Desde que era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha dado inquietantes muestras de que utiliza la Constitución para imponer sus criterios, con la ayuda de las mayorías morenistas en el Congreso y la docilidad del Poder Judicial. El destacado constitucionalista Elisur Arteaga desglosa en entrevista con Proceso los riesgos que advierte en distintas decisiones presidenciales que se han impuesto contra los preceptos constitucionales, y sus consecuencias.
Con el respaldo de más de medio siglo de litigio constitucional y de una producción editorial en la materia que se cuenta entre las más consultadas en México, Elisur Arteaga Nava es implacable: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha violado la Constitución y cuando no ha podido violarla ha reformado su texto.
“En su actuación desde presidente electo ha quedado claro que si la ley le ayuda, la respeta; si no, la cambia. Si le obstaculiza, la ignora. Si considera que lo que hay no le basta, entonces cambia la Constitución.”
No es la crítica ácida, categórica, de un opositor o de alguien a los que el presidente permanentemente descalifica como conservadores. Es la voz de un agudo especialista formado en la izquierda, a la que lo apoyó para que aportara en la creación de un Estado democrático que superara al régimen del presidencialismo autoritario del PRI.
El mismo sistema al que se opuso López Obrador y a quien en no pocas ocasiones Arteaga aconsejó desde su perspectiva constitucional. Lo asesoró sobre todo durante el proceso de desafuero como jefe de Gobierno de la Ciudad de México al que lo sometió el gobierno de Vicente Fox.
Lo acompañó también con sus investigaciones sobre el ejercicio del poder en la Grecia clásica y en la Italia renacentista de Maquiavelo.
De esos periodos Arteaga Nava reunió una de las bibliotecas más grandes de México, con más de 3 mil tomos, que le han permitido escribir obras más allá de tratados, manuales, diccionarios y textos sobre derecho constitucional. Una de ellas, Crónica de Edipo, una novela sobre la tragedia y el poder con la realidad política mexicana de fondo, fue publicada por Ediciones Proceso.
Hijo de un combatiente zapatista en el estado de Guerrero, Arteaga Nava, de 82 años, no duda. Asevera que, de consolidar esa forma de ejercer el poder, López Obrador encamina al Estado mexicano a ser “absolutista”, “totalitario” y “demagógico”.
La designación de colaboradores constitucional o legalmente impedidos, la creación de la Guardia Nacional, la revocación del mandato, la ampliación de la prisión preventiva y de la enajenación de propiedades o la invocación de las razones de seguridad nacional para construir el aeropuerto en Santa Lucía han sido posibles porque el presidente “ha hecho de la Constitución y las leyes lo que ha querido”.
Autor del primer Tratado Constitucional de México, una obra de cuatro tomos que lleva cinco ediciones, asegura que esos actos de gobierno han ocurrido porque el gobernante partido Morena “ha arrasado” en el Congreso, y en el Poder Judicial se ha creado un ambiente de temor e intimidación a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estamos en una etapa previa a un Estado absolutista porque (el presidente) está eliminando todos los obstáculos que impiden su libre actuación. Nuestra tragedia es que nuestras instituciones democráticas son débiles”, dice, entrevistado en su despacho en el sur de la Ciudad de México, el 26 de noviembre.
Advierte que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación también ha puesto en riesgo el Estado laico, al sumar a su proyecto a la iglesia evangélica. Y expresa su deseo de que López Obrador no convoque a un Congreso Constituyente para una nueva Constitución Política porque “llegaríamos a un Estado de demagogia, como el que describía Aristóteles, como una forma de gobierno en el que todas las decisiones se toman a mano alzada, manipuladas por líderes populacheros”.
De por sí la Constitución mexicana, “la más extensa del mundo”, está “llena de absurdos”. Este gobierno ha mantenido la tendencia de los gobiernos del PRI y del PAN de querer meter todo en la Constitución. Es tan grande como la enciclopedia británica, ironiza.
“Hasta la ignominia”
Apenas el pasado martes 26 el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para incorporar algunos de sus programas sociales, como las pensiones a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, y las becas a los jóvenes, como derechos constitucionales.
Ojalá que no se convoque a una nueva Constitución –comenta Arteaga Nava– porque sería una colección de los peores elementos, no a partir de necesidades. Sería un peligro porque ese constituyente estaría formado por quienes quisieran quedarse muchos años en el poder, dice el autor de La Constitución Mexicana comentada por Maquiavelo.
Asegura que desde que López Obrador inició su más reciente lucha por el poder, incorporó a toda clase de personas, lo que fuera, sin importarle los impedimentos constitucionales o legales.
“Prevaleció lo pragmático sobre el respeto a la Constitución”, dice sobre su decisión de incorporar al líder del sindicato de mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y de la excomandante comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado. Ambos estaban impedidos de ser senadores por tener doble nacionalidad. De Canadá, el primero; y de Estados Unidos, la segunda.
López Obrador aprobó sus candidaturas al Senado a pesar de que el Artículo 32 de la Constitución prohíbe la postulación de personas con otra ciudadanía. Según el INE, ambos presentaron sus renuncias a la doble nacionalidad una vez que ganaron sus escaños.
Lo mismo ocurrió con el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Arteaga explica que el Artículo 55 de la Constitución establece que los gobernadores no pueden ser electos como diputados y que el Artículo 58 aplica el mismo criterio para el Senado.
Afirma que la designación de Olga Sánchez Cordero como senadora, ahora secretaria de Gobernación, también fue una violación constitucional. Explica que, como ministra en retiro de la Suprema Corte, no podía ser postulada al Senado porque aún no cumplía los tres años de separación del cargo que exige el Artículo 55. Sánchez Cordero pasó a retiro en el máximo tribunal en noviembre de 2015 y fue electa en julio de 2018.
Cuando López Obrador llegó al poder, profundizó su pragmatismo sobre el respeto a las leyes, afirma. Para hacer frente a la crisis de inseguridad, suprimió una institución civilista y creó la Guardia Nacional, prevista en la Constitución como un cuerpo ciudadano, y la convirtió en una rama del Ejército: “Su acción no se endereza sólo en contra de la Constitución, sino en contra de las leyes que le son un obstáculo”.
Ejemplifica con los casos de Paco Ignacio Taibo y de Rosario Piedra Ibarra. “En ambos nombramientos se ignoró la ley”, dice. Taibo no podía ser director del Fondo de Cultura Económica por su origen español y porque la ley establecía que el titular debía ser mexicano por nacimiento.
El Congreso modificó la ley para que en su condición de naturalizado llegara a la editorial estatal, tal como lo había decidido el presidente.
Similar fue la designación de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya ley impide que su titular haya sido militante de un partido. En su caso, militó hasta antes de su designación en el gobernante Morena. A pesar de ese obstáculo legal y de las críticas en el Senado, donde se tramitó el nombramiento con una polémica votación, López Obrador sostuvo su designación.
Pero lo más delicado desde el punto de vista jurídico, dice el constitucionalista, es la reforma al Artículo 19 de la Carta Magna, que agregó supuestos en los que se limita la libertad provisional dentro de un proceso penal: “De esa manera se consolida constitucionalmente un Estado totalitario. A base de equiparar diferentes delitos a la delincuencia organizada se están dando las bases para que parte de la disidencia termine en la cárcel”.
Lo delicado de la acción reformadora de López Obrador, dice, no está tanto en la creación de la Guardia Nacional, que destruye a una institución civilista, sino que se está estableciendo “un Estado de terror” en México, porque cualquier ilícito va a dar pie a que las personas vayan a la cárcel.
–¿Se refiere a casos como los de la exsecretaria Rosario Robles y del abogado Juan Collado, ambos francos opositores a López Obrador?
–Ambos quedaron sujetos a la acción del Ministerio Público en prisión, bajo la acusación de ejercicio indebido del servicio público y de delincuencia organizada, respectivamente.
“Tienen razón los que dicen que tener en prisión a las personas es romper el principio de inocencia, porque significa encarcelar a alguien a pesar de no haber probado la culpabilidad. Es la manifestación de un gobierno absolutista. Los derechos se están desmontando y está pasando lo mismo que con los priistas, que perseguían a los opositores.”
Profesor y consultor constitucionalista en el Congreso y gobiernos estatales, Arteaga asegura que esos casos demuestran también que hay una gran presión sobre los juzgadores:
“Los jueces imparciales que había están atemorizados porque pueden ser acusados de ser cómplices de la delincuencia organizada bajo dos supuestos: el miedo de decidir que los procesos se pueden llevar en libertad y que se les intimide para que dejen de ser independientes.”
Asimismo, lo que ha pasado con el aeropuerto de Santa Lucía indica que hay jueces que se están mostrando dóciles, dice en referencia al juez de distrito que revirtió las suspensiones legales que impedían la construcción de la terminal que quiere el presidente.
–¿Qué significa que haya invocado la seguridad nacional para que el juez le diera la razón?
–Es lo mismo que dice Trump para sus propósitos. Dice que el muro es de seguridad nacional, que el comercio también. Volvemos a la arbitrariedad. Es la razón de Estado de Maquiavelo: todo cabe en ella si el gobernante lo quiere. Es la tragedia del poder. Esas razones son tan engañosas que todo cabe en ellas y es la voluntad del gobernante lo que termina por imponerse.
–En Estados Unidos los jueces sí han resuelto en contra en casos en los que el presidente ha invocado la seguridad nacional.
–En el Poder Judicial, ante una invocación de la razón de Estado, es en donde se ve la fragilidad del juez. Aquí no funcionan las instituciones. Los tribunales no están preparados para afrontar las consecuencias si llegaran a considerar que un asunto no es de seguridad nacional. En una democracia auténtica no ocurre eso. Aquí, los ministros de la Suprema Corte tienen temor de lo que sucedió en 1994, cuando desde el Ejecutivo se reformó el Poder Judicial y se redujo de 21 a 11 el número de ministros.
“Además, en México no hay una opinión pública que sostenga a sus jueces. En Estados Unidos los jueces tienen autoridad para el enfrentamiento, saben que son autoridad, que no votan por consigna.”
–Como responsable de revisar la constitucionalidad de los actos de gobierno, ¿la Corte puede poner freno a las actuaciones del presidente?
–La Corte está con el presidente hasta la ignominia.
Hacia el “estado de terror”
Titular de la cátedra de derecho de la Escuela Libre de Derecho durante 25 años, el tercero en ocupar ese cargo después de los juristas Emilio Rabasa y Manuel Herrera y Lasso, Arteaga Nava afirma que López Obrador “está debilitando todas las instituciones que daban al Estado mexicano un carácter civil y conforme a derecho. Estamos viendo cómo está aportando elementos de discrecionalidad del poder respecto a los derechos de los particulares: ‘Tus libertades y patrimonio están sujetos a mi voluntad. Puedo cambiar las leyes y puedo cambiar a los jueces’”.
En marzo pasado, al inicio del actual gobierno, el Congreso reformó el Artículo 22 de la Constitución para ampliar los motivos de la confiscación de bienes. El nuevo criterio establece que no se considerará una confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil como resultado de un delito.
“Se trata de una acción del Estado para inmiscuirse en el patrimonio de las personas. Eso significa establecer un Estado de terror”, afirma.
Como otro ejemplo de esa discrecionalidad menciona el tope salarial de los servidores públicos: Un Ejecutivo que se fija a sí mismo un sueldo bajo y que entonces ningún servidor público puede ganar más, es un acto de discrecionalidad en la aplicación de la ley. Si bien es cierto que la Constitución establece que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República y que los ministros de la Corte y funcionarios de entes autónomos tienen sueldos muy altos, “la discrecionalidad está en que a unos los voy a dejar que ganen más, pero los voy a presionar para que trabajen conmigo”.
