Una vez que Genaro García Luna quedó fuera del gobierno, las investigaciones oficiales y las balas de los narcos desintegraron su círculo cercano. Y en Estados Unidos, donde tenía socios y amigos, lo premiaron una y otra vez, hasta que las evidencias hicieron insostenible la ficción de que era un próspero empresario. Actualmente uno de sus hombres de mayor confianza, Ramón Eduardo Pequeño, ocupa un puesto estratégico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Considerado el funcionario más influyente de la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna extendió su influencia a todas las áreas estratégicas de seguridad, fortaleció a su equipo de incondicionales y logró crear alianzas con instituciones extranjeras como el FBI y la DEA estadunidenses, que incluso lo condecoraron por su “lucha contra el narcotráfico”.
Paralelamente, de acuerdo con archivos de este semanario, él y sus colaboradores cercanos fueron señalados desde 2004 por estar al servicio de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa; 15 años después, la Corte de Nueva York lo requiere por esas acusaciones.
Actualmente uno de sus hombres de mayor confianza, Ramón Eduardo Pequeño García, ocupa un puesto estratégico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de encabezar la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal (PF) y estar al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios en 2015, cuando se fugó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Investigaciones de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) arrojaron que buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna fueron corrompidos por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox surgieron evidencias de que la Secretaría de Seguridad Pública fue una de las dependencias más infiltradas por el Cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) fue puesto a disposición de la SIEDO por servir presuntamente a Ismael El Mayo Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a 26 mil pesos mensuales, Bayardo consiguió en poco tiempo la prosperidad: compraba al contado vehículos de lujo y residencias.
El 30 de octubre de 2008 su jefe en la PFP, Gerardo Garay Cadena, lo puso a disposición de la SIEDO. Tras convertirse en testigo protegido, Bayardo fue asesinado el 1 de diciembre de 2009.
Otra pieza de esta red, presuntamente al servicio de los hermanos Jesús e Ismael Zambada, es precisamente Garay Cadena, comisionado de la PFP que el 1 de noviembre de 2008 renunció a su cargo para ponerse voluntariamente a disposición de las autoridades. De inmediato fue arraigado por la SIEDO. El 11 de diciembre se le consignó por el delito de delincuencia organizada y tras pasar cuatro años en prisión fue exonerado por falta de pruebas.
Las pesquisas también abarcaron a otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplio control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los puntos de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dos días después de que renunciara Garay Cadena, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna. Años después, en 1993, cuando era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rumores sobre una relación de Esparza con El Chapo Guzmán. El delegado fue acusado de actuar contra la administración de la justicia y se le dictó auto de formal prisión, pero éste fue revocado el 23 de agosto de 1993 por el sobreseimiento de su caso.
En junio de 2013, días antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, denunció en una carta pública:
“Genaro García Luna, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI (Agencia Federal de Investigación) y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Édgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí.”
El 9 de junio de 2013 este semanario publicó que Armando Espinosa de Benito, alto funcionario de la Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna, fue acusado por La Barbie de recibir sobornos del crimen organizado. La investigación periodística mostró que El Güero Espinosa acumuló en cuatro años ocho propiedades con un valor superior a 37 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación de este semanario, 2010 fue el último año que Espinosa de Benito hizo pública su declaración patrimonial.
Al servicio de los capos
El 19 de julio de 2015 Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad, y Ramón Eduardo Pequeño, extitular de la División de Inteligencia de la PF, ambos aliados de García Luna, fueron señalados de permitir la fuga del Chapo Guzmán.
Al concluir el sexenio calderonista se integraron al primer círculo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tener el control del aparato de seguridad e inteligencia del gobierno federal.
En 2001, cuando El Chapo se escapó por primera vez de un penal de alta seguridad, el de Puente Grande, Jalisco, Rubido García era director general adjunto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y por lo tanto debía anticiparse a cualquier crisis que pusiera en riesgo la seguridad del Estado.
Aunque el extitular de la Comisión Nacional de Seguridad se deslindó de la segunda fuga de Guzmán Loera, varios de sus colaboradores cercanos, también antiguos subordinados de García Luna, fueron objeto de indagatorias. Entre ellos, Ramón Eduardo Pequeño García, destituido porque era responsable del monitoreo remoto de los penales federales y quien –según Herrera Valles– ahora es uno de los asesores de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
A su vez, el excomisionado de la PF Édgar Millán Gómez fue asesinado a balazos la madrugada del 8 de mayo de 2008, al llegar a su casa en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Y Roberto Velasco Bravo, también señalado de trabajar para los Beltrán Leyva, fue director de área de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la AFI. Además se le atribuyeron vínculos con la delincuencia organizada y fue asesinado el 1 de mayo de 2008.
Dentro de ese grupo, que según la entonces Procuraduría General de la República (PGR) brindaba protección a Zambada, aparece Luis Cárdenas Palomino, hombre de confianza de García Luna. Fue titular de la División de Seguridad Regional de la PF desde junio de 2009, pero en enero de 2013 dejó el cargo para incorporarse a Adamantium Private Security Services, empresa de seguridad privada del Grupo Salinas, según el portal web del consorcio.
Esa firma opera en 30 entidades del país y se especializa en la protección de empresas, industrias aeroportuarias y polígonos industriales. Actualmente vigila los aeropuertos de Chetumal, Uruapan, Colima, Tepic, Campeche y Ciudad del Carmen, así como los puertos de Veracruz, Tuxpan y Manzanillo, además de una docena de empresas como Banco Azteca, Elektra, TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Socios en Estados Unidos
En su libro Contra el crimen, editado en 2004, García Luna hace una relación de los personajes que lo acompañaron en la fundación de la AFI: Luis Cárdenas, Facundo Rosas, Maribel Cervantes, Pedro Roberto Huerta, Patricia Patiño, Rafael Avilés, Víctor Hugo García, Benito Roa, María Elena Pérez, Osvaldo Luna, Humberto Martínez, José Luis Chávez, Arturo Luna, Javier Garza, Édgar Millán, Guadalupe Franco, Aristeo Gómez y Roberto Reyna.
Pero en el primer círculo de García Luna también hubo miembros del FBI y de la DEA. De acuerdo con el portal Reporte Índigo, García Luna y el empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg se asociaron para crear compañías como ICIT Private Security México, propiedad de la familia Weinberg y que tuvo permiso para operar en todo el país cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública. El permiso le fue renovado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En abril de 2011 los Weinberg abrieron en Miami una compañía con el mismo nombre, que ofrece servicios de investigación, protección ejecutiva, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital.
Días después de dejar su puesto en el gobierno, García Luna abrió en Miami la firma GL & Associates Consulting.
Reporte Índigo detectó coincidencias entre esas empresas: “José Kuri Harfush (consejero de Telmex, Carso Global, Telecom e Inbursa, participó con Weinberg en la licitación para la fabricación de los chips para el Registro Público Vehicular). Teletron (compañía israelí que representaba en México y vendió un equipo de espionaje telefónico al Cisen en 2000 conocido como Octopus). Monte Alejandro Rubido García (operador de Octopus; actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y Marco Antonio Novella Juárez (consejero de ICIT; en 2011 fungía como director general de Desarrollo Penitenciario de la SSP)”.
Las páginas web de la consultora y de ICIT tienen los mismos socios estratégicos. Son cuatro especialistas en seguridad que han estado conectados con México:
“El primero de ellos es el exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), José A. Rodríguez Jr. Cuenta con experiencia de más de 30 años en las áreas de inteligencia y seguridad en Estados Unidos. Entre 1994 y 1995, Rodríguez fungió en la CIA como director adjunto del Centro Antinarcóticos. Entre 1995 y 1998, cuando García Luna fue nombrado coordinador general de Inteligencia para la Prevención en la Policía Federal Preventiva, Rodríguez era el jefe de la División de Operaciones en América Latina. Entre 2002 y 2004, dirigió su Centro de Contraterrorismo.”
En 2008 Rodríguez salió de la administración pública y ha sido miembro de varias consultoras privadas en temas de seguridad, así como ejecutivo de IBM.
El segundo socio, Carlos Villar, fue agregado legal del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México mientras García Luna dirigía la AFI. Sus funciones consistían en ser el “enlace legal con las autoridades mexicanas de seguridad pública y supervisor de las investigaciones coordinadas entre el FBI y el gobierno mexicano”.
Al igual que Rodríguez, Villar tuvo como áreas de especialidad “las operaciones encubiertas, investigaciones de lavado de dinero/fraude corporativo, secuestros y secuestros de aeronaves”, según el perfil que publican GL e ICIT. Después de su retiro ha sido dueño de la consultora VR Global Security, con sede en Salt Lake City, en Utah.
Esta consultora –publicaron las compañías de Weinberg y García Luna– “ha sido contratada por empresas estadunidenses con oficinas en México… asimismo, ha asesorado a dependencias del gobierno mexicano en la adquisición de tecnologías de seguridad”.
El tercer socio del grupo es el expolicía colombiano Luis Montenegro Rinco, especialista en temas de inteligencia y crimen organizado; dirigió la Policía de Bogotá entre 1993 y 1994, fue subdirector de la Policía Nacional entre 1995 y 1996, director general del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y asesor externo del fiscal general colombiano entre 2000 y 2001.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2008 y 2012, Montenegro trabajó para García Luna como integrante del Consejo Asesor Externo de la SSP, según el perfil publicado por las consultoras. En 1992 era el comandante de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin).
El último socio estratégico que registran tanto García Luna como Weinberg es Larry Holifield, exfuncionario de la DEA. Entre 1997 y 1999 Holifield fue enlace entre la DEA y la CIA en Bogotá, al mismo tiempo que Montenegro dirigía el DAS, y se desempeñó como director adjunto de la oficina de la DEA en la capital colombiana.
