Señor director:
Me refiero a los artículos publicados el domingo 4, suscritos por los doctores Ernesto Villanueva y John M. Ackerman.
Ambos se refieren a las reformas en el diseño institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Expresan la manera con la cual diversos grupos interesados han manifestado su molestia contra los imprescindibles cambios propuestos por la doctora María Elena Álvarez-Buylla.
Es indudable que el Conacyt recibió desde su creación un sinnúmero de “presiones” provenientes de sectores relacionados con la investigación –algunos de cierta seriedad–, pero la mayoría, plagada de intereses personales.
No pretendo descalificar a los detractores; a algunos los conozco e, incluso, han sido mis alumnos, como es el caso de Luis de la Barreda, quien, sin duda, está en pleno derecho de mostrar sus puntos de vista. Lo que no es correcto es difundir información falsa sobre lo que él llama –sin mayor prudencia– recortes presupuestales del 50%. La doctora Álvarez-Buylla se enfrenta a una “guerra sucia” originada por un sinfín de oportunistas.
A través de los años se fueron creando mafias dentro del Conacyt, grupos de poder que no tuvieron prudencia en los dispendios, y quienes de manera escandalosa se otorgaron beneficios de toda jaez.
Un organismo que debió ser de apoyo, como es el denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de pronto se convirtió en un impulsor de negocios y descarado reparto de canonjías, donde la constante fueron los contratos sin sustento y proyectos inocuos.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, conformado por un “club de amigos”, se dio a la tarea de sustituir las funciones del Conacyt. Ahora, frente a las reformas propuestas por la doctora Álvarez-Buylla, diversos personajes, algunos conocidos y otros evidentemente sin ninguna presencia en el mundo científico, sin argumentos ni mucho menos autoridad moral, están contra una nueva política democrática, sensata y patriótica del Conacyt.
En diversas ocasiones, debido a esas mafias y grupos de poder, los verdaderos investigadores fueron marginados. Me consta porque si en un lugar hay juristas de talla internacional es en la Facultad de Derecho de la UNAM, institución preclara que ocupa el primer sitio en el mundo iberoamericano en la enseñanza del derecho; pese a ello, de las obras que en tal institución se producen, desde que existe el Conacyt nunca un jurista de calidad proveniente de la institución señalada ha sido parte de las Comisiones Dictaminadoras, las cuales son integradas –en su mayoría– por personas de muy modesta calidad académica, porque entre ellos se reparten importantes beneficios económicos, y quienes casualmente son, entre otros, impulsores de esa “guerra sucia” contra el nuevo Conacyt.
¡Enhorabuena! Que el nuevo Conacyt precisa el uso justo y adecuado de sus recursos; reparto correcto de las partidas para quienes realmente impulsen la investigación científica en todas sus áreas.
Estoy cierto y felicito el análisis oportuno y preciso que realizan los destacados investigadores Ernesto Villanueva y John M. Ackerman sobre el Conacyt.
El Conacyt deberá dejar de ser un elefante flanco, centro indigno de intereses creados, para dar paso a una seria y benéfica –socialmente hablando– investigación científica y tecnológica.
Atentamente:
Doctor Eduardo López Betancourt
Profesor e investigador de derecho penal y constitucional
Facultad de Derecho de la UNAM
