Bajo la acogedora sombra escogida por voluntad propia –las figuras históricas de Hidalgo, Juárez y Madero–, Andrés Manuel López Obrador cumple este domingo 1 de septiembre el ritual de su primer informe de gobierno. Nada hace esperar de él un balance equilibrado, o un ejercicio autocrítico. Ni el tiempo transcurrido, apenas nueve meses, ni el talante natural del mandatario lo auguran. Tampoco es momento, todavía, de juzgar con severidad los avances de la 4T. Sí lo es, en cambio, de asomarse a su peculiar manera de entender el ejercicio de gobierno. En evocación de Daniel Cosío Villegas, en su clásico ensayo El estilo personal de gobernar, Proceso ofrece acercamientos al presidente López Obrador en el fondo y la forma de lo que bien puede definirse como su apasionada entrega al poder.
Desde que asumió la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador consolidó su discurso que traía desde su época de opositor, sólo que ahora de cara al pasado y suele dirigirlo hacia quienes se oponen a sus decisiones gubernamentales, colocándoles la etiqueta de neoliberales, conservadores o, sencillamente, adversarios. Y lo invoca tanto en momentos críticos como en los anuncios de los programas insignia de su administración.
“Ahora resulta que quienes aumentaron el precio de la gasolina están pidiendo que baje”, reviró en su discurso inaugural el 1 de diciembre a la bancada panista que mostró cartulinas pidiendo bajara el IVA y la gasolina.
A partir de ese día sus referencias al “periodo neoliberal” o al “neoliberalismo” –como llama a los gobiernos que lo antecedieron– han sido constantes, lo mismo que las dirigidas a sus “adversarios”, los “conservadores”.
Sea en las conferencias de prensa conocidas como “las mañaneras” o en los discursos de los mítines que encabeza de viernes a domingo, las referencias al pasado son diarias, inclusive en momentos significativos como el arranque de sus programas sociales: el 10 de enero, cuando inició el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, antes de presentar el plan acusó a los gobiernos pasados de abandonar a los jóvenes.
En general, son escasas las intervenciones en las que evita referirse al pasado, aunque a veces puede atenuar sus afirmaciones, como el 17 de enero, cuando, recién aprobadas las reformas para crear la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, expuso que hubiera preferido unanimidad, pero entendía que la oposición es consustancial a la democracia. Ese día no estaba satisfecho, pues hubo modificaciones a su iniciativa y a la integración del cuerpo de seguridad al que apuesta el futuro de su proyecto.
Es en las crisis que desde temprano enfrentó su administración, cuando sus señalamientos se radicalizan: el 26 de diciembre, por ejemplo, luego de que una andanada orquestada en su contra en las redes sociales le imputara la muerte de la gobernadora poblana Martha Érika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, dijo que sus adversarios eran “neofascistas”, “mezquinos” y, en una larga intervención al respecto, se deslindó del accidente aéreo en el que murió una de las cabezas visibles de su oposición.
El 27 de diciembre –tres días después del accidente– lanzó su estrategia contra el robo de combustible en los ductos de Pemex, una medida que provocó desabasto en diferentes regiones durante enero. En ese contexto ocurrió la explosión en las inmediaciones de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero, en la que murieron 114 personas y 48 más resultaron heridas.
Al día siguiente, el mandatario expresó sus condolencias y, entre los anuncios que hizo sobre la atención a las víctimas, explicó:
“Lo que sucedió con la política neoliberal –que para mí es una política de pillaje, de saqueo– es que se afectó a la gente en la esperanza de poder salir adelante… ¿Qué pasó con esta política antisocial? Frenó, paró la movilidad social. Llegó el momento en que para poder salir adelante sólo había dos opciones: la ilegalidad o la migración. Eso fue lo que sucedió.”
Así, sostuvo, el objetivo de su gobierno era generar bienestar, trabajo, paz, tranquilidad y felicidad para el pueblo.
Los mensajes simbólicos
El 22 de enero, cuatro días después de la explosión de Tlahuelilpan, el presidente se trasladó a Acambay, Estado de México, para lanzar los programas de Bienestar, como prioridad para los municipios por donde atravesaban ductos.
Aunque 91 municipios de una decena de estados tenían ductos, el mandatario eligió Acambay, lugar de la ascendencia familiar de su antecesor Enrique Peña Nieto, quien tuvo como jefe de seguridad al general León Trawitz cuando fue gobernador y lo habilitó como seguridad en Pemex cuando estaba en Los Pinos. El militar está implicado por complicidad en las pesquisas del llamado huachicol.
Los mensajes simbólicos y los relacionados con la historia son frecuentes en la actuación presidencial: desde el 1 de diciembre abrió al público la exresidencia oficial de Los Pinos, la sede del presidencialismo mexicano desde Lázaro Cárdenas hasta Peña Nieto. Extinguió el Estado Mayor Presidencial, asociado al guarurismo, así como al Centro de Información y Seguridad Nacional, relacionado con el espionaje político y los procesos represivos.
Asimismo, canceló la pensión para los expresidentes por considerarlo un abuso y, en su personal austeridad, se siguió trasladando en un vehículo compacto y viajando por el país en vuelos comerciales.
Al segundo día de gobierno despachó el costoso avión presidencial que utilizaba Peña Nieto a un hangar en el extranjero y lo puso a la venta, horas después de que acudiera a la salutación de las Fuerzas Armadas en Campo Marte, con toda la cúpula militar.
Al Ejército le encargó en las primeras semanas de gobierno participar en el programa social-forestal Sembrando Vida; la seguridad, con la Guardia Nacional; la expansión del Bosque de Chapultepec; la vigilancia de ductos en la estrategia contra el huachicol y, entre otras asignaciones, la construcción y administración del proyecto aeroportuario en Santa Lucía.
En la Base Área Militar, que el mandatario se propone convertir en parte de un sistema aeroportuario para el centro del país, ocurrió el paseo presidencial flanqueado por la alta jerarquía militar, para anunciar el 23 de abril que estaba por iniciar la construcción en el contexto de una cascada de amparos que, con el paso del tiempo, calificaría de “sabotaje legal”.
Aunque los primeros amparos fueron interpuestos por las comunidades aledañas, el “sabotaje” en realidad se lo atribuía a sus “adversarios” y que, en efecto, con organizaciones afines a un sector del alto empresariado y a la Coparmex, han retrasado el arranque de la obra.
Condenas y negociaciones
La elección de gobernador de Puebla se decidió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), otorgándole al triunfo a la panista Martha Érika Alonso y motivando la reacción del presidente López Obrador el 10 de diciembre:
“Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de formalismo hipócrita. Desde luego que, como ciudadanos, pueden decir: es que usted es el presidente de México, usted es el titular del Ejecutivo. Sí, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas.”
A continuación, mencionó que órganos como el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE) eran integrados mediante componendas entre los partidos y el gobierno. También dijo que respetaba la independencia del Poder Judicial. Al mes, Janine Otálora renunció a la presidencia del tribunal.
En otras ocasiones ha descalificado al INE, pero no es el único órgano constitucionalmente autónomo destinatario del mensaje presidencial.
Por ejemplo, tuvo confrontación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que llamó “tapadera”, el 13 de febrero, cuando acusó al organismo de reservar información del caso Odebrecht. El instituto reaccionó ese mismo día con un comunicado en el que dio a conocer las resoluciones que emitió al respecto, pero un día después, López Obrador mostró que dichas resoluciones fueron posteriores a su triunfo electoral.
Los reclamos del mandatario también se dirigen a los organismos autónomos creados con la reforma energética y, en especial, durante el proceso de renovación de espacios en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con perfiles que fueron impugnados por su impreparación.
Uno de los críticos fue el entonces presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, que después de hacerlo fue expuesto en una mañanera: dijo que estaba bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto conflicto de intereses con ejecutivos de Fermaca, contratista y concesionaria del sector energía.
A partir de esa revelación, López Obrador puso sobre la mesa, primero, el paso de funcionarios federales a empresas energéticas; luego, los contratos por gasoductos de Fermaca, así como de Carso Energy, IEnova y TransCanadá. Los acusó de ser beneficiarios de contratos leoninos y, entre amagos de demandas y arbitrajes, consiguió sentarlos a negociar.
El protagonismo de la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha tenido momentos de relevancia política: el 15 de marzo anunció que denunciaría a un grupo de empresas relacionadas con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a los más ricos de México, por haber financiado el documental El populismo en América Latina, una producción que intentó usarse en campaña contra López Obrador.
El pasado 27 de agosto, la renegociación por los gasoductos llegó a su fin. Para esto, el presidente había ya usado su facultad de colocar a los nuevos miembros de la CRE sin pasar por el Senado, el 4 de abril; el 3 de junio renunció el presidente de ese organismo, Guillermo García Alcocer.
Después de todo, el acto del 27 de agosto contó con la presencia y aprobación, en Palacio Nacional, de los magnates Carlos Slim y Antonio del Valle, este último presidente del CMN, para anunciar el acuerdo sobre los gasoductos y otros mensajes:
Slim minimizó el bajo crecimiento económico; aseguró que hay confianza para la inversión, rechazó que hubiera corrupción en la obtención de esos contratos como dijo el mandatario meses atrás y todo quedó zanjado.
En boca cerrada
Los miembros del gabinete han enfrentado también los dichos del presidente López Obrador, particularmente en las conferencias “mañaneras”, al ser desmentidos en alguna postura.
La segunda semana de marzo, por ejemplo, el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, concedió una entrevista al diario británico The Financial Times en la que dijo que no se construiría la refinería de Dos Bocas, megaproyecto energético del sexenio. El 13 de marzo, el mandatario lo desmintió y lo hizo de nuevo el 8 de abril, cuando el funcionario expuso ante diputados que podría revivirse el impuesto por tenencia vehicular y el presidente atajó, al día siguiente y con Herrera presente, que no crearía nuevos impuestos.
También en abril, el día 9, Javier Jimenez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que no había encontrado hechos de corrupción en el cancelado proyecto aeroportuario de Texcoco. Al día siguiente, el presidente dijo que sí hubo y se canceló por eso. A Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación, la desmintió sobre estar en pláticas con grupos armados, apenas a mediados de agosto.
Entre otros casos, Alfonso Romo declaró en mayo que la economía recibió una “cachetadita” en el primer trimestre. López Obrador lo contradijo, asegurando que la economía “va muy bien”.
Y es que, en el tema económico es en el que López Obrador enfrenta las peores polémicas internas, con dos bajas en su gabinete: la primera, el 21 de mayo, cuando Germán Martínez Cázares renunció a la dirección del IMSS acusando restricciones al presupuesto e injerencia de Hacienda; la segunda fue la del esta última dependencia, Carlos Urzúa, quien acusó también injerencia en su cargo y falta de profesionalismo en la administración.
Las críticas por subejercicio han surgido desde distintos frentes internos, inclusive la del líder de bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Los comentarios se centran en el papel concentrador de la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, a la que López Obrador le confirió todas las compras y contratación de servicios, bajo la encomienda de la austeridad.
Sin embargo, no todo dio resultado. El 26 de mayo, López Obrador convocó a la “mañanera” al gabinete de Bienestar para dar un informe sobre el avance mensual. Ahí, hubo cifras sin avance respecto al mes anterior, lo que provocó el enojo del presidente que citó a junta ese mismo día. El problema que le expusieron es que su bancarización de ayudas sociales no estaba resultando. La sesión acabó, de acuerdo con los asistentes, con una frase frecuente del mandatario: “en boca cerrada no entran moscas”.
Días después, el 29 de mayo, Buenrostro emitió, a contrapelo de la narrativa de eliminar la intermediación, una atenta nota a todas las unidades administrativas para “el otorgamiento de todas las facilidades y apoyo necesario en materia de recursos humanos, financieros y materiales, necesarios para que el personal adscrito” a las delegaciones pudieran hacer llegar a los beneficiarios de programas sociales los apoyos.
Frente a las alianzas y oposiciones
Con alianzas renovadas en lo que antes llamó “la mafia del poder”, López Obrador llega a su primer informe con su consejo asesor empresarial, integrado por los magnates de las televisoras, el apoyo del presidente del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial.
También con la oposición activa de Claudio X González, impulsor de amparos contra sus proyectos emblemáticos como el aeroportuario de Santa Lucía, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente, Gustavo de Hoyos, ha fijado posturas críticas a la administración, inclusive imputándole al mandatario afanes reeleccionistas.
López Obrador ha descalificado a las organizaciones de la sociedad civil, de manera destacada por el papel que desempeñan en las críticas a las políticas y programas de la administración, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el colectivo No más derroches.
Pero su narrativa se extiende, por ejemplo, a las organizaciones sociales que se oponen a megaproyectos como el Integral Morelos, respecto de quienes el mandatario dijo, el 11 de febrero, que eran “radicales de izquierda” y los llamó conservadores, pues en su perspectiva, “los extremos se tocan”. El 20 de febrero, uno de los dirigentes del movimiento opositor a la obra eléctrica, Samir Flores Soberanes, fue asesinado. El mandatario se desmarcó de la ejecución, pero mantuvo una consulta sin apego a normas internacionales que mantiene el proyecto frenado por amparos interpuestos por los ejidatarios afectados.
Con esas comunidades que tienen amparos contra los gasoductos mencionados, cuyos contratos renegoció con las empresas, ha lanzado la sospecha sobre los intereses que pudieran estar detrás de sus movimientos.
Sólo en el caso de los colectivos de víctimas mantiene su posición de hacer justicia como prioridad. Lo hizo, por ejemplo, durante el encuentro en el que la madre de un desaparecido se hincó ante él, el 24 de junio, o en el encuentro con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa.
Como ocurre con las organizaciones civiles, el presidente suele descalificar a la prensa lo mismo por información que se presenta de manera deficiente (le llama “prensa fifí”, “hampa del periodismo”, entre otras expresiones), que aquellas que aun siendo certeras le parecen “amarillistas”, “sensacionalistas” o “conservadoras”. El 26 de julio lo dijo sin ambages:
“Los mejores periodistas han estado a favor de las transformaciones”, por ejemplo, con los liberales decimonónicos que apoyaron la presidencia de Benito Juárez o los hermanos Flores Magón, que se opusieron al porfirismo.
En todos los casos, pese a la descalificación discursiva, no existe ninguna denuncia por represión al movimiento social ni acto de censura o agresión a periodistas en lo que va de su mandato, algo que, por otra parte, ha reiterado, no perpetrará su gobierno.
Con ese estilo personal, López Obrador llega a su primer informe manteniendo una aprobación en el rango de 61.8% (Consulta Mitofsky) a 72% (Gabinete de Comunicación Estratégica), una aprobación importante que, sin embargo, es inferior a los márgenes en torno al 80% que esas y otras casas encuestadoras le prodigaban en el primer trimestre de su mandato. l
