Para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020 a contrarreloj, bajo la presión de organizaciones campesinas, pero sobre todo enfrentando una división interna, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tuvo que recurrir a viejas prácticas: comprometer a los legisladores a aprobar en bloque el proyecto del Ejecutivo, sesionar en una sede alterna, negociar aparte con grupos afines… Todo con tal de no contrariar los programas sociales del presidente López Obrador.
En un improvisado salón de plenos en Expo Santa Fe, un letrero con el escudo nacional anuncia que ahí es la “Cámara de Diputados, LXVI Legislatura”.
Pasan de las 06:00 horas del viernes 22. El líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, celebra con sus legisladores que al fin aprobaron el primer Presupuesto de Egresos diseñado en su totalidad por el gobierno de la Cuarta Transformación: 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020.
“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, responden los morenistas, tras aprobar el presupuesto que envió el Ejecutivo, al cual le hicieron pocas modificaciones y protegieron sus programas prioritarios, aunque tuvieron que sesionar en una sede alterna, resguardada por enormes vallas metálicas y cientos de policías. Los diputados del PAN renunciaron a participar en la discusión del presupuesto afuera de la Cámara.
A 31 kilómetros, manifestantes de Antorcha Campesina y del Frente Auténtico del Campo (FAC) mantenían por undécimo día un cerco al Palacio Legislativo de San Lázaro, con un plantón de decenas de carpas en los accesos vehiculares y peatonales del recinto. Sus exigencias de recursos fueron infructuosas.
Un día antes, el jueves 21, los legisladores fueron citados a las 08:00 horas en un hotel de Paseo de la Reforma para ser trasladados en camiones a la sede alterna, cuya ubicación desconocían: Mario Delgado la mantenía en secreto para evitar que los manifestantes los interceptaran.
Desde el miércoles 20 se extremaron las medidas de seguridad. La Policía Federal cercó el plantón de manifestantes en San Lázaro y el jueves 21, en el trayecto de Reforma a Santa Fe, los diputados fueron custodiados por policías con armas largas.
“Estamos rumbo a una sede alterna para aprobar el Presupuesto de Egresos. La Cámara sigue tomada, no pudimos acceder a nuestro recinto, entonces vamos a una sede alterna. Aquí todo el grupo parlamentario de Morena unido y listo para sacar el presupuesto”, dijo Delgado en una transmisión en vivo por Facebook desde el autobús.
El hecho recordó cuando, en 2013, la Cámara de Diputados se trasladó al Centro Citibanamex para discutir las leyes reglamentarias de la reforma educativa porque maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación habían tomado San Lázaro.
Días antes del reciente traslado, cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se tenía que reunir en un hotel ubicado sobre Viaducto por el bloqueo campesino, Delgado descartó toda posibilidad de una sede alterna, debido a la complejidad de votar un presupuesto sin tablero electrónico, a mano alzada, diputado por diputado. Finalmente ocurrió así.
De hecho, el 21 de marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró vergonzoso que los diputados plantearan la posibilidad de sesionar en el Centro Citibanamex por las manifestaciones magisteriales que les impedían el acceso. “¿Saben que ahí se hizo la reforma educativa? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esas cosas?”, dijo ese día el mandatario.
La idea no se materializó aquella vez, pero ahora los legisladores tenían que entregarle un presupuesto a López Obrador antes de cumplir su primer año de gobierno, el 1 de diciembre, y estaban violando el artículo 74 de la Constitución al no tener avalado el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.
Así, los legisladores echaron mano de una vieja estrategia priista y el miércoles 6 detuvieron el reloj parlamentario, luego que se decretara un receso por la falta de acuerdos cuando discutían la Ley de Instituciones de Crédito que otorgaría a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de congelar cuentas y ordenar la extinción de dominio fast track. La diputada morenista Lidia García Amaya presentó reservas que le quitaban dientes a la llamada “Ley Nieto”, lo que enfureció a Mario Delgado. La sesión terminó entre empujones.
Sin embargo, la parálisis legislativa para aprobar el presupuesto se debió principalmente a una pugna por los recursos que incluso dividió a los legisladores morenistas.
Morena: la lucha interna
El presupuesto de corte centralista que envió el Ejecutivo y la insistencia del coordinador Mario Delgado de no cambiarle ni una coma, generaron inconformidad en el grupo parlamentario de Morena.
Por un lado había diputados que no querían moches, pero sí gastar dinero en sus distritos, porque se habían comprometido con sus electores; por el otro, había diputados en la Comisión de Salud, de Educación y de Pueblos Indígenas que vieron insuficiente el presupuesto para esos sectores, dijeron a Proceso diputados federales a condición de no revelar sus nombres.
Delgado se vio obligado a recopilar firmas para comprometer a los morenistas y sus aliados. “Nuestro voto será unánime para aprobarlo, para que así el gobierno de la República pueda avanzar en beneficio de la población con mayores carencias y desventajas sociales”, se lee en el documento, fechado el miércoles 13, que fue enviado al presidente.
“Nos quieren de levantadedos nomás, pero yo también fui electo y tengo que cumplirle a mi gente”, se quejó un legislador morenista que rechazó firmar la carta.
Al cumplirse la fecha fatal sin que se aprobara el presupuesto, el viernes 15, Delgado presumió ante los medios el acuerdo entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista de México:
“Más de 280 diputados le manifestaron a través de una carta al presidente de la República su apoyo en este proyecto de Presupuesto 2020”, dijo el también presidente de la Jucopo, luego de salir de una reunión con manifestantes.
Pese a las divisiones internas, Delgado quiso responsabilizar solamente a las organizaciones gremiales que protestaban afuera de la Cámara de Diputados y se dedicó a propagar que cualquiera que propusiera modificaciones al proyecto estaba buscando moches, señaló una diputada inconforme.
Lo cierto es que las cuatro organizaciones que forman el FAC y Antorcha Campesina, ligada al PRI, iniciaron el bloqueo desde el lunes 11, en busca de recursos, pese a que desde el presupuesto pasado, donde intervinieron operadores de López Obrador, desapareció el Ramo 23, conocido como “fondo de los moches”, cuyos recursos se enviaban a los estados en fondos y programas que a veces carecían de reglas de operación.
En la protesta también participaron organizaciones relacionadas con la izquierda partidista, como El Barzón.
Todas esas organizaciones fueron beneficiadas con millonarios recursos públicos por debajo de la mesa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como documentó en febrero pasado el reportero Mathieu Tourliere (“Ríos de dinero de Sedesol a organizaciones civiles”, Proceso 2206)
Pero El Barzón, cuyo fundador es el ahora diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se retiró a los pocos días al conseguir un acuerdo que involucró a la Secretaría de Hacienda. Quedó claro que Morena sólo pactó con organizaciones afines.
A través de Eraclio Rodríguez, líder de El Barzón campesino en Chihuahua, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario de San Lázaro, esta agrupación pedía 24 mil millones de pesos para el sector, pero se conformó con la creación de una banca agrícola para la contratación de coberturas, financiamiento y seguros, en sustitución de la Financiera Rural.
“Habrá recursos para el campo, pero no a través de los mecanismos tradicionales, no a través de sus líderes ni de intermediarios, acaparadores, comercializadores ni coyotes; sin moches. Se acabó el moche, ahora se atenderán las necesidades de los productores directamente con ellos”, explicó Ramírez Cuéllar.
En las horas previas a la aprobación del presupuesto siguieron las negociaciones en Morena para afinar los detalles de esas nuevas formas de financiamiento al campo, así como asignar recursos por contrato y para cobertura de seguros. “Si el presupuesto viene mal para nosotros, yo voy a votar en contra”, adelantó Eraclio Rodríguez.
“Hemos acordado como grupo parlamentario hacer reasignación de presupuesto en áreas estratégicas que Hacienda no ve”, dijo por su parte la diputada María Chávez Pérez, acompañada de su compañera Paty Palma, en apoyo a las demandas de Rodríguez.
Un bloque de legisladores de estados agrícolas le exigió a Ramírez Cuéllar que cumpliera su palabra y afinara el decreto, pues la redacción no los convencía.
Después de que la mayoría morenista en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el Presupuesto de Egresos 2020 y lo pasó al pleno improvisado en Expo Santa Fe, Eraclio Rodríguez, Fernando García Hernández, Ramírez Cuéllar y Mario Delgado tuvieron cinco reuniones, y a las 22:00 horas el dictamen sufrió el último cambio.
En esas reuniones también acordaron que se integraría y aprobaría una reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri, del PT, para modificar el último párrafo del artículo 33, a fin de establecer que el gobierno federal instituya como política pública la regulación en la contratación previa de las cosechas, a fin de impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas.
“Cubrimos el tema más importante, pero no suficiente”, consideró Eraclio Rodríguez.
Todo a los programas de AMLO
Las modificaciones de los diputados al Presupuesto de Egresos reforzaron los programas sociales de López Obrador y castigaron a los organismos autónomos y al Poder Judicial.
Se reasignó un total de 11 mil 396 millones 600 mil pesos. Por ejemplo, el Programa de Adultos Mayores tendrá 130 mil millones de pesos y Sembrando Vida, 28 mil 500 millones. El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro quedó en 25 mil millones y Bienestar de las Personas con Discapacidad, en 14 mil 196 millones.
Al proyecto del Tren Maya se le destinarían 2 mil 500 millones; al aeropuerto en Santa Lucía, 9 mil 300 millones; y a la Refinería de Dos Bocas, 41 mil millones
El mayor recorte se aplicó en el ramo de los organismos autónomos. El Instituto Nacional Electoral recibirá 16 mil 600 millones de pesos, mil 71 millones menos de lo que solicitó.
A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un recorte de 37 millones de pesos y recibiría mil 874; el Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá de 188 millones 755 pesos menos, al quedar en mil 874 millones; y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 50 millones menos, se quedó con 877.
El Poder Judicial sufrió una reducción de mil 327 millones de pesos entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), siendo éste el más afectado.
La SCJN recibirá 4 mil 821 millones, es decir 200 menos del proyecto de presupuesto de Hacienda. El TEPJF tendrá 2 mil 648 millones al sufrir una disminución de 89 millones, mientras que el CJF, 59 mil 834 millones, es decir mil millones menos.
La Fiscalía General de la República también se vio afectada: tendrá 16 mil 572 millones de pesos, esto es mil 500 millones menos.
Los partidos de oposición que votaron en contra, como Movimiento Ciudadano, PRD y PRI, calificaron el presupuesto como clientelar y electorero y acusaron que no genera inversión ni desarrollo. Pero el presidente celebró su aprobación y, desde Palacio Nacional, minutos antes de que terminara la sesión en Expo Santa Fe se dio tiempo para “agradecer a los diputados porque se aprobó el presupuesto para 2020 y se garantizó que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente, para el bienestar del pueblo”.
