Durante el desarrollo de la “Primera Jornada: Los megaproyectos, incluido el Tren Maya, en la perspectiva de los académicos del INAH”, se puso de manifiesto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no fue considerado para la elaboración de los estudios de impacto para la construcción del Tren Maya, ni siquiera en los ámbitos de su facultad como la arqueología y la antropología.
El 18 de junio pasado la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el titular del INAH, Diego Prieto, firmaron un convenio de colaboración con Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Frausto dijo que el sector ejercerá el 1% de la inversión del proyecto ferroviario, una de cuyas mitades será para salvamento arqueológico y recuperación y otra para promoción cultural y museística.
Pero ni ella ni Prieto han hablado de los estudios previos y su posible participación. De hecho, en su intervención en la jornada académica, el historiador Felipe Echenique lamentó que el INAH no sea responsable de los estudios y recursos entregados a la UNAM.
Según el diario El Economista los estudios de impacto, en los cuales participará también el Instituto Politécnico Nacional, han elevado su costo de 120 a 972 millones de pesos, esto es, un 710%. Y las autoridades lo atribuyen a que se incrementaron el número de estudios necesarios para la obra. En el caso de los de salvamento arqueológico se indica que subieron de 7 a 95 millones de pesos.
Cuando la máxima casa de estudios firmó un acuerdo de colaboración con Fonatur para realizar los estudios de impacto, el coordinador de Investigación Científica, William Lee Alardín, declaró que podrán realizar inventarios sobre la riqueza patrimonial, de sitios arqueológicos y coloniales en la zona, tarea que ha correspondido al INAH.
Echenique recordó que el arqueólogo Luis Alberto López Wario, de la Dirección de Salvamento Arqueológico del instituto, hizo pública una carta el 2 de abril pasado en la cual le recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es un mandato que surge de la carta magna.
En ella se establecen “las actividades, procedimientos, facultades y principios” en materia de dichos patrimonios que son una de las facultades centrales del INAH, le “dan razón de existir”. Y destaca el arqueólogo que es tarea del instituto “determinar si existirá o no impacto a los elementos culturales para que, en su caso, se apliquen las medidas técnicas que eviten o mitiguen dicho impacto.
“No resulta comprensible que el INAH acepte el desarrollo de obras que carezcan de dictamen técnico en materia de su competencia. En la práctica, su participación avala el desarrollo de éstas.”
También le parece sorpresivo que esta obra de infraestructura esté a cargo de Fonatur y no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la cual el INAH “tiene firmado un convenio marco desde 1994”. Y, al final, expresa su esperanza de que se “retome el camino de las facultades del INAH”. Sin embargo, Echenique expresó en el foro académico que hasta el momento ni siquiera se le había dado respuesta a su carta.
¿Condescendencia?
El antropólogo Prieto ha afirmado continuamente su confianza en que el Tren Maya no afectará los vestigios y zonas arqueológicas, por el contrario, será una la oportunidad para abrir tres nuevos sitios en Quintana Roo, Campeche y Tabasco, con lo cual se ampliará “la oferta cultural, educativa y de turismo”.
La doctora en Antropología Social Rosa María Garza participó junto con la historiadora Eliana Acosta en la jornada, en la mesa cuyo título plantea un cuestionamiento: ¿Un INAH a modo? Y habló ahí del divorcio que en diversas ocasiones ha existido entre los académicos de la institución que asumen la defensa de su materia de trabajo (esto es, el patrimonio histórico y arqueológico) y las autoridades que otorgan permisos para que se realicen obras en su detrimento.
Recordó casos como el de la construcción de la Línea 8 del Metro que, gracias a la intervención de los investigadores del INAH, modificó su trazo para no afectar los vestigios arqueológicos del Centro de la Ciudad de México. Y el de Teotihuacán en el cual, a mediados de los años 90 del siglo XX, con autorización del INAH se comenzó a construir en la zona un mall llamado Plaza Jaguares, y logró detenerse por los investigadores y trabajadores.
En esta ocasión también es evidente la diferencia de criterios y objetivos entre los académicos –que están alertando sobre los impactos negativos del proyecto en términos del patrimonio arqueológico e histórico, pero también en las cuestiones socioeconómicas y sobre el patrimonio biocultural, que a decir del investigador Paul Hersch, el INAH no reconoce como de su competencia–, y los funcionarios Frausto y Prieto que insisten en que no habrá daños y es una oportunidad de desarrollo.
Parte de las ponencias presentadas en la primera jornada se encuentran en el estudio Impactos sociales y territoriales del Tren Maya. Miradas multidisciplinarias, realizado por investigadores de la DEAS del INAH, el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y Altépetl Desarrollo Comunitario Productivo y Ambiental A. C.
La antropóloga Eliana Acosta, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, cuestiona en su texto si el proyecto realmente generará mejores condiciones de vida y, “como declarara Frausto, dará lugar a ‘un espacio de dignidad’ (como si realmente no lo tuvieran). Por ahí habría que empezar a preguntarse y, más aún, interrogarse si la idea de desarrollo promovida por este proyecto efectivamente corresponde con sus maneras de vivir, necesidades y prioridades…”
En la presentación del documento de 60 páginas, la antropóloga Giovanna Gasparello destaca que reúne opiniones, análisis e investigación de un grupo variado de científicos cuya coincidencia es su preocupación y visión crítica frente al proyecto. Las colaboraciones son resultado de un espacio de convergencia y discusión que se desarrolló durante los primeros meses del 2019.
Se presentan tres ejes: 1. Ordenamiento territorial y geopolítico del Tren Maya, 2. Violencia y turismo de masas, y 3. Contradicciones, violaciones y vulneraciones del Tren Maya a los pueblos indígenas y campesinos.
Participan los especialistas Ana Esther Ceceña Martorella, Antonio Machuca, Acosta Márquez, Gasparello, Violeta Núñez Rodríguez y David Jiménez Ramos, quien recoge algunos testimonios en el texto “¿Por qué no estamos de acuerdo con el Tren Maya?”:
“Porque a la tierra hay que respetarla, es como nuestra madre. Porque la tierra es sagrada, porque nos alimenta, porque defendemos nuestras semillas… Porque es cuidar Nuestra cultura como Pueblo Maya… Porque tenemos que cuidar las plantas y animales, porque la apicultura es la conservación del ambiente, eso sí es sustentable. Si no hay apicultura se acaba el mundo.” l
