Hace poco más de un mes el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, se ufanó por sus nuevas patrullas (rentadas) en las que, dijo, se invertirán más de 3 mil millones de pesos en los primeros tres años de su gobierno. La funcionaria incluso presumió que ese programa es una muestra de transparencia, austeridad y cero corrupción. Lo cierto es que los vehículos son arrendados a una empresa –Total Parts and Components– a sobreprecio y el concurso de licitación fue restringido y opaco.
El pasado 1 de julio, un año después de los comicios que la llevaron a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre una inversión de 3 mil 299 millones 689 mil pesos para el arrendamiento de mil 855 patrullas por tres años.
Eso implica un ahorro de 221 millones de pesos al rentar los vehículos policiales por ese periodo, declaró públicamente Sheinbaum. Y aunque presumió que ese programa es una muestra de transparencia, austeridad y cero corrupción, el proceso fue opaco, sin una licitación pública, con un concurso por invitación restringida, y hay sospechas de simulación y sobreprecio en el arrendamiento de los vehículos.
En diciembre de 2018, apenas estrenado el nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX compró 93 unidades Sedán Charger 2019 y pagó 678 mil 500 pesos por cada una, mientras que por cada uno de los mil 105 Sedán Charger modelo 2019 arrendados por un periodo de 36 meses, la administración de Sheinbaum deberá pagar 2 millones 189 mil 824 pesos. Es decir, el triple por la renta que por la compra de cada patrulla.
Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, Luz Elena González Escobar, dijeron que el contrato se le adjudicó a la empresa mexicana Total Parts and Components, en un concurso al que presuntamente se invitó a las 11 arrendadoras más grandes del país.
Según González Escobar, el proceso de arrendamiento, incluido el sondeo de mercado, la convocatoria y las propuestas los firmaron por cada una de las aseguradoras.
Un mes después, la convocatoria del concurso aún no aparecía en la plataforma Tianguis Digital, donde la administración pública de la CDMX transparenta los procedimientos de contratación del gobierno; tampoco había registro del arrendamiento en la sección de compras públicas de Datos Abiertos de la capital.
Respecto al concurso por invitación restringida, que se llevó a cabo la última semana de junio, no fue sino hasta el miércoles 7 de agosto, ante la insistencia de este semanario, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) transparentó la información en su página en internet.
La lentitud para hacer público el millonario contrato contrasta con la rapidez con la que las nuevas patrullas marca Chrysler comenzaron a circular en las calles de la ciudad: 15 días después de recibir las propuestas económicas (24 de junio) y ocho después de anunciar al ganador (1 de julio), Sheinbaum y el titular de la SSC, Jesús Orta Martínez, presentaron las primeras unidades con cromática verde y blanco.
Así, a partir del 9 de julio, cada semana, la jefa de gobierno encabezó eventos en las alcaldías para entregar las patrullas arrendadas.
Entre el 11 de julio y el pasado lunes 12 se entregaron: 113 en Gustavo A. Madero, 160 en Cuauhtémoc, 70 en Iztacalco, 91 en Venustiano Carranza, 229 en Iztapalapa, 134 en Miguel Hidalgo, 32 en Magdalena Contreras, 68 en Azcapotzalco, 16 en Milpa Alta, 90 en Benito Juárez, 21 en Cuajimalpa, 22 en Xochimilco, 82 en Álvaro Obregón, 34 en Tláhuac, 84 en Tlalpan y 113 en Coyoacán.
A 43 días de anunciar al ganador, el gobierno de la CDMX ya había entregado mil 359 vehículos a la policía capitalina.
“Información privilegiada”
De las 11 compañías invitadas al concurso restringido: Arrendadora Shel-Ha, Asset Cober, Jet Van Car Rental, Lease & Fleet, Grupo Turbofin, Unifin Financiera, Arrendadora BX+, Automundo, Integra Arrenda, Forza Arrendadora y Total Parts and Components, sólo las últimas cuatro decidieron participar y entregaron propuestas.
Otras tres: Jet Van Car Rental, BX+ y Grupo Turbofin protestaron por el plazo de 30 días exigido en la convocatoria. Adujeron que les resultaba imposible entregar en ese plazo las mil 855 patrullas pintadas, rotuladas y equipadas con cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial, con lectores de placas y equipos de radiocomunicación.
Según el acta de aclaraciones de las bases, la empresa Jet Van Car Rental pidió ampliar el plazo de entrega a 70 días. La SSC se negó. Cuando Arrendadora BX+ pidió que la entrega fuera de 60 días, la respuesta fue la misma.
Grupo Turbofin, por su parte, pidió excluir este requisito ya que, “al estar dirigidos los vehículos hacia una armadora (Chrysler), sólo un participante podrá conseguirlo en los tiempos que se requieren en este procedimiento”. La SSC se limitó a señalar que el incumplimiento de las bases era motivo de descalificación, pese a que el 1 de julio la secretaria de Administración y Finanzas dijo en conferencia de prensa que la empresa tendría hasta 60 días de entrega después de la firma del contrato.
Grupo Turbofin criticó también que la licitación estuviera dirigida a una armadora específica –Chrysler–, eliminando así la libre competencia. “¿Es posible abrir el procedimiento a otras marcas, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones requeridas?”, se preguntó la empresa.
Y agregó: “De no resultar favorable su respuesta (la de la SSC), se solicita a la convocante exponga si se cumplió con la normatividad de la materia que sustente la posibilidad legal de realizar un procedimiento de contratación dirigido a una marca específica, así como los nombres de los servidores públicos que lo suscribieron”.
Desde el 17 de abril pasado, la SSC solicitó mediante un oficio que los mil 855 vehículos fueran de la marca Chrysler, sin sustentar los motivos de esa elección. Pidió mil 105 automóviles Sedán Charger tipo patrulla, 270 camionetas RAM V6, 200 Jeep Wrangler tipo patrulla, 155 camionetas pick up con equipamiento tipo patrulla RAM V8, 13 camionetas pick up RAM V8 (sin el equipamiento), 100 camionetas Journey tipo patrulla y 12 camionetas pick up RAM V6.
En entrevista con Proceso, el titular de la SSC, Jesús Orta Martínez, comenta cómo fue que las primeras patrullas se entregaron ocho días después del fallo:
“Desde abril se hicieron las cartas de solicitud de cotización a diversas empresas, justamente como parte de lo que marca la ley, que es un sondeo de mercado.
“Lo que hicimos fue: ‘Necesito un arrendamiento, dame la cotización correspondiente’, y a partir de ahí hay una señal muy clara de qué tipo de vehículos son, con qué características, porque toda esa información se le dio a todos los que pidieron cotizaciones. De manera que no fue un tema de que en junio se hayan dado cuenta de qué vehículos iban a ser y de qué características. Esto (las especificaciones) ya venía de tiempo atrás.”
–¿O sea que la empresa preparó los vehículos antes de ganar? –se le pregunta a Orta.
–Yo que creo que sí.
La empresa Total Parts no respondió al cuestionamiento sobre cómo se ajustó al plazo de entrega de las patrullas; sólo confirmó que a finales de julio entregó “todos los vehículos que delimitaba la licitación”.
El ciudadano José Luis Moya denunció ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que la SSC llevó a cabo una “subasta a modo”, con sobreprecio, con los anexos técnicos direccionados a una marca de vehículo y vía “una empresa intermediaria”. La denuncia originó la carpeta de investigación número 02644/06/2019.
La ganadora
Jesús Orta asegura que se trata del contrato de arrendamiento más grande del país por parte de una corporación policial. El gobierno buscó que la empresa ganadora tuviera la capacidad jurídica, financiera y material para dotar a los policías de los vehículos necesarios para brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
“Se evaluaron temas como son el capital social mínimo; la capacidad de fianza, que corresponde a 10% del contrato, y la afianzadora te pide o un inmueble o un historial crediticio de respaldo y una serie de requisitos documentales que acrediten la capacidad logística.
“Como es un contrato integral, no sólo tienen que garantizar que van a entregar los vehículos, sino además que tienen la capacidad de darles el mantenimiento preventivo y correctivo”, dice Orta, quien fue oficial mayor durante la gestión de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México.
Dice que la SSC verificó los antecedentes de la empresa ganadora y se dijo sorprendido de que en redes sociales y el diario Contra Réplica –del que es accionista el diputado federal del PRD Héctor Serrano– circulara información de que la empresa “es una refaccionaria” que “sólo ha facturado 700 pesos” en los últimos cuatro años.
“Nosotros tenemos información documental de que esta empresa tiene más de 500 millones de capital social. De entrada, no es una empresa que no tenga la solidez financiera mínima que se requiere”, afirma Orta.
Total Parts and Components envió cartas aclaratorias a los medios que retomaron la información de Contra Réplica en las que asegura que tiene una experiencia de 10 años.
Proceso consultó el acta constitutiva de la compañía, según la cual ésta se formó el 6 de agosto de 2012 y fue inscrita un año después en el Registro Público del Comercio de la Ciudad de México el 28 de agosto de 2013. Los accionistas son Rubén Reyna Sáenz y Yenebyt Hurtado Díaz, ambos extrabajadores de la empresa automotriz Grupo Andrade, de Francisco Mieres Andrade y Ángel Mieres Zimmermann, este último dueño del periódico El Heraldo de México.
Grupo Andrade se dedica a la venta y arrendamiento de automóviles y participó en el concurso de las mil 855 patrullas mediante una de sus firmas: Integra Arrenda, que fue constituida en 1991 como Arrendadora Andrade y sufrió cambios en su denominación social en 2007.
Rubén Reyna fue gerente general de la sucursal Tláhuac de Grupo Andrade y Yenebyt Hurtado fue abogada de la misma compañía de 2010 a 2013, según su perfil de Linkedin.
La reportera buscó a Grupo Andrade para saber su relación con Rubén Reyna y la respuesta fue que “dejó de trabajar con la empresa desde hace siete años” y que la agencia Navistar Tláhuac “desapareció hace seis años”.
Tanto el dominio de la página grupoandrade.com.mx como el de total-parts.com.mx y el de heraldodemexico.com.mx fueron registrados por la misma persona: Armando Olivares de Emparan, director general de Grupo Andrade y con quien Mieres Zimmermann comparte acciones de la sociedad Autos Japoneses de Angar Cuautitlán, según el acta constitutiva en el RPC.
Ante ello, esta reportera preguntó a Total Parts and Components y a Grupo Andrade si existe alguna relación entre ellas. “Negamos rotundamente cualquier relación o vínculo con Grupo Andrade. Diversos medios de comunicación, sin pruebas y con total ligereza, han hablado de presuntos nexos entre estas empresas”, respondió el apoderado legal de Total Parts, Édgar Ramírez Lorenzo.
Mientras que un vocero de Grupo Andrade dijo que la relación es simplemente como proveedores, pues en algunas ocasiones Total Parts ha comprado unidades a Grupo Andrade.
De acuerdo con el contrato celebrado el 27 de junio entre Total Parts and Components y el gobierno de Sheinbaum, el proveedor se compromete a brindar soporte técnico en la Ciudad de México a las patrullas, por lo que deberá contar con “personal de soporte técnico y refacciones en la Ciudad de México para la atención inmediata de fallas durante el periodo de garantía”.
Total Parts sólo cuenta con un taller en la capital, según la información que proporcionó su abogado. En una visita de la reportera a la dirección fiscal y matriz de Total Parts and Components en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, pudo constatar que ofrece servicios a la flotilla de vehículos de DHL, cuyo principal proveedor es Grupo Andrade, que hasta el 7 de julio del año pasado había vendido a la empresa de mensajería más de 3 mil vehículos.
Sin embargo, fue imposible encontrar la sucursal de Total Parts and Components en el Estado de México. La empresa dijo tener un taller en avenida Presidente Juárez 33, colonia Bella Vista Puente de Viga, Tlalnepantla de Baz, pero tras recorrer toda la zona en ese domicilio sólo hay una taquería.
