El proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito al menos en dos vertientes: porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer, acusada de corrupción, por el desvío de 5 mil millones de pesos, y porque de alguna manera implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto.
El caso de la Fiscalía General de la República (FGR) contra María del Rosario Robles Berlanga no se integró por peculado, malversación, enriquecimiento ilícito o desvío de recursos, y sí, en cambio, por ejercicio indebido del servicio público, delito que, más allá de las consecuencias para la exfuncionaria, coloca por primera vez en el centro de un proceso penal al expresidente Enrique Peña Nieto.
La comparecencia del pasado jueves 8 constituye de por sí un hecho histórico: Robles se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en la historia en ser imputada por hechos de corrupción, así como la segunda llamada a proceso; el primero fue Luis Echeverría, quien compareció en julio de 2002, en calidad de exsecretario de Gobernación, en la investigación de la matanza de Tlatelolco.
Pero la relevancia del caso se relaciona con el tipo penal. Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, la imputación se funda en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal.
Dicho precepto establece que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público quien “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia” o entidad gubernamental por cualquier acto u omisión, “no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
El de ejercicio indebido del servicio público es un delito que se castiga con prisión e inhabilitación para ejercer un cargo público de dos a siete años, además de una multa que puede ir de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente al momento de cometerse el ilícito, aunque por tratarse de un delito menor –no grave– la acusada podría quedar en libertad mediante el pago de una fianza.
Y puesto que durante seis años el superior inmediato de Robles fue el hoy expresidente Enrique Peña Nieto, la estrategia de la FGR se orienta a que, en caso de que el proceso continúe una vez que concluya la audiencia de imputación este lunes 12, la exfuncionaria acepte la responsabilidad por no haber informado al entonces mandatario del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y 25 centavos, o bien, a que aun habiéndole informado, ninguno de los dos hubiera tomado medidas para evitar que siguiera ocurriendo.
En cualquiera de las dos opciones, el cauce del proceso llevaría a la posible imputación de otros delitos por acción u omisión, en principio por no sancionar las irregularidades, e inclusive a que se acredite que Robles o Peña Nieto las ordenaron.
La implicación de Peña Nieto no fue mencionada durante la primera parte de la audiencia de imputación, realizada el jueves 8, pero un día después Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuyo periodo se documentó la primera parte del caso, afirmó que el exmandatario estuvo enterado del desfalco.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Portal aseguró que no sólo informó verbalmente del caso a Peña Nieto –en una audiencia en la que también le expuso los malos manejos en los que estaba incurriendo Javier Duarte–, sino que a raíz de ese encuentro se giró la instrucción de crear un grupo intersecretarial para investigar los hechos.
El paso siguiente de la FGR sería necesariamente llamar a Peña Nieto, ya sea por el caso Robles o por una eventual implicación directa.
Pormenores jurídicos
La estrategia jurídica de la FGR y de la instancia denunciante, la ASF –órgano que acreditó el desfalco denominado como la Estafa Maestra en el portal Animal Político donde se dio cuenta del caso– implicó un reordenamiento de la investigación que, según fuentes de la fiscalía, debió empezar de cero.
A finales de enero pasado, luego de que Alejandro Gertz Manero fuera confirmado como fiscal general, un equipo de trabajo integrado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia solicitó a la ASF que, en su calidad de denunciante, remitiera de nueva cuenta la información relacionada con el caso, pues durante 2018 éste se mantuvo congelado, con expedientes desorganizados y sin avance.
De hecho, luego de que el pasado 29 de julio se dio a conocer que Robles sería imputada y llamada a declarar –tras la solicitud que el 25 de julio hizo la agente del Ministerio Público Federal Teresa Maldonado Rodríguez para que compareciera en la audiencia de imputación y vinculación a proceso–, la exfuncionaria aseguraba que hasta que abandonó el cargo no había ninguna denuncia o querella en su contra.
El monto calculado por la FGR resulta de la suma de recursos malversados mediante un complejo esquema de simulación de servicios y aplicación de programas sociales, el cual se puso en práctica durante el periodo en el que Robles fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu), entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.
Según la carpeta de investigación, a la cual tuvo acceso este semanario, en junio de 2014, a un año y medio de que el entonces auditor Portal iniciara en el cargo, informó a Robles sobre el esquema que se había empleado para el desfalco, durante un encuentro en las oficinas de la ASF.
Lo anterior fue corroborado por Portal en la entrevista para Radio Fórmula, en la que aseguró que un ejemplo de los desvíos fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa en el que se simularon contratos con universidades y entidades públicas para usarlos como parapeto:
“Le dije claramente que estaba desviando recursos. Que no entendía, que cómo era posible que desaparecía el dinero en programas que no estaban teniendo resultados.”
Portal no es el único testigo, pues la FGR consiguió las confesiones de José Antolino Orozco Martínez, quien fue director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en la Sedesol y después titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, cargos que ocupó cuando Robles encabezaba esas secretarías.
Orozco está implicado en el esquema de desvío y, por lo tanto, es imputado por la FGR, que en seguimiento a sus declaraciones acreditó que Robles fue notificada de los desvíos el 11 de septiembre de 2014 y luego en julio de 2015. Además, habría insistido en sus informes en marzo de 2017 y ya en el último año, mediante los oficios de notificación que fueron asentados en la actuación ministerial con terminación 45/2018 y 133/2018.
Dichos oficios forman parte de la carpeta de investigación, que consta de 125 fojas, en la cual se acredita también la confesión de María del Carmen Gutiérrez Medina, quien declaró ante el Ministerio Público que en octubre de 2018 puso en conocimiento de Robles los esquemas de desvío durante una reunión en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda.
En su caso también aportó dos oficios. El primero identificado con terminación 869/2018, del 29 de octubre, y el 908/2018, del 13 de noviembre.
Gutiérrez Medina fue subalterna de Orozco en los dos cargos que ocupó y, como él, resultó clave en la operación del esquema de corrupción, de manera que para integrar la causa contra Robles no sólo aportó su testimonio sobre informes verbales, sino que contribuyó a la localización de domicilios en los que presuntamente se falsificaban documentos y que estaban a cargo de hoy excolaboradores del oficial mayor de ambas dependencias en los periodos mencionados: Emilio Zebadúa.
Mientras Robles insistía en que su firma no aparece en ningún documento relacionado con el esquema de defraudación, la FGR integró así un caso plenamente acreditado: el conocimiento de la hoy exfuncionaria de lo que estaba pasando y la presunta omisión en informar a Peña Nieto.
La resistencia
La discreción con que la FGR manejó el sentido de la audiencia del viernes 9 fue parte de lo que la defensa de Robles impugnó, pese a que el documento en el que el Ministerio Público pidió fecha para audiencia de imputación se había filtrado desde el 25 de julio y dejaba claramente expuesto cuál sería el delito del que se le pretendía culpar.
El abogado Julio Hernández Barros, quien encabeza la defensa de la exfuncionaria y funge como vocero de los dos despachos que llevan su representación, interpuso un “amparo rastreador” con el fin de detectar si había orden de aprehensión.
Además de sostener que no sabía de qué se le acusaba, la extitular de la Sedesol y la Sedatu envió desde España una carta en la que confirmó el citatorio y calificó la filtración como una violación al debido proceso.
“En efecto”, escribió, “fui citada a comparecer el día 8 de agosto de los corrientes a un juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establezcan las causas y los hechos”, se quejó. Entonces alegó que al desconocer las pruebas en su contra se entorpeció su posibilidad de presentar una defensa efectiva.
Ninguna de las autoridades que fueron llamadas a presentar oficios por pesquisas derivadas de la investigación de la Estafa Maestra aceptó tener pruebas en su contra. Robles lo confirmó hasta el miércoles 7, cuando el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó haber atraído su caso y que hubiera orden de captura.
Mientras el abogado defensor mantenía un intenso activismo en los medios, iba presentando otras demandas de amparo. Por ejemplo, el miércoles 7 intentó obtener uno con el argumento de que los informes de auditoría de la ASF no debieron hacerse públicos –un intento fallido, hasta el cierre de esta edición, de sacar a ese órgano del proceso.
Además, la defensa solicitó la reserva del nombre de Robles en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, pues alegó que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.
En torno a la audiencia surgieron más filtraciones, entre otras la versión de que la Unidad de Inteligencia Financiera había iniciado el bloqueo de las cuentas bancarias de Robles. Hernández Barros se encargó de desmentir esto. No obstante, según fuentes consultadas por este semanario, el cerco podría estrecharse una vez que sea emitida la determinación del juez de Control en el Reclusorio Sur tras la audiencia de este lunes 12.
A decir de la doctora Muna Dora Buchahin, quien hasta el 1 de julio de 2018 fue directora de Auditoría Forense en la ASF y fue la primera persona en documentar el caso, el valor total de las pérdidas asciende a más de 20 mil millones de pesos.
La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial y secretario de Hacienda en la pasada administración federal, tomó el control de la Sedesol en agosto de 2015 y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.
Respecto al caso, el pasado lunes 5 Robles envió una carta al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que pidió un proceso justo y que los jueces a su cargo no la juzgaran con los mismos criterios del “linchamiento mediático” que, dijo, se había montado en su contra.
“Todo este linchamiento mediático ha influido a mi parecer en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso. No sólo. (sic) Ha expuesto a lo más importante para mí que es mi hija, la que ha tenido que vivir toda clase de insultos y vejaciones”, señaló en la misiva.
Y es que en esa carta acusó a Animal Político de ser el causante del clima de animadversión en su contra por difundir el reportaje sobre la Estafa Maestra; insistió en que las filtraciones enturbian su defensa y violan sus derechos, y aunque en todo momento afirma que está dispuesta “a dar la cara”, en la misiva envió un mensaje de naturaleza política que, en sentido estricto, nada tiene que ver con el papel de Zaldívar y sí con el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“Confío en la palabra del presidente de la República cuando dice que no hay consigna de su parte, consigna alguna en mi contra o de alguna otra persona.” l
