Valparaíso, Chile.- El gobierno de Sebastián Piñera está por conseguir que se apruebe en el Parlamento una reforma tributaria que, en los hechos, implicará que las mil empresas más ricas del país dejen de pagar más de 800 millones de dólares en impuestos. Esta baja en la recaudación se compensará con un combate a la evasión del IVA, que es un impuesto regresivo.
Pese a no tener mayoría parlamentaria, el presidente Piñera, con el apoyo de su coalición Chile Vamos y del “opositor” Partido Demócrata Cristiano, consiguió el pasado 22 de agosto que la Cámara de Diputados aprobara su proyecto por 80 votos contra 63.
El aspecto más cuestionado de esta iniciativa legislativa es el retorno al sistema integrado de tributación que operaba en Chile hasta que la presidenta Michelle Bachelet promulgara, en 2014, una nueva ley de tributación semiintegrada.
Esta norma, que opera en plenitud desde 2017, hizo que las empresas tuvieran una tasa efectiva de tributación de 9.45% (nominal de 27%), que de todos modos es una de las más bajas del mundo.
Pese a la reforma de Bachelet, el sistema tributario chileno es el más regresivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), puesto que la mayor parte de la recaudación tributaria, 54.6%, se basa en impuestos indirectos como el IVA, en que los ricos pagan menos que los pobres.
En la OCDE el promedio de estos impuestos es de 32.4%.
Según establecen los economistas George Lambeth, Cristóbal Otero y Damián Vergara en su artículo “Cómo y por qué el gobierno permitirá a las empresas no pagar impuesto corporativo”, publicado el 18 de julio en el sitio del Centro de Investigaciones Periodísticas, la reforma de Piñera provocará que la tasa efectiva de tributación sea de 0% para todas las empresas.
Estos investigadores refutan el argumento de Piñera y de los think tanks de derecha acerca de que en Chile se cobran altos impuestos corporativos. Además, señalan que “la reforma tributaria que propone el gobierno no sólo disminuye a cero el impuesto a las empresas; también baja el que pagan sus dueños, y aumenta la posibilidad de estos de evadir o eludir sus obligaciones”.
Los autores también desmienten que el impuesto “ahorrado” se transforme en inversión, como sostienen los medios oficialistas para justificar esa propuesta.
En entrevista con Proceso, el doctor en ciencias políticas y maestro en desarrollo económico de la Universidad de Cambridge, Hassan Akram, expresa que la propuesta de Piñera de supuesta “modernización” tributaria empeora la mala distribución del ingreso en Chile, fundamentalmente porque repone la reintegración. “Significa que los más ricos pagan menos impuestos porque aumenta el porcentaje que los empresarios pueden descontar de sus impuestos personales de lo ya pagado por sus empresas, de 65% a 100% del impuesto corporativo”.
El académico, director de la sede chilena de la Universidad Wake Forest, explica que en el sistema integrado “las empresas no tributan, puesto que los impuestos que pagan en realidad son adelantos (o créditos) de lo que deberán pagar sus dueños posteriormente”.
En el sistema desintegrado, que funciona en la mayoría de los países desarrollados, tanto empresas como sus dueños pagan impuestos.
Akram –uno de los pocos economistas no afines a la ortodoxia neoliberal que goza de amplia tribuna en los medios– considera “sorprendente” que un gobierno de derecha escoja como forma de bajar impuestos la reintegración tributaria.
Por lo anterior, piensa que “incluso desde la perspectiva de la misma derecha” esta es una reforma tributaria muy mala, puesto que “no refleja un genuino interés en hacer crecer a Chile, sino que simplemente apunta a darle un regalo tributario al 1% de superricos”.
Añade que “Chile tiene los ingresos mal distribuidos” y subraya que “la recaudación no corrige esta mala distribución”. A su juicio, esta realidad explica el malestar social y el incremento de la delincuencia.
Evasión y elusión tributaria
Mucho se ha debatido acerca de cómo la reforma tributaria de Piñera liberará del pago de cuantiosos impuestos a los más ricos. Pero este proyecto de ley va mucho más allá.
Sin que se haya mencionado en el debate público, al artículo 35 del Código Tributario se le agrega un nuevo inciso que dispone que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) “no podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente”.
Quienes infrinjan esta disposición que favorece la opacidad recibirán fuertes sanciones, entre ellas, el despido inmediato.
Este aspecto de la ley tributaria de Piñera se relaciona íntimamente con lo establecido por otra oprobiosa ley chilena: la 19.389, de 1995. Ésta, en su artículo 5 letra b), derogó el inciso cuarto del artículo 35 del Código Tributario, que permitía que fuesen públicas las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente chileno, incluidas las mineras extranjeras.
Pero con las modificaciones de 1995 se implementó una prohibición absoluta a los funcionarios del SII de entregar información relacionada con las declaraciones de impuestos. Esta normativa se promovió en el periodo de mayor auge de la inversión extranjera en minería, cuando era sustancial conocer cuánto tributarían estas empresas para discernir si a Chile le convenían sus inversiones.
Es importante destacar que en Chile opera un estricto secreto bancario, instaurado en 1986, que dificulta sobremanera la persecución de la elusión y evasión tributaria, y que en nada de esto es alterado en la ley promovida por el gobierno de derecha.
Por otra parte, la nueva legislación tributaria admitirá como gasto necesario para obtener la renta “todo aquello que el Ordenamiento Jurídico define como gasto lícito”. Con esta norma, los autos, departamentos y aviones de lujo que los dueños de las empresas o sus familiares compren, podrán ser considerados “gastos necesarios para producir la renta” lo que disminuirá su base tasable y, por ende, su pago de impuestos.
En entrevista con Proceso, el abogado y economista Julián Alcayaga estima que el principal problema de la economía chilena es la evasión tributaria que realizan las empresas extranjeras, especialmente las mineras. Y sostiene que la reforma de Piñera “en nada corregirá esta anomalía”.
Alcayaga asegura que el proyecto de Piñera tiene como principal arma para aumentar la recaudación tributaria la implementación de la boleta electrónica y la fiscalización de este sector de la economía chilena.
Alcayaga sugiere que la boleta electrónica “es un artilugio publicitario” que apunta a crear la sensación de que se moderniza la lucha contra la evasión tributaria. Sin embargo, en su parecer esta medida es “inútil” dado que los grandes evasores de impuestos no emiten boletas en sus transacciones comerciales y financieras, y no estarán obligados a implementarla.
El proyecto tributario de Piñera, que cuenta con el apoyo cerrado del gran empresariado, todavía no tiene el camino despejado para convertirse en ley: le falta pasar por el Senado, donde la coalición oficialista Chile Vamos tiene sólo 19 de 43 escaños. Por lo mismo, requerirá otra vez de apoyos de la oposición, preferentemente de la Democracia Cristiana. Sin embargo, los cinco senadores de este partido han expresado sus reparos al proyecto de Piñera, por lo que aún no está dicha la última palabra. l
