Durante seis años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 36 denuncias por la llamada Estafa Maestra con un posible daño patrimonial superior a los 7 mil millones de pesos. De acuerdo con el titular del organismo fiscalizador, por primera vez se ha puesto de acuerdo con la Fiscalía General de la República, gracias a lo cual hoy se encuentra en prisión preventiva Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, quien deberá responder sobre la escandalosa triangulación de dinero público en la que participaron universidades públicas y empresas fantasma.
Los expedientes por el desvío de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el esquema conocido como la “Estafa Maestra” siguen acumulándose en la Fiscalía General de la República (FGR).
Este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado seis nuevas denuncias penales contra dependencias federales y universidades que durante 2016 y 2017 replicaron el sistema de triangulación a través de una red de empresas fantasma. El monto total de esas querellas es de 2 mil 500 millones de pesos.
En total, la ASF ha interpuesto 36 denuncias por la Estafa Maestra con un posible daño patrimonial superior a los 7 mil millones de pesos. Las primeras fueron presentadas cuando el titular del organismo fiscalizador era Juan Manuel Portal, en la administración pasada.
La auditoría es clave en el caso que se le sigue a Rosario Robles Berlanga –extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)–, quien fue vinculada a proceso el martes 13 por el delito de ejercicio indebido del servicio público al no informar a su superior jerárquico, el entonces presidente Peña Nieto, del desvío de recursos en ambas dependencias.
Al día siguiente, el miércoles 14, a su llegada al aeropuerto de Oaxaca para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a un encuentro con empresarios, el titular de la ASF, David Colmenares, dijo que durante su gestión frente al órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, que se inició en marzo de 2018, ha presentado 10 querellas en contra de Sedesol y Sedatu por este sistema de triangulación de dinero público.
Las últimas dos contra la Sedatu, que interpuso el pasado 28 de junio, muestran que durante 2016 y 2017 la dependencia a cargo de Robles –ella fue su titular de 2015 a 2018– siguió operando con la misma fórmula para desaparecer recursos de la federación.
Pero la Sedatu no fue la única que siguió contratando a universidades públicas sin la capacidad para realizar servicios. Las instituciones educativas subcontrataron a otras empresas para que realizaran los trabajos, aunque en muchos casos eran fantasmas.
Por esquemas similares, el 5 de julio último la ASF denunció también a otras dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa); la Distribuidora y Comercializadora SA (Diconsa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS).
En el caso de la Sedatu la denuncia tiene sustento luego que se acreditó que en 2016 pagó 178 millones 634 mil 600 pesos a la Universidad Politécnica de Tlaxcala por servicios de investigación de los programas prioritarios de la dependencia federal, según la auditoria forense 1611 de la cuenta pública 2017.
Pero al no contar con la capacidad técnica, material y humana, la universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”, dice la auditoría.
Los proveedores subcontratados fueron Thread Consulting, Multiservicios Zodíaco de México, Servicios Profesionales Orea y Asociados, Donetsk y Soluciones Comerciales Islas. Las empresas Multiservicios Zodiaco, y Orea y Asociados no fueron localizadas por la ASF.
De acuerdo con el informe de la ASF, Thread Consulting emitió comprobantes fiscales por servicios que no realizó. El representante legal de esa empresa declaró a la auditoría que el acercamiento inicialmente fue con la Oficialía Mayor de la Sedatu, pero que el trámite para darlos de alta como proveedores estaba tomando mucho tiempo, por lo que les avisaron que el pago sería mediante una universidad.
El exrector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso Xicohténcatl, informó que la institución educativa no participó en los trabajos. La Sedatu, dijo, fue la que “propuso el nombre de las empresas a contratar”; todo fue preparado por esa secretaría.
En el segundo caso denunciado este año contra la Sedatu, la anomalía fue detectada en la cuenta pública 2016. El esquema fue el mismo: la dependencia firmó convenios con dos entes públicos estatales y siete universidades por productos, estudios y servicios por un total de mil 899 millones 769 pesos. Sin embargo, las instituciones subcontrataron los servicios y en muchos casos las empresas eran inexistentes.
Los entes y universidades que participaron en esas irregularidades, detectadas en la auditoria 1792, fueron el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo (Telemax). Además de siete universidades públicas: la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Campeche, la Mexiquense del Bicentenario, la Politécnica Francisco I. Madero, la Politécnica de Quintana Roo, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
Van contra más desvíos
La UTS fue denunciada por el órgano fiscalizador el pasado 5 de julio, luego de que la ASF detectó que en 2016 simuló prestar servicios a cinco instituciones federales y una local: Sagarpa, la Comisión Federal de Electricidad, Pronósticos para la Asistencia Pública, Conagua, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por un global de 59 millones 449 mil pesos.
Pese a haber declarado que contaba con la capacidad para desarrollarlos, subcontrató a 17 prestadores de servicios, siete empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios por un monto total de 46 millones 693 mil pesos, que representó 78.5% del monto total.
La ASF descubrió empresas que emitieron comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, así como transferencias a empresas que no realizaron ningún tipo de trabajo y otras irregularidades.
Diconsa –que fue fusionada por el gobierno de López Obrador con Liconsa y ahora se llama Seguridad Alimentaria Mexicana– es otra de las exhibidas y denunciadas penalmente por la ASF.
En la auditoría número 275, de la cuenta pública 2017, se documentó un posible daño a la hacienda pública por parte de Diconsa, entonces encabezada por Héctor Velasco Monroy, por 412 millones 624 mil pesos.
Lo anterior, luego de que realizó “pagos indebidos” por 325 millones de pesos al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México para diversos servicios que “no efectuó ni cumplió con las funciones objeto de los servicios por las cuales fue contratado”.
Pero también habría hecho pagos “indebidos” al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, para que le brindara “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo”. La totalidad de los servicios los realizó a través de terceros y pese a ello el Instituto cobró 63 millones de pesos.
La Conagua también utilizó a una universidad para triangular recursos. En 2016, cuando el director era Roberto Ramírez de la Parra, el organismo solicitó los servicios de universidades para el análisis de calidad de agua y mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de bombeo, entre otros contratos.
Pero según la auditoria 408 que motivó la denuncia ante la FGR, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo no contaba con la capacidad técnica ni humana para solventar los convenios y subcontrató a ocho empresas por 10 millones de pesos, que representa 91% del total del contrato: 11 millones de pesos.
Esto se evidenció en 15 transferencias bancarias y la expedición de 15 facturas electrónicas entre junio de 2016 y enero de 2017.
“La Universidad, como caso fortuito o de fuerza mayor, argumentó dos eventos que fueron: la huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana del 20 de mayo al 27 de junio de 2016 y la toma de sus instalaciones por los aspirantes y rechazados por la universidad de la ‘Coordinadora de Universitarios en Lucha’ del 25 de agosto al 2 de noviembre de 2016”, según reportó la ASF, pero también aclaró que seis contrataciones las efectúo fuera de los dos periodos que argumentaron como causa del incumplimiento y motivo de la subcontratación.
Durante seis años consecutivos la ASF ha denunciado el desvío de recursos públicos mediante el esquema de adjudicaciones directas, consistente en la asignación y celebración recurrente de contratos y convenios entre entidades y dependencias de la administración pública para la prestación de diversos servicios y adquisiciones, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Durante esos años “ha identificado reiteradamente irregularidades, como presunción de simulación de operaciones, asignación discrecional de contratos a entidades que no cuentan con la capacidad técnica, material y humana para efectuarlos, costos por encima del mercado que no garantizan las mejores condiciones para el Estado, contratación de terceros en más de 49% (permitido por ley) y que, por lo general, no cuentan con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; o bien los proveedores (terceros) no han sido localizados”, señala la auditoría en una de sus observaciones de la cuenta pública 2017.
En entrevista con el periodista Raymundo Riva Palacio en su programa de Televisa, Colmenares dijo que hasta el momento las denuncias que ha presentado por casos similares a la Estafa Maestra suman 2 mil 600 millones de pesos y que tienen en proceso otros seis dictámenes por casi 400 millones más, con los que se podría llegar a casi 3 mil millones.
Colmenares dijo que por primera vez la auditoría a su cargo logró coordinarse con la FGR de manera “casi perfecta” en el caso de la Estafa Maestra, caso por el que Robles está en prisión preventiva en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla. l
