Tomás Rojo Valencia –comisionado por las autoridades yaquis para hablar de Laberinto yo’eme, dirigido por Sergi Pedro Ros– espera que este documental lleve la realidad política, cultural, social y económica de su pueblo a todos lados.
Enseguida expone a Proceso:
“Sabemos que ser demasiado honestos en este tipo de cuestiones pone en riesgo muchos aspectos de los yaquis, porque muestras tus debilidades. Estamos conscientes de eso, pero hay que asumir el riesgo por el beneficio de nuestra comunidad y para que los demás grupos indígenas conozcan nuestra cruda realidad y también las autoridades federales, estatales y municipales entiendan cómo se encuentran las cosas”.
Rememora que hace seis años conoció a Ros en la Ciudad de México en su exilio forzado (“me obligó a salir de mi territorio el entonces gobernador Guillermo Padrés”). Prosigue:
“Antes, en Veracruz, el cineasta había visto a un danzante de la Danza del Venado pero desesperado, porque le faltaba el cristal… Sergi me preguntó del problema de la droga, y le expresé que al introducir los estupefacientes, los blancos trataban de mermar la fuerza social, desarraigar a nuestro pueblo y afectar fuertemente el sentido cultural precisamente cuando la tribu estaba en franca lucha y reorganización en contra de los magaproyectos anunciados.”
La presencia del crimen organizado coincidía con esas etapas de fuerte resistencia del pueblo.
“Y ahí nació el interés de crear el documental y se le consiguieron todas las licencias y permisos ante las autoridades tradicionales para poder grabar cosas que nunca habían salido, como son los rezos, las ceremonias tradicionales, los rituales al interior de las iglesias y las danzas. Además, para que visitaran lugares históricos de nuestro pueblo nunca vistos por personas de afuera”.
–¿Cuál es la situación yaqui en este momento?
–Prácticamente es igual, pero por fortuna ha habido un proceso de unidad porque cuando se protestaba por el acueducto Independencia, del gobernador Padrés, había cinco autoridades de los ocho pueblos. En los últimos tres años se encuentran unidos los ocho pueblos.
Se refiere al conflicto del agua:
“En ninguna zona de las ocho comunidades hay agua potable. Existe agua entubada, pero no cuenta con el tratamiento para considerarse agua de calidad. Representa un riesgo para la salud. El acueducto Independencia sigue operando. Hay siete juicios, dos por parte de la tribu y cinco por parte de los agricultores y campesinos del Valle del Yaqui, y no han concluido.”
En 2013, la SCJN resolvió a favor de la tribu yaqui el amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA), otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del acueducto Independencia y ordenó reponer el proceso cumpliendo con el proceso de consulta a la tribu.
“Y existe un peritaje antropológico que dice que el acueducto afecta a los yaquis, por lo tanto debe dejar de trabajar; pero este elemento no ha sido valorado ni le han dado la justa dimensión las autoridades judiciales ni las autoridades ambientales, como la Semarnat, en fin”, detalla Rojo Valencia.
La sentencia de la Suprema Corte contiene elementos inéditos y muy relevantes en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sobre todo, establece la importancia de que cualquier autoridad que pretenda realizar un proyecto en donde exista esta posibilidad de afectación, realice una consulta al pueblo indígena.
Rojo Valencia redondea en cuanto al crimen organizado:
“La presencia del crimen organizado en todo el país es muy grave, pero se recrudece más en los lugares donde hay conflictos sociales, donde hay lucha contra grandes proyectos que afectan a los pueblos indígenas.”
