Las labores de inteligencia militar en su combate al narcotráfico no son nuevas. Numerosas siglas han amparado esa labor y varios jefes castrenses la han encabezado. Pero desde hace varios sexenios, esa tarea del Ejército ha estado manchada por infidencias y bajo sospecha de estar al servicio de algunos capos criminales, a tal grado que algunos integrantes y supervisores del Cian –antecedente del GAIN– fueron procesados durante los gobiernos de Fox y Calderón, acusados de proporcionar información a los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
El comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, fijó la mirada en el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. El presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había dado la orden de que se revelara el nombre del responsable de la información de inteligencia con la que el Ejército actuó en el frustrado operativo militar contra Ovidio Guzmán López.
Sentado en un extremo, junto a miembros del gabinete de seguridad en la conferencia de prensa del 31 de octubre del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Bucio giró la cabeza y levantó un poco la mirada en espera de la respuesta del jefe del Ejército.
Hizo a un lado las notas que venía tomando y tomó su teléfono celular. Sabía que la información que estaba a punto de hacerse pública a petición de la reportera de Proceso, Neldy San Martín, era de alta sensibilidad para los estándares mexicanos en los que las Fuerzas Armadas se han cerrado en extremo al escrutinio.
Él mismo había ocupado en un momento crucial el cargo que estaba por develarse. Fue el jefe del Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico (GAIN) cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga. Más aún, conoce de primera mano la manera en que se gestó la violencia del narcotráfico durante el gobierno de Vicente Fox, porque ya estaba inmerso en la información de inteligencia contra los cárteles de la droga.
Lo que para muchos fue la revelación de un “grupo caza-capos” dentro del Ejército, fue la explicación del organigrama existente desde hace un cuarto de siglo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que como equipo especializado, durante los dos gobiernos del PAN, fue incapaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán, padre de Ovidio Guzmán.
Varios fueron los operativos del Ejército de los que se escapó el entonces jefe más conocido del Cártel de Sinaloa. También diversas las acusaciones sobre fuga de información desde ese grupo de inteligencia militar.
A diferencia del anonimato en que Rodríguez Bucio permaneció durante años en el GAIN, la orden presidencial exhibió al coronel de caballería Juan José Verde Montes, el subjefe de inteligencia del grupo antinarcóticos que desde el 30 de octubre el titular de la Sedena había puesto en la atención pública.
Cuando en la conferencia del 31 de octubre la reportera de este semanario le pidió al presidente que se precisara el papel de ese grupo en el operativo, López Obrador le ordenó al jefe del Ejército que diera el nombre del encargado en esa fuerza de la información contra el narcotráfico en todo el país. El titular de la Sedena no sólo soltó el nombre del coronel, sino que lo responsabilizó de haber actuado sin autorización de sus superiores.
Sandoval cambió de esa manera su versión sobre la polémica operación militar para detener al hijo del Chapo, el 17 de octubre en Culiacán. En la primera explicación que dio en medio del escándalo por la liberación de Ovidio Guzmán, el titular de la Sedena dijo que la Policía Militar y la división antidrogas de la Guardia Nacional habían actuado de forma precipitada (Proceso 2243).
Una semana después cambió la narrativa. Dijo que el grupo de inteligencia que encabeza Verde Montes actuó por su cuenta. “Él es el jefe del Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico a nivel nacional. Es el responsable de la obtención de información. A él van llegando los datos y va moviendo a los diferentes efectivos para desarrollar las operaciones”.
La decisión de detener al hijo del Chapo la tomó el grupo “responsable de estar observando el blanco (Ovidio Guzmán). Toman la decisión porque es el momento en que pueden o ellos estiman poder llevar a buen fin la operación”.
Explicó que como parte de la estructura de mando de la Sedena, el coronel debió informar al subjefe de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el organismo que apoya al secretario de la Defensa en la toma de decisiones. Tuvo “que haber seguido este canal hasta llegar en este caso a mi persona, y obviamente yo haber hecho del conocimiento del gabinete de seguridad y… (este) al señor presidente. Este es el conducto que tendría que haber llevado la información”.
Añadió que la fiscalía militar investiga la actuación del GAIN por haber actuado sin una orden de la Fiscalía General de la República y sin esperar las indicaciones del titular de la Sedena. Se investigará si se violaron reglamentos y leyes militares y la responsabilidad de quien lo haya hecho. “Estará incluida esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir”, dijo Sandoval.
De esa manera quedó a salvo de la polémica el cuerpo militarizado creado por el actual gobierno, la Guardia Nacional, y su comandante, Rodríguez Bucio. De plano, el titular de la Sedena los exculpó al decir que los elementos del nuevo cuerpo no pudieron desplegarse como estaba previsto porque lo impidieron los grupos de civiles armados que salieron al rescate de Guzmán López.
Las fallas del Cian
Rodríguez Bucio conoce como pocos en el actual gabinete de seguridad lo que ha sido el GAIN; tanto, que cuando fue su responsable hasta lo rebautizó luego de que su antecedente, el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian), desapareciera tras conocerse su alegada implicación en la fuga de información hacia jefes del
narcotráfico.
Integrantes y supervisores del Cian fueron procesados durante los gobiernos de Fox y Calderón por la entonces Procuraduría General de la República, acusados de proporcionar información al Cártel de Juárez y al de Sinaloa.
El Cian fue creado en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando Rodríguez Bucio ya estaba concentrado en labores de inteligencia. Durante ese sexenio (1994-2000) se desempeñó como el coordinador de los grupos interinstitucionales en trabajo de campo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando el ahora presidente López Obrador era opositor al régimen del PRI.
López Obrador desapareció el Cisen y lo convirtió en el Centro Nacional de Inteligencia, que dejó en manos del general retirado Audomaro Martínez.
El Cian surgió cuando el secretario de la Defensa Nacional era el general Enrique Cervantes Aguirre y estaba bajo el mando directo de su secretario particular, el general Tomás Ángeles Dauahare, a quien López Obrador pretendió como jefe del Ejército en caso de ganar la elección presidencial de 2006.
El primer responsable del Cian fue el general Moisés García Ochoa, quien aspiró a ser titular de la Sedena el sexenio pasado. Ya en el retiro, al final del sexenio de Calderón y en medio de la pugna por encabezar la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ángeles Dauahare fue procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Apenas iniciado el gobierno de Peña Nieto, Ángeles Dauahare, quien también había sido subsecretario de la Sedena, salió de prisión sin que le comprobara la acusación.
Además del Cian, el gobierno de Ernesto Zedillo creó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y lo puso en manos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien como jefe militar había detenido a varios jefes del narcotráfico, entre ellos a Héctor Luis El Güero Palma Salazar, socio del Chapo Guzmán.
A 72 días de ocupar el cargo, a inicios de 1997, Gutiérrez Rebollo fue acusado de colaborar para el Cártel de Juárez. Fue condenado a 40 años de prisión. Murió en diciembre de 2013 cuando todavía combatía las acusaciones en su contra.
El Cian estuvo rodeado de escándalos. A finales del año 2000 la PGR y la Sedena emprendieron una investigación al descubrir que entre su personal se filtraba información a jefes del narcotráfico. Uno de ellos, Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Las filtraciones tenían que ver con operativos, direcciones, lugares, teléfonos y acciones conjuntas entre el Ejército y la PGR. Entre los detenidos en esa investigación estuvo el sargento Marcelino Alejo Arroyo López, de la entonces Policía Judicial Militar, ahora Policía Ministerial Militar (Proceso 1380).
Luego, en 2002, al inicio del sexenio de Vicente Fox, una investigación de la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada detectó que las fugas de información para El Mayo Zambada venían desde la creación del Cian, en 1995, cuando el Cártel de Sinaloa aún era aliado del de Juárez (Proceso 1690).
El 21 de octubre de 2002 los entonces titulares de la Sedena, general Clemente Vega; de la PGR, general Rafael Macedo de la Concha; y de la ahora desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, dieron una conferencia de prensa para informar que el Cártel de Juárez había infiltrado a la Sedena. Omitieron, sin embargo, precisar que la investigación se centraba en el Cian.
Durante ese sexenio, el Centro de Inteligencia Antinarcóticos estuvo al mando del general, ahora retirado, Roberto Aguilera Olvera, quien tuvo como subordinado a Rodríguez Bucio. En su libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, el periodista de este semanario Alejandro Gutiérrez relata cómo durante esa administración el Cian realizó importantes detenciones de jefes del narcotráfico, todos contrarios al Chapo Guzmán: Benjamín Arellano Félix, del Cártel de Tijuana; Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y creador de Los Zetas; o Ramón Alcides Magaña, del Cártel de Juárez.
A Guzmán Loera nunca logró atraparlo, pese a que en su hoja de servicios incluía la captura del exdirector de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, también acusado de trabajar para el Cártel de Juárez, cuando lo dirigía Amado Carrillo. Aguilera Olvera realizó esa captura cuando era director de la Policía Judicial Federal Militar, durante el gobierno de Zedillo.
Poco antes de que terminara el sexenio de Fox, Aguilera Olvera fue designado agregado militar de la embajada de México en Argentina. En junio de 2008, ya en el gobierno de Calderón, fue llamado a la Sedena y un mes después solicitó su baja del Ejército.
En 2010 un exintegrante del Cian, el mayor Iván Reyna Muñoz, fue detenido bajo la acusación de extorsión y de colaborar para el Cártel de los Beltrán Leyva, una de las principales organizaciones enemigas del Chapo. En enero de 2014 fue absuelto del delito de colaboración con el narco.
Su exoneración en esa acusación formó parte de la supuesta Operación Limpieza emprendida por el gobierno de Calderón, que incluyó a Ángeles Dauahare y tuvo como uno de sus objetivos al Cian.
Aunque las acusaciones de colaboración con el narcotráfico se cayeron en tribunales, resultaron en una purga y desaparición del Centro de Inteligencia contra el narco del Ejército. El encargado de reemplazarlo fue Rodríguez Bucio.
El jefe militar llegó al Cian a finales del sexenio de Fox. Fue subjefe del grupo de información, cargo que ahora ocupa Verde Montes. Cuando llegó Calderón, Rodríguez Bucio no sólo asumió la jefatura del Centro, sino que ante los señalamientos de infiltración por parte de los cárteles de la droga le cambió el nombre: Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico.
Estuvo al frente del Grupo desde la declaración de guerra al narcotráfico de ese gobierno hasta abril de 2010, cuando de las sospechas se pasó al procesamiento judicial y encarcelamiento de militares, entre ellos los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como el mayor Iván Reyna.
El Cian-GAIN no es el único grupo de información de inteligencia que ha tenido el Ejército en el combate el narcotráfico. Al menos, por lo que se supo tras el asesinato, por parte de la Marina, del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, en diciembre de 2009.
Según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, dado a conocer por este semanario (Proceso 1730), el extinto capo tenía la protección de lo que en la investigación se identificó como el Grupo de Información Sensible, encargado de analizar información para los operativos del narcotráfico y que dependía directamente del Campo Militar número 1, en la Ciudad de México.
A diferencia de los militares del Cian-GAIN que fueron procesados penalmente, Rodríguez Bucio salió del grupo de inteligencia del Ejército contra el narco y fue enviado por la Sedena a enfrentar a la delincuencia organizada en Cancún y Monterrey. Poco antes de dejar el gobierno, Calderón lo promovió a general de brigada. En la administración de Peña Nieto se dedicó a actividades académicas. Fue director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se doctoró en defensa y seguridad nacional.
Pasó este año a retiro como general de división, cuando López Obrador ya lo había designado comandante de la Guardia Nacional. Desde esa posición, el pasado 31 de octubre atestiguó cómo Sandoval, por orden del presidente, puso la atención de la opinión pública en un cuestionado grupo que el comandante de la Guardia Nacional conoce en sus entrañas.
