Roma.- La base aérea de Trapani, en Sicilia, se extiende casi en medio de la nada. Construida en los sesenta, tiene el aire de las instalaciones que se han quedado en el tiempo. Sólo las aeronaves comerciales, que comparten pistas con las militares, recuerdan el presente. Y sin embargo es precisamente en este sitio donde Italia hace nueve años empezó a perder su influencia sobre Libia.
Hasta la muerte de Muamar el Gadafi, Italia tuvo una relación de privilegio con Libia, que le garantizaba inversiones en el país, negocios para su influyente petrolera Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) y control migratorio en su excolonia.
No obstante, la intervención militar en Libia, forzada por Francia y luego apoyada por una resolución de la ONU y 16 países amparados por la OTAN –cuyas aeronaves salían precisamente de Trapani–, modificó el tablero en 2011.
El país norafricano se fragmentó y se hundió en el desgobierno y desde entonces la relación entre Italia y Francia en torno a cuestiones libias se fue resquebrajando lentamente, primero de manera subterránea, luego abiertamente. Y con ella también se debilitó la posición de Roma en Libia.
El punto de quiebre final ocurrió en 2017 cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, organizó una conferencia en París entre el líder del gobierno asentado en Trípoli, Fayez Sarraj, y el mariscal Jalifa Hafter, quien ejerce el poder en el este del país, sin invitar a Italia. Algo que se repitió en mayo de 2018, cuando París llevó a cabo un encuentro con el enviado de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, y diversos líderes libios, lo que molestó a Roma.
Italia respondió entonces con una conferencia sobre Libia en noviembre de ese año, en la que incluso Sarraj, el político que en estos años Italia ha apoyado mayormente, y Hafter, fueron fotografiados estrechándose la mano, pero que tampoco tuvo resultados relevantes.
En tanto, mientras las potencias europeas discutían, otros países ampliaron su influencia en el país y la región, entre ellos Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y finalmente Turquía y Rusia.
Ensimismada, la política italiana empezó a ver a Libia sólo como un país-tapón, útil para clausurar la ruta migratoria del África subsahariana, como recordó Francesca Mannocchi, una de las pocas periodistas que han logrado recientemente cubrir el conflicto en el terreno: “Desde 2015 hasta la fecha Libia ha sido considerada por Italia sólo en relación con la cuestión migratoria y no por sus otras potencialidades”.
Un ejemplo está en el pacto firmado en febrero de 2017, cuando el gobierno italiano reactivó el Tratado de Amistad de 2008 –en particular el artículo 19– y la Declaración de Trípoli, antes firmados por Gadafi y el entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. La razón de ello fue la propaganda emprendida por algunos partidos derechistas a favor del cierre de las fronteras terrestres y marítimas del país, en un momento de cerrazón migratoria en todo el continente.
Con esto como objetivo, Italia envió a Libia lanchas para detener a los migrantes y personal para formar a guardacostas libios y evitar la ayuda de las ONG, las cuales también pasaron a ser hostigadas por Roma, sobre todo tras la llegada del entonces ministro de Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini. El plan –que fue unido a una serie de medidas en otros países, parte de la ruta migratoria– funcionó para sus propósitos. Las llegadas disminuyeron. Pero la guerra en Libia no se detuvo, más bien al revés.
En la primavera del año pasado, Hafter y las milicias de Sarraj se volvieron a enzarzar en violentos combates. Con ello también en juego volvió a entrar la retórica de que Libia sería un “puerto seguro” para devolver a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo, un argumento que rechazan instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR, pero que en ese momento apoyaba el actual gobierno italiano.
Y ahí empezó también la batalla legal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Roma por haber violado principios de derechos humanos al rechazar a migrantes y solicitantes de asilo africanos en alta mar. La razón: haber infringido, con la devolución a Libia de esas personas, varios artículos del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), entre ellos el artículo 3 (prohibición de la tortura o tratos inhumanos) y el artículo 4 del Protocolo número 4 (prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros).
Luego Salvini, que se había colocado del lado de Serraj, perdió el poder –agosto de 2019– y la postura de Italia quedó en el limbo. Hasta ahora. En tanto, sin embargo, ya había consecuencias.
La petrolera ENI ha seguido operando, aunque ahora tenga más competidores (la española Repsol, la francesa Total, la noruega Hydro, la austriaca OMV).
“La mayoría de los yacimientos que tiene ENI están en el oeste, en la zona menos afectada por los combates”, afirma Claudia Gazzini, analista italiana especializada en Libia, del centro de estudios International Crisis Group.
En los momentos más tensos, ENI ha desalojado a sus trabajadores, aunque en su caso y en el de la francesa Total, la explotación de crudo libio es mayormente en alta mar, lejos de los enfrentamientos armados.
Con todo, Gazzini cree que Italia, Francia y las demás potencias europeas tienen una oportunidad para recuperar cierta influencia, si se muestran unidos. “Esa oportunidad se llama Josep Borrell (nuevo titular de la Política Exterior europea). Con él ha habido un cambio de tono y de posturas”, advierte Gazzini.
Italia anhela ahora recuperar su protagonismo. “Italia perdió terreno en Libia y esto no lo podemos negar. Pero ha llegado el momento de recobrar fuerza y volver a ser el principal interlocutor para Libia”, dijo Luigi di Maio, canciller italiano, el pasado 18 de diciembre, tras un viaje de cuatro días por diversas ciudades de aquel país. “Por eso también he decidido que Italia tendrá un enviado especial”, añadió.
