Guatemala.- En este país el interés está fijado más en la seguridad interna que en impedir el paso de las caravanas de migrantes que se desplazan por su territorio desde Honduras hasta México, en su afán de llegar a Estados Unidos.
La única intervención guatemalteca ha sido la asistencia a los migrantes hondureños que se acogen al programa Retorno Seguro en Tecún Umán, que colinda con Ciudad Hidalgo, México. Sólo las separa el río Suchiate.
El vocero del Ministerio de Gobernación (Mingob), Vinicio Pacheco, señala que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se ha encargado del traslado desde Tecún Umán hasta la frontera con Honduras y que los migrantes han sido trasladados en autobuses de la Policía Nacional Civil (PNC).
Ambas instancias, el IGM y la PNC, dependen del Mingob.
“El lunes 27 el IGM trasladará al último grupo de migrantes a la frontera con Honduras y después la Organización Internacional para las Migraciones se encargará de los traslados”, dice Pacheco a Proceso.
La portavoz del IGM, Alejandra Mena, no estuvo disponible para ofrecer información al respecto.
Sin embargo, Pacheco confirma que la única participación del instituto se reduce al traslado de migrantes de la frontera con México a la de Honduras.
En agosto pasado, después de la firma del acuerdo Tercer País Seguro entre Guatemala y Estados Unidos, Mena explicó que el IGM se apoyaba en personal de la PNC para aplicar cualquier disposición relacionada con el tema migratorio. Por ejemplo, lo hizo cuando se organizaron retenes en varios puntos para detener autobuses en los que migrantes indocumentados de diverso origen se desplazaban hacia México.
Asimismo, cuando en 2019 se sobrepasó la capacidad del único albergue que tiene el Estado guatemalteco para migrantes indocumentados (sólo puede alojar a 200 personas) después de redadas en varios puntos del país, el IGM retuvo a los migrantes en los alrededores del edificio. La policía se apostó en cada extremo de la calle para evitar que huyeran.
La capacidad de Guatemala para ejercer una vigilancia rigurosa en la frontera es nula. Actualmente hay un policía por cada 453 habitantes (cerca de 37 mil uniformados entre una población de 17 millones) y la nueva administración presidencial –que tomó posesión el martes 14– ha demostrado más interés en utilizar a su fuerza policial y militar en tareas de seguridad interna.
Mientras que miles de migrantes hondureños y salvadoreños se desplazaban por el territorio guatemalteco para llegar a México, el gobierno utiliza la fuerza pública en tareas de prevención en los municipios con más altos índices de criminalidad, como Villa Nueva y Mixco, y el departamento de Sacatepéquez, que colindan con la capital.
Convenio CA-4
El convenio CA-4 permite a los centroamericanos desplazarse desde el resto del Triángulo Norte hacia Guatemala, y el acuerdo Tercer País Seguro con Estados Unidos no obliga a Guatemala a prevenir la salida de los mismos hacia el norte.
Los pocos migrantes que solicitaron asilo a Estados Unidos y fueron enviados a suelo guatemalteco, como parte del acuerdo, decidieron volver a sus países voluntariamente.
Por su parte, el vocero del Ministerio de Defensa, coronel Juan Carlos de Paz, cita el convenio CA-4 para explicar por qué no se detiene el paso de los migrantes y recalca que por ahora el ejército no tiene ningún papel en el resguardo de la frontera para evitar el paso de las caravanas.
“No hemos recibido ninguna instrucción para impedir el paso de los migrantes en la frontera”, dice De Paz a la reportera. También señala que la única entidad estatal vinculada con este tema es el IGM.
En cambio el gobierno central ha destinado este mes al menos 2 mil efectivos, entre policías y militares, para resguardar las calles de los municipios citados en un operativo diseñado para capturar delincuentes, incautar armas de fuego y otros objetos de posesión ilegal.
La fuerza militar, que suma unos 17 mil efectivos, aun si fuera utilizada en su totalidad sería insuficiente para resguardar los 965 kilómetros de la frontera Guatemala-México: sólo podría apostar a 17 soldados por kilómetro (uno cada 58 metros), lo que es insuficiente para blindar la línea divisoria.
Aunque el gobierno guatemalteco tuviera la intención de frenar las caravanas no tendría la capacidad para hacerlo. El acuerdo Tercer País Seguro, firmado por el anterior presidente, Jimmy Morales, incluye una cláusula en la que Estados Unidos se comprometía a mejorar las capacidades de Guatemala para aplicar el acuerdo. Sin embargo ni la administración anterior ni las autoridades estadunidenses han divulgado detalles de cómo fortalecer esas capacidades.
El actual mandatario, Alejandro Giammattei, ha señalado que su administración aún no cuenta con información al respecto.
