La migración es uno de los rubros de gobierno en los que el presidente López Obrador no sólo no avanzó en sus metas originales, sino que retrocedió por presiones de la agresiva política de Donald Trump. El académico y excomisionado del INM Tonatiuh Guillén explica, en entrevista, cómo el discurso de la protección de derechos de las personas en tránsito quedó sepultado por una política de contención más radical que la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto.
Al cumplir con los términos de la “negociación forzada” que le impuso Washington para impedir el paso de los migrantes centroamericanos en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un “instrumento” en el proyecto de la “ultraderecha blanca y supremacista” que encabeza el presidente estadunidense Donald Trump, deplora Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
En entrevista con Proceso, el académico sostiene que “en lo que va del siglo, es la primera vez que el aparato de contención migratoria adquiere estos niveles (…) No lo habíamos tenido ni con Felipe Calderón, quien endureció mucho la frontera sur, tampoco con Enrique Peña Nieto ni con Vicente Fox”.
El próximo 5 de septiembre se cumplirá el segundo plazo de 45 días que Trump dio a México para reducir “significativamente” la llegada de migrantes a su frontera, según el acuerdo que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon firmó en nombre del gobierno mexicano el pasado 7 de junio en Washington.
“El resultado (del acuerdo) fue un giro en dos sentidos: uno interno, que consistió en una concentración de la política migratoria en el ámbito de la Cancillería, lo cual no había sucedido antes; y el otro consistió en la ampliación del aparato gubernamental dedicado a la contención migratoria, con la utilización de la Guardia Nacional y de la Policía Federal para que el flujo de personas fuese reducido a extensiones mínimas”, resume Guillén.
El exfuncionario y ahora investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM, renunció al INM el pasado 14 de junio, tres días después que AMLO oficializó, en su conferencia matutina, el paso de las riendas de la política migratoria a Ebrard.
“En los inicios de la inclusión de la Guardia Nacional –relata–, no estaba yo en condiciones de operar en ese esquema (…) Con este giro de prioridades hubo una necesidad urgente de un nuevo liderazgo en el INM, y así lo reconocí. Cuando la política migratoria empieza a ser conducida por la cancillería, hay un cambio, hay nuevos actores, hay nueva visión”.
Y abunda: “La cancillería estaba muy preocupada por el asunto de los aranceles, progresivamente se fue posicionando por instrucciones del presidente en un rol más directivo; no directo, pero sí definiendo prioridades, un horizonte, que era el fortalecimiento de la capacidad de regulación en la frontera sur. Al final yo ya no participaba directamente”.
A raíz del acuerdo con Washington, el gobierno federal –bajo la supervisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores– echó a andar toda la maquinaria del Estado para reducir el flujo migratorio: entre junio y julio agentes del INM, PF y GN detuvieron a 47 mil 911 migrantes y deportaron a 40 mil 70, el mayor número registrado en un bimestre desde que el INM publica sus estadísticas.
En el marco del Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como el plan “Quédate en México”, las autoridades estadunidenses devolvieron a más de 11 mil 804 personas a su frontera con México, donde esperan que un juez de Estados Unidos determine su suerte; en paralelo, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) recibió 8 mil 550 solicitudes de asilo en julio, dos veces más que a principios de año.
Las medidas de contención implementadas en México tuvieron el efecto esperado: las autoridades estadunidenses observaron una reducción a la mitad del número de personas que llegaron a su frontera sur entre mayo y julio: de 133 mil indocumentados detenidos en mayo, descendió a 72 mil dos meses después; las disminuciones en las cifras de niños y familias fueron las más importantes.
“La estrategia de control migratorio tiene efectos de disuasión concretos. Ya no se trata de la protección, sino de la presencia en México, de poder ingresar o no; cambia completamente esa película. La expectativa actualmente de una caravana es prácticamente inexistente (…) El efecto disuasivo ya sucedió: 40% o 50% de las personas que atienden en los albergues de Veracruz, Oaxaca y Chiapas vienen retornando del norte, lo cual es muy relevante. La presión de Trump sí está teniendo efectos en la escala de los flujos”, afirma Guillén.
–¿No le parece problemático que México forme parte de la estrategia de Trump?
–No es el escenario ideal. No es lo que hubiéramos querido –confiesa.
Proyecto supremacista
“El proyecto de Trump retrata su visión racista de Estados Unidos, una visión de la ultraderecha blanca supremacista”, considera Guillén, y añade: “Está clara su visión de generar no solamente una medida, sino un conjunto amplio de instrumentos que conduzcan al resultado que quiere: migración cero. Esa es su idea”.
Enumera algunas de estas medidas que Washington aplica desde el año pasado: en junio de 2018 puso en marcha su política de “tolerancia cero” marcada por la separación de las familias migrantes; canceló los Estatutos de Protección Internacional (TPS) que protegían de la deportación a miles de migrantes hondureños, haitianos y salvadoreños, y en diciembre puso en marcha el plan “Quédate en México”, con la aceptación del gobierno de López Obrador.
A lo largo de 2019 la administración Trump anunció que prohibiría el acceso al refugio para las personas que llegaron a la frontera sur y no pidieron asilo en México; amenazó con recortar las ayudas económicas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica; lanzó una iniciativa para eliminar el programa DACA, que protege a millones de hijos de indocumentados; anunció que impedirá el acceso a la residencia legal –la green card– para las personas que reciban subsidios o programas sociales, y planteó su intención de eliminar el límite de 20 días de detención para los niños migrantes, con lo que las autoridades podrían encarcelar a los menores durante un periodo indefinido.
Guillén señala que algunas medidas que promueve Trump todavía no se ponen en marcha, como la construcción del muro fronterizo –una de sus promesas centrales en la campaña presidencial de 2016– o la de presionar a los gobiernos de México y Guatemala para imponerles un estatus formal de Tercer País Seguro (TPS).
A decir de Guillén, “esos puntos, que son públicos, son una demostración de que hay un plan, hay una visión del gobierno de Estados Unidos, y que dentro de esa visión hay un interés manifiesto de que México, pero también Guatemala y Panamá, formen parte de una suerte de cintura de protección.
“Lo que ha hecho Trump es utilizar cada elemento de la coyuntura para ir posicionando sus avances por lo menos desde el año pasado. Lo que es nuevo es cómo se han estado incorporando estrategias de negociación. Y la última que le resultó más eficaz fue la amenaza de aranceles”.
Dicho amago se concretó en las negociaciones que desembocaron en el acuerdo del pasado 7 de junio. “De hecho yo no le llamaría acuerdo: es una imposición, por parte del gobierno de Estados Unidos, de un conjunto de iniciativas de control migratorio para México, que están en orden y son coherentes con este propósito obsesivo que tiene el gobierno de Trump de ya no recibir migrantes”.
Guillén dice que, cuando arrancaron las negociaciones, el gobierno mexicano tuvo dos opciones: asumir el desafío y sus costos económicos –el arancel– o aceptar las exigencias de Trump. El gobierno prefirió la segunda, a pesar del costo humano que ahora pagan los migrantes.
Dicho costo humano, según el excomisionado del INM, “no es el punto central de la evaluación… El gobierno del presidente López Obrador tiene la relación con Estados Unidos con una visión de un punto de no choque, de no fricción. Y en esa visión de no fricción viene una contraparte muy agresiva que aprovecha este escenario”.
A la par, deplora que Washington no ofreció ninguna contraprestación” a cambio del acuerdo, como un compromiso firme de Estados Unidos para invertir en el sur de México y Centroamérica, pues “aunque hay palabras alrededor de ello, no se ha materializado”.
Según el especialista, “lo ideal hubiera sido negociar en un marco mayor, ver el proceso en la película más amplia: no sólo la contención en el sur, sino también qué pasa con los 4.5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos en condición irregular, qué pasa con los niños binacionales que de repente se quedan sin papás ni mamás, quienes son deportados… Hay otro conjunto mayor de asuntos de esta compleja interdependencia; idealmente deberíamos poner todos en la mesa”.
De manera general, estima que “hay una gran disputa para definir el perfil de la nación en Estados Unidos, derivado de la presencia de latinoamericanos y mexicanos en su sociedad, cultura y economía. La reacción también ha sido tremendamente grande: cerrar la frontera y hacer todo para que esos flujos ya no lleguen a Estados Unidos, lo que incluye tener a México como parte de un esquema de contención desde finales de los noventa.
“En sentido estricto no es nuevo, pero es la primera vez que México avanza hacia una estructura de contención tan poderosa, como es el despliegue de la Guardia Nacional.”
–¿México se está alineando con esta estrategia racista de Trump?
–No lo pondría de esta manera, pero lo que estamos haciendo es coherente, es parte instrumental de este objetivo de cerrar la migración irregular.
“Espero que sea temporal”
Al frente del INM Guillén impulsó la llamada “nueva política migratoria”, que promovía la defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, el cese de los operativos policiacos contra las personas en tránsito, un mayor acceso a documentos y la mejora de las condiciones socioeconómicas en las regiones de origen.
También planteaba una “purga” en el INM para retirar a sus elementos corruptos –en el momento de su renuncia, la institución había despedido a 500 agentes– y sustituirlos por elementos que contaran con licenciatura, a los que se les duplicaría el salario. Eso con el afán de limpiar al instituto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, describió como una de las dependencias “más corruptas”.
Al menos en el discurso, dicha política marcaba una ruptura radical con las medidas de contención implantadas en sexenios anteriores, particularmente en el marco del llamado Programa Frontera Sur, que lanzó la administración de Peña Nieto en 2014, el cual desembocó en la deportación de más de 700 mil personas a Centroamérica y provocó la indignación de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Guillén subraya que la “nueva política migratoria” se presentaba como un proyecto central de la Cuarta Transformación lopezobradorista, que en sus palabras consiste en “reformas no menores, que alcancen repercusiones históricas” y en “una ruptura con sexenios anteriores”.
Toma como ejemplo la gestión de la caravana migrante conocida como “éxodo centroamericano”, la cual llegó a México a finales de 2018, en pleno periodo de transición: el gobierno entrante empujó para distribuir tarjetas de visitantes por razones humanitarias a migrantes. “Dijimos en aquel momento: no vamos a atender el tema con policías”, recuerda Guillén.
Pero a raíz del acuerdo del 7 de junio, el énfasis volvió a ponerse en impedir el cruce de los migrantes por México: “El contraste está entre el planteamiento de diciembre, de no hacer intervenir a la Policía Federal en la contención migratoria, a meses después hacer intervenir a esa Policía Federal y a la Guardia Nacional derivado de un compromiso forzado, desigual, con el gobierno de Estados Unidos”.
En una carcajada, suelta: “Sin la variable Estados Unidos, el proyecto estaría caminando de manera estupenda”.
El endurecimiento de la política de contención no solo se tradujo en el despliegue de la Guardia Nacional: el pasado miércoles 28, el colectivo Migrar con Dignidad denunció los retrasos de hasta un mes que enfrentan los migrantes centroamericanos para obtener una Tarjeta de Visitante Regional, y señaló que el gobierno mexicano envió hacia el sur y por camiones a solicitantes de asilo devueltos en la frontera norte bajo el marco del plan “Quédate en México”.
Consultado sobre lo que quedó de la llamada “nueva política migratoria”, el académico niega que haya desaparecido completamente, pero reconoce que “se puso en pausa” y hubo un “cambio de énfasis”, pues “el peso mayor está dado en las medidas de contención migratoria y la fuerza mayor está dada por la incursión de la Guardia Nacional en estas tareas”.
Sin embargo, no da todo por perdido: “Espero que esas iniciativas, que tienen ahora por prioridad las tareas de control migratorio, sean temporales (…) Lo digo con el optimismo de que eso sea una coyuntura, que sea una pausa y que no nos dure mucho tiempo, porque la presión de Estados Unidos seguirá de manera sincrónica con el proceso electoral el siguiente año”.
Como parte de su trayectoria académica, Guillén fue director del Colegio de la Frontera Norte durante una década. Su perfil contrasta con el de sus predecesores en el INM, quiénes durante el sexenio de Peña Nieto provenían del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Su reemplazo en el instituto, Francisco Garduño Yáñez, tiene un perfil más político y policiaco –era el encargado de las cárceles federales– y bajo su mando se disparó el número de operativos y redadas contra los migrantes en el país.
–Usted era el rostro académico del INM y de repente la institución vuelve a un esquema policiaco. ¿Qué significa esto?
–Esa es la carne del cambio.
