Las fechas de los desvíos presupuestales de la llamada Estafa Maestra en la Sedesol y en la Sedatu muestran que el esquema fraudulento comenzó desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, las irregularidades coinciden con la gestión de Rosario Robles como titular y la de Emilio Zebadúa como oficial mayor de ambas dependencias federales, así como con la intervención de un puñado de empresas, entre ellas dos relacionadas con la exfuncionaria hoy presa, otras firmas fantasmas… Una revisión de las auditorías describe con detalle la ilegal triangulación financiera.
El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.
A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.
El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.
La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.
Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías –a las que tuvo acceso este semanario– que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.
Dichas auditorías arrojan indicios de un desvío por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Del total de auditorías, 17 corresponden al periodo de Robles en la Sedesol y las otras ocho al tiempo en que fue titular de la Sedatu. El primer grupo suma 3 mil 178 millones 606 mil 129 pesos y las más abultadas son las identificadas con los números consecutivos de 1636 a 1639, pues suman 701 millones 563 mil pesos.
Estos recursos fueron transferidos a través de convenios con las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Politécnica de Texcoco y Tecnológica de Nezahualcóyotl, localizadas en territorio mexiquense y las cuales a su vez los repartieron a dos empresas que las distribuyeron entre otras más.
En las cuatro auditorías consecutivas que se mencionan, con fecha de presentación del 20 de diciembre de 2017, destaca que esas universidades transfirieron sus recursos a las firmas Integrasoft y Grupo Corporativo Integral Vazme (esta última disuelta en 2016). Éstas depositaron la mayor parte de los recursos a las cuentas de cinco empresas: 163.6 millones a Srevint; 81 millones a Factores y Servicios Humanos; 30.5 millones a Elevait; 20.1 millones a CMA de Servicios Estratégicos, y 12.9 millones a Corporativo Kukmu. En tanto, 10 millones más se repartieron entre tres personas no identificadas.
La ASF encontró que las empresas mencionadas no debieron ser contratadas, ya que desde el convenio entre la Sedesol y las universidades se establecía que éstas tenían capacidad para realizar el objeto de los contratos y no tenían que subcontratar a nadie.
Los montos otorgados a Srevint y Factores y Servicios Humanos son los mayores y dichas empresas han sido señaladas de tener vínculos con la propia Robles (Proceso 2233).
En el trámite para la renta de su departamento en Reforma 222, en la Ciudad de México, la entonces funcionaria se identificó aportando como domicilio uno localizado en Torreón, Coahuila, propiedad de su prima política Susana Islas (accionista de una de las empresas), que a su vez es hermana de Alejandro Islas, accionista de otras dos que, en conjunto, y sólo por este caso, obtuvieron injustificadamente cerca de 245 millones de pesos.
De las dos intermediarias entre las universidades mexiquenses y las empresas que finalmente recibieron los recursos, también sobresale Grupo Corporativo Integral Vazme, fundado por José Andrés Méndez Vázquez y Francisco Javier Damián Alvarado. En aquel tiempo este último se desempeñaba como primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
Desvíos de cientos de millones
En Hidalgo se ubica el segundo caso de mayor cuantía encontrado por la ASF. Se trata de los convenios entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo. El monto marcado como irregular en la auditoría D17002 es de 601 millones 658 mil 806 pesos.
En este procedimiento se halló que, además de las instituciones de educación superior utilizadas en el esquema fraudulento, éste se amplió a la contratación de entes estatales de comunicación social, que repetían el esquema: hacían convenios con la Sedesol y contrataban compañías que a su vez subcontrataban a otras, algunas de las cuales resultaron ser empresas fantasmas.
Radio y Televisión de Hidalgo contrató a 21 empresas para ejercer el monto convenido con la Sedesol, a fin de realizar campañas publicitarias sin sujetarse a la normatividad. El ente estatal pagó por servicios que no se comprobaron o ya se habían obtenido. Al menos cinco de las empresas favorecidas no tenían otra actividad y sus domicilios no corresponden al asentado en su trámite fiscal.
Este esquema de defraudación se reprodujo en la Sedatu. Con las ocho auditorías a partir de las cuales se abrió el expediente de la FGR suman mil 726 millones 364 mil 268 pesos defraudados en esa dependencia durante la gestión de Robles.
El caso que involucra el mayor monto de esa carpeta de investigación corresponde a los 450 millones que se le entregaron mediante un convenio al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
La denuncia por ese caso se fundó en la auditoría 1791-DSGF, que se destinó a proyectos de difusión y publicidad en los que, a decir de la ASF, se transfirieron recursos a las cuentas de las empresas Publicidad Natnit, Desarrollo Publicitario ADp, Agatha Líderes Especializados y Servicios NLMK, entre otras.
Las mismas compañías aparecen prácticamente en todas las auditorías a los ejercicios presupuestales en comunicación social donde se detectaron desvíos.
Un operador de jerarquía
Si bien a Robles todavía no se le finca responsabilidad por el desvío de recursos, ya fue señalado uno de sus colaboradores más cercanos: Emilio Zebadúa González, quien ha pertenecido a varios partidos y ha ostentado cargos otorgados por políticos que han protagonizado otros escándalos de corrupción.
Chiapaneco, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con doctorado por Harvard y por la UNAM, Zebadúa llegó al gobierno de Enrique Peña Nieto como colaborador de Robles, de quien fue oficial mayor en la Sedesol y en la Sedatu. Para entonces había sido consejero electoral, diputado por el PRD, secretario de Gobierno de Chiapas en la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y presidente de la Fundación SNTE bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo.
Conforme a las 25 auditorías que forman parte de la misma averiguación previa que enfrenta Robles, la FGR intentará probar la implicación directa de Zebadúa en 12 casos, ya sea porque firmó los convenios de colaboración con universidades o entidades dedicadas a la comunicación social, o porque fue señalado como responsable por otros implicados que se convirtieron en testigos colaboradores.
En suma, Zebadúa enfrentará cargos por el desvío de 2 mil 746 millones 865 mil pesos, aunque ha logrado evadir las acciones de la FGR mediante una solicitud de amparo que le ha conseguido suspensiones definitivas otorgadas por Felipe Sifuentes Servín, titular del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, entidad donde el acusado mantiene presencia política.
Cinco de las 12 auditorías por las que Zebadúa sería imputado corresponden a su periodo en la Sedesol y se relacionan con la auditoría 269, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
Estos datos de la ASF y la FGR significan que desde el primer año de gobierno de Peña Nieto se empezó a operar el esquema de defraudación hasta acumular el desfalco de 845 millones 483 mil 166 pesos.
De ese monto, 697 millones 767 mil 629 pesos fueron defraudados a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) y 147 millones 715 mil 537 pesos mediante la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
En el desglose de las cinco auditorías, que están disponibles en línea para consulta pública, se pueden identificar los montos defraudados.
La auditoría 269 arrojó irregularidades por 396 millones 838 mil pesos. La 269, vinculada a la auditoría 1426, dio como resultado tres cantidades desviadas: 22 millones 462 mil pesos; 239 millones 308 mil pesos y 39 millones 159 mil pesos.
La auditoría 269 y las relacionadas demuestran que el esquema fraudulento se llevó a cabo a través de convenios de la Sedesol con la Uaemor y la UAEM, que a su vez contrataron a empresas para realizarlos y éstas transfirieron recursos a la razón social Esger, Servicios y Construcciones.
Por ejemplo, el convenio con la Uaemor tenía como objeto crear un sistema de administración y seguimiento para los brigadistas de la Cruzada Nacional contra el Hambre a cambio de 22 millones 246 mil 182 pesos. La universidad morelense contrató para ello a la empresa Meve S.A. de C.V., que transfirió los recursos a Esger.
Respecto al monto de 147 millones, la UAEM fue contratada para dos objetos inusuales: el diseño e implementación de “redes nutricionales” en todo el país y un evento en el Monumento a la Revolución. Lo que se describía como redes nutricionales en realidad era la producción y reparto de carteles y prendas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, además de despensas. La descripción concreta fue un “evento ferial” que se realizaría los días 19 y 20 de abril de 2013.
La fecha es significativa: la tercera semana de abril Robles enfrentaba acusaciones del PAN por la intromisión de la Sedesol en las elecciones locales de Veracruz. El 19 de abril se realizó el “evento ferial” en el Monumento a la Revolución, mientras Peña Nieto y Robles ponían en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre en un acto oficial realizado en Chiapas. En su discurso, el entonces presidente dijo aludiendo a las críticas panistas: “No te preocupes, Rosario, hay que aguantar”.
Lo que la ASF halló en este caso fue que las empresas contratadas por la UAEM no correspondían al giro especificado; que dos (Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solution) tenían el mismo domicilio y el mismo representante legal, y otra (Asesorías Nacionales Expanders) ni siquiera fue localizada.
Además, las entregas de las supuestas redes nutricionales no se habían llevado a cabo: la Sedesol presentó documentos alterados para justificar la recepción de bienes y no pudo acreditar que se hubieran comprado y distribuido. Y una vez más, se detectaron transferencias millonarias a Esger, Servicios y Construcciones.
Con ese conjunto de evidencias la FGR intenta imputar a Emilio Zebadúa la defraudación de 845 millones 483 pesos durante su paso como oficial mayor de la Sedesol, así como de mil 901 millones de pesos en la Sedatu.
A diferencia de Robles, quien se presentó voluntariamente a la audiencia de imputación, Zebadúa demandó un amparo desde el pasado 19 de julio y obtuvo varias suspensiones bajo el alegato de no haber sido notificado sobre la investigación de la FGR. En tanto, el juez Felipe Sifuentes fijó el próximo viernes 13 como fecha para resolver el juicio de amparo.
