Las diferencias de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial datan por lo menos de 2006, aunque llegaron a su punto crítico cuando él llegó a Los Pinos, hace un año. De entonces a la fecha, no sin tensiones, ha logrado colocar a personas afines en los órganos impartidores de justicia y en algunos ya tiene fuerza suficiente para vetar acciones, controversias constitucionales, amparos trascendentales y tener el control constitucional de las leyes y decretos.
En un año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró colocar en el Poder Judicial de la Federación (PJF) a gente cercana a él, la mayoría proveniente de las filas de Morena.
Hoy esos colaboradores leales al lopezobradorismo son quienes toman las decisiones y ejecutan las acciones, controversias constitucionales, amparos trascendentales y tienen el control constitucional de las leyes y decretos.
Ellos se encargan también de garantizar, entre otras, la “independencia” de los jueces y magistrados federales, así como de designar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, imponer sanciones e integrar juzgados y tribunales de circuito.
Esas designaciones han causado gran impacto en la integración de otros organismos, como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual también está integrado con gente que se identifica con el presidente de la República.
El capítulo más reciente fue la designación de tres nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el pasado 20 de noviembre. De entre los cien aspirantes a sustituir las vacantes dejadas por los consejeros Alfonso Pérez Daza y Felipe Borrego Estrada, el Senado designó a la jurista Loretta Ortiz Ahlf y a la magistrada Eva Verónica de Gyves Zárate.
Ocho días después ocurrió lo mismo con la designación de Bernardo Bátiz Vázquez –por la facultad del Ejecutivo federal– para ocupar el asiento dejado por la consejera Martha María Hernández.
De los nuevos integrantes destaca Ortiz Ahlf, quien en dos ocasiones fue incluida en la terna enviada por el Ejecutivo para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cercana a Morena, a cuya militancia renunció el pasado 17 de noviembre, la también académica de la Universidad Iberoamericana es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Antes de esta designación, Ortiz Ahlf perdió en dos ocasiones ante los ahora ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa; y al ser impedida para ser postulada por tercera ocasión, tomó la estafeta para postularse en el CJF, del que ahora forma parte del SNA.
La magistrada De Gyves Zárate, con mayor trayectoria dentro del PJF, se ha desempeñado como juez del Distrito Federal, defensora de oficio, agente del Ministerio Público, directora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En enero pasado formó parte de la terna de candidatos elegidos por López Obrador para ocupar la titularidad de la FGR. Perdió ante Alejandro Gertz Manero.
Por lo que atañe a Bátiz Vázquez, fue titular de la Procuraduría General de Justicia cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Después fue integrante del Constituyente de la Ciudad de México, diputado federal cuatro veces, secretario de combate a la corrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y candidato a jefe delegacional en Benito Juárez.
Hoy, con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –quien se ha mostrado cercano a las políticas del presidente López Obrador–, Ortiz Ahlf, De Gyves Zárate y Bátiz Vázquez son mayoría en el consejo del órgano jurisdiccional integrado por siete consejeros.
A mediados de este mes el Senado designará al sustituto de Eduardo Medina Mora en la SCJN de la terna compuesta por Ana Margarita Ríos Farjat, actual titular del Servicio de Administración Tributaria y cercana al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo; Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Gobernación y cercana a Olga Sánchez Cordero, y Ana Laura Magaloni Kerpel, única candidata de la terna cercana al lopezobradorismo.
El pasado 28 de noviembre, en su conferencia mañanera, López Obrador dijo que no va a salir “un zalamero que se ostente como mi representante o como emisario, que no se diga que hay alguien preferido (para ocupar la vacante dejada por Medina Mora)”.
No obstante las bancadas del PAN y PRI han mostrado su desconfianza en este proceso después de la accidentada elección de Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Enfrentamiento y reconciliación
Desde que llegó a Los Pinos, López Obrador manifestó sus diferencias con el PJF. A principios de diciembre de 2018 se lanzó contra los ministros de la SCJN y los magistrados de circuito por sus elevados sueldos, que consideró “una ofensa”, “un acto de deshonestidad”.
La confrontación con la SCJN data de 2006, cuando López Obrador contendió por primera vez como candidato a la Presidencia de la República. En aquella ocasión y en la campaña de 2012, el entonces candidato cuestionó la labor de ministros, magistrados y jueces, así como sus altos ingresos y prestaciones.
Tras la aprobación de la reforma que pretendía reducir los salarios a toda la administración pública federal, incluidos ministros, jueces y magistrados en diciembre de 2018, centenares de juzgadores promovieron un amparo colectivo que, más allá de su rechazo a la Ley Federal de Remuneraciones, representó la posición del PJF ante el gobierno de López Obrador y la mayoría que tiene en el Legislativo.
Las diferencias se acentuaron cuando el ministro José Fernando Franco Salas otorgó una suspensión a esa ley, prevista en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada, presentada por la CNDH, a la que se sumaron diversos órganos autónomos. Esa acción de inconstitucionalidad se resolvió en mayo pasado, después de que el ministro Zaldívar concilió las posiciones divididas.
López Obrador calificó a los impartidores de justicia de “deshonestos e insensibles”; incluso centró las diferencias con el entonces presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, con quien ya había mostrado distancia desde el acto protocolario de toma de gobierno. “Se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, fustigó en un acto público realizado en Chiapas.
El enfrentamiento se atenuó en enero de 2019, cuando Zaldívar sustituyó a Aguilar en la SCJN y en el CJF.
Electo ministro durante la administración de Felipe Calderón en sustitución de Genaro Góngora Pimentel, Zaldívar ha mostrado simpatías hacia la filosofía de la nueva administración; incluso ofreció “unidad por bien del pueblo de México y del Poder Judicial”, así como impulsar la meritocracia de los impartidores de justicia.
Algunos de sus colaboradores sostienen que Zaldívar ha sido “intermediario” entre administraciones pasadas y la presente, pues mantiene relaciones con Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República en la administración pasada, así como con Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la Presidencia, y Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN y actual secretaria de Gobernación.
El pasado 8 de octubre, en una entrevista con la periodista Sabina Berman y el politólogo John Ackerman, Zaldívar –quien preside también el CJF– dejó patente su cercanía con el nuevo gobierno: “Lo he dicho y lo reitero: el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial; no hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando”.
Tres días después López Obrador calificó al ministro como un “hombre íntegro” al que le tiene “confianza”: “Eso que está haciendo debe tener el apoyo de los ciudadanos, porque hay que limpiar el Poder Judicial y va a ser mucho”, señaló.
Nuevas correlaciones de poder
La elección de una nueva ministra antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones en el Senado marcará un nuevo avance en la formación de la SCJN.
Cuando se cumpla el trámite, el gobierno de López Obrador habrá propuesto tres ministros. Los dos primeros –Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa –ya están en funciones. El primero asumió el 20 de diciembre de 2018 como presidente de la primera sala y permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2033; la segunda llegó a la segunda sala el 21 de marzo pasado y se quedará hasta marzo de 2034.
En 2021 José Fernando Franco Salas concluirá su encargo en la SCJN, a donde llegó el 1 de diciembre de 2006, a propuesta de Vicente Fox, que ese día tomó posesión en Los Pinos.
Sin bien la administración lopezobradorista no posee la fuerza suficiente para lograr una mayoría calificada en el pleno de la SCJN, sí tiene facultades para bloquear resoluciones en materia constitucional.
En este escenario jugarán un papel fundamental los posicionamientos que tomen el propio presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quienes han votado en concordancia con el bloque de los ministros elegidos durante la actual administración federal.
Piña Hernández incluso suena como probable sustituta de Zaldívar en la presidencia de la corte.
El “combate a la corrupción” será uno de los temas prioritarios en la nueva formación del CJF. En pasado 25 de noviembre, en su discurso de toma de protesta ante el pleno de la SCJN, Ortiz Ahlf destacó:
“Estoy consciente y he seguido de manera puntual el diálogo que han iniciado las y los representantes de los tres Poderes de la Unión, a fin de analizar los mecanismos que permitirán desarrollar un proceso de reforma al Poder Judicial, centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento a la carrera judicial, cercanía con las personas y paridad de género”.
El 28 de noviembre, tres días después de su toma de protesta, Ortiz Ahlf fue nombrada representante del CJF en el SNA, un organismo al que López Obrador había descalificado por ser, dijo, “pura simulación y pura demagogia”.
Hoy no lo ve así, pues en su consejo hay tres mujeres cercanas a él: Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública; María de la Luz Mijangos, quien en 2005 fue coordinadora Nacional de Resistencia Civil contra el desafuero del hoy presidente; y Ortiz Ahlf.
