Pese a que el 1 de marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de los fondos del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu, considera que esa apertura total no está fundamentada en la ley.
Así lo reconoció Ruiz Abreu en entrevista con Proceso, mientras él y su equipo esperaban la declaratoria de interés público de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que le fue solicitada al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el pasado 16 de enero y que finalmente fue lograda el 30 de ese mes.
“Cuando el presidente hace su acuerdo dice: ‘Que se libere todo’, pero no es posible, porque un acuerdo no puede estar sobre la ley. Una cosa es el acuerdo y otra son las leyes”, expresa Ruiz Abreu, a quien acompañan Marlene Pérez García, directora de Desarrollo Institucional, y Samuel Guzmán Palomera, subdirector de Difusión, ambos del AGN.
Guzmán Palomera explica que en el primer año de la nueva administración varias personas se inconformaron por la clasificación y reserva de la información, por lo que le solicitaron al INAI respuestas a sus peticiones.
Sin embargo, mediante múltiples resoluciones el INAI se inclinó a favor de la clasificación y reserva bajo criterios restrictivos. Estos criterios fueron acatados por el Comité de Transparencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos del AGN, encabezada por Marco Palafox Schmid, con base en el artículo 38 de la Ley General de Archivos (LGA), que dice que el INAI es el encargado de determinar el procedimiento para acceder a la información con valores históricos y que contenga datos personales sensibles.
Ruiz Abreu sostiene que la LGA es contradictoria, así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que obstaculiza la gestión de la información histórica.
“Toda la documentación que hay aquí es histórica y la LGA, e incluso la Constitución, dice que debemos abrirla… pero ahí está el decimoquinto transitorio, que contradice todo”, asienta.
El artículo decimoquinto transitorio establece que los archivos históricos o generales deben identificar el contenido y carácter de su información, así como describirlos y clasificarlos archivísticamente, lo que significa, explica Guzmán Palomera, que la información puede ser considerada de carácter público, reservado o confidencial, cada una con un tratamiento particular.
En su oficina en el antiguo Palacio de Lecumberri, Ruiz Abreu dice no tener ningún interés en censurar la información: “Apertura total es lo que yo digo y no voy a descansar hasta que veamos los fondos abiertos totalmente. No es algo que esta administración haya limitado, es la ley que así está”.
Un siglo de documentos
Contenida en 9 mil 559 cajas, la información fue generada y gestionada por las agencias mexicanas de inteligencia entre 1924 y 1985, desde el Departamento Confidencial, de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil; la Oficina de Información Política y Social, en el cardenismo; el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, de Manuel Ávila Camacho, hasta llegar a la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, de Miguel de la Madrid.
Se trata de alrededor de 8 millones de documentos que dan cuenta del espionaje, la persecución y la tortura aplicada sobre todo a militantes de movimientos políticos y sociales. Documentan violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos de esas corporaciones con fines de delación e incluso de abierto exterminio.
Se prevé que la documentación será abierta a la consulta pública en los primeros días de febrero, cuando la directora del Archivo Histórico Central, Mariana Gayosso Martínez, ponga a punto un instrumento de búsqueda o inventario general para la solicitud de los documentos de la inteligencia mexicana, que se hará por medio del Centro de Referencias del AGN y ya no de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La declaratoria del INAI resulta un alivio para el AGN, ya que su capacidad operativa se colapsó tras el anuncio de la apertura, porque generó tal expectativa que el archivo recibió 543 solicitudes de acceso a la información hasta con cientos de personajes de los que pedía la documentación.
Esta situación, aunada a la escasez de personal capacitado en la elaboración de versiones públicas y a un presupuesto que resultó raquítico para las necesidades del recinto histórico el año pasado, los llevó a calendarizar la entrega de la información hasta el año 2024, resolución que también fue aprobada en su momento por el INAI.
La entrada en vigor de la LGA en junio del año pasado incrementó exponencialmente las atribuciones del AGN, pues con la organización del Sistema Nacional de Archivos pasaron de acompañar 800 sujetos obligados a 12 mil, correspondientes a archivos de la administración pública federal.
Con apenas 40% de los fondos documentales descrito y el restante 60% sin describir o con criterios de descripción inconsistente, el rezago de más de 5 mil solicitudes de bajas documentales de la administración pública federal para su transferencia al AGN, así como la falta de instrumentos de consulta básicos y ningún avance en la digitalización del acervo –pese a haber adquirido 4 escáneres de 4 millones de pesos cada uno–, Ruiz Abreu reconoce el desafío que todo esto implica para su administración.
“Encontré un desastre en el archivo. Yo sabía que estaba mal, pero nunca tan mal”, dice a Proceso Carlos Ruiz, quien dirigió el Archivo Histórico de la Ciudad de México de 2002 a 2018.
Si bien el año pasado el AGN funcionó con un presupuesto de 78 millones de pesos, para este año le fueron asignados 101 millones de pesos, más 150 millones que le otorgó la Cámara de Diputados como presupuesto adicional, con el que piensa arrancar el proyecto de descripción y digitalización masiva de todos los fondos documentales.
