Pese a los afanes del empresario Javier Joaquín López Casarín, quien en una carta enviada a Proceso intenta deslindarse, entre otros puntos, de los negocios que realizó con Pemex y con Sedesol y de su participación en el fraude a maestros de la sección 50 del SNTE mediante una de las empresas de la que fue “accionista y presidente”, hay documentos que lo desmienten.
Decenas de documentos obtenidos por Proceso muestran que el caso del fraude que involucró al empresario Javier Joaquín López Casarín no está cerrado; confirman que en 2012 fue aspirante a diputado federal suplente por el Movimiento Progresista –entonces encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón, quien hoy es secretario de Relaciones Exteriores– y señalan que tuvo entre sus clientes a Pemex y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El domingo 12 el empresario envió una carta al director de Proceso en la cual niega algunos elementos del reportaje “Javier Joaquín López Casarín: El hombre de confianza de Ebrard” publicado ese día, el cual reveló, entre otros datos, una carta que Kirstjen Nielsen, otrora titular del Departamento de Seguridad Interna en la administración de Donald Trump, envió a López Casarín en febrero de 2012 para agradecerle “su cercana cooperación con nosotros en una serie de temas de importancia mutua”.
El lunes 13 varios columnistas publicaron en sus espacios información muy similar: atribuyeron el reportaje a una maniobra política dirigida desde la embajada de México en Washington –a cargo de Martha Bárcena Coqui– contra Ebrard y algunos retomaron los argumentos que López Casarín envió a este semanario.
En su carta, López Casarín pone en duda la existencia de un “supuesto fraude millonario con 23 carpetas de investigación vigentes en el estado de Nuevo León contra mi persona”, y afirma: “esta información es falsa. Se refiere a un caso infundado, juzgado y cerrado”.
Además de que el reportaje de Proceso no planteó que las carpetas de investigación sean “contra” López Casarín, documentos obtenidos por este semanario, así como testimonios de víctimas del fraude, desmienten al empresario: hasta la fecha, ninguna de las carpetas de investigación ni de las carpetas judiciales han sido concluidas; el caso sigue impune.
El fraude a los maestros
El asunto por el que López Casarín fue prófugo de la justicia, detenido el 28 de julio de 2016 en la Ciudad de México –al bajar de un avión proveniente de París– y encarcelado una noche en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, remite a un fraude perpetrado en 2015 contra 26 mil 336 maestros de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en esa entidad.
Durante 39 quincenas seguidas, la sección 50 retuvo 77 pesos a sus agremiados y entregó cheques de entre 1 millón 200 mil pesos y 1 millón y medio de pesos a la empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, SA de CV (SPI) –que López Casarín creó el 18 de marzo de 2011 con su padre, Javier Joaquín López Bárcena–, por un seguro de vida supuestamente fraudulento.
El 16 de marzo de 2014 el líder de la sección 50, Guadalupe Castillo García, celebró un contrato con López Casarín –quien firmó como representante legal de SPI– para “el desarrollo e implementación de la obra titulada ‘Tarjetón de Protección Integral’”, el cual en realidad consistía en un seguro de vida.
Como SPI no es una aseguradora, incorporó en la operación a la empresa Thona Seguros, SA de CV, cuyos representantes aseguraron posteriormente a las autoridades que SPI presumió una póliza (la número 0004701) que es “falsa”.
A partir de enero de 2015, familiares de maestros fallecidos trataron de cobrar los seguros de vida –entre 70 mil y 180 mil pesos, según las condiciones–, pero nunca obtuvieron el dinero. La situación se extendió durante meses, en los cuales 235 familias no pudieron cobrar el seguro.
Miles de agremiados interpusieron denuncias en distintas agencias del Ministerio Público, las cuales derivaron en la apertura de más de 23 carpetas de investigación por “fraude” en Nuevo León, que quedaron registradas con las referencias 107/2016-UI-JRZ-HLD-02, 128/2016- UIGPEHLD02, 113/2016-UIMTY-PNV2, 128/2016-UIGPEHLD02, 180/2016d-UIAPRO-R1, 232/2016-UIGPE-PNV01, 328 /2016-UIGPEHLD02, 433/2016-UIGPE-PNV01, 484/2016-UIMTY/PNV03 o 532/ 2016-UIGPEHLD02, entre otras.
En paralelo, la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica (UEIPE), adscrita a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, abrió una carpeta de investigación propia por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual quedó registrada con el número 04/2016-UEIPE.
López Casarín no puede ignorar que esta carpeta sigue abierta, ya que el 9 de agosto de 2017 interpuso un amparo indirecto contra la UEIPE –registrado con el número 485/2017–, el cual finalmente se sobreseyó en octubre de 2018. En esa ocasión, su defensor fue el abogado Mauricio Roberto Palazuelos Bard, quien labora en el despacho Nassar y Asociados, y recientemente ha defendido a Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas.
Hasta el momento sólo dos de las carpetas de investigación abiertas han sido judicializadas. En la carpeta judicial número 3391/2016 –producto de la carpeta de investigación 493/2015-UIMTY-PNV02, que fue abierta el 30 de octubre de 2015 tras la denuncia de una agremiada–, López Casarín no fue vinculado a proceso. Un juez de control tomó esa decisión durante su audiencia del 29 de julio de 2016, el día siguiente de su detención.
La justicia aún no ha decidido sobre el caso 3391/2016, y las demás carpetas de investigación siguen abiertas; todos los actores de la operación –líder sindical, SPI y Thona Seguros– se echaron la culpa entre sí.
Representantes de Thona Seguros afirmaron, en comparecencia, que su empresa no tenía póliza de seguro con los maestros. El 1 de julio de 2016, Myrna Adriana Hernández Chavarría, representante legal de Thona Seguros, mandó una carta en la que señaló la culpa de SPI, pues aseveró que la empresa no tenía trato con el SNTE; el siguiente 7 de octubre, Jorge Alberto Mondragón Conde refrendó que la póliza que SPI presumía no existía.
Mondragón afirmó que “nunca existió póliza alguna en favor de la sección 50 del SNTE” y que “es falsa la supuesta póliza 0004701 que supuestamente amparaba la cobertura del seguro de vida a los agremiados”, y pidió que se llevara una “investigación al respecto”.
Las evasivas
En su carta (véase recuadro), López Casarín rechaza dos puntos que este semanario documentó en su edición anterior. Afirma, por ejemplo, que “es totalmente falso que alguna vez haya militado en el Partido de la Revolución Democrática”. El reportaje no planteó que haya militado en el PRD como tal, sino en la coalición Movimiento Progresista, que Ebrard encabezó dentro de ese partido.
En abril de 2012, el Instituto Nacional Electoral publicó el acuerdo CG193/2012 en el que se registraron las candidaturas a diputados federales. En este documento López Casarín aparece como candidato a diputado suplente de Movimiento Progresista por el distrito 11 del entonces Distrito Federal, en la misma fórmula que Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro.
Además, López Casarín negó categóricamente que “de forma directa o a través de mis empresas haya realizado negocios con Pemex o la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)”. De nuevo, un documento desmiente al empresario: se trata de una semblanza promocional de la empresa Focim Construye, SAPI de CV, emitida en junio de 2016.
En este documento de 32 hojas, López Casarín figura como “accionista y presidente” de la empresa, mientras que en el apartado “nuestros principales clientes” figuran Pemex y la Sedesol, entre otros: la empresa indicó que realizó dos fraccionamientos para Pemex –uno en Reynosa y otro en la Ciudad de México– y participó en el programa “Piso Firme” de la Sedesol.
La empresa también presumió su participación en proyectos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como en otros 20 proyectos de viviendas para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana durante la gestión de Carlos Romero Deschamps.
Proceso documentó que Focim Construye, SA de CV, otra empresa de López Casarín, recibió un contrato de 39 millones de pesos en Morelos en consorcio con Desarrolladora Cava, empresa de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, los hermanos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas.
De hecho, en el contrato con la sección 50 del SNTE aparece la firma del panista regiomontano Gerardo Peña Flores como director corporativo de SPI. Peña Flores es un hombre muy cercano al gobernador tamaulipeco –fue secretario de Desarrollo Social en su administración– y es actualmente presidente del Congreso de Tamaulipas.
En el reportaje de la semana pasada Proceso incluyó una versión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto Velasco Álvarez, el vocero de la dependencia, aseguró que había platicado con el señor López Casarín antes de acudir a la redacción de este semanario. El jueves 16 este reportero buscó al empresario para una entrevista para hablar sobre los puntos de la carta y los documentos obtenidos por este semanario. Hasta el cierre de edición –en la noche del viernes 17– no tuvo respuesta.
