La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se ha encargado de pagar los honorarios de los abogados que los efectivos de la desaparecida Policía Federal contrataron para finiquitar su retiro de la corporación.
El equipo de Enrique Carpizo Aguilar, representante de esos elementos –agrupados en el movimiento Policías con Dignidad, Valor y Justicia–, en cheques que la secretaría expide por separado, ha recibido cerca de 18% del total de la liquidación de cada trabajador. Por ese concepto, en tres meses la SSPC le ha pagado al equipo de abogados algo más de 140 millones de pesos, según exagentes federales en plática con Proceso.
Los exagentes federales que recibieron su liquidación por parte de la SSPC, en cheques emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos Dispersora 1, oficina 1616 Sector de Seguridad Nacional, calcularon lo recibido por el equipo de Carpizo por la liquidación de unos 2 mil efectivos.
Aseguran que su movimiento recibe al mes unos 480 mil pesos provenientes de una cuota adicional que se cobra a los policías que –pese a que la Policía Federal desapareció– siguen desplegados en varias partes del país. También el salario (250 mil pesos mensuales) de seis escoltas del abogado así como la gasolina (unos 90 mil pesos al mes) de tres vehículos blindados que les fueron asignados a Carpizo y a dos miembros del movimiento, Jesús Adrián López Zamora y Mario Alberto Lover Martínez.
Los agentes que evidenciaron esta situación muestran a Proceso copias de dos cheques; ambos vienen de la cuenta 00443392437 de BBVA, emitidos por la SSPC en diciembre de 2019. Uno de ellos muestra que el empleado, por concepto de finiquito, recibió 424 mil 433 pesos con 88 centavos y la institución, en un cheque que expidió simultáneamente, le “retuvo” 74 mil 900 pesos con 10 centavos que el trabajador “endosa” al abogado.
Lo mismo sucedió con otro cheque expedido por 226 mil 463 mil pesos con 46 centavos, por el cual el abogado recibió 17.64%.
El miércoles 22, entrevistado por Julio Hernández López, Carpizo aseguró que él no cobra y que sus viáticos se los paga el movimiento. También dijo que “el licenciado Abarca”, parte de su equipo, cobra sólo 10%, pese a que los cheques que se le mostraron a Proceso arrojan 17.64%.
Más cuotas
Los denunciantes ponen a la reportera en contacto vía telefónica con dos policías en el interior del país. Ellos aseguran que los mil 200 elementos que laboran en alguna parte del territorio nacional en espera de que se les programe su pago de separación de la Policía Federal, pagan una cuota quincenal de 200 pesos en efectivo a un representante del movimiento, como “compensación” por no asistir a las movilizaciones y para mantener “vigente” su número de folio.
Esa cuota representaría un ingreso adicional para el movimiento de unos 480 mil pesos al mes.
Uno de los efectivos consultados por la reportera señala que desconoce cuánto le cobrarían si se desiste del contrato que firmó con Carpizo.
–Si me desisto de que él (Carpizo) siga con mi trámite me cobran “un 40” (es decir, dinero en efectivo) –responde.
–¿Cuánto?.
–15 –responde (y aclara que código 15 significa que no lo sabe)–. El abogado no nos da copia del contrato, ni siquiera nos deja tomarle una foto… A partir de este año, por inscripción en los folios cobra mil 800 pesos por persona.
Uno de los entrevistados explica: “Parte de la negociación de Carpizo Aguilar con la SSPC fue que la institución descontara sus honorarios directamente de nuestro pago por finiquito y que a él le liberara un cheque por separado. Así ya no pagará impuestos de este dinero, es neto”.
El problema, explican los entrevistados, viene cuando la gente de Carpizo amenaza a abogados que cobran menos.
“Incluso la gente de Carpizo se manifiesta dentro del Centro de Mando de la Policía Federal, vigilan que nadie más realice trámites y de manera engañosa les dicen (a los expolicías) que sólo ellos tienen los folios para ingresarlos en la lista. Cuando ven a otros abogados realizando trámites con la SSPC, Carpizo, López Zamora y Lover Martínez nos llaman a cerrar avenidas”, señalan.
“El folio es un número de lista en que se anotan los policías que quieren retirarse de la institución y recibir su finiquito. La Secretaría de Hacienda emite pagos por bloques y los pagos se liberan de acuerdo al número de folio; sólo que, debido a la falta de información por parte de la SSPC, el abogado hizo creer que él tenía la exclusividad de otorgar folios, cuando no es sí, el policía que quiera puede solicitar el pago directo a la institución. Esto fue amañado”, se quejan.
Según señalan, sólo de los agentes anotados con Carpizo ya fueron liquidados unos 2 mil de las divisiones Policía Regional, Gendarmería, Fuerzas Federales e Investigación, además de los mil 200 que están desplegados en espera de ser llamados y unos 800 que ya realizan la “recolección de sellos”, una certificación de que no tiene adeudos.
El 7 de julio de 2019, cuando los policías federales inconformes con la falta de información y con la Guardia Nacional empezaban a manifestarse, Carpizo llegó ante ellos y ofreció “la posibilidad de diálogo con los mandos encargados” de la SSPC.
Al día siguiente, el grupo que pedía su indemnización desconoció a los representantes Juan Carlos Vázquez Delgado y Luis Cortés, quienes se habían reunido con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, para avanzar en la instalación de módulos informativos sobre las opciones laborales que se ofrecen a los agentes que no querían pertenecer a la Guardia Nacional.
Cuando Vázquez Delgado y Cortés se disponían a informar sobre el estado de la negociación, fueron desconocidos por al menos 200 efectivos reunidos en la explanada del Centro de Mando, entre ellos Lover Martínez, quien el 9 de julio tomó el mando y pidió a sus compañeros convocar a más policías a sumarse y estar pendientes del llamado para un operativo en el Centro de Mando, en Iztapalapa.
Ya como representante de los policías, el 24 de julio de 2019, mediante su cuenta en Facebook y sin dar nombres, Carpizo dijo que detectaron amenazas contra uno de los líderes del movimiento.
“Por protocolo de seguridad en @segob podría haber pasado, lo raro es que el lunes pasado ese láser apareció en una fotografía mía y pensé que era un defecto de cámara… Será que @lopezobrador o @AlfonsoDurazo planean asesinar a alguien? quién más puede ser y por qué? … esperemos la @FGRMexico investigue de oficio!!! No tengo miedo, quien quiere asesinarte te asesina así tengas auto blindado o mil escoltas.”
Días después Mejía Berdeja les asignó autos blindados a Carpizo, López Zamora y Lover Martínez.
El 26 de diciembre de 2019, mediante una tarjeta informativa, el movimiento informó que Lover Martínez fue víctima de una agresión:
“Ocurrió en Cocula, Guerrero, ciudad de donde es originaria su esposa y a donde acudió para pasar las fiestas decembrinas. La agresión ocurrió minutos antes de las 2:00 horas de la madrugada del 26 de diciembre. Tras el ataque con ráfagas por parte de sujetos que iban a bordo de una camioneta gris, Lover respondió la agresión y logró huir del lugar junto con su familia.”
En una entrevista Lover declaró que sus escoltas repelieron la agresión. Lo que no dijo fue que ese día, pese a encontrarse en una zona dominada por la delincuencia organizada, no notificó a las autoridades que dejó a dos de sus guardaespaldas y el vehículo blindado en la Ciudad de México.
Sin respuesta
Para conocer su postura, desde el viernes 17 de enero, vía telefónica y WhatsApp, Proceso solicitó una entrevista con Carpizo:
“Nos interesa su versión, para usted podría ser un tema sensible”, se le dijo.
Su respuesta a esa solicitud fue: “Le comentamos que el movimiento no paga notas. Si usted tiene alguna pretencion (sic) diversa, la comitiva no la acepta”.
–¿En qué momento se le pidió dinero? Se le solicitó una entrevista –reviró la reportera.
–Plantearé su petición a la comitiva y si aceptan darme la oportunidad de hablar del tema se le dará la entrevista. Nadie puede dar (un) informe sin que los policías federales lo autoricen.
Hasta el cierre de esta edición no había respuesta.
