En un recorrido por la línea fronteriza de Ciudad Juárez, este semanario comprobó que el tránsito de personas hacia Estados Unidos disminuyó sensiblemente desde que el gobierno mexicano se comprometió a aplicar las medidas que le exigió el presidente Donald Trump. Cifras del Consejo Estatal de Población de Chihuahua confirman que actualmente la mayoría de los solicitantes de asilo no son centroamericanos, sino cubanos y mexicanos, y es más notoria la actividad de la Guardia Nacional que la de la Patrulla Fronteriza en la contención de los migrantes indocumentados.
Ciudad Juárez, Chih.- Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras sur y norte del país, cayó estrepitosamente el flujo migratorio centroamericano como lo exigió el presidente estadunidense Donald Trump, exponen las estadísticas de autoridades fronterizas.
Ciudad Juárez, Chihuahua, que colinda con El Paso, Texas, es ejemplo fehaciente de que la GN hace el trabajo sucio del gobierno de Trump, actuando como Patrulla Fronteriza al vigilar la frontera norte mexicana para impedir que migrantes nacionales y de otros países intenten cruzarla para llegar al “otro lado”.
“Es innegable que la presencia y vigilancia de elementos de la Guardia Nacional del lado de nuestras fronteras ha influido en la caída del flujo de migrantes centroamericanos y hasta de mexicanos”, dice a Proceso Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo) de Chihuahua.
Valenzuela, cuya oficina se encuentra a un lado del puente internacional Santa Fe, que cruza directamente del centro de Ciudad Juárez al de El Paso, explica a este semanario con estadísticas oficiales la reducción en el flujo migratorio como consecuencia de la presencia de la GN.
“En noviembre y diciembre de 2018 (cuando Trump clamaba emergencia nacional en su país por la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera norte de México) aquí a Juárez llegaban de 62 a 65 migrantes buscando asilo en Estados Unidos –indica el funcionario–. En febrero de 2019 la cifra se duplicó. Y entre abril y mayo el número se elevó a unas 300 personas diarias en promedio.”
–¿La mayoría centroamericanos? –se le pregunta a Valenzuela.
–No, 80% eran cubanos, 11 o 12% centroamericanos y el resto eran connacionales, africanos y de naciones asiáticas.
El cambio drástico en las peregrinaciones de migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras –el llamado Triángulo Norte– que cruzaban el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, ocurre a partir de junio pasado, cuando empieza el despliegue de la GN y cuando agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) vigilan los puentes internacionales para dejar pasar sólo a quienes justifiquen su entrada a ese país.
“Los registros de migrantes con intenciones de buscar asilo en Estados Unidos que tenemos aquí en la Coespo no pueden mentir. A partir de junio, julio y agosto fueron menos de 10 personas diarias, claramente una consecuencia de la presencia de la GN y por las acciones de los agentes del INM”, apunta Valenzuela.
Proceso hizo un recorrido por puentes que conectan a Ciudad Juárez con El Paso y corroboraron que las tiendas de campañas colocadas al filo del lado mexicano albergaban a ciudadanos mexicanos y no a centroamericanos.
Incluso, al visitar la zona de la línea divisoria del lado de Juárez, en la colonia Anapra, se observó a elementos de la GN vigilando las orillas del Río Bravo.
Anapra, una de las colonias más pobres de Ciudad Juárez, queda justo al frente de donde el gobierno de Trump edificó unos 26 kilómetros de valla de acero nueva para prevenir el cruce de migrantes indocumentados. Los elementos de la GN se mueven de manera constante en vehículos militares y otros están colocados en parejas para garantizar que ninguna persona intente cruzar el río Bravo por donde se levanta el muro de acero. Hasta los ciudadanos mexicanos, quienes gozan por derecho constitucional de libertad de movimiento en el territorio nacional, son interceptados por la GN antes de llegar al límite con Estados Unidos por Ciudad Juárez.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza, del lado estadunidense, y los de la GN por el mexicano, cumplen los mandatos y caprichos de Trump de impedir el cruce de personas indocumentadas.
En la entrada de los puentes internacional del lado mexicano ya no hay agentes del INM cuestionando a quienes pretenden cruzarlos sobre sus motivos para ingresar caminando al país vecino, a fin de impedírselo a quienes no tengan una justificación convincente, como ocurría hasta septiembre pasado.
A la mitad de los puentes, del lado estadunidense, como presenció este semanario, agentes del Buró de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) forman una especie de retén para verificar que no se cuele ninguna persona que busque asilo sin antes registrarse con las autoridades mexicanas, como se estableció en el acuerdo migratorio que el gobierno del presidente López Obrador firmó con el de Trump en junio pasado.
“Se siguen aplicando medidas de control y verificación en todo el país y a lo largo de la frontera norte, pero como se hacían antes, de manera normal (hasta antes de la crisis migratoria declarada por Trump) y en coordinación con el CBP”, admite una agente del INM que habló con el semanario y pidió no citarla por su nombre.
La contención de la GN
Casi todos los ciudadanos que acampan a las orillas de los puentes internacionales en Ciudad Juárez están registrados en las listas que coordina la Coespo para ser llevados de manera ordenada y por turnos, en grupos de 12 como máximo, a las garitas estadunidenses a fin de que presenten sus peticiones de asilo por razones humanitarias y de seguridad.
La mayoría de los mexicanos que esperan ahí, de acuerdo con las estadísticas de la Coespo, son de Guerrero, Michoacán y Zacatecas. “Hasta el pasado 13 de noviembre teníamos registradas aquí en Ciudad Juárez a 16 mil 592 personas que buscan asilo; la gran mayoría son mexicanos, pero una tercera parte de estas personas se quieren regresar a sus lugares de origen”, explica Valenzuela.
Otras cifras de la Coespo indican que del 21 de marzo al 13 de noviembre de este año han sido devueltas a México, a través de Ciudad Juárez, 24 mil 429 personas cuyas peticiones de asilo fueron negadas.
Valenzuela admite que muchos migrantes mexicanos y de otras nacionalidades esperan su turno para ser llevados a las garitas estadunidenses y solicitar asilo en el CBP, proceso que demora al menos seis meses.
“Es frustrante para los migrantes, especialmente para los mexicanos, que ante la incertidumbre optan por regresarse a los estados de donde vienen sin avisarnos de su decisión. No encuentran trabajo, y el dinero que aporta el estado de Chihuahua para víveres y refugio no alcanza; ante esa realidad se van de aquí”, subraya Valenzuela.
Para cubrir el periodo de octubre de 2018 a octubre de 2019, Chihuahua destinó 24 millones de pesos a la Coespo para atender a los migrantes que esperan presentar su petición de asilo. La Iglesia católica y organizaciones humanitarias también aportan fondos, pero el dinero es insuficiente.
“Para afrontar el frío en esta época de invierno, el estado de Chihuahua ha destinado 8 millones de pesos para la compra de calentones que se instalarán en albergues”, dice el coordinador de la Coespo.
Estadísticas del Grupo Beta del INM sostienen que “mil 489 personas que están sujetas a protección internacional se encuentran en la red de albergues de Juárez” y que “21 mil 796 connacionales han sido repatriados al punto de Repatriación Humana Libertad, ubicado en el puente internacional Santa Fe/Paso del Norte, del 1 de enero al 13 de noviembre del año en curso”.
Asimismo, el instituto registra que “2 mil personas de nacionalidad mexicana, aproximadamente, se encuentran enlistadas en los puentes internacionales (Paso del Norte, Córdoba Américas y Zaragoza) con intención de cruzar a los Estados Unidos a solicitar asilo”.
La estrategia del acuerdo migratorio firmado con el gobierno de México, como lo reseña la Casa Blanca, se concentra en “una cooperación bilateral enfocada en reducir los costos de la deportación de migrantes indocumentados y acelerar el mismo procedimiento de las acciones que se pueden medir por el éxito alcanzado y demostrado por la estadísticas de los últimos meses, a partir del tercer trimestre de 2019”.
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, del cual dependen de CBP y el Buró de Aduanas Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), dio a conocer que durante el segundo trimestre de 2019 deportó a territorio mexicano a 22 mil 556 inmigrantes indocumentados, la cifra más baja de los últimos dos años.
El gobierno de Trump enfatiza que la disminución en las deportaciones y capturas de inmigrantes indocumentados de México y otras naciones latinoamericanas es el resultado del compromiso del gobierno del presidente López Obrador de reducir el tránsito de personas indocumentadas a Estados Unidos.
En el recorrido que hizo Proceso en la zona limítrofe se constató que la nueva valla de acero que la autoridad estadunidense construye ahí de poco sirve para reducir el flujo migratorio, por lo que el propio presidente Trump atribuye ese fenómeno a la labor de la GN en la vigilancia de las fronteras mexicanas.
En la frontera que divide a los estados de Arizona y Sonora, dicha cerca se ubica en el desierto, donde la afluencia de migrantes es muy baja, a diferencia de puntos de cruce urbanos, como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Tijuana.
También se ve más la presencia de la GN del lado mexicano que la de agentes estadunidenses en el otro lado. La Patrulla Fronteriza prefiere usar tecnología para la detección de cruces ilegales, más que la vigilancia tradicional de oficiales del ICE y del CBP.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes argumentan que las medidas aplicadas por el gobierno de Trump en la frontera con México son una cortina de humo para justificar la construcción del muro de acero.
En el Congreso estadunidense, los legisladores demócratas que rechazan amurallar la frontera refutan el argumento de Trump de que con la valla de acero se contendrá el cruce de migrantes indocumentados e incluso de drogas ilícitas. Hasta la fecha la oposición demócrata ha negado al presidente Trump los 21 mil 600 millones de dólares que pide para levantar esa barrera.
En el ejercicio fiscal 2020, que se inició el pasado 1 de octubre, la Casa Blanca exigió ese monto y se comprometió a concluir la obra en un plazo máximo de tres años y medio. Pero la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, encabezada por Nancy Pelosi, no le ha asignado ni un dólar a ese proyecto, de gran importancia en la agenda electoral del presidente de Estados Unidos.
