En su tránsito por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública –es decir, durante los gobiernos del PAN– Genaro García Luna acumuló un nefasto historial de denuncias en su contra por lo que ya era inocultable: sus actos de corrupción y sus nexos con grupos de la delincuencia organizada. Solapado hasta la ignominia por el panismo, en especial por Felipe Calderón, en una ocasión llegó al grado de pretender intimidar a Proceso al exhibir públicamente ejemplares de la revista como si fueran piezas logísticas supuestamente confiscadas a un grupo de narcotraficantes.
La siniestra historia de Genaro García Luna ha sido paso a paso narrada por Proceso desde su desempeño como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox, cuando ya venía arrastrando un negro historial de corrupción, alianzas con el crimen organizado, fabricación de culpables y montajes encaminados a construirse una imagen de superpolicía.
Este semanario abordó ampliamente el montaje televisivo armado por García Luna en diciembre de 2005, con el cual acusó a la francesa Florence Cassez de pertenecer a una banda de secuestradores, hecho que marcó su sucia carrera policiaca pero no fue obstáculo para que, un año después, en diciembre de 2006, Felipe Calderón lo nombrara secretario de Seguridad Pública.
De inmediato, este nombramiento fue mal visto por las altas esferas militares con las que iba a colaborar, pues ya para entonces a García Luna se le relacionaba con la organización criminal de Arturo Beltrán Leyva.
También molestó al Ejército el que García Luna, al asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), haya forzado la incorporación de 10 mil militares a las filas de la Policía Federal Preventiva (PFP) a fin de habilitarlos en tareas policiacas en la recién declarada guerra de Calderón contra el narcotráfico (Proceso 1583).
Sin una estrategia definida y presionado por la falta de resultados, muy pronto García Luna comenzó a tener enfrentamientos en el Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes –Ejército, PFP y Procuraduría General de la República (PGR) – no se ponían de acuerdo para enfrentar al crimen organizado, que seguía cobrando vidas.
Por si fuera poco, para diciembre de 2007, investigaciones de la PGR ya habían confirmado que en más de 20 estados los cuerpos policiacos tenían fuertes vínculos con el narcotráfico, sobre todo en entidades que eran asiento o corredores de los cárteles de la droga. Los casos más críticos eran Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Jalisco, Campeche y Tabasco.
Mientras que en la SSP García Luna iba de ensayo en ensayo sin poder resolver los viejos vicios de la institución –rotó a la mayoría de los mandos medios y altos y despidió a cientos de policías, cuya mayoría recurrió al amparo argumentando que los despidos fueron injustificados–, seguía sin concretarse una estrategia de seguridad (Proceso 1622).
En enero de 2008 llegó al extremo de viajar a Washington para solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos que su Servicio Secreto adiestrara a los miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), con el propósito de fortalecer la seguridad del presidente Calderón, quien para entonces se quejaba de recibir amenazas del crimen organizado. Era la primera vez que el gobierno mexicano pedía este tipo de apoyo al Servicio Secreto (Proceso 1638).
El excoordinador de Seguridad Regional de la PFP Javier Herrera Valles envió por entonces una carta al presidente Calderón en la que –en ocho cuartillas– le expuso el caos imperante en la SSP: improvisación, nepotismo, corrupción administrativa, fallas técnicas, programas incumplidos y proyectos “maquillados”, entre otros vicios.
En la carta describía cómo García Luna hacía de la SSP su coto privado, dando cabida a “amigos, familiares y recomendados, quienes ostentan altos puestos y grados jerárquicos”. Su hermana Esperanza García Luna, por ejemplo, era directora general de Delitos Cibernéticos de la PFP, sin siquiera tener carrera policial.
Y del fastuoso Centro de Mando de la Policía Federal –ubicado en Iztapalapa y entonces recién inaugurado por Calderón–, señalaba sus carencias técnicas, como el defectuoso sistema GPS, que solamente tenían instalado 100 de las 4 mil patrullas (Proceso 1651).
Pero García Luna alardeaba de grandes logros en el combate al narcotráfico a través de un amplio despliegue de publicidad oficial y de propaganda televisiva, que siempre fue su fuerte.
Y nuevamente volvieron a aflorar los vínculos de García Luna, y de algunos subalternos suyos, con el crimen organizado, principalmente con el Cártel de Sinaloa. También fueron asesinados funcionarios de la dependencia por ajustes de cuentas con los capos.
En mayo de 2008 fue ejecutado Édgar Millán, comisionado de la PFP, cuando iba a reunirse en su departamento con enviados del Cártel de Sinaloa, según la averiguación previa P/PGR/DDF/SZC/CAM/1233/08.
Un mes después, Igor Labastida Calderón, inspector General de Seguridad Regional, de la SSP, fue baleado en la Ciudad de México cuando comía con su escolta en una cocina económica de la colonia Argentina. En 2003, Labastida ya había sido señalado, en una investigación de la PGR, como presunto protector del capo Joaquín Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa. Fue también Labastida uno de los oficiales a los que García Luna metió a la SSP sin que presentara el examen de confianza que exige la ley (Proceso 1652).
Cuatro meses después, el 19 de octubre de ese año, mientras recorría con su escolta la carretera que va de Cuernavaca a Tepoztlán, Morelos, García Luna fue interceptado por un nutrido grupo de sicarios que viajaba a bordo de 10 vehículos Suburban blindados.
Los pistoleros desarmaron a los miembros de la escolta y les vendaron los ojos. El jefe del grupo se acercó a García Luna para advertirle: “Este es el primero y último aviso. Para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado”.
Luego García Luna se alejó para dialogar a solas con el capo, en algún paraje de la zona. La conversación se prolongó durante unas cuatro horas.
Pero dejó intrigados a los miembros de la escolta del funcionario, quienes relataron estos hechos en una carta enviada al Congreso de la Unión y a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1672).
Tiempo después, en octubre de 2008, fue detenido un operador del Chapo Guzmán, Víctor Hugo Martínez Rocha, quien en sus declaraciones reveló que fue intermediario para entregar regalos del Cártel de Sinaloa a García Luna y a su subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas.
Por encargo de sus jefes, detalló Martínez Rocha, le entregó al titular de la SSP dos yates de superlujo –el Splendor y el Dreams–, que le dejó atracados en el exclusivo Club de Yates del puerto de Acapulco junto a la embarcación Argos, propiedad del narcotraficante Édgar Valdés Villarreal, La Barbie (Proceso 1673).
Ya para entonces era muy sabido el gusto de García Luna por los autos de lujo –tenía Mustang clásicos y una flamante Land Rover Discovery–, e iba adquiriendo distintos bienes inmuebles. Después de vivir en su juventud en la populosa colonia Primero de Mayo, de la delegación Venustiano Carranza, ya siendo titular de la SSP había adquirido diversas propiedades, habitaba una residencia en Jardines de la Montaña –al sur de la ciudad de México– y tenía además una casa de descanso en Cuautla, Morelos, según afirma la periodista Anabel Hernández en su libro Los cómplices del presidente.
Para fines de 2008, algunos colaboradores de su confianza empezaron a ser aprehendidos por ser presuntos responsables de dar protección a narcotraficantes, como el comisionado interino de la PFP Víctor Gerardo Garay Cadena; el jefe de Operaciones Especiales de la SSP Francisco Navarro Espinosa, y los agentes federales Fidel Hernández García y Jorge Cruz Méndez (Proceso 1675).
Además, decenas de sus funcionarios en la SSP tenían antecedentes penales por conductas delictivas, entre ellos Manuel Jesús García Santos, inspector jefe de la PFP; Julio César Monge Peraza, subinspector a cargo de las Fuerzas Federales de Apoyo; Gerardo Barriga Almonte, oficial; Omar Lander Ángeles, suboficial; Raúl Leal Polito, sargento…. (Proceso 1676).
El problema de corrupción por narcotráfico en la SSP, que contribuía al fracaso de la guerra de Calderón contra los cárteles, preocupaba tanto a la agencia antidrogas estadunidense (DEA) como a legisladores de Estados Unidos.
En julio de 2010, Michael A. Braun, exjefe de operaciones de la DEA, señalaba que si el gobierno mexicano no enfrentaba de manera efectiva y agresiva a los cárteles, México corría el riesgo de “transformarse en un narcoestado”.
Aseguró también que los capos estaban muy conscientes de la vulnerabilidad de los políticos y funcionaros públicos mexicanos, a quienes corrompían para debilitar a las instituciones. Y advertía Braun:
“Si algún político o funcionario hace un acuerdo con el diablo y al día siguiente el diablo le muerde el trasero, no debe sorprenderse” (Proceso 1757).
A finales de 2010, el Congreso estadunidense ya tenía reportes de los actos de corrupción de García Luna que entorpecían la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en el ámbito de la Iniciativa Mérida.
En entrevista con este semanario, Carl Meacham, entonces asesor para Asuntos Latinoamericanos del Congreso estadunidense, declaró: “Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México” (Proceso 1780).
Con todo el apoyo de Calderón, estos cuestionamientos no parecían preocupar a García Luna, quien a lo largo de toda su gestión en la SSP siguió, como si nada, presumiendo falsos logros, realizando montajes –como el de Florence Cassez– y valiéndose de la televisión para ensalzar su imagen.
Por ejemplo, en julio de 2009, al presentar ante los medios de comunicación a presuntos miembros del grupo delictivo La Familia, en una mesa, frente a los detenidos, aparecían exhibidas almas de alto poder, bolsas de droga, paquetes de dinero y hasta cuatro ediciones recientes de la revista Proceso.
Con ello, García Luna pretendió hacer creer que este semanario formaba parte de la logística de ese criminal, lo cual fue un atropello a garantías constitucionales como la libertad de expresión y la liberad de prensa (Proceso 1709).
En 2011 volvió a mostrar su proclividad al uso de la televisión, esta vez mediante la teleserie El Equipo, en ese tiempo transmitida en horario estelar por el Canal 2 de Televisa.
El sitio oficial de El Equipo (www.televisa.esmas.com) la definía como una teleserie “sobre el valor, el esfuerzo y el amor de un equipo de hombres y mujeres, policías federales, que cada día arriesgan su vida para proteger la nuestra. Ellos luchan, se sacrifican y se entregan por un compromiso: que el bien siempre derrote al mal”.
La SSP invirtió 150 millones de pesos en la producción y transmisión de El Equipo, dándole gran despliegue publicitario en Televisa. Pero aun así la serie tuvo bajo rating (Proceso 1804).
Al concluir el sexenio calderonista, García Luna cerraba su gestión con un balance negativo y en medio de grandes escándalos: en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elementos de la Policía Federal se enfrentaban a balazos entre ellos mismos por disputas relacionadas con el narco, y en la carretera México-Cuernavaca policías federales atacaban con fusiles AK-47 una camioneta donde viajaban agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense y un capitán de la Marina de México (Proceso 1871).
Para colmo, el 23 de enero de 2013, a menos de dos meses de que Calderón dejara Los Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación inmediata” de Florence Cassez, con lo que derrumbó el caso judicial más emblemático del calderonismo, montado por García Luna con el apoyo de Televisa y Televisión Azteca (Proceso 1891).
