Al relatar cómo durante casi una década Fundar pugnó en tribunales para que el Servicio de Administración Tributaria liberara la relación de grandes beneficiarios de condonaciones de impuestos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, el abogado de ese centro, Iván Benumea, revela que la lista que se dio a conocer el jueves 3 no está completa: se omitieron otros grandes beneficiarios cuyos casos siguen en litigio. Además, revela que desde el propio SAT se les avisó a decenas de empresas que por mandato judicial tenía que revelar esa información, lo que provocó que se ampararan. Sin embargo, los nombres de las compañías y sus dueños no son precisamente secretos…
Entre febrero y marzo de 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio el pitazo a una treintena de grandes empresas: la dependencia les informó que, por decisión de un juez, debía dar a conocer la lista de contribuyentes que se beneficiaron de condonaciones de impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En seguida las empresas interpusieron juicios de amparo para impedir la publicación de la lista. En coro, atacaron la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) número RDA 5354/15, con el pretexto de que dicho organismo no los había citado a audiencia, según consta en la versión pública de uno de estos amparos, con número 375/2017.
“Las empresas comenzaron a ampararse porque el SAT les notificó, claramente fue algo sesgado. Hay oficios de esto: los envió, a criterio totalmente discrecional, a aproximadamente 30 empresas del sector financiero, grandes corporativos, casas de bolsa, bancos, afores, televisoras, mineras, distribuidoras, cines, empresas de telecomunicaciones”, afirma Iván Benumea Gómez, abogado de la organización Fundar.
Desde hace cerca de una década, el activista y Fundar han litigado en tribunales para exhibir a los beneficiarios de las condonaciones de impuestos y vencer las resistencias del SAT, el cual se negó 47 veces a cumplir con instrucciones del INAI sobre las condonaciones de impuestos. Dichas negativas no motivaron sanciones de la Secretaría de la Función Pública, apunta Benumea.
La batalla legal de Fundar rindió sus frutos el pasado martes 1, cuando el SAT finalmente dio a conocer la lista de beneficiarios de condonaciones de impuestos, la cual incluye a 3 mil 624 individuos y 18 mil 263 empresas, a los que se les condonaron 188 mil 676 millones de pesos entre 2007 y 2018.
Además, reveló que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto cancelaron impuestos por 814 mil 623 millones de pesos –al considerarlos incobrables– a 58 mil 790 individuos y 50 mil 797 empresas.
Aunque la publicación provocó un terremoto –quedaron expuestas figuras y empresas de la élite político-empresarial mexicana, así como del mundo artístico y deportivo–, esa lista está incompleta: gracias a 60 juicios de amparo, 201 grandes compañías siguen sin aparecer en ella; no se sabe cuáles son ni el monto que le fue perdonado a cada una.
Sólo se sabe que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto les condonaron, en total, 101 mil millones de pesos; un promedio de 500 millones de pesos a cada una. La mayor parte de estas condonaciones se llevaron a cabo gracias a los programas de amnistía fiscal aplicados en los sexenios del expanista y del priista. Tan sólo en el programa Ponte al Corriente, lanzado en 2013, 36 compañías dejaron de pagar más de 80 mil millones de pesos al SAT.
En mayo pasado, el periódico Reforma reveló un oficio del SAT en el cual aparecían algunas de estas empresas amparadas, sin los montos condonados; sin sorpresa, aparecieron los corporativos de los multimillonarios mexicanos que crecieron al amparo del poder y que, año tras año desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, figuran en la exclusiva lista de Forbes.
El reportaje evocó, entre otros, a Grupo Carso y América Móvil, de Carlos Slim; Industrias Peñoles y Palacio de Hierro, de Alberto Bailleres González; TV Azteca y Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego; Grupo México, de Germán Larrea; Gruma, de la familia Hank; Televisa y Cablevisión, de Emilio Azcárraga Jean; y Cemex, de Rogelio Zambrano.
También están Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 7 Eleven, General Motors, Hewlett Packard, Cargill, Volkswagen, Grupo Herdez, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, ArcelorMittal, Jafra, Fuller y Aeropuertos de Cancún, así como los clubes de futbol América y Necaxa.
Los de siempre
Algunas de estas empresas recibieron los oficios del SAT que les advertían de la inminente publicación de sus datos.
“En muchos juicios alegamos que el SAT no tenía la obligación de notificar a los contribuyentes sobre el cumplimiento de una instrucción del INAI. Y el SAT en general es muy cuadrado en cuanto a sus obligaciones, sólo hace lo que la ley le dice. Entonces nos pareció extraño”, dice Benumea.
Consultada al respecto, Ana Margarita Ríos-Farjat, la titular del SAT, afirma que desconoce el tema: “Yo no tengo esos oficios. Si me los pueden pasar, investigaremos hasta el fondo de las consecuencias por qué se hizo eso, porque no debería ser”.
En entrevista con Proceso reconoce: “Vaya, todos llegaron a saber. Unos se enteraron antes de mala fe, sí, no sé la razón, te lo confieso. Porque lo que vi fue la hemeroteca, de cómo se empezaron a filtrar los nombres. Pero yo no conozco esos oficios; si hay oficios, ciertamente ahí tendríamos un problema”.
Varias empresas de los multimillonarios y contratistas mexicanos obtuvieron condonaciones de impuestos que sí aparecieron en las listas hechas públicas: empresas de Slim –América Móvil, Inbursa, Inversora Carso y Sercotel– obtuvieron condonaciones totales por más de 404 millones de pesos, y otras de Salinas Pliego –Azteca Holdings, Grupo Elektra, Banco Azteca y Azteca Novelas– dejaron de pagar 371 millones.
Grupo Modelo, de María Asunción Aramburuzabala, obtuvo una condonación de 352 millones; los Hank, a través de Banorte e Interacciones, recibieron descuentos por 251 millones; Grupo MVS, de la familia Vargas, se benefició de condonaciones por 270 millones de pesos.
A éstos se suman Simec Industrias e Industrias CH, del multimillonario Rufino Vigil González, con 545 millones de pesos, mientras que David Peñaloza Alanís, dueño de Pinfra, consiguió la condonación de 122 millones de pesos a través de Promotora y Administradora de Carreteras, como lo documentó este semanario en marzo pasado (Proceso 2212).
La propia Televisa indicó, en su primer informe trimestral de 2013, que obtuvo una condonación de impuestos de 3 mil 334 millones de pesos gracias al programa Ponte al Corriente, aplicado por el gobierno de Peña Nieto a principios de ese año.
Pero la lista que Fundar y el SAT dieron a conocer va más allá de los multimillonarios de Forbes e incluyen a algunos personajes y empresas involucrados en casos polémicos en las últimas décadas: uno de ellos fue Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas consentidos de Peña Nieto –que le construyó y financió la llamada Casa Blanca en las Lomas–, quien obtuvo condonaciones a su nombre y a nombre de su empresa, Constructora Teya, por más de 34 millones de pesos en el primer año de gobierno del priista.
Entre los beneficiarios también aparecieron Grupo Fertinal y Altos Hornos de México, ambos embarrados en sonados casos de corrupción con Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin; el banco Monex, señalado por la emisión de tarjetas de prepago durante la campaña presidencial de Peña Nieto; e IUSA, empresa de Carlos Peralta cuyo director general adjunto es Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas.
También surgieron los nombres de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, actual senadora y presidenta de Morena, quien afirmó posteriormente que la condonación de 16 millones de pesos se debió a un error del contador; Ana Guevara y Diego Fernández de Cevallos, así como el exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat y Arturo Zamora Jiménez, actual secretario general del PRI.
Quedaron expuestos de igual forma Juan Ramón Collado Mocelo, el “abogado de los poderosos”, ahora preso, por el caso Libertad Servicios Financieros –a la que se le condonaron 437 millones de pesos de impuestos–; la exprimera dama Angélica Rivera Hurtado; el exbanquero Carlos Efraín Cabal Peniche y su exsocio Paul Karam Kassab; un hermano del senador Ricardo Monreal Ávila y dos hijos del también senador Napoleón Gómez Urrutia.
La lista de condonaciones millonarias parece no acabar nunca: partidos políticos –el PRD recibió una condonación de 229 millones de pesos durante el primer año de gobierno de Calderón; el PAN, 5 millones; el PRI, 4 millones y medio, y el PVEM, 1 millón–; bancos, equipos de futbol, empresas farmacéuticas y cadenas de supermercados, además de los artistas José José, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Gloria Trevi…
Injusticia fiscal
Calderón reaccionó de inmediato a la publicación de la lista. Desde su cuenta de Twitter afirmó que en el caso del programa de condonación “no se trató de decisiones que arbitraria y personalmente hubiese hecho el presidente de la República” –es decir, él–, y afirmó: “En mi caso desconocía hasta el día de ayer la lista de contribuyentes acogidos a este programa”. También afirmó que se trató de un programa previsto en la Ley de Ingresos Fiscales, que votaron los diputados.
Sin embargo, según Benumea, los expresidentes Calderón y Peña Nieto “no se pueden lavar las manos”, dado que “sí participaron” en la implementación de los programas de amnistía.
“En 2007 la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la propuesta de amnistía fiscal –insiste el activista–; en 2013 fueron los diputados, y luego los senadores la avalaron, pero independientemente de que haya habido cambio de partidos en el poder, los presidentes y la SHCP sabían de estos programas de amnistía fiscal, con los que se condonan muchos impuestos a cambio de que el gobierno recaude muy poco.
“Las amnistías y condonaciones se caracterizan por romper el principio de que paguen más quienes más tienen; no distinguen estas diferencias y al final la ley permite que un grande y un chico se beneficien sin importar los montos.”
En consecuencia, apunta, “en términos de justicia fiscal, rompe totalmente esa regla. En el momento en que se idea una amnistía, el gobierno sabe que quienes más deben, quienes más recursos tienen, se van a beneficiar más (…) El problema es que cuando suceden dos amnistías tan cerca, se les da a los contribuyentes margen de maniobra para negociar, para dilatar el pago de sus impuestos”.
La batalla legal de Fundar arrancó en 2015, a raíz de una enésima resolución del INAI que instruía al SAT para que transparentara información sobre condonaciones y cancelaciones de adeudos fiscales –desde 2003 el organismo autónomo recibió 590 solicitudes de información sobre este tema–; y ante una enésima negativa del SAT a cumplir con la instrucción, la organización interpuso un amparo.
El recurso jurídico pasó por dos tribunales federales y ambos le concedieron la razón, ya que una reforma constitucional aprobada en 2015 hizo inatacables las resoluciones del INAI. Los amparos de las empresas y las resistencias del SAT retrasaron el proceso hasta que entró la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Bajo la gestión de Ana Margarita Ríos-Farjat, el SAT envió a cada uno de los contribuyentes de la lista una notificación para avisarle sobre la inminente publicación de los datos sobre condonaciones –ocho amparos se sumaron a la serie– y el pasado 30 de septiembre el SAT decidió publicar la lista, sin incluir a las empresas en litigio.
Durante los últimos cuatro años “el SAT no quería revelar la información a pesar de que el INAI se lo dijo muchas veces. No hubo sanciones. En nuestro juicio presentó recurso de revisión; incumplió la resolución… Puede decirse que fue un tipo de protección a los grandes contribuyentes –dice Benumea–. Creo que de algún modo fue cómplice en los sexenios anteriores, es responsable de que la información se mantuviera guardada tanto tiempo”.
Ríos-Farjat, por su parte, defiende la actuación institucional: “Creo que la autoridad fiscal anterior, los funcionarios del SAT, estuvieron protegiendo lo que entendían: el secreto fiscal. Tenían que demostrar el celo por el secreto fiscal hasta que un juez les ordenara publicar la información”.
Al preguntarle si los representantes de las grandes empresas se comunicaron con ella respecto a los amparos, la jefa del SAT afirma: “¡Nadie! Nadie conmigo. En este sentido nos tuvieron respeto y se lo agradecemos”. l
