La carrera de Eduardo Medina Mora, que ocupó cargos estratégicos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sin otro mérito que su lealtad a toda prueba, llegó a su peor momento: la renuncia a su cargo de ministro de la Suprema Corte que se dio a conocer el jueves 3. En su negro historial se cuenta la operación sin escrúpulos de la represión y el espionaje, la intervención en los videoescándalos para descarrilar la candidatura de AMLO en 2004 y, recientemente, la franca defensa del círculo de Peña Nieto en sus múltiples escándalos de corrupción. Pero lo que lo acabó fue la investigación que se le hace por presunto lavado de dinero.
Eduardo Medina Mora prefirió renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) terminara la investigación en su contra por lavado de dinero. Evitó así el escenario de ser sometido a juicio político y al desafuero en caso de que se le encuentre responsabilidad por la triangulación internacional de 102 millones de pesos como alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin precedente en la historia reciente de la Suprema Corte, y sin expresar causa alguna, Medina Mora le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Ejecutivo la aceptó de inmediato. La propia SCJN prefirió guardar silencio.
Fuentes judiciales dijeron a Proceso que la FGR abrió desde hace meses una carpeta de investigación contra Medina Mora a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, luego de que se dio a conocer el movimiento de recursos a través de una empresa familiar, contratista de los gobiernos del PAN y del PRI, de los que fue alto funcionario.
El viernes 4 Santiago Nieto confirmó que desde hace dos meses la UIF, que él encabeza, presentó la denuncia contra Medina Mora por lavado de dinero. De paso, cuestionó que el aún ministro haya “cercenado buena parte” de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito de proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno de Peña Nieto.
Explicó que uno de los criterios de Medina Mora fue la improcedencia de que una autoridad mexicana solicitara el congelamiento de cuentas bancarias, salvo cuando se trata de peticiones de gobiernos extranjeros.
Ese criterio utilizó para permitir que su amigo, el abogado Juan Collado, preso también por lavado de dinero, moviera 10 millones de euros de sus cuentas antes de ser arrestado por la FGR, según publicó el jueves el columnista Salvador García Soto, quien en junio pasado reveló las millonarias cuentas y transferencias del ministro desde México a Gran Bretaña y Washington a través del banco HSBC, entre 2016 y 2018.
Medina Mora, además, resolvió a finales del año pasado que el expresidente Peña Nieto no puede ser investigado en el caso de los desvíos de recursos del PRI en las elecciones intermedias de 2015 y que afectaron los ingresos del estado de Chihuahua.
La carrera burocrática de Medina Mora, de 62 años, concluye de forma abrupta con su renuncia. Se caracterizó siempre por la improvisación. Quedó marcada por pifias, como la Operación Limpieza, los granadazos en Morelia o el michoacanazo en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En su trayectoria pública también está registrada la represión de la desaparecida Policía Federal Preventiva en Atenco y Oaxaca, en 2006; y su salida de la embajada de México en Washington, en 2015, en pleno ascenso de Donald Trump a costa de agresiones a México para llegar a la SCJN.
Durante toda su trayectoria en altas posiciones del Estado, Medina Mora se distinguió por la opacidad. Según consta en la página de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, en ninguno de sus cargos estuvo dispuesto a manifestar su patrimonio, incluida su participación en la empresa Compusoluciones y Asociados, que es objeto de las investigaciones de la UIF y de la FGR.
Su riqueza fue expuesta en la prensa en junio pasado y no se justifica con sus ingresos, de por sí altos, como ministro de la Corte.
El choque con AMLO
“El presidente aceptó la renuncia horas antes de que trascendiera públicamente”, dijeron las fuentes de este semanario. Aunque en ese momento no se habían aclarado las “causas graves” que establece el artículo 98 de la Constitución para que el presidente acepte la renuncia de un ministro de la Corte y la apruebe el Senado de la República.
A pesar de que su renuncia ya había sido aceptada por el presidente, la SCJN pretendió darse por no enterada. La tarde del jueves 3, cuando la noticia ya se había extendido, el máximo tribunal publicó en su cuenta de Twitter que estaba en espera de la confirmación de la renuncia.
La oficina de comunicación social de la SCJN dijo que carecía de elementos para confirmarla “y se mantiene a la espera del trámite” que, en su caso, realicen el Poder Ejecutivo y el Senado de la República.
En su conferencia de prensa del viernes 4 por la mañana, en la Escuela Militar de Tenientes de la 25 Zona Militar del Ejército, en Puebla, el presidente López Obrador dijo al respecto: “Él decide separarse del cargo. Me pide que se apruebe la renuncia, de conformidad con la ley”.
En su carta, de sólo dos párrafos, Medina Mora no expresó ningún motivo, pero el presidente se encargó de revelarlo: “Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé cuántas, que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”.
Fue la culminación del viejo desencuentro entre el actual mandatario y Medina Mora. En 2004, cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y aquél, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el gobierno de Vicente Fox le asestó un duro golpe al que se consideraba candidato natural de la izquierda en su pretensión de llegar a la Presidencia de la República.
Por conducto de su delegado en la Ciudad de México, José Luis Valles, el Cisen operó una reunión con el empresario Carlos Ahumada y el entonces senador del PAN, Diego Fernández, luego de que Televisa difundiera los videos que mostraban el soborno a funcionarios del gobierno local de López Obrador por parte del constructor de origen argentino.
Los videos mostraron que René Bejarano, entonces secretario particular de López Obrador, y Carlos Ímaz, en ese momento esposo de la ahora jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, recibieron dinero de Ahumada, en lo que el ahora presidente calificó de complot en su contra.
Otra de las protagonistas de esa trama, Rosario Robles, está ahora en prisión, acusada de ejercicio indebido del servicio público como funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, por el desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social en el caso conocido como “la Estafa Maestra”.
Tres lustros después de aquella confrontación, periodo en el cual Medina Mora fue encumbrado en altas posiciones del Estado mexicano, los papeles se invirtieron y ahora Medina Mora es quien tiene que enfrentar a la justicia después del marcaje al que fue sometido desde el poder.
Marcaje político-financiero
En enero pasado, apenas llegó a la Presidencia de la República, López Obrador arremetió contra el renunciado ministro. En un acto en el estado de Veracruz aludió a él como representante del “huachicoleo de cuello blanco” en el Poder Judicial de la Federación:
“Cuando llegamos, entrando entrando, querían unos exdueños de la empresa Modelo que se les devolvieran como 35 mil millones de pesos por ISR (Impuesto Sobre la Renta). Y esto era una costumbre. Los de arriba o no pagan impuestos o cuando pagaban se les devolvía, ya sea el IVA o el ISR. Nos dimos cuenta e intervenimos en la Suprema Corte. Y a pesar de que ya había un dictamen para que se les devolviera el dinero, se echó atrás esa resolución. ¿Cuánto nos ahorramos? 35 mil millones de pesos. Esto, con los huachicoleros de cuello blanco”, dijo López Obrador el 29 de enero en un acto público en Minatitlán.
El proyecto de resolución al que se refirió el presidente fue elaborado por Medina Mora. El amparo fue interpuesto por Beatriz Sánchez Navarro Redo para que le devolvieran 47 millones 722 mil 955 pesos con motivo de la retención de impuesto por la venta, en 2012, de su participación accionaria de apenas 0.18% del capital social del Grupo Modelo, según consta en el amparo consultado por este semanario.
La Consejería Jurídica de la Presidencia y el Sistema de Administración Tributaria cabildearon en la SCJN, ya en la gestión de Arturo Zaldívar, y lograron que los ministros de la Primera Sala rechazaran la propuesta de Medina Mora, dijeron a Proceso fuentes del sector.
Fue el inicio del marcaje contra el ministro. A los pocos días del señalamiento falleció su esposa, quien se había quedado en Washington contratada por la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que Medina Mora dejó el cargo de embajador de México en Estados Unidos, según dio a conocer el periódico El Universal en 2015, cuando fue designado juez constitucional, el último de sus cargos de una carrera burocrática encumbrada, pero marcada por la polémica.
Improvisación y fracasos
Antes de ingresar al sector público, Medina Mora se desarrolló en el empresarial. Fue director adjunto del Grupo Desc, un conglomerado de empresas industriales –del sector del consumo, químico y automotriz– e inmobiliarias dedicadas al desarrollo residencial y turístico. Trabajó en el grupo durante 10 años, hasta que el presidente Vicente Fox lo nombró director del Cisen, convertido hoy por el gobierno de López Obrador en Agencia Nacional de Inteligencia.
Sin ninguna experiencia en el ámbito de la inteligencia y seguridad nacional, como en ninguna de las otras altas posiciones que ocupó, cuando llegó al Cisen anunció una reestructuración que se quedó en promesa. Gestionó la Ley de Seguridad Nacional, que se limitó a regular a esa agencia, en la que pretendía imponer la clasificación de la información de seguridad nacional hasta por 30 años. Grupos de académicos y especialistas lograron que el Congreso fijara como plazo máximo de reserva 12 años.
En 2005 pasó del Cisen a la ya también desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal, en reemplazo de Ramón Martín Huerta, quien falleció en septiembre de ese año, cuando se estrelló el helicóptero en que viajaba al penal de alta seguridad en Almoloya, Estado de México.
Como encargado de la seguridad pública y responsable de la Policía Federal Preventiva (PFP), Medina Mora quedó marcado por dos operativos que devinieron en represión.
En mayo de 2006 la PFP entró al pueblo de San Salvador Atenco, Estado de México, para arremeter contra los pobladores que se habían enfrentado a las fuerzas policiales en su rechazo a la construcción del aeropuerto internacional propuesto por Fox en Texcoco.
El operativo, en el que también participaron policías municipales y del estado, gobernado entonces por Enrique Peña Nieto, dejó centenares de detenidos, incluidos menores de edad. Elementos policiales violaron a mujeres detenidas. El caso fue denunciado internacionalmente. En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano como responsable de “violencia sexual, violencia y tortura” contra 11 de las mujeres detenidas.
En octubre siguiente, en medio de una crisis magisterial, la PFP reprimió las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ingresó violentamente al centro histórico de la capital del estado para desalojar la plaza. El saldo fue de cuatro muertos.
Cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia, designó a Medina Mora titular de la PGR. Su gestión fue de fracaso en fracaso. En un supuesto combate a la corrupción interna, emprendió lo que llamó Operación Limpieza. Varios funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, incluido su entonces titular, Noé Ramírez Mandujano, fueron detenidos, pero los absolvieron después de varios años de reclusión.
Ocurrió lo mismo en el caso del ataque terrorista en Morelia el 15 de septiembre de 2008. La PGR de Medina Mora detuvo a tres personas que fueron torturadas para inculparse y que después de 11 años acaban de ser absueltas en definitiva por falta de pruebas (Proceso 2237). La historia se repitió en 2009, cuando la PFP detuvo a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez local, y la PGR los procesó como protectores del narcotráfico en la entidad. El caso, que se conoció como el michoacanazo, acabó en otro fiasco con la liberación paulatina de los detenidos.
En medio de una confrontación con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 2009 Calderón nombró a Medina Mora embajador de México en Gran Bretaña. Permaneció en Londres tres años, hasta que Peña Nieto lo designó embajador ante Estados Unidos, puesto que ocupó entre enero de 2013 y marzo de 2015, cuando el propio Peña lo propuso como ministro de la SCJN, cargo que debía ocupar hasta 2030.
Finalmente, los movimientos financieros que hizo a través de Gran Bretaña y Estados Unidos lo pusieron en la mira de los gobiernos de esos países al ser considerado “persona políticamente expuesta” y ahora lo dejaron en manos del gobierno de la 4T.
Cuando el Senado de la República apruebe la renuncia, López Obrador deberá proponer a los legisladores una terna para sustituir a Medina Mora, lo que será la tercera designación que haga el presidente en el máximo tribunal.
