Santiago.- Una prolongada suspensión del suministro de agua en la sureña ciudad chilena de Osorno generó una ola de indignación en todo el país. La crisis derivó en la exigencia de poner fin a la concesión entregada a la Empresa Sanitaria de Los Lagos (Essal), filial de la francesa GDF Suez.
Además, como nunca antes, se hizo evidente ante la opinión pública el hecho de que Chile es el único país en tener el servicio de agua potable completamente privatizado.
Todo comenzó la medianoche del 10 de julio, cuando el único operario de la planta Caipulli, de Essal, olvidó detener el llenado con petróleo de un generador de electricidad. Esto ocasionó un rebalse de 8 mil litros de combustible y la consecuente contaminación de las piscinas en las que se purifica el agua que abastece a Osorno, ciudad de 200 mil habitantes.
Al declarar a la Policía de Investigaciones, el funcionario –cuyo nombre no se reveló– dijo que trabajaba sin luz y con equipos precarios. Causó escándalo que informara que para hacer funcionar el indicador de llenado de combustible del generador de electricidad, “había que golpearlo con una piedra”.
A la mañana siguiente del derrame todo Osorno estaba sin agua.
Desde las primeras horas del 11 de julio –cuando se notificó del corte a la población– la empresa dio información falsa respecto de las razones y en relación con el momento en que se concretaría su reposición. Con los días quedó en evidencia que Essal no tiene filtros de repuesto ni un plan de contingencia para hacer frente a una crisis como ésta.
Desesperados, el 15 de julio los habitantes de Osorno se volcaron a las calles para protestar, unidos bajo el grito: “¡Fuera Essal!” Los manifestantes marcharon tras una manta que decía: “Recuperemos el agua para l@s chilen@s!!” y “¡El agua es un derecho, no un negocio!”.
El 17 de julio, constatando la gravedad de la crisis, el presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión de un viaje que realizaría a Estados Unidos, donde participaría en un encuentro privado organizada por Google. Ese día se trasladó a Osorno, donde fue recibido entre protestas. Allí, con la parafernalia que suele rodear sus intervenciones, anunció el regreso del agua. Sin embargo esto no se concretó, sino hasta cuatro días después.
El 18 de julio la administradora municipal de Osorno, Karla Benavides, hizo airadas declaraciones a la prensa: “¡Es impresentable que en esta gobernación no esté el intendente (gobernador regional); no están las autoridades que llamaron al COE (Comité de Emergencia) y resulta que llegamos nosotros, como municipalidad, a pedir explicaciones para dárselas a las personas y tomar las medidas necesarias para entregar agua… y no se presentaron!”.
Benavides criticó fuertemente a Piñera. “Aquí no se ha dicho la verdad a la gente, se habla de ventanas (de provisión de agua)… viene el presidente y hace un show anunciando que volvió el agua… y definitivamente hoy día estamos sin agua en Osorno”.
Después de días sin cumplir con el servicio, en los que Osorno estuvo al borde del colapso sanitario y resultó casi completamente paralizada en sus actividades económicas, Essal repuso el agua el 21 de julio.
Esta empresa acumula, desde 2014, 85 procesos sancionatorios por las deficiencias de su servicio. Entre las sanciones llama la atención una de 2017, por arrojar aguas negras al lago Llanquihue, mediante ductos clandestinos. Hacía esto, pese a que cobraba a sus clientes por el servicio de tratamiento de esas aguas.
Essal opera en toda la Región de los Lagos y su rastro de inmundicia es perceptible en bahías, ríos y ensenadas. Pero dado su enorme poder de cabildeo, las sanciones por sus actos nunca han pasado más allá de multas irrisorias.
Fin a la concesión
Los medios, que habitualmente no informan de los problemas derivados de la privatización de las empresas sanitarias, ante la emergencia y la presión de la opinión pública abrieron sus espacios al tema. Detallaron los vínculos entre ejecutivos de las empresas sanitarias privatizadas y el mundo político.
El 24 de julio el Senado tuvo una sesión especial para evaluar la situación en Osorno. En la ocasión, con apoyo de todos los sectores políticos, se acordó pedir a Piñera poner fin a la concesión de Essal, indemnizar a las personas afectadas por el corte de agua y modernizar la legislación sanitaria.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios deberá rendir en los próximos días un informe técnico en el que dirá si amerita poner fin a la concesión a esta empresa. Pero, según establece la Ley General de Servicios Sanitarios del Ministerio de Obras Públicas (de 1988), es el presidente de la República quien deberá tomar la decisión final. l
