En Michoacán todos los días hay un muerto, dice el presbítero José Luis Segura Barragán, y culpa al gobierno estatal, a los ayuntamientos y aun al Legislativo de estar coludidos con el narco. La entidad es un infierno donde la política de “abrazos y no balazos” de Andrés Manuel López Obrador no funciona. Hoy, dice, sólo los comuneros de la región purépecha parecen estar dispuestos a combatir la violencia desatada por la gente de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, que el lunes 14 ejecutó a 13 policías estatales.
Desde el corazón de Tierra Caliente, Michoacán, el sacerdote José Luis Segura Barragán sostiene que la entidad se ha convertido en un infierno. Y advierte: “Es un narcoestado” donde el crimen organizado gobierna y nada puede hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con su política de “abrazos y no balazos” para combatir al crimen organizado.
Las palabras del expárroco de la comunidad de La Ruana se sustentan en datos duros, como los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los cuales durante la gestión de Silvano Aureoles el número de muertes violentas o accidentales se incrementó 137%.
El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registradas 900 muertes, de las cuales 682 fueron violentas. El Observatorio Ciudadano de Michoacán, a su vez, revela que en municipios como Uruapan, Morelia y Zamora el aumento de homicidios violentos ha crecido hasta mil por ciento, rebasando los niveles de 2013, cuando surgieron las autodefensas.
“Esto es el infierno”, comenta Segura Barragán a Proceso. “Necesitamos un obispo como el anterior (Miguel Patiño), quien en 2013 sacó una carta muy crítica y provocó un cambio fuerte en el gobierno.”
Durante varios años él y otros sacerdotes de los municipios calentanos, como Gregorio López, han atestiguado la llegada de los grupos criminales y la complicidad de algunos funcionarios estatales y municipales.
“No hay nadie a quien pedir ayuda; hasta la prensa está controlada”, comenta Segura Barragán mientras se reúne con sus pares en Apatzingán.
Conocedor de los entresijos formados por décadas de complicidad entre criminales y políticos en Michoacán, precisa que todas las autoridades, legisladores y hasta jueces están controlados por el crimen organizado desde hace varios gobiernos.
Días después de la matanza en la comunidad El Aguaje, municipio de Aguililla, donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mató a 13 policías, el entrevistado señala que la violencia en Michoacán es resultado de la fragmentación del grupo de Los Caballeros Templarios, cuyo poder fue tan grande que controlaba todo el estado.
“La violencia es causa de esa fragmentación. Para derrotar a Los Caballeros Templarios, Alfredo Castillo creó las autodefensas, las armó y dejaron que entraran en ellas todo tipo de personas, incluidos muchos delincuentes.
“Cuando lograron desarticularlas, se formaron otros grupos y comenzaron a luchar entre ellos mismos y, por supuesto, con la complicidad de los presidentes municipales y del gobernador Silvano Aureoles.”
La pelea entre los grupos criminales, insiste Segura, también se ha recrudecido ante la falta de alguien que los coordine y los una: “Quien lo estaba haciendo era el procurador Martín Godoy, a quien trajo Castillo”.
Desde que murió Godoy en el helicopterazo del pasado 24 de julio todo se descontroló, ya no hubo respeto entre los grupos y empezaron a luchar entre ellos mismos.
“Esto se recrudeció a raíz de que el CJNG ha querido posicionarse en Michoacán y se unieron todos los grupos que estaban dispersos para luchar en su contra. Michoacán es un narcoestado”, apunta el presbítero, quien revela que la matanza en Aguililla fue un ajuste de cuentas.
Una semana candente
Aguililla es un municipio clave en la historia del narcotráfico en Michoacán. Además de tener tierras fértiles para la producción de limón, jitomate y chile serrano, y grandes extensiones de bosques tropicales, desde hace medio siglo también es fructífero para la mariguana y la amapola.
Desde los ochenta se construyeron pistas clandestinas para aviones colombianos cargados con cocaína que era transportada por la familia Valencia y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quienes entonces formaron el Cártel del Milenio, el antecedente directo del CJNG.
El Mencho, líder del CJNG, nació en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla. Después de 2003, cuando fue encarcelado, sus cuñados Abigael, Eduardo y José González Valencia fortalecieron el grupo en Jalisco bajo la égida de Ignacio Coronel, donde comenzaron a operar bajo el nombre de Los Matazetas.
En 2014, cuando el gobierno federal descabezó a Los Caballeros Templarios, el CJNG regresó a Michoacán, su lugar de origen, y se expandió por todo el país. Hoy es la organización criminal más peligrosa y adinerada de México, con ramificaciones en Europa.
Hoy El Mencho le disputa el control de Michoacán a otras agrupaciones. Según información del gobierno de Aureoles, en enero pasado Los Viagra, La Nueva Familia Michoacana y Los Templarios acordaron en una reunión en Pátzcuaro enfrentar unidos al CJNG.
En ese contexto, afirma Segura, el lunes 14 por la mañana en Aguililla un grupo de policías estatales, algunos de los cuales eran miembros de Los Viagras, fueron emboscado por sicarios del CJNG.
Con esa acción empezó la peor semana en materia de seguridad para el gobierno de López Obrador. La gente del Mencho mató a 13 uniformados en una emboscada; incendiaron sus unidades y dejaron mensajes intimidatorios en los que señalaban que controlarían la región donde nació Oseguera Cervantes.
Una hora antes de la emboscada, López Obrador presentó en Palacio Nacional el informe sobre seguridad pública. Dijo: “No se puede –lo he dicho muchas veces y lo repito– apagar el fuego con el fuego; no se puede enfrentar la violencia con la violencia; no se puede enfrentar al mal con el mal. Al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso esa es la nueva estrategia”.
El martes 15, en su conferencia matutina, el mandatario lamentó las 13 muertes en la región calentana. Dijo que su administración está apoyando a las autoridades locales y al gobierno del Estado e insistió en que se mantendrá la estrategia de atender las causas sociales y económicas.
“Estoy optimista –declaró–. Creo que vamos a lograr la paz en el país y que vamos a lograr evitar estos hechos violentos. Es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. (Aguililla) es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social… Quisiera que se avanzara más.”
Aureoles confrontó al gobierno federal y el mismo martes 15, durante una ceremonia de reconocimiento a los oficiales muertos, dijo: “Los delincuentes no entienden de consejos”, en referencia a la posición de López Obrador de no usar la violencia para combatir al crimen organizado.
No obstante, Segura Barragán advierte que lo de Aguililla fue un mensaje del CJNG al gobernador: “En ese grupo de policías que atacaron, unos que están desaparecidos eran Viagras disfrazados de policías, por eso fue el ataque tan fuerte al estilo de lo que ocurrió en Culiacán (el jueves 17), porque no hubo ninguna baja de los delincuentes y asesinaron a 13 o 14 policías, los quemaron y mutilaron”.
El sacerdote que llegó a la comunidad de La Ruana donde en 2013 se dio el levantamiento de las autodefensas, tuvo que salir de ahí cuando ya estaba dominada por el crimen organizado.
“No se puede vivir aquí, cobran cuota hasta en las funerarias para sacar a los muertos e irlos a enterrar. Estamos en el infierno, no se puede acudir a nadie”, asevera; no se puede hacer nada legamente ante las autoridades porque están cooptadas o amenazadas.
“No pueden hacer nada más que ayudar a los cuates, pero no se trata de atacar al crimen ni a los narcos. No se puede acudir a ninguna autoridad porque todas –y digo todas– están amedrentadas o cooptadas.”
–¿Qué puede hacer el gobierno de López Obrador?
–Nada, porque el presidente no creo que vaya a cambiar de estrategia de abrazos, besos y no balazos. Desde que comenzó a poner esa regla o principio, el crimen se fue empoderando porque no se les ataca.
Además hay un problema político. Silvano no quiere reconocer la situación y disminuye la cifra de los asesinados o de cualquier tipo de violencia, da unas cifras para aparentar que estamos en paz, pero no es así. En Michoacán todos los días hay asesinatos.
–Ante esta situación, ¿qué puede hacerse si no puede acercarse a ninguna autoridad?
–Están surgiendo autodefensas, pero en los pueblos originarios de la región purépecha, donde hay una fuente de rebeldía ante la falta de justicia frente los asesinatos a sus familias. Los indígenas son los más unidos, aunque también están los ricos productores de aguacate en Uruapan, quienes están pagando a sus propios policías o a los grupos criminales para que los dejen sacar sus productos.
Rebeldía indígena
A mediados de septiembre las comunidades indígenas purépechas de Cherato, Cheratillo, Oruzcato y 18 de Marzo, municipio de Los Reyes, decidieron instalar barricadas como en 2013 para defenderse de incursiones del CJNG.
En entrevista, integrantes del Consejo de Cherato señalaron que no sólo en la Tierra Caliente se están librando batallas contra el crimen organizado, principalmente contra el CJNG, sino también en la sierra purépecha “por la posesión de plazas y porque se quieren adueñar de las huertas de aguacate”.
El 12 de septiembre, comuneros de las tenencias Cherato, Cheratillo, Oruzcato y 18 de Marzo realizaron una asamblea para denunciar en público su desconfianza hacia Aureoles: “No confiamos en el gobierno estatal porque vemos que están coludidos con los narcotraficantes, porque en vez de atacarlos a ellos nos atacan más a nosotros porque nos defendemos; nos criminalizan como comunidades por defendernos”.
Los comuneros que en 2013 formaron su policía comunitaria manifestaron desde entonces su decisión de defenderse solos de los embates del CJNG con sus rifles de caza, machetes, palos, resorteras “y cualquier otro instrumento que nos permita defender nuestro territorio”.
Y en una carta enviada a López Obrador le piden intervenir ante Aureoles para impedir que desintegre a su policía comunitaria. “Queremos hacerle entender al gobierno que en Michoacán las cosas no están bien. Lo que queremos es que se visibilice lo que está pasando aquí: que en los pueblos pagan una renta al crimen organizado para poder vivir. Eso es lo que nosotros queremos que se entienda y que no nos criminalicen a nosotros”, dice uno de los habitantes de Cherato en entrevista telefónica.
A estas comunidades se sumó el sábado 12 la tenencia de Urapicho, municipio de Paracho, cuyos habitantes decidieron “levantarse en armas” por la muerte de las familias a manos del crimen organizado.
“Ya estamos cansados de la delincuencia organizada, que las autoridades pasan por alto; ya nomás queremos decirles que no vamos a molestar a gente inocente., Queremos invitar a la población del municipio a formar parte del movimiento para sustituir al director y subdirector de Seguridad. Queremos que pongan una persona que nos brinde seguridad y no a desconocidos, quienes sólo buscan su beneficio”, manifestaron en una carta.
Esas comunidades indígenas, sostiene Segura Barragán, son la única expresión confiable de lucha contra el crimen organizado en Michoacán, porque no se puede confiar en ninguna autoridad municipal o estatal, incluido Aureoles.
