En busca de un verdadero contrato social, Chile se enfila hacia uno de los capítulos más importantes de su historia desde el inicio de la transición a la democracia, en marzo de 1990. Luego de las violentas protestas contra su gobierno, el presidente Sebastián Piñera y la clase política aceptaron la necesidad de una nueva Constitución. El reto para la nación sudamericana es elegir la manera para hacerlo…
VALPARAÍSO.– La institucionalidad política, económica y social construida en la dictadura y consagrada en la Constitución Política del Estado (CPE), de 1980, está agonizando.
El estallido social iniciado el 18 de octubre último, detonado por el alza del pasaje del Metro de Santiago, se ha convertido en una revolución ciudadana que ha terminado por poner contra la pared al gobierno del presidente Sebastián Piñera y al conjunto de la clase política.
Como resultado de esto, el jefe de Estado terminó por aceptar que no hay otra alternativa para salir de la crisis que impulsar un cambio a la CPE redactada –entre cuatro paredes– por una comisión constituyente encabezada por el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el abogado Jaime Guzmán.
La decisión la tomó el domingo 10 en una reunión sostenida en la casa del presidente, ubicada en el elegantísimo barrio de San Damián, al oriente de Santiago. En esta cita, además de Piñera y sus colaboradores más cercanos, participaron los presidentes y algunos parlamentarios de los tres partidos que componen la oficialista coalición de derecha Chile Vamos.
“Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución”, señaló a la salida de ese encuentro el ministro de Interior, Gonzalo Blumel.
La circunstancia para hacerlo fue poco solemne, si se considera la magnitud de la decisión, tal vez la más importante que haya tomado un gobierno desde el inicio de la transición a la democracia, en marzo de 1990.
De noche, a la mitad de una callejuela solitaria, flanqueado por políticos derechistas atemorizados ante un proceso histórico que pensaron nunca llegaría, Blumel prosiguió: “Creemos que el mejor camino es trabajar sobre la base de un congreso constituyente”.
Aunque suponía un gran avance, esa propuesta del gobierno en materia constitucional restringía el papel de la ciudadanía a la ratificación –mas no redacción– de la nueva carta magna.
En el despliegue del giro en materia constitucional del oficialismo ha sido significativo el rol del partido Renovación Nacional (RN) y, en especial, el de su presidente, el diputado Mario Desbordes.
“Lo que viene es diálogo con las fuerzas políticas y sociales, y, dentro del menor plazo, alcanzar los acuerdos necesarios para una nueva constitución… Ahora hay que escuchar a la ciudadanía”, señaló el diputado Desbordes a la salida de la cita con Piñera.
En el encuentro, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, se opuso a la posibilidad de un cambio de la constitución. No obstante, cedió tras considerar que después de más de tres semanas de incesantes protestas el país está semiparalizado y la economía hace agua, sin que la represión policial pueda contener la marea social.
Para intentar salvar los muebles, la UDI accedió a entregar la “constitución neoliberal” a cambio del compromiso de Piñera y Blumel para que la nueva ley fundamental sea redactada por el actual parlamento, definido eufemísticamente como “Congreso Constituyente”. “Creemos que esto tiene que darse dentro del orden institucional”, planteó Van Rysselberghe en la improvisada conferencia de prensa en las afueras de la mansión de Piñera.
La senadora por la Región del Bío Bío, cuya sede parlamentaria de Concepción fue quemada por manifestantes dos días antes de dicha reunión, expresó tras ésta su deseo de que la disposición a cambiar la Constitución ayude a “restablecer el orden público”. Pero esto no sucedería. Todo lo contrario.
Desánimo en la derecha
La aceptación a cambiar la CPE se tomó a menos de dos días de que comenzara una huelga general, convocada por la Mesa de Unidad Social, cuya demanda principal es poner fin al modelo neoliberal.
En la diversa oposición política hubo satisfacción con el giro constituyente de Piñera. “Se acaba un ciclo en la historia de Chile: se termina el capitalismo neoliberal. Se necesita un nuevo modelo de desarrollo (…) Para ello se requiere una nueva constitución emanada de la soberanía popular”, expresó en Twitter el influyente senador mapuche de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, cerca de la medianoche del domingo 10.
Piñera tomó la decisión en materia constitucional de manera improvisada y en medio de fervientes llamados a que hiciera algo para poner fin a la crisis. Muchos de estos pedidos venían de su propia vereda política.
El domingo 10 el cientista político Daniel Mansuy hizo –en una columna publicada en el conservador El Mercurio– una crítica demoledora a Piñera y al conjunto de la derecha por no prever la tormenta que se avecinaba.
“Si el gobierno no toma algún tipo de iniciativa política –subiendo la apuesta social, fijando un itinerario para modificar la carta fundamental, ofreciendo un gesto sacrificial–, otros lo seguirán haciendo en su lugar”.
Mansuy aseguró en su escrito que en la derecha ha habido “un error profundo en el diagnóstico” de las causas de la crisis. “La defensa del ‘modelo’ adquirió ribetes dogmáticos, que impedían ver las graves y crecientes tensiones producidas por el mercado (…) Es imposible construir un proyecto político sobre la ignorancia deliberada de la realidad”, señaló.
El martes 12, en El Mercurio se le daba otro raspón a Piñera. En la sección “Cartas al Director”, el abogado Carlos Peña –intelectual predilecto de la élite– afirmó que “el gobierno ha sido derrotado. No derrocado, puesto que esto siempre tiene algo de dignidad, sino derrotado y de una manera que de esta última no tiene ninguna”.
El jurista continuó: “Una cosa es clara: o el presidente meditó profundamente la cuestión constitucional en la tarde de un domingo (leyendo en diagonal tratados de Derecho Constitucional) o, en cambio, se le impuso una decisión que él no compartía. Es obvio que se trató de lo segundo”.
En su misiva, Peña –que poco después del inicio del estallido social recomendó abiertamente reprimir para salir de la crisis– recordó que en el gobierno han dicho que el congreso debe ser el constituyente. Pero afirmó que, después de tantas vacilaciones, no hay razones para creer que no cederán ante la fuerza de la propuesta ciudadana.
Finalmente puso la lápida: “La única incógnita que queda flotando en el aire es quién derrotó al gobierno. La respuesta peor y más segura es la siguiente: él mismo, porque demostró en una hora crítica carecer de ideas y no tener voluntad”.
Torbellino social
La embestida de la ciudadanía por un cambio sistémico tuvo un episodio histórico el martes 12. Ese día, por primera vez desde el golpe de 1973, se verificó una “huelga general” que estuvo a la altura de ese nombre.
La jornada –convocada por sindicatos y organizaciones sociales y territoriales agrupadas en torno a la Mesa de Unidad Social– consiguió paralizar al sector portuario, la educación, la salud y buena parte del comercio, el transporte, la agroindustria, la minería y la actividad pesquera.
Junto a marchas multitudinarias, esta jornada se caracterizó por ser una de las más violentas del actual ciclo de protestas. En uno de los hechos más llamativos un grupo arremetió y parcialmente incendió el Regimiento de Ingenieros “Tejas Verdes”, del Ejército, que fue uno de los mayores centros de tortura del país durante el régimen militar (1973-1990).
Además, fueron atacados e incendiados 19 cuarteles de Carabineros, numerosos supermercados, bancos, iglesias, farmacias y hasta la Gobernación de Concepción, en la Región del Bío Bío. En Talca –capital de la centrosureña Región del Maule– fue completamente incendiada la sede de la UDI.
En un balance realizado la tarde de ese martes, una de las voceras de Unidad Social y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, dijo que la movilización constituía un “ultimátum” al gobierno: “No queremos congreso constituyente… nuestra apuesta es construir una nueva constitución vía la asamblea constituyente”, explicó.
Expresión que los tiempos históricos avanzan a la velocidad que la revuelta social impone, ese mismo martes 12 la oposición –desde la DC, pasando por los partidos Socialista, Comunista y hasta el bloque izquierdista Frente Amplio– fijaba por primera vez una posición común en materia de cambio a la constitución.
En declaración conjunta, dichos partidos plantearon la necesidad de que se le pregunte a la ciudadanía –mediante un plebiscito de entrada– si quiere una nueva constitución y sobre qué mecanismo se debe utilizar para redactarla, optando esta coalición por apoyar la propuesta ciudadana de una asamblea constituyente. La propuesta de la oposición considera un segundo plebiscito (de salida) ratificatorio del texto constitucional redactado por la asamblea constituyente.
Al anochecer de ese martes, el zigzagueante Piñera trató de poner freno al diálogo y optar nuevamente por la salida militar. A las 21 horas, cuando el caos reinaba en Santiago y el resto del país, volvió a La Moneda. Allí se reunió con el ministro de Defensa, Alberto Espina, en una clara señal de que nuevamente decretaría el estado de emergencia, tal como hizo el sábado 19, a poco de comenzado el estallido social.
Sin embargo, esta posibilidad habría chocado con la negativa de las fuerzas armadas, las que se habrían rehusado volver a involucrarse en tareas de orden interno. Es lo que han indicado o sugerido diversos periodistas y dirigentes políticos, como el propio senador Huenchumilla.
Otras versiones –como la del senador del centroizquierdista Partido por la Democracia Felipe Harboe– sostienen que Piñera reculó presionado por el ministro Blumel, quien apostaba por darle continuidad al diálogo político, el que se hubiera socavado con el retorno de los militares a las calles. Lo más probable es que hubo una combinación de ambas situaciones.
Con todo el país pegado a la televisión y con la extrema derecha pidiendo a gritos que se sacara los militares a la calle, a las 22 horas de ese martes 12 Piñera habló por cadena nacional de radio y televisión.
Ahí, además de expresar su rechazo “a la violencia” de los manifestantes y anunciar un aumento de la dotación policial, reiteró su propuesta de alcanzar un acuerdo político por una nueva constitución, aunque nuevamente desechó el clamor ciudadano de que esta sea concretada vía una asamblea constituyente.
Al día siguiente, en entrevista con CNN Chile, el diputado Desbordes reconoció que Piñera evaluó decretar el estado de emergencia, aunque no reveló cuáles fueron las razones para desistir. Como sea, la mañana del miércoles 13 comenzaron frenéticas negociaciones entre jefes de partido y parlamentarios oficialistas y de oposición, que buscaban alcanzar un acuerdo en materia constitucional.
Estas tratativas chocaron inicialmente con la negativa de la UDI y de otros sectores afines al gobierno de aceptar el protagonismo ciudadano en la redacción de la nueva constitución.
Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada de este viernes 15, la casi totalidad de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento –excepto el Partido Comunista– alcanzaban en la sede de Santiago del Congreso Nacional un acuerdo “Por la paz social y una nueva constitución”.
Éste considera la realización de un plebiscito –en abril de 2020– en el cual se consultará a la población si cree necesario o no modificar la constitución.
Respecto del mecanismo para hacerlo, las posibilidades son dos: convención constituyente mixta –compuesta por una mitad de parlamentarios activos y una mitad de nuevos delegados– o asamblea constituyente, con una totalidad de delegados especialmente electos para los efectos de redactar la nueva constitución.
Si la ciudadanía aprueba en el plebiscito la posibilidad de una nueva constitución, la elección de delegados se realizará en octubre próximo, en conjunto con las elecciones municipales.
Los delegados de la instancia constituyente tendrán nueve meses, prorrogables por 60 días, para redactar la nueva constitución.
Lo acordado por los partidos políticos debe ser objeto de una reforma constitucional que debe ser aprobada en los próximos días y semanas en el Congreso Nacional.
El presidente del Senado, Jaime Quintana, fue quien dio a conocer el acuerdo, dijo que “esta respuesta que están dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica a la crisis, de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada (…) Esta es una victoria de todo el país”.
En su mensaje, la representante del Frente Amplio Catalina Pérez señaló que es del pueblo el logro de poder tener por primera vez en la historia una constitución totalmente redactada por la ciudadanía, porque ésta fue la que se movilizó y le recordó a la clase política lo que siempre tuvieron que hacer.
Las negociaciones se dieron en medio de la conmemoración –el jueves 14– del primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado por carabineros en la comunidad de Temucuicui (región de la Araucanía).
