso irrestricto tiene que ser de forma inmediata”.
La comisionada del Inai coincide con el director del Archivo General de la Nación sobre la necesidad de “ordenar los documentos y hacer un registro de qué hay en cada caja, para tener un mejor acceso al material”.
En diversos momentos de su conferencia de prensa, Ruiz Abreu calificó como “un desastre” la situación en la cual se encuentran las 10 mil cajas de los acervos de la DGIPS y de la DFS, en las cuales hay “miles y miles de expedientes sin saber qué hay”. También destacó el “muy mal estado físico” de algunos documentos.
Al recordar que hasta enero de 2019 los acervos estuvieron resguardados por agentes del Cisen, Ruiz Abreu agregó que los documentos están ordenados “de acuerdo a un criterio policial… No hay un inventario descriptivo”.
Nuevo freno
Otro punto polémico sobre la apertura de los archivos históricos está relacionado con el criterio con el cual fueron ordenados. Mientras el director del Archivo General de la Nación quiere darles una organización bajo criterios archivísticos, historiadores e investigadores exigen que se preserve “el criterio policial” con el cual se encuentran.
De concretarse lo que pretende Ruiz Abreu, el orden archivístico de las 10 mil cajas se habrá concretado “para abril o mayo”. En cuanto a los documentos del Cisen, adelantó que éstos serán enviados al AGN por periodos. Detalló que quizás en 2020 se estarían entregando expedientes que corresponden de 1986 a 1990 y para 2021 de 1991 a 1995, ya ordenados “para no caer en el error anterior de que no llegue el material que no sea transferido de manera archivística”.
El 31 de enero reciente, en una nueva carta dirigida a López Obrador, los inconformes consideraron que “la realización de los procesos archivísticos no debe convertirse en un nuevo argumento para limitar la consulta” de los fondos de la DFS y de la DGIPS. Le recordaron la importancia de la apertura de la información porque es parte nodal del proceso de memoria y justicia, sobre todo en “un país arrasado por la violencia”.
Para el subdirector de historia contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), César Enrique Valdez Chávez, uno de los investigadores que firmó los dos pronunciamientos dirigidos a López Obrador, resulta sorpresiva la manera con la cual se han administrado esos fondos históricos, “cuando la perspectiva que se tenía era que “ganando la izquierda iba a haber mayor posibilidad de apertura y de un trabajo con muchísima calma”.
La expectativa era grande, sobre todo por las declaraciones reiteradas de López Obrador y de los miembros de su gabinete de establecer procesos de justicia transicional, para lo cual es necesario el rescate de la memoria, agrega en entrevista el historiador.
Desde su punto de vista sobre cómo preservar, administrar y transparentar los archivos oficiales, está lo que hacen las agencias de inteligencia de Alemania (Stasi) y de Rusia (KGB).
Respecto de Argentina, menciona que “los archivos de la Policía de Buenos Aires son considerados patrimonio histórico invaluable”. Agrega que las autoridades del país sudamericano conservaron “su origen para entender cómo funcionó la maquinaria” de persecución política.
Sobre el caso mexicano, Valdez Chávez destaca que en los documentos de la DFS y la DGIPS existe “información muy importante de cómo el Estado y qué personajes que formaban parte del gobierno participaron y construyeron un sistema contrainsurgente cuya estrategia se basó en secuestrar, torturar y, en definitiva, desaparecer personas al menos de manera sistemática entre 1965 y 1982, y agresiva entre 1973 y 1977”.
Considera que con la apertura total de esa información los mexicanos podrán saber cuáles fueron las cadenas de mando. Si se llegara el punto de establecer una búsqueda de justicia transicional, como se le suele llamar, (la información) serviría para establecer responsabilidades jurídicas a diferentes personas.
“La organización policial de estos documentos es muy ordenada, es posible encontrar documentos relacionados con personas desaparecidas y encontrar todos los indicios, como los lugares en los que estuvieron desde su detención, desaparición o eliminación.
“Si lo reorganizan, si lo reacomodan con otros acervos, están rompiendo la posibilidad de comprender todo este funcionamiento, están rompiendo con la posibilidad de comprender en dónde y cómo desaparecieron estas personas.”
–¿Se perdería la posibilidad de encontrarlos?
–Claro. Es algo que terminaría convirtiéndose en una segunda desaparición. Si hay una manera de saber cuándo fue el último lugar donde se les vio o dónde el gobierno mexicano tuvo información de su existencia, es en esos documentos.
César Valdez insiste en que la apertura de los archivos de la DFS y de la DGIPS debe ser total para los especialistas, para la gente que se dedica a la protección de los derechos humanos y hasta para los diseñadores de políticas públicas.
“Tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas. Parece haber buena voluntad, pero hay una implementación muy cuadrada respecto de la idea del reordenamiento archivístico”, agrega el historiador.
