Previamente a la consulta sobre el Tren Maya, Proceso asistió a las asambleas que representantes del gobierno federal efectuaron a finales de noviembre último para explicar el proyecto a líderes indígenas y campesinos de la Península de Yucatán. En los encuentros se pudo constatar que la información ha sido parcial. Organizaciones que apoyan a las comunidades rurales advierten sobre el “manejo confuso y manipulador” que el gobierno federal realiza de la información en torno al megaproyecto.
Los días 29 y 30 de noviembre pasados representantes de las comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán escucharon durante más de cuatro horas a los funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) promocionar el Tren Maya y prometer que traerá desarrollo para la región.
“La ley internacional nos obliga a dar los pros y contras del Tren Maya”, dijo el coordinador general de los asesores del INPI, Guillermo May Correa, en el arranque de la “asamblea informativa” que se realizó en Cobá, Quintana Roo, el 30 de noviembre pasado.
Sin embargo, en las horas siguientes sólo presentaron argumentos en favor y ninguno contra el megaproyecto. En particular, el funcionario del INPI les dijo a los asistentes que “no somos neoliberales” y les solicitó “que no se siga diciendo que es un proyecto neoliberal”.
Si bien abundaron en los detalles técnicos del futuro tren –como su velocidad, número de vagones, el sistema de rieles, durmientes y basalto de las vías o su propulsión “ecológica”–, los representantes del gobierno no dieron información sobre los elementos clave del megaproyecto, como las ciudades nuevas de mil hectáreas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones ni sobre las afectaciones a la selva, pues aún no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En cambio, en las seis asambleas en las que Proceso estuvo presente los enviados del Fonatur y del INPI presentaron un coctel de beneficios que el megaproyecto promete, entre ellos, la “justicia social” y la “preservación ambiental”. También abundaron los ofrecimientos de mejorar los servicios básicos en las comunidades marginadas y generar “empleos bien remunerados”.
Lilia Gabriela González Moreno, representante del Fonatur en la asamblea de Cobá, dijo a los asistentes que era el momento de mostrar que “los mayas siguen viviendo ahora mediante su cultura, su lengua y su cocina. No solamente es un tren turístico, también es para ustedes y por eso se llama Tren Maya”.
Les aseguró que el tren fomentará el “turismo cultural” y que “el mundo tiene mucho que aprender de ustedes (…) Ya les toca vivir mejor”. Incluso, destacó que el tren “va a llevar internet a las comunidades”.
Momentos después, uno de los asistentes tomó la palabra y reviró que el internet “ya pasa en las comunidades, pero no pasa la puerta de nuestras casas porque no tenemos con qué pagarlo”.
Impugnable
Existen indicios de que la consulta vinculante sobre el Tren Maya, a realizarse este domingo 15, será una simple formalidad. Desde principios de 2019 el gobierno federal y los de los cinco estados por los cuales pasará el tren realizaron una intensa promoción sobre el megaproyecto.
Se trata de una región donde el presidente Andrés Manuel López Obrador arrasó con más de la mitad de los votos en las elecciones de 2018, excepto en Yucatán, donde si bien consiguió el primer lugar, lo hizo con 34% de la votación.
Pese al nombre de Tren Maya, no se trata de una consulta exclusivamente para la población indígena. Según la convocatoria, “todos los mexicanos con credencial del INE” podrán elegir “sí” o “no” en las casillas instaladas en los 112 municipios que se encuentran dentro del “área de influencia” del proyecto.
El gobierno federal anunció que distribuirá alrededor de 800 mil boletas, es decir, menos de la mitad de las 2 millones 270 mil personas inscritas en las listas nominales de votantes de los 18 municipios implicados.
Dicho proceso incumple con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que obliga el Estado mexicano a realizar una “consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada”– y abre la puerta a que los inconformes, vía amparos, anulen los resultados de la consulta, advirtió el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el miércoles 11.
“Va, aunque no lo quieran”
Dedicado al apoyo de las comunidades rurales en las regiones forestales, el CCMSS enumeró, el miércoles 11, las 10 irregularidades que documentó sobre el largo proceso de consulta, entre las que destacan el “manejo confuso y manipulador de la información” por parte de los funcionarios, “cooptando y desbalanceando cualquier posibilidad de diálogo real con los actores locales”.
La organización señaló que el gobierno mexicano no está buscando el consentimiento de los pueblos originarios, sino sólo conocer opiniones. “Implica una violación a la libre determinación del pueblo maya”.
El 15 de noviembre último, el Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob) –en un acto en el que López Obrador fue testigo de honor– publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos de la consulta, los cuales causaron confusión.
El documento planteó dos procesos paralelos, pero no vinculados entre sí: estableció el protocolo de la consulta indígena –es decir, las asambleas informativas y consultivas en 15 comunidades– y, por otra parte, planteó el desarrollo de la “jornada de ejercicio participativo ciudadano” sobre el Tren Maya, el cual abarca a todos los habitantes de la Península de Yucatán, no solamente a las comunidades indígenas.
En la publicación, el Fonatur y el INPI asentaron que la consulta indígena consiste en “establecer un diálogo con las comunidades indígenas” de la región –mayas, choles, tzeltales y chontales– para determinar las “formas en que participarán en la distribución equitativa de los beneficios”.
Consultado al respecto, el director general del Fonatur, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, explica a este semanario que “la consulta indígena, su propósito, no es si va o no va, sino el cómo va, si es que va (…) La que determina si va o no va es la consulta ciudadana donde los indígenas participan como ciudadanos”.
–Esto no va acorde con los términos de la consulta indígena (del convenio 169 de la OIT), la comunidad indígena afectada debe determinar si lo quiere o no –se le comenta.
–No. Como pueblo indígena hay toda una metodología de trabajo. Yo lo que he visto es: ¿cómo ellos interpretan la integración al programa del Tren Maya? (…) Ahí se trasciende más allá del sí o no; es cómo me afecta, porque como tenedores del territorio tienen que saber cómo esto los afecta”.
De acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, las consultas del gobierno federal no cumplieron con el principio de “informada” de la Organización Internacional del Trabajo porque los datos presentados en las asambleas sólo se limitaron a exponer, de manera general, el proyecto ferroviario y sus supuestos beneficios, en completa ausencia de los estudios de impacto.
En las asambleas informativas a las que asistió este medio impreso apenas se abordó el tema de los “polos de desarrollo”, que son las ciudades nuevas que el Fonatur quiere construir alrededor de las estaciones de tren y que serán integradas por hoteles, comercios y viviendas para 50 mil personas.
En las láminas promocionales del Tren Maya que los representantes del Fonatur expusieron sólo apareció una imagen diseñada por computadora. En ella aparecían unos cinco edificios pequeños, lejos de una ciudad con decenas de miles de personas, y se afirma que estos “polos” detonarán la actividad económica y generarán “mejores empleos para ustedes”.
En resumen, la organización considera que la información proporcionada por las autoridades federales a las comunitarias ha sido parcial porque “omite componentes necesarios para su real análisis y deliberación en un tiempo muy reducido, sin contar que la convocatoria también excluyó a autoridades indígenas”.
La coordinadora del CCMSS en la Península de Yucatán, Sara Cuervo, resalta que uno de los defectos de las asambleas es que convocaron a las autoridades ejidales, “pero una cosa es el ejido y otra es la comunidad”.
En entrevista, insiste en que el gobierno federal debe consultar a la comunidad, no al ejido. “Finalmente, no les preguntan si quieren o no quieren el tren, sino cómo quieren formar parte del proyecto”.
La activista explica que el presidente López Obrador basa su estrategia en el voto de confianza que tiene en las comunidades implicadas en el proyecto, debido, principalmente, a la implementación del programa Sembrando Vida. El gobierno federal fue “astuto en ir a los sitios y vincularse con actores clave locales; contrataron gente estratégica, además de excelentes vendedores, operadores políticos; crearon una serie de condiciones en los territorios para el manejo poco oportuno, veraz y claro de la información”.
Cuervo recuerda que en septiembre último, un mes y medio antes de anunciar la consulta, López Obrador declaró en Campeche que: “Llueve, truene o relampaguee se va a construir el Tren Maya. Lo quieran o no lo quieran”.
Viejos reclamos
Además de los representantes del Fonatur y del INPI, el gobierno federal envió delegaciones de funcionarios de más de 15 dependencias a las asambleas informativas que se realizaron los días 29 y 30 de noviembre último.
En canchas de basquetbol, deportivos o casas ejidales, estos representantes se quedaron sentados en silencio frente a la audiencia, que por cierto no llenó los espacios.
También acudieron funcionarios estatales y municipales, entre otras figuras políticas de la región. En Palenque, por ejemplo, asistió Manuelita López Obrador, hermana del presidente y diputada local de Morena.
Los representantes del Fonatur no sólo enfatizaron en el derrame económico por la llegada de turistas, insistieron en que el tren beneficiará a las comunidades indígenas de la región porque éstas tendrán acceso a precios preferenciales –sin precisar el monto– para utilizar el transporte y llevar sus mercancías a las ciudades.
A los ejidatarios les solicitaron en reiteradas ocasiones que no vendieran sus tierras y que mejor se esperen a que el Fonatur se acerque a ellos para hacer trato.
Las asambleas se realizaron en español y en la lengua originaria de la zona. Un intérprete se encargó de traducir la exposición técnica del Fonatur.
Alma Balam, una mujer maya que asistió a la asamblea de Cobá, asegura que la traducción de la autoridad “fue muy vaga”. Explica por qué: “De repente (el traductor) decía cosas chistosas como ‘ookol, ¡No robar!’. Los funcionarios hablaban un rato y el traductor sólo decía una palabra. Cuando el funcionario del Fonatur decía ‘los animales van a pasar arriba’, la persona en maya exponía: ‘Van a pasar arriba, no las van a matar, no les pasa nada’”.
De acuerdo con la mujer, residente del municipio Felipe Carrillo Puerto, si bien el tema del Tren Maya circula entre los habitantes de la región, “no es la prioridad para la gente. Se escucha, pero no es lo que les importa ahorita; hay necesidades más grandes que la gente tiene”.
Cuando los funcionarios federales terminaron sus ponencias, los representantes de las comunidades tomaron la palabra. Si bien respaldaron en general el proyecto, expresaron, sobre todo, su confianza hacia López Obrador.
“Yo soy morenista, creo que nos va a ayudar bastante, quizás no a los pueblitos, pero sí a las estaciones. Estamos con Andrés Manuel, ¡Hasta la victoria siempre!”, declaró una mujer en Cobá.
Durante horas, los comisarios presentaron situaciones concretas que aquejan sus pueblos y pidieron al gobierno federal que les ayudara a resolverlas. Entre las solicitudes destacaron el arreglo de las carreteras y la dotación de servicios básicos, como luz y agua. Algunos comisarios lamentaron la cancelación del Programa de Empleo Temporal.
Algunos miembros de los pueblos que estarían más alejados de las estaciones de trenes y las vías preguntaron cómo el megaproyecto los beneficiará. Hubo quienes pidieron garantías para vender sus artesanías a los turistas. Otros expresaron su temor a que las empresas extranjeras acaparen el proyecto. Algunos más, de plano, pidieron ayudas. “¿Qué va a pasar con nosotros, nos van a apoyar con algo igual?”, lanzó, por ejemplo, una comisaria en Cobá.
Los funcionarios del Fonatur prometieron que tomarían notas sobre los problemas de las comunidades y que asistirían a los pueblos para ver lo que se puede hacer. Sin embargo, en Tixpéhual, ante la cantidad y la diversidad de solicitudes, la representante del INPI, Anabel López Sánchez, advirtió que “el compañero del Fonatur no tiene respuestas a sus dudas específicas”.
En algunos casos, como en el municipio campechano de Tenabó, algunas voces se elevaron para expresar su desconfianza. “Una vez que nos compren las tierras, dirán (los del gobierno): ‘Son mías’ y después volverán a ignorarnos”, resaltó uno de los asistentes y pidió a las autoridades presentes que “no vengan a mentirnos, porque nos han mentido toda la vida”.
Otra persona señaló que “los mayas no somos los que vamos a hacer negocios con el Tren Maya”. En Cobá, un joven comisario recalcó que “los políticos siempre han ganado dinero de los mayas, pero nunca los han ayudado en medicinas y en educación. Es necesario que, de verdad, pongan los ojos en la gente”.
Al concluir las asambleas, los representantes ejidales se fueron a sus comunidades –con los pasajes pagados por el gobierno– con la encomienda del INPI y del Fonatur de juntar a sus comunidades y de regresar dos semanas más tarde con actas de asamblea “que tengan el sello del ejido”.
(Con información de Rosa Santana y Armando Guzmán)
