Una revisión del expediente que armó el gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna revela que, además de las declaraciones de testigos cooperantes que lo involucran con el Cártel de Sinaloa, los agentes de ese país ya le seguían los pasos y documentaron con otras fuentes sus presuntos delitos. Por ello, fuentes del Departamento de Justicia y de la DEA consideran que quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón tiene sólo una vía para aligerar su sentencia: ayudar en las investigaciones contra otros exfuncionarios, mandos policiacos y políticos corrompidos por el narco.
WASHINGTON.- La acusación del gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna por colusión con el Cártel de Sinaloa podría implicar con el narcotráfico a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como a generales y otros exfuncionarios mexicanos.
“El Cártel de Sinaloa ha utilizado la corrupción de funcionarios públicos, incluidos los pagos al acusado (García Luna) cuando era un alto funcionario del gobierno mexicano, como método para lograr sus objetivos de empresa traficante de drogas”, se lee en el oficio 20119R00927, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió al juez federal Brian Cogan.
“A cambio de esos pagos –continúa el documento–, el Cártel de Sinaloa obtuvo, entre otras cosas, paso seguro de sus cargamentos, informes sensibles de inteligencia y aplicación de la ley sobre investigaciones al cártel e información sobre agrupaciones rivales.”
Cogan, juez federal de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, presidió el juicio contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, líder de una de las facciones del mencionado cártel.
En sus ocho páginas, el oficio del Departamento de Justicia expone detalles de los cuatro cargos que le fincan al exsecretario de seguridad mexicano.
Esta comunicación fue para pedirle a Cogan que presida el juicio contra García Luna, tomando en cuenta que algunas de las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública se derivan del proceso al Chapo. Pero tal petición resulta irónica, pues en el proceso contra Guzmán Loera el juez Cogan impidió que la defensa y la fiscalía mencionaran casos de corrupción de funcionarios mexicanos por el narcotráfico.
Ahora el proceso judicial contra García Luna se concentrará concretamente en el presunto cohecho por parte del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción del Chapo Guzmán, a funcionarios del más alto nivel de administraciones anteriores.
“No hay garantía de que pueda haber juicio; García Luna se puede declarar culpable y con ello no habría juicio”, comenta a Proceso un fiscal federal del Departamento de Justicia involucrado en el procedimiento de las acusaciones contra el exfuncionario mexicano.
A éste se le acusa formalmente de cuatro delitos: tres por conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y uno por mentir bajo juramento sobre su pasado criminal, es decir, en su relación con el narco.
“Evidencia obtenida por agentes de la aplicación de la ley cuando el acusado era funcionario mexicano sostiene que el acusado recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa a cambio de darle protección a sus actividades de tráfico de drogas”, indica el documento enviado a Cogan.
Y agrega: “Por la corrupta asistencia del acusado, el Cártel de Sinaloa llevó a cabo actividades criminales en México sin interferencia significativa de las autoridades mexicanas e importó múltiples toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”.
El que fuera conocido como “superpolicía” del sexenio de Calderón fue detenido el pasado lunes 9 en Dallas, Texas, por agentes federales estadunidenses, cinco días después de que en Nueva York un gran jurado formalizara los cargos en su contra.
Era cuestión de tiempo
Desde que García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy desaparecida) en el sexenio de Vicente Fox y luego secretario de Seguridad Pública en el de Calderón, este semanario publicó varios reportajes sobre su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.
En su edición 1686, fechada el 22 de febrero de 2002, Proceso da cuenta de la entrevista que sostuvo este reportero con Anthony Placido, entonces jefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En esa conversación, grabada con su consentimiento, Placido destaca el altísimo poder de corrupción del Cártel de Sinaloa y otras agrupaciones criminales hacia las esferas de poder en ese sexenio.
“Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar involucrados con grupos criminales, como el de los (hermanos) Beltrán Leyva”, declaró Placido, y acotó que se abstenía de dar más nombres de funcionarios mexicanos que inquietaban a la administración de Barack Obama (Proceso 1686).
Tres semanas después de esta publicación, Placido envió al director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, una carta en español en la cual negó lo que dijo al reportero (Proceso 1689). Cabe destacar que el entonces jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA no habla español y mucho menos lo escribe.
“Lo que se publicó fue una nota amarillista que destaca el sensacionalismo de un comentario que nunca hice –dijo en aquella carta–. Me perturbó que el reportero implicó que yo había hablado sobre corrupción entre funcionarios mexicanos específicos, en particular con respecto al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De nuevo, esto no es cierto. Dije que la DEA y nuestras contrapartes en el extranjero siempre estamos preocupados por la corrupción en general y que, de manera particular, nos preocupa cuando se hacen alegatos de corrupción contra funcionarios de alto rango. Para aclarar esto, nunca he expresado preocupación sobre la integridad del secretario García Luna.”
En el número siguiente, el reportero respondió:
Sobre la corrupción por narcotráfico de funcionarios específicos que menciona Placido en su carta, el reportaje nunca afirma que el jefe de Inteligencia de la DEA señalara como ejemplo de ese fenómeno al secretario de Seguridad Pública, García Luna. La cita textual de Anthony Placido que se publicó al respecto –y que también puede consultarse en la grabación– fue: “Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar involucrados con grupos criminales, como el de los (hermanos) Beltrán Leyva”.
Años después, ya jubilado y en pleno sexenio de Peña Nieto, Placido buscó al reportero para invitarlo a comer al restaurante Rosa Mexicano de Washington. La plática se centró en la lucha bilateral contra el narcotráfico y, en especial, en el Cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán. Aprovechando la confianza que se generó en la comida, el reportero le preguntó a Placido por qué envió la mencionada carta, a sabiendas de que había una grabación de por medio y testigos de esa entrevista.
“Fue algo vergonzoso en mi carrera –contestó–. Ahora te puedo decir que luego de lo que publicaste me llamaron mis jefes para obligarme a desmentir lo que yo te había dicho. Me ordenaron que lo hiciera porque ese había sido el pedido del gobierno del presidente Calderón.”
United States vs. García Luna
En el caso número 19-576, “United States vs. García Luna”, la minuciosidad con que el Departamento de Justicia elabora los cargos deja entrever que ya tenía en la mira al acusado.
Un alto funcionario de la DEA que tiene años de trabajar con las autoridades mexicanas confía lo siguiente a Proceso con la condición de no publicar su nombre:
“Hay una cosa que deben entender los medios de comunicación, aunque entiendo sus inquietudes. No actuamos contra él cuando era funcionario por la relación institucional con el gobierno de México. Conocíamos de los rumores y sospechas, pero para fincar un caso tan importante hay que tener evidencias y lo seguimos investigando cuando dejó el gobierno; el resultado es lo que ahora conocen.”
En el expediente judicial contra García Luna, desclasificado el pasado 10 de diciembre por la Corte Federal del Distrito Este, se expone un andamiaje del seguimiento al caso, no obstante que muchos de los alegatos contra el expolicía derivan del juicio del Chapo. Ahí se hace constar que “varios altos mandos del Cártel de Sinaloa han proporcionado valiosa información sobre los pagos al acusado como intercambio por la protección al cártel”.
Durante las 38 audiencias del juicio contra el Chapo en Brooklyn, que concluyó con la sentencia del narco mexicano a cadena perpetua más 30 años de prisión, capos sinaloenses y colombianos declararon que García Luna estaba en la nómina de la organización criminal.
El gobierno de Estados Unidos destaca en el encausamiento que uno de esos narcos, Jesús Zambada García, Rey, quien cooperó con la DEA para lograr una reducción de su condena a cambio de incriminar al Chapo, fue clave para fincar cargos a García Luna.
“Rey Zambada testificó que, en por lo menos dos ocasiones, él personalmente llevó al acusado portafolios que contenían entre 3 y 5 millones de dólares, a cambio de que el acusado diera garantías de que apoyaría al Cártel de Sinaloa”, sostiene el documento.
La acusación cuenta con testimonios de otros “testigos cooperantes” que confirman lo declarado por Rey Zambada en el mismo proceso contra Guzmán Loera.
Rey Zambada es hermano de Ismael El Mayo Zambada García, jefe de la principal facción del Cártel de Sinaloa, quien jamás ha sido detenido por autoridades mexicanas y menos por las estadunidenses.
Pero el expediente no deja lugar a dudas: más allá de esos testigos cooperantes, el gobierno de Donald Trump tiene sustentadas las acusaciones contra García Luna.
“Funcionarios de la aplicación de la ley han obtenido documentos financieros relacionados con el acusado que reflejan que, cuando se trasladó a vivir a Estados Unidos en 2012 (en el estado de Florida), él amasó una fortuna de millones de dólares inconsistente con el salario de un funcionario civil en México”, destacan los documentos oficiales.
García Luna, residente permanente en Estados Unidos, solicitó en junio de 2018 la ciudadanía estadunidense por naturalización, procedimiento que se postergó presuntamente porque ya estaba bajo investigación. En ese trámite no admitió su relación criminal con el Cártel de Sinaloa, por lo cual se le acusa de mentir bajo juramento.
El Departamento de Justicia asume implícitamente que cuando ya era residente permanente en Estados Unidos, García Luna seguía colaborando con el narcotráfico:
“El acusado continuó dando pasos para ocultar su corrupta asistencia al Cártel de Sinaloa. Después de mudarse a Estados Unidos en 2012, el acusado sometió una aplicación para la naturalización en 2018, en la cual mintió afirmativamente sobre su pasado y conducta criminal a nombre del Cártel de Sinaloa”, señala el encausamiento.
Como ocurrió en el juicio del Chapo, del cual Proceso cubrió todas las audiencias, es posible que el Departamento de Justicia tenga grabaciones de conversaciones telefónicas que impliquen a García Luna con el narcotráfico; de lo contrario no se atrevería a ir a juicio para perder un caso tan relevante.
Las opciones de García Luna
El Departamento de Justicia, por medio de los fiscales federales Richard P. Donoghue y Michael Robotti (este último, integrante del equipo de fiscales en el juicio del Chapo) le advirtió a la Corte del Distrito Norte, en Dallas, que no puede liberar bajo fianza al exfuncionario mexicano:
“Tomando en cuenta el tiempo de condena que podría enfrentar el acusado si es declarado culpable (10 años de cárcel como mínimo y cadena perpetua como máximo), él tendría fuertes incentivos para fugarse de la jurisdicción.”
Las autoridades estadunidenses le seguían muy de cerca los pasos. Los documentos subrayan por ejemplo que en lo que va de 2019 viajó por lo menos cinco veces a México, la última el pasado 17 de noviembre. “En total, de 2002 a la fecha viajó entre Estados Unidos y México por lo menos 280 ocasiones”, indican los fiscales.
Donoghue y Robotti agregan otra advertencia al juez Cogan y a la Corte en Dallas: “Aunque Estados Unidos y México tienen un acuerdo de extradición, sería extremadamente difícil aprehender al acusado en México si el Cártel de Sinaloa y poderosos funcionarios del gobierno mexicano lo protegen. Y aunque sea capturado, los procedimientos de extradición en México podrían llevarse años”.
Este martes 17 García Luna debe ser presentado ante la Corte del Distrito Norte de Dallas como parte del procedimiento para su detención en una cárcel federal.
Aun cuando su abogada, Rose Romero, se niega a hablar con los medios de comunicación, en Estados Unidos se menciona la posibilidad de que en esa audiencia, o en otra en Brooklyn, el acusado se declare culpable. En tal caso, García Luna no enfrentaría un juicio, sino que se arreglaría con el gobierno de Estados Unidos.
Puede cooperar con el Departamento de Justicia, lo que permitiría investigar a otros exfuncionarios de los gobiernos de Fox y Calderón a cambio de una sentencia menos severa, o bien negarse a cooperar y ser enviado a la cárcel por lo menos durante 10 años o por el resto de su vida.
En las audiencias del juicio contra Guzmán Loera, que iniciaron el 13 de noviembre de 2018, además de García Luna se mencionó que el Cártel de Sinaloa corrompió a Enrique Peña Nieto –supuestamente recibió 100 millones de dólares– y a Gabriel Regino, quien fuera director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital mexicana cuando la gobernaba el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
También fueron señalados los generales Humberto Eduardo Antimo Miranda y Francisco Miranda Moreno, así como el coronel Marco Antonio de León Adams. Lo mismo sucedió con varios gobernadores, presidentes municipales, jefes policiacos y otros políticos, aunque sin pronunciar sus nombres. Las identidades de éstos saldrían a relucir si se enjuicia a García Luna en la Corte de Brooklyn.
En el folio 2019R00927 del expediente contra García Luna, los cuatro cargos en su contra se exponen así:
“Uno, entre enero de 2001 al presente… el acusado junto con otros, con conocimiento de causa y de manera intencional, conspiró para distribuir una sustancia controlada con la intención y conocimiento de tener una causa razonable de creer que la sustancia sería ilegalmente importada en Estados Unidos desde un lugar fuera de sus fronteras, ofensa que involucra una sustancia que contenía cocaína… la cantidad de cocaína fue de por lo menos cinco kilogramos o más”.
El segundo cargo es similar en la descripción y cantidad de droga, con la pequeña diferencia de que lo acusan de “poseer para distribuir” el alcalino prohibido.
El cargo número tres repite los argumentos anteriores, con la excepción de que acusa a García Luna de que junto a sus cómplices participó directamente en el trasiego internacional de drogas.
Cuarto: “el 1 de junio de 2018, el acusado, con conocimiento de causa e intencionalmente, mintió una o más ocasiones cuando solicitó la naturalización estadunidense ante el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos” (USCIS, por sus siglas en inglés).
Con la acusación formal, García Luna y su familia inmediata quedan sujetos a la confiscación de bienes y congelación de cuentas bancarias que tengan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos.
Funcionarios del Departamento de Justicia no descartan que, en caso de llevarse a cabo el juicio, a petición de la fiscalía o de la defensa de García Luna puedan ser citados a declarar exfuncionarios del gobierno mexicano y hasta los expresidentes; claro que no están obligados a presentarse en la Corte, a menos que estén bajo la custodia de las autoridades estadunidenses y acepten testificar a cambio de inmunidad o algún otro beneficio.
