La crisis política, de violencia y caos en Bolivia pasa por sus fuerzas armadas. De tradición golpista, durante casi 14 años parecía que el ejército y Evo Morales habían construido lazos sólidos, hasta que el domingo 10 el general Williams Kaliman “sugirió” su renuncia como presidente. ¿Qué tronó en esa relación con los militares? Académicos y expertos advierten rastros de una “mano negra” que desde Estados Unidos” impactó contra Evo, exponen el papel histórico de los militares, su capacidad de “adaptarse” ante el gobierno en turno y las posibilidades de que también le den la espalda a Jeanine Áñez, autoproclamada “presidenta constitucional”.
BOGOTÁ.– No fue una casualidad que la primera medida de gobierno de la autoproclamada “presidenta constitucional” de Bolivia, Jeanine Áñez, haya sido cambiar a la cúpula militar y pedirles a los nuevos jefes de las fuerzas armadas hacer lo necesario para “mantener la paz” en el país.
Áñez, quien el martes 12 se declaró presidenta de Bolivia en una sesión del Senado carente de quorum, y luego juramentó el cargo ante una Biblia, depende literalmente del apoyo de las fuerzas armadas para mantener el poder.
Ahora, los seguidores del expresidente Evo Morales, quien renunció como jefe de Estado el domingo 10, luego de que los altos mandos militar y policial le sugirieron hacerlo, se movilizan en varias regiones para exigir el regreso del exgobernante de ascendencia aymara. La respuesta es la represión.
Durante las tres semanas de protestas que siguieron a las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, en las que Morales supuestamente logró su reelección, hubo tre muertos, uno por semana.
Pero 48 horas después de la renuncia del líder indígena, hasta el martes 12, habían muerto cinco personas más –cuatro por impacto de bala– en medio de la “intervención conjunta” de las fuerzas armadas y la policía para contener las protestas, según aseguró la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
Para el director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba –Bolivia–, Fernando Mayorga, las fuerzas armadas de su país “pasaron, en cuestión de horas, de ser garantes de la Constitución a plegarse a la oposición y a recibir órdenes de autoridades constituidas ilegalmente, como la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez”.
El doctor en ciencia política y gobierno dice a Proceso que, después de ese alineamiento, el ejército comenzó a actuar como “fuerza represiva” junto con la policía.
Mayorga considera que lo que ocurrió el domingo 10 en su país fue “un golpe de Estado no convencional” contra Evo Morales, cuya renuncia se produjo luego de que el comandante en jefe de las fuerzas militares, Williams Kaliman, le sugiriera renunciar.
Kaliman solía llamar a Evo “hermano presidente”. En alguna ocasión se declaró “soldado del proceso de cambio” y llegó a definir a las fuerzas armadas como “anticolonialistas”.
Estas expresiones en boca de un alto jefe militar eran impensables en Bolivia antes de la llegada de Evo Morales al poder, en enero de 2006, por la tradición golpista y represora de la institución castrense, cuyos más poderosos generales habían encabezado varias dictaduras militares entre 1964 y 1982.
Espejismo con el ejército
En octubre de 2003, bajo la presidencia del empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, y mientras el abogado Carlos Sánchez Berzaín era ministro de Defensa, el ejército y la policía masacraron a 68 personas –al menos– al enfrentar una ola de protestas contra la decisión del gobernante de exportar gas natural a través de Chile (Bolivia carece de salida al mar), lo que desembocó en su renuncia.
“Tenemos unas fuerzas armadas de tradición golpista, represora y defensoras de los intereses de las élites –dice Mayorga–, pero eso comenzó a cambiar con la llegada de Evo al poder, quien se ganó el respeto de los militares.”
Sin embargo, agrega que Evo Morales “nunca logró una simbiosis entre su partido político (el Movimiento al Socialismo) y el ejército, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, por su condición de militar”.
El expresidente indígena buscó la adhesión de las fuerzas armadas a su proyecto socialista y antiimperialista por diversas vías. Y luego de casi 14 años como jefe de Estado parecía que lo había logrado.
“A mí me sorprendió que el jefe de las fuerzas armadas pidiera la renuncia del presidente. En 14 años se tuvo que haber creado una relación de cercanía entre él y los militares”, dice el académico argentino residente en Bolivia, Damián Andrada, quien trabaja en una tesis doctoral sobre la construcción de hegemonía en el Estado boliviano durante el periodo de Evo Morales (2006-2019).
Andrada, cuya tesis de maestría en ciencias políticas y sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) es sobre el mismo tema, cree que, a la luz de los acontecimientos, el expresidente logró un cambio “cultural” en las fuerzas militares, que en su gobierno dejaron de ser un instrumento de represión, pero no pudo quebrar la tradicional hegemonía castrense.
Mano negra
Cuando Evo Morales llegó al poder decretó el retiro de dos promociones de generales –unos 28 oficiales en total— y nombró una nueva cúpula militar con la que inició un proceso de transformación de las instituciones castrenses.
A cambio de su lealtad con el nuevo gobierno socialista e indigenista, los militares crearon varias empresas con el respaldo de Evo, sus prestaciones mejoraron y obtuvieron pensiones equivalentes a 100% de su último salario en activo, un beneficio que no tiene ningún otro trabajador en Bolivia.
Consciente del peso de los símbolos, Evo hizo agregar a los uniformes militares y de la policía la whipala, la multicolor bandera de los indígenas andinos, y en 2010 ordenó cambiar el lema de las fuerzas armadas, que era “Subordinación y constancia”, por el castrista “Patria o muerte, venceremos”.
En 2011 impulsó un juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Sánchez de Lozada, dos de sus exministros, cuatro generales y un almirante involucrados en la matanza de octubre de 2003.
Los militares fueron sentenciados a penas de entre 10 y 15 años de cárcel por la justicia ordinaria, lo que puso fin a décadas de impunidad castrense y envió un fuerte mensaje al alto mando de las fuerzas armadas.
Además de los militares, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fue condenado. Tras la masacre de 2003, huyó a Estados Unidos junto con el expresidente Sánchez de Lozada. Los dos se encuentran desde entonces en ese país.
El año pasado, en un juicio civil, ambos fueron condenados por un tribunal de Florida a indemnizar con 10 millones de dólares a los familiares de ocho de las víctimas de la matanza, aunque un juez federal luego anuló la sentencia y hoy se encuentra en proceso de apelación.
Sánchez Berzaín, director del conservador Interamerican Institute for Democracy, y allegado al senador anticastrista de Miami Marco Rubio, escribió en su cuenta de Twitter horas antes de la renuncia de Evo Morales: “Llega el momento en que las Fuerzas Armadas demuestren que son de LA NACIÓN y no del régimen castrochavista”.
El académico argentino Damián Andrada, radicado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, cree que en el “golpe cívico-policial-militar” a Evo hubo “mano negra” y “una presencia indirecta de intereses externos”.
Como experto en el proceso político de Bolivia, considera “extraño” el protagonismo que adquirieron en los últimos meses personajes “muy allegados a sectores conservadores de Estados Unidos”, como Sánchez Berzaín, quien es prófugo de la justicia boliviana y al que varios medios le dieron espacio para denunciar la existencia de una “dictadura castrochavista”.
A Andrada le parece claro que desde Estados Unidos “se quiso construir una corriente de opinión contra el gobierno de Evo Morales”, y que “el desenlace de estos acontecimientos tiene que ver con ese interés foráneo”.
Dice que esa es una manera de explicar por qué se rompieron los lazos entre las fuerzas armadas y el gobierno de Evo, que hace tan sólo unos días “parecían sólidos”.
Los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia reconocieron de inmediato a la opositora Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, pese a que Evo Morales había denunciado ser víctima de un “golpe cívico-político-policial”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también calificó como “golpe” lo ocurrido en Bolivia y envió un avión de la Fuerza Aérea para trasladar a Evo a México, donde se encuentra en calidad de asilado político.
Andrada señala que el expresidente de ascendencia aymara ha sido extremadamente cuidadoso en no acusar a los militares del golpe.
Ha señalado como responsables a la oposición política y a la policía, que se amotinó el viernes 8 azuzada por el empresario y dirigente opositor Luis Fernando Camacho, quien puso a varios de sus allegados en el gobierno que encabeza Jeanine Áñez.
Enredo legal
El politólogo boliviano Fernando Mayorga, quien estudió una licenciatura en sociología en la UNAM en los ochenta, señala que su país vive momentos muy complejos en los que lo primero que habrá que resolver es el “enredo legal” que enfrenta Áñez por su irregular autoproclamación como presidente en una sesión legislativa sin quorum.
Los dos tercios de los congresistas, que pertenecen al partido MAS, de Evo Morales, estaban ausentes cuando Áñez, vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta de Bolivia.
Además, la policía impidió el ingreso al recinto legislativo a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien anunció su renuncia al cargo el domingo 10, pero se retractó dos días después, antes de hacerla oficial.
Según la constitución boliviana, ante la dimisión del presidente corresponde al vicepresidente asumir el cargo, pero este (Álvaro García Linera) renunció junto con Evo y tendría que ser el presidente (o presidenta) del Senado el llamado a ocupar la vacante en el Ejecutivo.
Mayorga señala que las fuerzas armadas van a jugar un papel “fundamental en estos días como un aparato represivo que intentará consolidar al gobierno de Jeanine Áñez”.
Sin embargo, cree que “si la situación revienta y la protesta social se desborda, los militares le van a dar la espalda a Jeanine Áñez y se van a adaptar a las nuevas circunstancias”.
Las Fuerzas Armadas, dice el doctor en ciencias políticas y gobierno, “van a apoyar al que gane el pulso en el ámbito político, sin importar que sea el MAS de Evo o la derecha que le ha hecho oposición estos últimos 13 años”.
La capacidad de adaptación de los militares quedó de manifiesto el miércoles 13, cuando Áñez pidió a la nueva cúpula juramentar en sus cargos ante una Biblia, un crucifijo y dos cirios encendidos, como en una iglesia, y haciendo la señal de la cruz con la mano derecha.
Eran los mismos altos oficiales que acataron el lema revolucionario “Patria o muerte, venceremos”, y que se cuadraban ante Evo hace unos días.
Áñez, quien está casada con el político colombiano Héctor Hincapié, al que según la prensa de Colombia conoció por Facebook, ha sostenido que en Bolivia no ocurrió un golpe de Estado y que es legal el procedimiento mediante el cual se autoproclamó presidenta.
La exvicepresidenta del Senado prometió que convocará a elecciones presidenciales “lo antes posible”, lo que supone que se limitará a culminar el periodo de gobierno de Evo Morales, que vence el 22 de enero próximo.
Mayorga no descarta que Evo vuelva al país. De hecho, el expresidente anunció en México que está dispuesto a regresar para “pacificar” a Bolivia.
Pero el director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón cree que el MAS postulará a otro candidato en la contienda electoral que se avecina y que Morales estaría pensando en presentarse a los comicios presidenciales de 2024.
“Evo no está inhabilitado para hacerlo, pero la oposición hará todo lo posible por inhabilitarlo”, señala el académico.
El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien fue el principal adversario de Evo Morales en los cuestionados comicios del 20 de octubre último, dijo el jueves 14 que se presentará a la nueva contienda.
Sostuvo que no existe “ninguna posibilidad legal” para que el expresidente y el exvicepresidente Álvaro García Linera sean candidatos.
Esto, por las “irregularidades” que detectó la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los comicios recientes, las cuales, oficialmente, ganó Evo Morales con más de 10 puntos de ventaja sobre Mesa. El organismo hemisférico recomendó convocar a nuevos comicios.
