GUANAJUATO, Gto.- Una representación de familiares de personas desaparecidas en el estado, formada por los colectivos Justicia y Esperanza y A Tu Encuentro, se unió a la Caminata por la Paz en su desesperación por la crítica situación que vive Guanajuato por la violencia.
Así los convocó el poeta Javier Sicilia en la invitación que les envió:
“La tragedia humanitaria del país hace necesaria la unidad de todos para construir una política de Estado en materia de verdad y justicia que lleve a México a la paz. Invito a los colectivos Justicia y Esperanza y A Tu Encuentro a caminar conmigo y con muchos otros colectivos (…) los esperamos; es muy importante su participación, su presencia, en este México adolorido y roto.”
Después de dos años particularmente difíciles en Guanajuato, el tema de los desaparecidos detonó a causa de la ausencia de reconocimiento, justicia, investigación y por la impunidad que prevalece en este delito en los niveles estatal y federal.
A finales del año pasado, con el respaldo de activistas, académicos y abogados, familias de Irapuato, Salamanca, Celaya y otros municipios del corredor industrial salieron a la luz pública para exigir que Guanajuato cuente con una Comisión Estatal de Atención a Víctimas y una de Búsqueda.
La entidad es una de las tres que todavía no cuenta con estos mecanismos y ni siquiera con datos precisos, pese a la crisis de desapariciones y a la continua aparición de fosas y entierros clandestinos, de los cuales son renuentes a hablar las autoridades estatales y municipales.
Además de agruparse como colectivos, las familias –con la voz de las mujeres por delante– lograron lo que durante años pareció imposible: reclamarle frente a frente al gobernador (el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo) y al exprocurador y actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, la ausencia forzada de poco más de 90 personas (representadas por esas organizaciones) y la falta de atención inmediata cuando acudieron a denunciar a la fiscalía.
“Me dijeron: ‘Señora, regrese dentro de un mes; no es el único caso’”, le echó en cara la familiar de un desaparecido a Rodríguez Vallejo en la reunión del 17 de enero, donde el gobernador admitió que funcionarios de la fiscalía actuaron mal frente a los colectivos, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, y el enviado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH en México, Alan García Campos.
En ese encuentro Karla Quintana confirmó que la fiscalía guanajuatense entregó a la Comisión Nacional de Búsqueda el registro oficial de 672 personas desaparecidas “desde 1964 a la fecha, aunque 97% de esas personas desaparecieron de 2007 a la fecha”.
Y en el diálogo del jueves 23 con el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala y el fiscal estatal Carlos Zamarripa, éste dijo que abrirá investigaciones internas por las omisiones de funcionarios en las investigaciones de estos casos, tal como se comprometió el gobernador con los colectivos en la reunión correspondiente.
Tras reunirse con el gobernador, una de las activistas dijo que las organizaciones decidieron aceptar la invitación de Sicilia e integraron un grupo representativo mientras continúan formando un movimiento estatal de víctimas, dada la gravedad de la violencia en el estado.
Como parte de ello participarán en la Caminata por la Paz, aunque por falta de recursos económicos llegarán el domingo a la Ciudad de México para marchar de la Estela de Luz al Zócalo.
El grupo planea quedarse en la Ciudad de México para acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y buscó a las senadoras guanajuatenses por Morena, Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez, además de organizaciones civiles como el Centro Pro, a fin de reforzar el acompañamiento legal y psicosocial para las familias de los desaparecidos, explica el abogado José Gutiérrez, de la organización Sembrando Comunidad.
El litigante, que acompañó a algunas familias de desaparecidos en sus gestiones ante el Ministerio Público y hoy lo hace con las 89 familias de los dos colectivos, puntualiza: “Agradecemos la invitación de Javier Sicilia. Las familias van para pedir que el gobierno federal haga lo que le corresponde. En Guanajuato no hay comisiones estatales y eso está mal, pero ante esas ausencias debería ser la comisión federal la que los atienda y han sido muy cómodos en no hacerlo”.
Gutiérrez recuerda la indagatoria que abrió la Fiscalía General de la República por la desaparición en 2011 de 23 migrantes de San Luis de la Paz, algunas de cuyas familias formaron el colectivo Justicia y Esperanza: “No se ha avanzado nada. Hay casos de secuestro y desaparición forzada por parte de la Marina y seguimos en la misma violación a derechos humanos desde gobiernos anteriores. Necesitamos que el gobierno federal también se ponga a trabajar”.
La tragedia en Guanajuato
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 3 mil 290 personas fueron asesinadas de manera dolosa en la entidad en 2018. Y el año siguiente, el más sangriento de la historia en el país, cerró en Guanajuato con 3 mil 540 de esos delitos, cifra que rebasa las 6 mil personas si se incluyen los homicidios culposos.
Luis Daniel Vázquez, coordinador de seminarios sobre derechos humanos y democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala una de las razones de la crisis de violencia que azota Guanajuato desde hace dos años:
“No tenemos una política de construcción de paz, que es lo más urgente para México. Tenemos una política social, pero no impacta en los niveles de macrocriminalidad que tenemos en México. Nuestra propuesta (en 2018) era cómo construir paz, sustentada en la justicia transicional. Hoy ni siquiera hay una propuesta.”
Particularmente, indica que la impune expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pese a las corporaciones de todos los niveles que patrullan calles y carreteras del estado, “incrementó de forma superlativa la violencia en el Bajío en muy poco tiempo… Va de Jalisco a Guanajuato, pasa a Querétaro para llegar a Veracruz y a Quintana Roo. Se necesita hacer un análisis más regional de los patrones de la violencia; los académicos lo estamos haciendo. Pensaría que los centros de inteligencia los estarían haciendo; el problema sería que no”.
A su vez Jacobo Dayán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien igual que Vázquez participó en la estructuración de la propuesta para la justicia transicional en México tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y se involucró en la organización de la Caminata por la Paz con Sicilia–, cuestiona que pese a la gravedad de la situación el presidente no acepte “que la agenda de víctimas es prioritaria, y no es para el gabinete de seguridad nada más, sino para otros ámbitos, como el combate a la corrupción”.
Dayán expresa su decepción por el incumplimiento “de un compromiso que hizo Andrés Manuel López Obrador”: el de impulsar un proceso de justicia transicional con mecanismos extraordinarios como una Comisión de la Verdad y la colaboración de instancias internacionales.
“Parece que al presidente esta agenda no le gusta, que no la quiere atender. Pero la agenda necesita ser empujada desde la Presidencia de la República y desde el Congreso. No hay verdad ni justicia, no hay reparación; de ahí que se haya convocado a la Caminata por la Paz para que se retome la agenda”, remata Dayán.
