Ante la matanza del jueves 5 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que murieron ocho personas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó que militares y policías estatales realizaron un operativo criminal que intentaron disfrazar de enfrentamiento con narcos. Mediante el testimonio de vecinos y familiares de las víctimas, la organización civil reconstruyó la detención arbitraria de personas, la tortura a que las sometieron para vestirlas con ropas de camuflaje y su posterior asesinato a la luz del día. Ahora mucha gente está en peligro por denunciar o corroborar los hechos.
Con un largo historial de hechos violentos y abusos de las Fuerzas Armadas durante más de una década de “guerra contra el narcotráfico”, Nuevo Laredo se convirtió en escenario del que podría ser el primer caso de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La muerte de ocho personas y el montaje de un supuesto enfrentamiento entre policías y narcos a plena luz del día, el jueves 5, se atribuye a efectivos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el cuerpo élite de la Policía Estatal, con la participación de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los hechos ocurrieron días después de que, el 27 de agosto, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitara a López Obrador “una estrategia conjunta para terminar con la violencia y la inseguridad” en la entidad fronteriza.
Las muertes, que el gobierno tamaulipeco presentó como el resultado de un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes del Cártel del Noreste (CDN), fueron denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez.
El caso fue documentado a partir de relatos de testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes ahora sufren de intimidaciones al igual que los integrantes del CDHNL, con rondines de militares y policías estatales en las inmediaciones de sus domicilios.
El miércoles 11 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para al menos 30 personas, pero el temor persiste, por lo que se pidió a los medios de comunicación mantener en reserva los nombres completos de las víctimas, sus familiares y testigos.
En terreno peligroso
Jennifer, de 21 años, originaria de Cuautitlán, Estado de México, y estudiante de enfermería, decidió dejar su casa materna el lunes 2 para acompañar a su novio Carlos, guardia en la automotriz Ford, quien iría a buscar un mejor empleo a Nuevo Laredo. El miércoles 4 la joven se comunicó con su tío Aurelio, quien es sacerdote.
“Se oía asustada. Le dije que se regresara, que le mandaba para el pasaje, pero ella me contestó que su novio no la dejaba regresar. Me pidió que le mandara mil pesos a la cuenta de su novio; así supe el nombre de esa persona.
“El viernes, como a las 10 de la mañana, recibí una llamada de ese hombre. Me dijo: ‘¡Mataron a Jenny!’ Yo sólo alcancé a decirle: ‘¡Tú te la llevaste, cabrón!’. Solté el teléfono, no podía creer lo que escuché. Empecé a hacer llamadas para confirmar lo que ese tipo me había dicho y así me enteré de que en Nuevo Laredo no había Semefo”, narra a Proceso el sacerdote.
Horas después los padres de Jennifer le comunicaron a Aurelio que Carlos les había dado unos números telefónicos de Nuevo Laredo para recuperar el cuerpo de la joven, pero no se atrevían a marcar porque estaban moralmente destrozados.
“Marqué a uno de esos números –continúa el sacerdote– y la persona que me respondió dijo que si no sabía en qué pasos andaba mi niña, que ella trabajaba para ellos, que eran del Cártel del Noreste y que le diera un número de cuenta para que ellos depositaran dinero para ir a Nuevo Laredo por ella a una funeraria privada.
“Yo le dije que eso era mentira y le colgué. Estuvieron llamando insistentemente para que les diéramos un número de cuenta. Decían que, si no, mandarían a la fosa común a Jenny. No hicimos caso. Dejaron de marcar cuando los papás de Jenny la identificaron. Supimos que a los familiares de otras personas les pasó lo mismo, pero nadie aceptó el dinero. Sospechamos que quienes llamaban eran policías estatales que buscaban comprar el silencio de las familias.”
El sábado y el domingo, en Nuevo Laredo, los padres de Jennifer estuvieron todo el tiempo vigilados por policías estatales. En la funeraria y en las oficinas de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas fueron acosados y presionados para obtener información del lugar donde se hospedaban.
Al identificar a Jennifer, sus padres pudieron ver que la joven tenía golpes en todo el cuerpo. Ahora se presume que fue torturada para obligarla a vestirse con un uniforme de camuflaje con las insignias del CDN y después ejecutarla en la vivienda del señor Severiano Treviño, quien corrió la misma suerte que la estudiante de enfermería y otras seis personas.
Operativo criminal
De acuerdo con las indagatorias del CDHNL, la jornada violenta del jueves 5 empezó a las cuatro de la madrugada, cuando Luis, de 19 años, fue sacado de su domicilio en la colonia Buenavista por policías estatales. En el operativo participaron miembros del CAIET resguardados por soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada.
Una hora después, el convoy de militares y policías estatales se dirigió tres kilómetros hacia el sur, hasta la calle Héroe de Nacataz, donde irrumpieron en un edificio de departamentos, del que sacaron por la fuerza a tres hombres y tres mujeres, entre ellas Jennifer.
Antes de llevárselos los maltrataron. A un joven le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el abdomen con un bate. Esto lo contaron dos mujeres que vivían en el edificio, a quienes los agentes estatales ataron con cinchos de plástico a sus camas y las amenazaron con “desaparecerlas o asesinarlas” si denunciaban lo ocurrido, según documentó el CDHNL.
Dos de los detenidos en el domicilio de Héroe de Nacataz eran originarias de Coahuila (una mujer de Frontera y un hombre de Monclova), en tanto que otro varón era de Oaxaca. La organización civil confirmó que los familiares de las víctimas no se conocían entre sí.
Las siete personas fueron subidas a vehículos oficiales y conducidas al número 902 de la Avenida 7, en la colonia Valles de Anáhuac, ocho kilómetros al poniente, donde al menos 20 elementos armados irrumpieron a las siete de la mañana, rompieron puertas y levantaron a golpes a Severiano Treviño y a su hija Kassandra, quienes descansaban en habitaciones separadas, la joven con su niña Kendra.
En entrevista con Proceso, Kassandra cuenta que su padre fue golpeado de manera salvaje por policías vestidos de negro, quienes le preguntaban por unas armas, para después obligarlo a vestir ropa con camuflaje y esposarlo.
Ante el incontrolable llanto de Kendra, de dos años, los agentes golpearon a su madre y a su abuelo. La joven madre y su bebé fueron echadas de la casa bajo la advertencia de que serían desaparecidas si denunciaban lo ocurrido o se atrevían a regresar.
“Cuando me sacaron de la casa, toda tapada, serían como las ocho, vi a estatales que habían metido una troca al patio, corrí buscando ayuda y me encontré a mi prima Melisa. Le conté lo que había pasado y ya no volví a la casa por miedo, pero mi prima Melisa y mis tíos fueron a tratar de rescatar a mi papá”, recuerda Kassandra, quien el domingo 8 presentó una denuncia formal por la ejecución de su padre ante la fiscalía estatal.
Los familiares de Kassandra, vecinos también de Valles de Anáhuac, intentaron llegar a la casa de Severiano, pero advirtieron que en un radio de al menos 500 metros las calles estaban bloqueadas por aproximadamente 20 vehículos militares y de la Policía Estatal, entre camionetas pick up, unidades blindadas y vehículos particulares adscritos al CAIET.
“¡No estén de panochones (soplones)! ¡Les va a cargar la verga si siguen viendo! ¡No sean metiches!”, gritaban los soldados y policías a los vecinos que trataban de indagar qué ocurría. El maltrato fue parejo, incluso para las ancianas que se asomaban a la calle ante el movimiento inusual.
Frente al domicilio de Severiano los vecinos vieron al menos tres vehículos blindados de la Policía Estatal, de los cuales bajaron a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, esposados con las manos en la espalda y las cabezas cubiertas por sus propias ropas.
El CDHNL documentó los testimonios de vecinos que vieron a los siete detenidos ingresar vivos al domicilio de Severiano, además de especificar que los agentes estatales llevaban uniformes y armas en otro vehículo.
Los familiares de Kassandra y varios vecinos presenciaron, alrededor de las nueve de la mañana, cuando los vehículos militares abrieron paso a una grúa municipal que arrastraba una camioneta Tundra negro mate, que colocó frente a la fachada del domicilio. Una hora más tarde se escucharon armas de fuego.
“Cuando se escucharon los primeros disparos la gente corrió a sus casas, pero volvieron a salir cuando se dieron cuenta de que no se trataba de un enfrentamiento”, confía en entrevista Melisa, prima de Kassandra.
Alrededor de las tres de la tarde el operativo terminó con el levantamiento de cuerpos por peritos de la fiscalía del estado. En los primeros peritajes se demostró que tres de las víctimas tuvieron resultados negativos en la prueba de radizonato de sodio, en tanto que cuatro armas localizadas cerca de los cuerpos no fueron disparadas.
En redes sociales circularían fotografías de las ocho personas sin vida, con uniformes de camuflaje, botas y equipo táctico, además de armas de grueso calibre junto a ellas, sin casquillos percutidos a su alrededor. Las personas eran presentadas como “sicarios” del CDN abatidos en un enfrentamiento con policías estatales.
Al ver esa información, Ramón, de 57 años, que en enero de este año ingresó al ayuntamiento municipal como operador de grúa de la Dirección de Tránsito y Vialidad, se alarmó.
El vehículo que según las autoridades había sido utilizado por los ocho sicarios para enfrentar a los policías estatales, era el mismo que Ramón había trasladado del crucero Francisco I. Madero y General Carlos Osuna a la colonia Valles de Anáhuac, como le ordenaron sus superiores. Éstos, a su vez, recibieron un llamado del coordinador de la Policía Estatal, Pedro Rosales Córdova, para que le facilitaran una grúa.
Temeroso de resultar implicado en los hechos, Ramón redactó un informe interno, dirigido al director de Tránsito, Mauricio Martínez Monroy, en el que describe a un militar de entre 55 a 60 años, de “pelo entrecano y piel aperlada”, así como a un policía estatal de 1.70 metros, con el rostro cubierto, como los oficiales que le ordenaron enganchar la camioneta que se encontraba en la calle y seguirlos hasta el punto final, donde le dieron indicaciones para acomodar el vehículo.
Ramón informó que el convoy estaba formado por al menos cinco vehículos, tres de ellos militares que iban en la parte posterior de la caravana. Añadió que los oficiales lo intimidaron para que no notificara de lo ocurrido. Por videos recuperados por el CDHNL se pudo identificar los números económicos de las unidades militares: 0916312, 0916324 y 0916593.
La investigación del CDHNL determinó que cuando Ramón arrastró el vehículo no tenía impactos de bala ni se le había montado el equipo blindado, como después apareció en redes sociales.
Hasta el cierre de edición, los sobrevivientes de la masacre, los familiares de las víctimas y los integrantes del CDHNL se mantienen en espera de que el gobierno federal les otorgue medidas de protección y se esclarezcan los hechos. l
