A un año del arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, organizaciones no gubernamentales, como Causa en Común y el Observatorio Nacional Ciudadano, reprueban su gestión en materia de seguridad. Se trata, afirman, de un gobierno “con más dichos que hechos, y opaco”, afectado por recortes presupuestales y con una estrategia desarticulada que dejarán a 2019 como el peor año en materia de homicidios, feminicidios, robos a negocios, trata de personas, narcomenudeo…
Ante la violencia causada por los cárteles de la droga que dominan 68% del territorio mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido su estrategia de “abrazos, no balazos”. Por el contrario, sostiene su rechazo a atender a las víctimas, como a Javier Sicilia, cuando respondió que “da flojera eso” de reunirse con el poeta y activista, quien se alista para salir de nuevo a la calle en exigencia de un mejor plan federal que atienda a un país que “arde” por el crimen.
En el contexto del primer año de gobierno, los esfuerzos de la administración federal han implicado también el establecimiento de 266 coordinaciones regionales a cargo de la Guardia Nacional; se trata de lugares donde se concentra el mayor grado de violencia.
El 68.65% de esas regiones (153) está localizado en diversos puntos de 22 estados del país que están bajo el control de la delincuencia organizada; 62 regiones están identificadas con índice delictivo medio y el resto como territorios en disputa.
Según el informe sobre las coordinaciones regionales que elaboró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son considerados “focos rojos” en materia de violencia.
Como “focos amarillos” en inseguridad están Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Ciudad de México y Durango, mientras que en “verde” están los estados de Campeche, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.
Cada entidad federativa en la que debe operar la Guardia Nacional tiene de dos a seis coordinaciones regionales, excepto el Estado de México, que contará con 32; la Ciudad de México, con 16, y Oaxaca y Michoacán están con nueve cada uno.
La autoridad federal ha detectado que 300 organizaciones delictivas operan en todo el territorio nacional, y contra ello la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operará en 26 estados y 216 coordinaciones regionales, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) estará presente en 18 entidades y 34 coordinaciones, y la Guardia Nacional en seis entidades y 16 coordinaciones, estas últimas corresponden a las alcaldías de la Ciudad de México.
El reporte indica que la Guardia Nacional inicia operaciones con 38 mil elementos de la Policía Militar, 20 mil de la Policía Federal y 8 mil de la Policía Naval.
A un año de la Presidencia de López Obrador quedó lejos su objetivo de crear una corporación de 80 mil uniformados para estas fechas, como lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
El plan sobre la mesa
En la Ciudad de México, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unión Tepito y la Antiunión Tepito, sólo la alcaldía de Azcapotzalco figura con un alto índice delictivo; ahí opera el grupo de Jalisco.
En cambio, el Estado de México tiene 25 puntos considerados focos rojos porque en ellos operan los cárteles de La Familia Michoacana y el CJNG. El combate contra ambos grupos estará a cargo de tenientes y coroneles de la Sedena.
En Guerrero, donde operan los cárteles Pacífico, de los hermanos Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, se delimitaron 12 coordinaciones regionales consideradas de alta incidencia criminal. En dicha entidad los capitanes de la Semar y los coroneles de Infantería de la Sedena se encargarán de los delitos de alto impacto.
En Puebla, con 10 zonas problemáticas, están identificados Los Zetas, CJNG, los hermanos Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. Los coordinadores regionales en este estado son tenientes y coroneles de la Sedena. Se implementará la misma estrategia en Chihuahua, con otros 10 municipios en rojo, donde trafican los cárteles del Pacífico y de Juárez.
En Baja California y Baja California Sur, donde están los cárteles del Pacífico, de los Arellano Félix y CJNG, las coordinaciones serán encabezadas por los tenientes coroneles de la Sedena y algunos contralmirantes de la Semar.
Oaxaca, con siete focos rojos, estará a cargo de los militares asignados a la Guardia Nacional. La Sedena, a su vez, tiene la coordinación regional más conflictiva de Coahuila: Torreón.
Reprueban a AMLO
Pese a la logística plasmada en el papel, la Guardia Nacional no logra formarse y, por lo tanto, el balance del primer año de gobierno es negativo, coinciden en entrevistas por separado María Elena Morera, de la organización Causa en Común, y Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
“Ha sido un año terrible: no sólo tenemos un aumento sustancial de los crímenes en general, tenemos un alza de homicidios múltiples, una significativa expansión territorial de la violencia y un desmantelamiento de las instituciones a partir de las decisiones del Ejecutivo y de los recortes presupuestales que debilitan a los organismos que quedan”, lamenta Rivas.
En un recuento, dice, “2019 termina como el peor año en materia de homicidios, feminicidios, robos a negocios, trata de personas y narcomenudeo… Como el segundo año en materia de extorsión, como el quinto en secuestros, el octavo peor en robo a transeúnte; es decir, es un año que en datos duros termina brutalmente mal. Todo se fue al alza”.
Insistente en que los ajustes presupuestales contribuyeron a los resultados desastrosos, Rivas recuerda en dónde pegaron dichos recortes de dinero: la unidad antisecuestro, con 3%; la búsqueda de personas, con 50%; la procuración de justicia, con 17%, y la prevención del delito, con 27% para estados y municipios.
Aún hay menos, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 plantea todavía más ajustes para la procuración de justicia en estados y municipios.
“Es decir, los que ya recibían poco, recibirán minucias para el próximo año. Eso hará imposible que operen las instituciones de seguridad, pese a que más de 90% de los delitos son del fuero común y pese a que 84% de ellos ocurre en los municipios violentos que tienen menos de 100 mil habitantes, mientras que el resto sucede en los lugares con más de 100 mil habitantes y donde hay presencia de las autoridades.”
En días recientes, el Observatorio Nacional Ciudadano publicó el estudio La seguridad de los mexicanos, lo prometido aún es deuda. Rivas explica que para dicho documento revisaron lo que el equipo de trabajo de López Obrador ya había presentado, así como la propuesta de seguridad de cuando fue candidato presidencial, la de su equipo de transición, el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional de seguridad “y también su primer informe oficial”.
Con base en ello, determina que se trata de un gobierno “de muchos dichos y pocos hechos. Además, los hechos no son rastreables mediante indicadores. Lamentamos decir que este es un gobierno muy opaco, que ha desaparecido información fundamental para entender cómo funcionaba el gobierno, como el número de órdenes de aprensión ejecutadas, de sentencias condenatorias, de personas privadas de su libertad, de personas atendidas a través de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), de periodistas y mujeres y activistas de derechos humanos protegidos por algún protocolo, y temas sobre el uso de los recursos públicos”.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano asegura que se trata de una administración que habla de la lucha contra la corrupción, “pero no tenemos evidencia de un combate a los recursos financieros de los delincuentes” porque todos los bienes que López Obrador puso en venta este año, al parecer de la delincuencia organizada, vienen de sexenios anteriores, como el caso de la residencia del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, incautada en el gobierno de Calderón.
El papel de los militares
Sobre la Guardia Nacional, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dice que la corporación existe sólo porque hay gente que porta un brazalete que dice “GN”, pero que no ha habido un debido proceso de formación y homologación. Tampoco ve un plan para que esto suceda en los próximos meses.
Otro problema que menciona es que varias zonas del país están bajo el control de los militares y existen policías que quedaron relegados a un segundo o tercer nivel, pese a que operaban como comisarios generales, con 20 o 30 años de experiencia. Hay errores preocupantes, insiste.
“Nosotros (en el Observatorio) corrimos los programas sociales (del gobierno de López Obrador) contra ciertos datos de incidencia delictiva, de jóvenes y la participación del delito, de las bandas de la delincuencia organizada que operan en México… Lo que encontramos es que nada pega con lo que supuestamente nos dicen que van a hacer; no hay evidencia de que los programas sociales tengan ese efecto positivo.”
–¿Los militares están al mando de la seguridad del país y aún así la violencia va en aumento?
–Porque no hay una estrategia. No hay una definición clara de para qué estén. El tema no es si están o no están, el tema es para qué los queremos; hay algunas contradicciones significativas: si a un militar le enseñan a proteger la patria, no lo hará abrazando al enemigo que tiene enfrente y debe someter.
“Hay una narrativa que pone en peligro a los militares. Recordemos el ‘culiacanazo’: se demostró que no hay coordinación, que no hay estrategia, que no saben lo que estaban haciendo porque no obedecieron la forma en que la Policía Federal, el Ejército y la Marina han trabajado estrictamente.”
Francisco Rivas recuerda el polémico operativo: “Abandonaron a un grupo, y cuando las cosas no salieron culparon a los individuos y los exhibieron.
“Salió mal porque el secretario de seguridad, Alfonzo Durazo, no sabía lo que estaba haciendo. Con la política de abrazos no balazos, como militar, lo que les queda es decir ‘pásele, señor delincuente, ¿en qué lo ayudo?’”, agrega.
Además del caso LeBarón y de la liberación del hijo de Joaquín Guzmán Loera, el estudio del observatorio expone otras situaciones en las que la violencia se disparó marcando el primer año de gobierno de López Obrador:
En Puebla, apenas el 19 de noviembre reciente, 10 hombres armados asaltaron el restaurante Sabor a Puebla, frente a la plancha del Zócalo local y a unos metros del Palacio Municipal. Amagaron y despojaron de sus pertenencias a las personas que estaban dentro del lugar y se apoderaron de la venta del día.
Los empleados intentaron llamar al 911, pero no les respondieron y tuvieron que salir a buscar una patrulla, pero ésta huyó del lugar. El dueño del establecimiento convocó a una rueda de prensa para denunciar públicamente la inutilidad del servicio de emergencias 911 y la ausencia de una respuesta policial. En ese contexto, el gobernador Miguel Barbosa ha pospuesto la adquisición de mil patrullas, prometidas al inicio de su gestión.
En Veracruz existe el caso de la empresaria Susana Carrera, quien fue secuestrada y una semana después hallada sin vida. La Fiscalía General de la República coordinó el rescate sin éxito.
Otra situación lamentable en el estado es la del table dance Caballo Blanco, en agosto último. En dicho establecimiento de Coatzacoalcos un comando lanzó bombas molotov tras presuntamente disparar contra los asistentes. El saldo fue de 30 muertos.
Sin retorno
También para Morera el gobierno federal carece de una estrategia de seguridad. “Creo que se limita a emplear un conjunto de medidas aisladas. Por un lado, nos dicen que la Guardia Nacional es civil, pero en los hechos es militar porque la mayoría del personal son militares y quienes llevan el mando son militares. Tenemos una seguridad militarizada y con el riesgo de que quitaron a la Policía Federal. Y si la Guardia no funciona, no tenemos punto de retorno”.
También afirma que las policías estatales y municipales se siguen debilitando: “No vemos que haya una estrategia para fortalecerlas. Hace unos días la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sacó un documento para un modelo de policía; de hecho, Causa en Común les ayudó con un texto anexo para que puedan bajar este modelo al piso, pero apenas lo van a empezar a pilotear en seis municipios. Esto no es una estrategia”.
Morera también señala los problemas de una militarización, “todavía no sabemos por qué los tienen en 150 demarcaciones y por qué no en los estados donde hay menos presencia de seguridad”. La activista pregunta por qué no estuvieron en Bavispe, donde ocurrió el ataque contra la familia LeBarón y de donde es originario el secretario de seguridad Alfonso Durazo. Es un municipio con dos policías.
“Las funciones de la Guardia no están claras: atienden delitos de alto impacto y también operativos para regresar a los niños a clase, a migrantes, feminicidios… Se están recargando demasiado en las Fuerzas Armadas. Además, les dieron la construcción del aeropuerto y que repartan libros de texto gratuitos. Son una cantidad de funciones que el Ejército no tenía.”
También lanza un llamado a la autoridad para poner un límite. “El gobierno tiene que hacer acciones que realmente vayan contra los grupos criminales, porque éstos ponen a alcaldes, deciden quién va a ser el jefe de la policía, tienen tomadas las finanzas de los municipios”.
Considera que el presidente tiene que ver que el Estado tiene la fuerza legítima de la ley, “y la tiene que usar cuando es necesario. En la comunidad de los LeBarón los militares no querían subir a la zona en la que ocurrieron los hechos porque está atados de manos. Entonces, para qué los tenemos allí”.
El presidente tiene que comprender, agrega Morera, que los delincuentes no le están respondiendo con abrazos a su estrategia de abrazos y no balazos. “La están regresando con balazos y con muertos. Es una lástima que el presidente no tome en cuenta a las víctimas”.
