México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para la infancia, incluso por encima de naciones que desde hace años sufren situaciones de guerra declarada, como Siria e Irak. Sólo en los primeros 10 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha reportado el homicidio de 796 niños y adolescentes. De acuerdo con expertos consultados por Proceso, se trata de una conducta que la delincuencia organizada comenzó a utilizar notoriamente desde 2017, para amedrentar a los grupos rivales o a la autoridad.
Durante los 10 primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 796 niños y adolescentes. La cifra representa que cada seis u ocho horas en promedio –según diversas fuentes– se comete el homicidio de un menor de edad.
Esos números convierten a México en el quinto país más peligroso para la infancia, superando a naciones como Irak o Siria que durante años han sufrido conflictos bélicos declarados.
Según especialistas consultados por Proceso, así como análisis estadísticos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, la reciente matanza de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón en Sonora es reflejo de una conducta violenta constante, cuya creciente espiral de muerte y terror comenzó en 2017. Sólo en lo que va de la administración de López Obrador se han reportado entre tres y cuatro asesinatos y cuatro desapariciones diarios.
“Los homicidios de menores de 18 años han ido en aumento”, lamenta la jefa de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, Dora Giusti.
“Entre 2015 y 2017 la tendencia fue al alza de manera drástica y preocupante; representa un aumento de 29.43% que desde entonces se mantiene”, dice en entrevista.
El director ejecutivo de la Red por la Defensa de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, advierte en entrevista que lo que hay que destacar en el asesinato de menores de edad es que “los grupos criminales han adoptado este patrón para generar terror en sus adversarios: otros grupos de la delincuencia y las fuerzas de seguridad”.
Pérez García recuerda que, en los ataques del Cártel de Sinaloa contra las Fuerzas Armadas, el 17 de octubre último en Culiacán, los comandos criminales amenazaron con atacar las unidades habitacionales militares en las que se encontraban familias enteras. “Parece que esto se convierte en el modus operandi de los delincuentes que quieran intimidar a quien sea”.
Sobre el caso LeBarón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vinculó el miércoles 6 al grupo La Línea –antiguo brazo armado del Cártel de Juárez– con el ataque que sufrieron los integrantes de la familia en Sonora.
“De repente las balas llovieron desde arriba, desde lo alto de una colina, encima de ellas (de las víctimas)”, dijo Lafe Langford, familiar de las mujeres y niños acribillados, en entrevista con la cadena de noticias estadunidense CNN. “Las madres estaban muertas; había siete niños heridos y caminaron durante horas para ponerse a salvo”. Los cuerpos que quedaron abatidos por las balas fueron quemados.
“Hay factores que sugieren que los conflictos armados y comunitarios, o donde hay presencia de grupos de la delincuencia, elevan el riesgo de que se involucre a menores de edad”, advierte Giusti.
En los últimos 15 días, en diversas regiones del país se reportaron ataques armados en los que había niños entre las víctimas.
El 30 de octubre un comando irrumpió en una fiesta infantil en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y asesinó a quemarropa a dos personas: una mujer y un hombre. Hirieron a 10 más y entre ellos había varios menores de edad.
Las agresiones armadas de este tipo son un patrón que se replica en otros estados. Por ejemplo, el viernes 1 tres niños fueron asesinados en la colonia Luis Donaldo Colosio, Ecatepec. Dos niñas de 10 y ocho años, así como uno de seis, fueron baleados a quemarropa.
“Tenemos que insistir: 796 homicidios de niños deberían ser un escándalo nacional e internacional. Pero no lo es”, lamenta Pérez García.
Tierra de infanticidio
Giusti y Pérez García coinciden en que el país padece una epidemia de homicidios en el gobierno del presidente López Obrador: 30 mil casos, según datos oficiales, un patrón de crueldad que alcanza a niños y adolescentes.
El 19 de abril, en Minatitlán, Veracruz, un grupo armado desafió la promesa presidencial de que se pondría fin a la violencia. En el cumpleaños de una transgénero, un comando abrió fuego contra los asistentes y asesinó a 13 personas. Entre las víctimas estaba un recién nacido. “Al bebé lo remataron”, relató uno de los sobrevivientes.
Siete días después el mandatario visitó la comunidad y se comprometió a que la Guardia Nacional, un órgano de seguridad que entonces no entraba en funciones, iniciaría sus operativos en la comunidad que estremeció al país durante semanas.
Pero la espiral de violencia continuó, incluso en el estado donde nació el presidente: el 21 de abril, hombres armados asesinaron a dos mujeres en Tabasco; las víctimas viajaban en una camioneta en la que fueron encontrados dos menores de edad heridos, un niño de 10 años y un recién nacido de ocho meses.
Sin embargo, Veracruz y Tabasco están lejos de encabezar las listas de homicidios dolosos contra niños. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua y Baja California son las entidades con más muertes violentas de menores de edad.
En Guanajuato, donde el gobierno federal encabeza uno de los frentes contra el robo de combustible, hasta septiembre de 2019 fueron reportados 98 asesinatos de menores de edad, de ellos 83 eran niños. Los datos ubican a este estado con una tasa de 4.8 homicidios de ese tipo por cada 100 mil habitantes.
En seguida se ubica el Estado de México, donde fueron acribillados los tres menores de edad el Día de Muertos. La entidad registró en el mismo periodo 87 homicidios dolosos de niños y adolescentes. Aunque mantiene una tasa de casos de 1.7 por cada 100 mil habitantes, concentra gran parte de los asesinatos de alto impacto.
Chihuahua, donde se ubica el rancho LeBarón, registró en el mismo lapso 60 menores de edad asesinados, lo que representa una tasa de cinco homicidios por cada 100 mil habitantes; por densidad de población, lo ubica como el segundo lugar con mayor letalidad infantil a nivel nacional, sólo detrás de Morelos.
El viernes 8, López Obrador pidió a la población un “año más” para consolidar los logros de la “transformación” en materia de seguridad. No es la primera vez que el mandatario cambia el plazo: en abril –ya llevaba cuatro meses en el poder– ofreció que en seis meses bajarían los índices de la violencia en México.
Actualmente la Guardia Nacional tiene poco más de 56 mil integrantes que controlan 150 regiones territoriales y atienden a la población de 266 municipios considerados prioritarios (Proceso 2235).
Víctimas y victimarios
Pérez García explica otra arista de la violencia contra los menores de edad: “Lo que también está ocurriendo es que muchos adolescentes asesinados en realidad son víctimas del reclutamiento forzado que realizan los grupos de la delincuencia organizada”.
Recuerda el caso de niños sicarios como El Ponchis, capturado en 2010 y liberado tres años después, y Juanito Pistolas, asesinado este año.
“La prevalencia de la violencia contra los niños es preocupante en los diferentes entornos, y hay diferentes factores que la determinan. Uno, por ejemplo, es el tema de la aceptación de la violencia”, reflexiona Giusti. “Los escenarios de violencia entre los adultos terminan por contaminar los espacios de los niños”.
Pese a los registros oficiales, es imposible determinar cuántos de los 20 mil niños que han muerto de manera violenta desde que se inició la guerra contra el narcotráfico –lanzada por el gobierno de Felipe Calderón– en realidad son víctimas de matanzas, fuegos cruzados, secuestros, venganzas o extorsión. Diversos casos los muestran como partícipes de esa violencia, aunque de manera involuntaria:
En diciembre de 2010 Enrique N, conocido como El Ponchis o El Niño Sicario, fue detenido por elementos de la Sedena cuando pretendía viajar de San Diego a Tijuana. Según la entrevista que los militares realizaron al joven, fue reclutado por la fuerza por una célula del Cártel del Pacífico Sur, en Morelos.
–¿A cuántos ejecutaste?
–A cuatro –dijo.
–¿Cómo los ejecutaste?
–Los degollé.
Con ayuda de su hermana, entre los 11 y 14 años de edad asesinó a al menos cuatro personas. La confesión advierte que cuando entró al narcotráfico, primero lo hizo de manera forzada. Al relacionarse su hermana con uno de los encargados del grupo delictivo, comenzó a asesinar a los “rivales” bajo el influjo de las drogas. El Ponchis fue liberado en 2013 luego de lograr una condena mínima de tres años de cárcel.
Años después surgió la historia de otro niño reclutado por el crimen organizado. El 27 de agosto, un grupo de sicarios conocido como La Tropa del Infierno, controlado por el Cártel del Noreste (sucesor de Los Zetas), fue abatido por miembros de la policía de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
Entre los agresores vestidos con uniformes militares se hallaba Juanito Pistolas, un niño que se retrataba con armas que superaban su estatura.
A decir del periodista Juan Alberto Cedillo, fue reclutado en la zona poniente de Nuevo Laredo, donde los pistoleros suelen buscar a los jóvenes afuera de las secundarias, los Conalep y Cbetis.
La Redim ha documentado que anualmente se abren entre 5 mil y 6 mil expedientes judiciales contra menores de edad, desde que se iniciaron los enfrentamientos entre el Ejército y los cárteles.
Los casos son “por delitos del orden federal: secuestro, portación de arma prohibida o daños contra la salud. Lo que vuelve a alertarnos sobre el tema de reclutamiento”, señala Pérez García.
“AMLO no ha cumplido”
Dejando de lado los homicidios y matanzas, los menores de edad en México también son presa de la violencia familiar, escolar y del barrio, señala la oficina de la Unicef México. “Generalmente, los niños son más vulnerables a la violencia en los entornos que son más cercanos a ellos”, dice Giusti.
La Unicef alerta que corren mayores riesgos quienes se encuentran más vulnerables por situaciones de abandono o negligencia, marginación, discapacidad, migración, desplazamiento forzado o en contextos de violencia armada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su reciente informe Niñas adolescentes: víctimas del crimen organizado en México, reconoció que en nuestro país no existe suficiente claridad legal para hacer frente a la violencia del crimen organizado y otras de “carácter estructural”, como la pobreza y la desigualdad, la normalización de la violencia en el ámbito educativo, la militarización de la seguridad pública e, incluso, la exposición de los padres a entornos violentos.
Entre 2012 y 2017, por ejemplo, fueron asesinados casi 2 mil 600 menores de 15 años; 42% de ellos, a manos de algún familiar, en sus hogares o por maltrato, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y una investigación de la revista Emeequis, firmada por la reportera Alejandra Crail.
“Tenemos el tema de la disciplina violenta que está muy normalizada en México y que puede llegar, en ocasiones, a la violencia homicida: seis de cada 10 niños de uno a 14 años ha vivido alguna forma de violencia física o psicológica, principalmente en el hogar. Este número lo reportamos en 2015”, explica Giusti.
“Otro tema que me gustaría subrayar es que 34% de las adolescentes de 15 a 17 años en México ha sufrido alguna forma de violencia sexual. Es casi una de cada tres. Las desapariciones de los niños son otro tema: básicamente una quinta parte de los casos reportados implica a niños y adolescentes. La gran mayoría son niñas. Es una edad que es muy sensible al tema de trata y explotación sexual”, concluye.
Pese a los reportes que dibujan la magnitud de la violencia contra el sector más vulnerable de la población, el gobierno de López Obrador ha hecho poco, considera la Redim.
Pérez García lamenta la falta de interés por un fenómeno que ha dejado 796 homicidios hasta septiembre de 2019. Considera que el desinterés se refleja en la no aplicación de políticas públicas que deberían hacer frente a la protección de la niñez. “No tenemos que crear más leyes, no debemos crear más instituciones. Sólo darle prioridad política y asignar presupuesto”.
Pérez García recuerda que cuando López Obrador era candidato a la Presidencia ofreció el cumplimiento de nueve compromisos para proteger a la niñez mexicana. De ellos, afirma, ninguno ha concretado.
“Hay avances en el tema legislativo y documental, pero, como siempre, el problema es su aplicación. En la realidad sobre los niños nada cambia: su salud, pobreza, marginación y falta de voz. Ser niño o niña en México es muy poco deseable”, agrega.
