Como resultado de una investigación de varias semanas en la Península de Yucatán, Proceso ofrece este reporte especial sobre lo que puede esperarse de la construcción del llamado Tren Maya, las expectativas ambiciosas de grandes grupos empresariales y el pesimismo y desaliento de la verdadera población maya. Fonatur ya imagina, por ejemplo, crear nuevas ciudades con hoteles, comercios y viviendas alrededor de las estaciones de ese futuro sistema de movilidad, mientras corporativos nacionales y multinacionales, del ramo de la construcción, el transporte y el turismo, ya se frotan las manos.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aún no publica los estudios financieros sobre el Tren Maya –cuyo costo se estima en al menos 120 mil millones de pesos–, pero ya adelantó que éste se financiará principalmente gracias al transporte de turistas y pasajeros, mientras que una tercera parte de los ingresos provendrá del transporte de carga de materiales.
El gobierno federal promete que el megaproyecto detonará la economía de los cinco estados por los que atravesará, y beneficiará a las poblaciones marginadas de la Península; sin embargo, estudios del colectivo Geocomunes y de varios académicos de Yucatán identifican poderosos intereses privados que convergen en la Península y están prestos a beneficiarse con el Tren Maya antes que dichas poblaciones.
Esos grupos, que dominan los sectores turísticos, de la construcción y de la agroindustria, están encabezados por integrantes de la cúpula empresarial del país, como Alfonso Romo Garza, Alberto Baillères González, Gastón Azcárraga Andrade, Germán Larrea Velasco y Fernando Chico Pardo.
En Mérida, por ejemplo, la implementación del megaproyecto implicaría la construcción de un nuevo aeropuerto, que sería operado por Aeropuertos del Sureste (Asur), en cuyo consejo de administración figuran el propio Chico Pardo; Roberto Servijte Sendra, de Bimbo; Ricardo Guajardo Touché y José Antonio Pérez Antón, de ADO, según anunció el junio pasado Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur.
Dijo incluso que el edificio sería diseñado por el arquitecto Enrique Norten, el yerno de Carlos Slim Helú, y estaría conectado con una terminal del Tren Maya… que confeccionará el mismo Norten. El pasado 26 de noviembre el Fonatur otorgó a TEN Arquitectos, la firma de Norten, un contrato por 2 millones 975 mil pesos para realizar los “estudios preliminares arquitectónicos conceptuales para la estación del Tren Maya en Mérida”.
Y no sólo esto: el pasado 15 de noviembre, cuando anunció el inicio de su cuestionado proceso de consulta, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se “están dando facilidades para que se lleve a cabo la ampliación de aeropuertos en Cancún, Chichen Itzá y Chetumal”.
En Cancún, el aeropuerto opera bajo una concesión de ASUR –que construirá la nueva estación en el recinto agrandado–, el de Chetumal se encuentra a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y el “elefante blanco” de Chichen Itzá está concesionado a la empresa Ciclo, del gasolinero José Antonio Loret de Mola Gomory.
Hasta la fecha, Fonatur ha adjudicado una quincena de contratos para diversos estudios preliminares y anteproyectos vinculados con el Tren Maya, por un monto total inferior a los 500 millones de pesos. Otorgó el contrato de ingeniería básica, por 299 millones de pesos, al consorcio conformado por Key Capital y la española Senermex; encargó el estudio de asesoría económico-financiera a Price Water Cooperhouse (PWC), y el de asesoría legal a Woodhouse Lorente Ludlow, por 32 y 44 millones de pesos, respectivamente.
También dio un contrato por 62 millones de pesos a la firma BYA Barrientos y Asociados –de Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, efímero delegado del programa Oportunidades en el Estado de México en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– para realizar estudios técnico-jurídicos sobre los derechos de vía, y repartió contratos para realizar anteproyectos de estaciones a diversos despachos de arquitectos.
Estos contratos representan una fracción ínfima de las grandes adjudicaciones, las cuales iniciarán a principios de 2020 y abarcarán la construcción de los mil 460 kilómetros de vía, de las estaciones y de los “polos de desarrollo”, así como la instalación de la maquinaria.
El pasado 7 de noviembre, López Obrador recibió en Palacio Nacional a magnates y representantes de grandes constructoras –Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank Rhon, Héctor Ovalle y Olegario Vázquez Aldir, entre otros–, quienes al salir de la reunión expresaron su interés en el megaproyecto.
Y el miércoles 18, Jiménez Pons, director general del Fonatur, informó que tres compañías expresaron su interés en operar el Tren Maya cuando esté construido. El funcionario citó a Ferromex –filial de Grupo México, del multimillonario Germán Larrea Velasco–, ADO, de Pérez Antón, y la estadunidense Kansas City Southern, dirigida por José Guillermo Zozaya Délano.
“Potencial impresionante”
Según la información que el gobierno federal difundió en los municipios donde se llevó a cabo la votación sobre el megaproyecto el domingo 15 de diciembre, el tren transportará 21 mil 500 turistas al día en 2023, cifra que se elevaría a 95 mil 200 en 2033. La idea consiste en repartir y facilitar el traslado de los más de 14 millones de turistas que cada año visitan la Riviera Maya y gastan su dinero en este destino.
Fonatur plantea también erigir nuevas ciudades con hoteles, comercios y viviendas alrededor de las estaciones, a las que denomina “polos de desarrollo”.
Sin sorpresa, los sectores turísticos y hoteleros de Quintana Roo y Yucatán aportaron su apoyo público al Tren Maya desde el arranque del proyecto, si bien criticaron la decisión de López Obrador de disolver el Consejo de Promoción Turística de México. Según la Secretaría de Turismo, en Quintana Roo y Yucatán hay más de mil 230 proyectos de inversión hotelera por un monto superior a los 33 mil millones de pesos.
En Quintana Roo –entidad que concentra uno de cada ocho cuartos de hotel del país, uno de cada tres hoteles de cinco estrellas y recibe a 40% de los visitantes– el mercado se reparte entre grandes cadenas nacionales, como Grupo Posadas, de Pablo y José Carlos Azcárraga Andrade; españolas, entre ellas Grupo Barceló, Meliá, Oasis e Iberostar, y estadunidenses como Hyatt y Hilton.
En el panorama turístico sobresalen actores como el gigante Grupo Xcaret, de Miguel Quintana Pali –cuñado de José Ángel Gurría– y los hermanos Constandse Madrazo –primos del frustrado candidato presidencial y expresidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado–, quienes construyen un nuevo parque acuático en el municipio yucateco de Valladolid, donde pasará el tren.
En marzo pasado, Carlos Constandse Madrazo, de Grupo Xcaret, dijo que apoyará e impulsará el desarrollo del Tren Maya porque tiene “un potencial impresionante”.
Otros gigantes hoteleros de la región son Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga Andrade –entre cuyos consejeros destacan Fernando Chico Pardo; Silvia Sisset de Guadalupe Harp Calderoni, hija del multimillonario Alfredo Harp Helú; Juan Servitje Curzio y Benjamín Clariond Reyes Retana; AM Resorts, de Alejandro Zozaya Gorostiza, y Palace Resorts, de José Antonio Chapur Zahoul.
Agroemporios
Si bien el Fonatur asegura que el megaproyecto busca fomentar la creación de nuevas cadenas de producción en comunidades indígenas de la Península para que usen el tren y transporten sus mercancías a las ciudades, Jiménez Pons dice que esta industria local aún no existe. En entrevista con Proceso, admite que, en un primer tiempo, la agroindustria, ya presente en la Península, aprovechará el transporte de carga del tren.
Un estudio realizado por académicos de Yucatán y entregado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) identifica una serie de actores potencialmente involucrados en el Tren Maya, y señala que los conglomerados de la agroindustria serán los principales usuarios del transporte de carga que ofrecerá el tren; plantea que esta tecnología les permitirá “mover mayores mercancías” y como resultado tendrán un “incremento de ganancias”.
El cultivo de la soya y de la palma aceitera se disparó en la región en las últimas décadas, particularmente a partir del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, lanzado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y el Proyecto Estratégico de Palma de Aceite, que arrancó en 2016.
La siembra de soya en Yucatán, Quintana Roo y Campeche ocupa actualmente 52 mil hectáreas –equivalente a cinco veces la superficie de la mancha urbana de Cancún–, y sigue creciendo.
El impulso a estos monocultivos intensivos está acompañado por fumigaciones aéreas de plaguicidas y herbicidas que provocan daños a la salud de las poblaciones vecinas y matan a las abejas. Ello provocó una intensa batalla legal entre apicultores mayas y empresas agroindustriales. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que revocar los permisos de soya transgénica.
Poderosos intereses convergen en el negocio de la soya, entre ellos la trasnacional Monsanto –ahora Bayer–, y Ener All, que Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina presidencial, fundó en septiembre de 2007 bajo el nombre de Compañía Mexicana de Semillas.
En noviembre de 2017 Romo concretó un negocio multimillonario con Cargill, el gigante trasnacional de la agroindustria, con el que inauguró una planta de 140 millones de pesos en el municipio yucateco de Tizimín, para procesar los graneles agrícolas de productores de la región. Valladolid, que contará con una estación, se ubica a 50 kilómetros al sur.
Proceso visitó la modesta oficina de Ener All, que se encuentra instalada en una casa de una planta en un barrio de Tizimín. Un empleado recibió a los reporteros y comentó que Romo ya no está a cargo de la empresa; dijo también que sus jefes viven en Monterrey, Nuevo León.
A 20 kilómetros al este del lugar se extienden las 5.6 mil hectáreas de plantaciones de soya de la compañía, un espacio inmenso antes cubierto por la selva.
Al lado de las parcelas de Ener All se localizan los vastos ranchos San Martín, San Fernando, San Marcos, Dzonot Pinto y Rancho Alegre, que pertenecen a Jacobo Xacur Eljure, dueño del Grupo Industrial Xacur.
Además de producir soya y aceite de palma, Grupo Xacur compra el grano, lo procesa y surte a la industria alimentaria de Yucatán. Entre sus vendedores figuran las comunidades menonitas instaladas en la región.
En el municipio de Bacalar los ejidatarios vendieron 5 mil hectáreas de selva hace 15 años a 150 familias de una comunidad menonita que vivía en Belice. Los campesinos arrasaron con 4 mil hectáreas de árboles y hoy cosechan soya transgénica, frijol, sorgo, chile, maíz, tomate y chile.
Los pobladores recorren en carriolas impulsadas por caballos o en tractores los caminos polvorientos de la comunidad menonita que atraviesan vastas extensiones de campo. Aisladas casitas de madera y molinos de viento rompen a veces la monotonía del paisaje; luego surgen los enormes silos de grano, donde cuatro tráileres esperan ser cargados.
En la entrada del silo se encuentra la “bodega” de productos químicos que los agricultores utilizan en sus plantaciones. En la fachada del almacén cuelgan anuncios promocionales de los gigantes de la industria transgénica Syngenta y Bayer (antes Monsanto).
Cornelio, un campesino menonita, saca de su bolsillo trasero un folleto sobre el Tren Maya que obtuvo dos días antes en una asamblea explicativa efectuada en el ejido de Reforma, en Bacalar.
“Dicen que con el tren será más barato y más fácil; no se ve nada mal, para el pasaje y para la carga, todo”, dice. Sostiene que, en caso de que los precios sean atractivos, la comunidad consideraría usar el tren.
En el municipio de Hopelchén, en Campeche, otra comunidad menonita obtuvo en marzo pasado 4 mil hectáreas de selva, donde planea aplicar el mismo modelo de agricultura intensiva de soya.
Parte de la soya producida en la Península se convierte en aceite y grasas vegetales para el consumo humano, mientras que otra proporción importante es transformada en alimento para nutrir a los millones de cerdos y pollos que se amontonan en las granjas de la región.
Si bien abundan las explotaciones porcícolas, Grupo Kuo es el principal productor y exportador de carne de cerdo del país: en 2018 “procesó” 2.1 millones de animales y obtuvo 2 mil 755 millones de pesos de ganancias de su sector de alimentos. En sus “megagranjas” amontona hasta 40 mil cerdos, con altos costos ambientales en los cuerpos de agua vecinos.
En el consejo de administración de Kuo figuran los multimillonarios Fernando Senderos Mestre –su presidente–, Alberto Baillères González –dueño de Grupo Bal– y el banquero Valentín Diez Morodo, entre otros.
El estudio enumera 21 empresas avícolas en la zona, pero resalta que la empresa líder en producción de pollo es el gigante Bachoco, de Francisco Javier Robinson Bours Castelo, que el año pasado obtuvo 55 mil millones de pesos de la venta de pollo, con ganancias de 9 mil 629 millones de pesos.
