En Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una zona donde la violencia antifemenina es endémica, fue creada hace cuatro años la Ciudad de las Mujeres, dedicada a la atención médica, educativa y legal de las habitantes más pobres de esa región del país. Pero la institución ahora está en el limbo, pues no ha recibido recursos desde que empezó el gobierno de López Obrador. Su existencia misma corre riesgo y se cree –lo dicen las trabajadoras del centro– que todo se puede atribuir a que su creadora fue Rosario Robles.
En un conjunto de edificios gubernamentales, entre caminos de terracería a la entrada de Tlapa de Comonfort, se encuentra la Ciudad de las Mujeres, donde un grupo de trabajadoras da atención integral a las habitantes más pobres de la región más pobre de Guerrero.
Pero el lugar está en el limbo y las trabajadoras no han recibido sus salarios hace meses, presumiblemente porque la Ciudad de las Mujeres tiene un estigma: fue creada por Rosario Robles.
Ubicada en una zona de riesgo para las mujeres –en 2017 se decretó la alerta de género en el municipio de Tlapa–, el centro no ha recibido recursos federales desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y está en peligro de desaparecer, pese a que atiende mensualmente a entre mil 500 y 2 mil mujeres, en su mayoría indígenas.
La Ciudad de las Mujeres se compone de siete edificios, en cada uno de ellos las usuarias encuentran gratuitamente diferentes servicios: educación en salud sexual, reproductiva y preventiva para reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente; educación básica y media superior; acompañamiento legal y atención psicológica en caso de ser víctimas de violencia; y clases de computación y cursos de enfermería y estilismo, para que desarrollen su autonomía económica.
Ahí dan atención, asesoría y acompañamiento a mujeres como María Aceves, quien ha sido extorsionada y amenazada de muerte por su hermano; a Ofelia Barrera y a su hija, que sufrieron violencia intrafamiliar; a Dominga Juárez, con su divorcio, y a María Albino, quien lucha por la pensión alimenticia de sus cinco hijos.
Las imágenes de Simone de Beauvoir, la sufragista Elvia Carrillo Puerto, la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, la activista Malala Yousafzai y la premio nobel Wangari Maathai, así como la frase “Todos los días son 8 de marzo”, adornan el salón de usos múltiples del edificio donde se imparte el módulo de atención a mujeres jóvenes.
En uno de los salones, Carolina de Jesús Castañeda, de 30 años, casada y con dos hijos, cuenta que hace unos meses terminó la preparatoria abierta en la Ciudad de las Mujeres. Su esposo no estaba de acuerdo en que estudiara, porque temía que descuidara la casa y a sus hijos, pero las trabajadoras la asesoraron sobre sus derechos, el trabajo en equipo y las responsabilidades compartidas en el hogar. Ella lo convenció.
“Aquí me animaron a meterme a la prepa, me han ayudado a sentirme una persona, porque yo prácticamente me dedicaba a la casa, no hacía nada. Aquí también lo que me han enseñado es a hacer aretes, collares, pulseras y gracias a eso he ayudado con dinero en mi casa”, dice la joven de tez morena y ojos grandes.
“Si no fuera por eso seguiría en la casa, lavando ropa, sintiendo que el hombre es más”, asegura Carolina, quien ahora tiene el sueño de estudiar una carrera.
“No somos cómplices”
A 10 kilómetros de la ciudad de Tlapa, en la comunidad náhuatl de Xalatzala, viven Petra Villanueva García, de 13 años, y su madre, Nazaria García Catalán, un ama de casa de 39 años.
Cuando Petra todavía no nacía, pero ya estaba en el vientre de su madre, su padre se fue a trabajar a Estados Unidos, como la mayoría de los hombres del pueblo. Regresó cuando ella tenía siete años, pero se volvió a ir. A los 11 años Petra comenzó a lastimarse.
“Me di cuenta de que mi hija se empezaba a cortar en la palma de las manos. Luego hasta sangraba”, dice Nazaria. “Yo le pregunté ‘¿por qué lo haces?’, ‘pues es que todas mis compañeras se están cortando’, me dice. ‘Pero eso no está bien’, le digo”, narra la madre en la cancha de básquet de la escuela secundaria técnica 216.
El director, Nicodemus de Jesús Rodríguez, cuenta que en la escuela hay varios estudiantes que crecieron solos o con sus abuelos porque sus padres y madres tuvieron que emigrar, y ahora los adolescentes tienen problemas de adicciones. “Lo que más nos preocupa es que hay muchos casos de cutting (es decir, se cortan y marcan su cuerpo con objetos afilados)”, dice mientras recorre los salones y saluda a los alumnos.
Rodríguez acudió a las especialistas de la Ciudad de las Mujeres para que fueran a su escuela a dar pláticas sobre adicciones y suicidio. Nazaria llevó a Petra al centro para que recibiera atención psicológica.
“Me ha explicado la psicóloga Soledad que si yo me quiero no debo lastimar mi cuerpo”, dice Petra.
El pasado 19 de agosto la psicóloga Soledad Ureiro la dio de alta, a pesar de que hace unos meses tuvo una recaída y volvió a lastimarse. “Llevaba como dos años o año y medio yendo. Me dijo la doctora que ya estaba muy avanzada, que era la última vez que la atendía; nos dijo el motivo, que era porque iban a cerrar”, señala la madre.
Sin salario desde hace 10 meses, 43 trabajadoras hacen sacrificios para mantener operando el centro. Al borde de la desesperación, dicen que ya no aguantan más. Apenas cuentan con la ayuda de 29 becarias de Jóvenes Construyendo el Futuro y el apoyo del gobierno municipal, que paga el recibo de electricidad (de unos 20 mil pesos) y les da papelería y artículos de limpieza.
El gobierno del estado mantiene en las instalaciones el servicio de recolección de basura, un módulo del Registro Civil y una oficina de la fiscalía estatal para atender casos de violencia.
En el módulo Vida Libre de Violencia las abogadas tienen unos 300 expedientes activos, entre juicios familiares de pensión alimenticia, divorcios, de guardia y custodia, reconocimiento de paternidad, y penales por violencia familiar, abuso sexual y violaciones.
“¿Cómo le vamos a decir a las mujeres a las que estamos acompañando jurídicamente que ya no vamos a poder seguir llevando sus casos?”, cuestiona la doctora Eréndira González, directora del centro.
La falta de recursos y apoyo del gobierno federal ha ocasionado ya el cierre de algunos servicios, como el de comedor comunitario, odontología, estudios de Papanicolau, colposcopia y ultrasonido obstétrico.
“Queremos que vengan a hacer el diagnóstico de Ciudad de las Mujeres y que con bases y fundamentos nos digan por qué lo van a cerrar. ¿Porque tiene el antecedente de que fue creado por Rosario Robles? Nosotras no somos parte de eso, no somos cómplices de sus estafas”, dice la directora, una mujer menudita que desde hace dos años encabeza el proyecto.
Otra vez la Estafa Maestra
El día del cumpleaños 49 de Enrique Peña Nieto, que se volvió viral en redes sociales porque al expresidente se le cayó el pastel, se inauguró la Ciudad de las Mujeres en Tlapa, la primera de su tipo en el país, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que invirtió 450 mil dólares.
Ese 20 de julio de 2015, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, actualmente en prisión preventiva, dijo que las mujeres “invisibilizadas” y “largo tiempo olvidadas” de la Montaña de Guerrero merecían atención especializada en una instalación de primer mundo.
“Cuando las mujeres crecen y asumen su papel de agentes de cambio en sus familias y comunidades, retrocede la pobreza, la exclusión social, las enfermedades, los embarazos adolescentes, la violencia y la injusticia. Por eso, esta inauguración es un acto de justicia social”, dijo Robles.
Pero la exfuncionaria federal operó el programa con irregularidades; jamás dotó a la Ciudad de las Mujeres de certeza jurídica o partida presupuestal y desde que la institución abrió sus puertas, el 22 de julio de 2015, el centro enfrentó dificultades económicas. Las trabajadoras cuentan que desde el inicio sufrieron retrasos en el pago de sus salarios. De hecho, en 2017 pararon labores porque les adeudaban cuatro meses.
Robles, señalada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, impulsó su creación en 2014 cuando era secretaria de Desarrollo Social, pero cuando en 2015 fue nombrada titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se llevó el proyecto con ella a esa secretaría, sin ninguna justificación.
Cuatro años después, el pasado 28 de junio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República, con base en la auditoría 1792 de la cuenta pública 2016, una serie de anomalías en la operación del programa bajo la gestión de Robles en la Sedatu, con el mismo esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.
La ASF señaló que la secretaría no presentó evidencia de la instalación de un software para el registro de las usuarias de la Ciudad de las Mujeres –mismo por el que le pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 185 millones 839 mil 480 pesos– y que el padrón que ésta entregó coincidía en 98.6% con el que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) le dio a la Auditoría Superior.
La ASF concluyó que la universidad simuló y elaboró “evidencia documental” para pretender comprobar la prestación de servicios a la Sedatu y que transfirió 98% del pago a empresas, algunas de las cuales no fueron localizadas.
“El software nunca fue instalado. A mí me llamaron a hacer una declaración a la PGR el año pasado. Fui con la encargada de los equipos de cómputo de la Ciudad y declaramos que jamás ha sido instalado un software en la Ciudad de las Mujeres”, acusa la directora del centro.
Además, el diagnóstico que presuntamente realizó el ITSC para determinar las necesidades de las mujeres de Tlapa y los municipios de la Montaña, era exactamente el mismo que fue financiado por el BID.
Por si fuera poco, ese mismo diagnóstico entregado por el ITSC fue pagado a la entonces Universidad Autónoma Indígena de México en 106 millones 838 mil pesos.
La Sedatu le pagó al Instituto de Comalcalco 100 millones 925 mil 740 pesos por el total de sus servicios, pero el dinero público presumiblemente terminó en empresas fantasma.
“No lo cierren”
Las calles de terracería y las chozas que invaden el paisaje confirman que Metlatónoc es el segundo municipio más pobre del país: 98.4% de sus habitantes vive en pobreza y 76.9% en pobreza extrema, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En este municipio –donde todavía hay viviendas que no tienen drenaje (62%) o electricidad (8.5) y donde de poco sirve tener un celular, porque no hay acceso a la red de telefonía móvil (aunque algunos comercios venden “fichas” de wifi a 10 pesos la hora)–, 43% de la población es analfabeta y 80% no terminó la educación básica, por lo que el centro representa una oportunidad para la educación de las mujeres.
Rogelia Ortiz Santiago es de Cochoapa el Grande, el municipio más pobre del estado, y todas las semanas se desplaza a Metlatónoc, a 8.4 kilómetros, por caminos intrincados, para enseñar a leer y a escribir en español y en mixteco a otras mujeres, pues desde hace tres meses es enlace regional del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Casada y con tres hijos, Rogelia no había tenido oportunidad de estudiar la preparatoria, pero logró hacerlo en la Ciudad de las Mujeres, que ofrece educación en coordinación con la SEP.
“Después de entrar a estudiar vi que muchas señoras sufren porque no saben leer ni escribir, ni saben firmar, ni saben escribir su nombre, entonces yo dije: ‘Tengo que ayudarles a esas señoras’”, cuenta en una calle custodiada por militares en lo alto de un cerro.
“Las mujeres de Cochoapa son muy talentosas, pueden hacer huipiles como el que yo traigo; estos dibujos son muy difíciles, entonces las letras son más fáciles y ellas lo pueden hacer”, dice.
Pese a que historias como la de Rogelia se multiplican en la región –Proceso entrevistó a una veintena de usuarias de la Ciudad de las Mujeres–, el gobierno federal no sabe qué hacer con este proyecto. La Sedatu incumplió el compromiso que hizo con las trabajadoras para liquidar el 30 de septiembre el adeudo salarial de 10 meses y realizar mesas de diálogo para determinar el futuro del centro.
“Va a desaparecer en la lógica en la cual se creó y está operando, porque está operando de una manera que no está cumpliendo con los temas normativos y jurídicos. Se va a modificar la vocación del lugar para que atienda las problemáticas más críticas de la Montaña”, dice en entrevista Javier Garduño, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlaces Institucionales de la Sedatu.
El funcionario federal asegura que este octubre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizará un diagnóstico a nivel territorial para impulsar un plan regional de desarrollo que sustituya a la Ciudad de las Mujeres.
Sin embargo, Dennise Cancino, secretaria general del morenista gobierno municipal de Tlapa, cuestiona que se vuelva a invisibilizar a las mujeres de la Montaña con la desaparición del centro creado para ellas.
“Sabemos que al centro le falta la certeza jurídica, pero creo que no tendría que ser pretexto. No tengo reparo en decirlo, hay que ver al centro desde el objetivo para el que fue creado, no por quién fue creado. Confío en que el gobierno federal continuará con este centro, que es de suma importancia para las mujeres de la región”, apunta la funcionaria municipal.
