El prestigiado científico Víctor Manuel Toledo describe en entrevista el precario estado en el que encontró la Semarnat cuando asumió su titularidad en mayo pasado: con un presupuesto disminuido y un creciente número de conflictos ambientales, entre otros muchos problemas. Pero el funcionario alerta sobre todo respecto de la dramática devastación ambiental que se registra en varias regiones del país, las cuales se encuentran por ello en estado de “emergencia”.
“Estamos ante un país devastado en términos ambientales, con regiones en un verdadero estado de emergencia”, dice el biólogo Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en etnoecología –rama interdisciplinaria que estudia el uso y manejo de los recursos naturales por las diversas culturas y pueblos–, Toledo es fundador de la Red de Patrimonio Biocultural del Conacyt, autor de 20 libros y el segundo científico que encabeza la Semarnat (la primera fue Julia Carabias, de 1994 a 2000).
Merecedor de reconocimientos como la Cátedra Unesco y el Premio Nacional al Mérito Ecológico, fue parte de un grupo de especialistas que durante la pasada campaña electoral entregó a Andrés Manuel López Obrador una propuesta de agenda ambiental. Además, ha coordinado un laboratorio en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en Morelia, que entre 2012 y principios de 2018 registró 564 conflictos ambientales en el país.
En su oficina, Toledo tiene un pizarrón blanco con una lista de palabras; en el piso, varios mapas del país señalan la gravedad de los conflictos y emergencias con colores de semáforo. Encabeza la lista de alertas la industria minera.
“Estamos en conflicto con intereses empresariales. Ahora sí que hablamos de las venas abiertas de México”, dijo el entonces investigador a la reportera en una entrevista realizada en abril de 2018 en San Miguel de Allende, durante un foro sobre la problemática del agua en la región noreste de Guanajuato.
Ha pasado poco más de un año. Esta vez, ya como secretario de Medio Ambiente, dice: “Ahora que estoy acá me doy cuenta con mucha más claridad. No me lo va a creer, tengo este pizarrón y estoy poniendo los focos rojos: uno o dos diarios. Es impresionante; no pensaba que estuviéramos a ese nivel”.
La entrevista se lleva a cabo el 24 de julio, en vísperas de que se publique en la Gaceta Ecológica la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, uno de los megaproyectos de López Obrador que polariza a sectores empresariales, organizaciones civiles y partidos.
El secretario, nombrado el pasado 24 de mayo, encontró en la dependencia precariedad presupuestal, la urgencia de reestructurarla y la necesidad de recuperar su capacidad científico-técnica para cumplir sus funciones.
“Tenemos 60% menos presupuesto que el máximo histórico que alcanzó la secretaría en su historia… Lo que hemos estado haciendo en cortísimo tiempo es una revisión… Mi función en buena parte es recuperar presupuesto. Eso no es una exigencia de un funcionario; es una demanda pública, social, cada vez más intensa.”
–¿Ya le pidió más presupuesto al presidente?
–No, estamos por plantearlo. Pero ya encontramos varios mecanismos que esperamos que se van a poder obtener. No perdemos de vista que necesitamos también mucha imaginación. Muchas cosas se pueden hacer sin más recursos: la sinergia con otras secretarías, la creación de convenios y proyectos conjuntos. Eso lo tenemos muy claro, (pero se necesita) una mínima plataforma presupuestal que sí tiene que aumentar, indudablemente”.
A esto le agrega una “cierta relajación técnico-científica; se perdieron muchos cuadros en el transcurso y eso implicó dejar de atender muchísimas problemáticas y también cierta laxitud en la aplicación de la ley”.
En la secretaría, explica, hay áreas que después de 25 años ya no funcionan o deben quedar subordinadas a las prioritarias, mientras que hay programas por retomar, proyectos que habían sido disminuidos e incluso cancelados. Por esa razón puso en marcha una reestructuración.
Como parte de ésta, se contemplan, entre otras medidas, el fortalecimiento del área enfocada en la transición energética, la creación de la Dirección del Patrimonio Biocultural y la operación de los consejos consultivos, el nacional y los estatales, que están en la ley pero desaparecieron en los hechos.
En cuanto a la normatividad, señala, “desde la academia pudimos observar que, en términos de los conflictos ambientales del país, el Estado en su brazo ambiental no actuaba y dejaba pasar muchísimas cosas. Esto es evidente en muchísimos casos, y por lo tanto es un síntoma de lo que está pasando”.
Las urgencias
Toledo indica que el número de conflictos y emergencias “crece a diario”. Y ante la devastación, afirma, “vamos a entrar ya”.
“Hicimos una primera declaración en la región de Tula –prosigue–, donde la contaminación de aire, agua y suelo es brutal, por decir lo menos.”
Ese daño se deriva de la operación de la refinería de Pemex, varias cementeras y una calera, que se suman a la contaminación de la presa Endhó, la cual recibe aguas residuales de la Ciudad de México y presenta altos niveles de contaminación por metales y arsénico.
“Allí hay varios factores que producen estados de indefensión de la población, problemas de salud muy severos. En octubre se declaró Zona de Emergencia Sanitaria y nosotros la acabamos de declarar Zona de Restauración Ecológica.”
Esto implica una atención especial de los niveles de gobierno a lo que expresen los habitantes de la zona, pues “(Semarnat) será la secretaría orientada por los ciudadanos, con la participación de los ciudadanos”, resalta el funcionario.
Prueba de ello, afirma, es que fueron pobladores de la zona afectada en Tula quienes en protesta cerraron la Semarnat hace unas semanas. “Cuando revisamos la situación de la región vimos que está muy mal, efectivamente; además, con asuntos desatendidos, promesas incumplidas, proyectos prometidos y no cumplidos… hasta un pozo contaminado con arsénico… es realmente terrible”.
Esto sucede también en buena parte de los ríos del país, como el Lerma y el Atoyac. Ambos serán revisados por la Semarnat “para detectar todo el problema de contaminación, casi kilómetro por kilómetro,”, dice su titular.
Sin embargo, no se trata sólo de revitalizar las zonas afectadas, sino también de apoyar a la población:
“Estamos abriendo un proyecto para reforzar las comunidades que viven alrededor y adentro de las Áreas Naturales Protegidas, porque fíjese la situación: hicimos un análisis de las comunidades que están alrededor de éstas, que abarcan 30 millones de hectáreas en México, y una buena parte están en situación de pobreza o marginación social. Esto es absurdo.
“En el país hemos cuidado la riqueza biológica, descuidando la calidad de vida de las comunidades que están ahí. La idea es que las comunidades, ejidos, comunidades rurales, pueblos originarios, tienen que ser copartícipes, colaboradores de la protección de la naturaleza. Pero esto no lo van a poder hacer si están en condiciones de marginación, así que vamos a enfocar todo un proyecto para convertir a las comunidades en aliadas de la conservación.”
–¿Cuáles son los conflictos socioambientales más urgentes de atender?
–Aquí en el pizarrón tengo una lista: Guaymas, la vaquita marina, la cervecera del norte, las mineras como Peñasquito… Todo el tiempo estamos recibiendo a la gente que nos pide audiencia para ver cómo vamos a actuar. Sí tenemos un número muy elevado de conflictividades y problemáticas, y siguen surgiendo. Esto es una herencia permanente de problemáticas que no se resolvieron o se resolvieron a medias. El tema de minería es el más complicado de todos, el que tiene el mayor número de conflictos del país.
–¿Cómo se llegó a eso?
–Son varias lecturas. La primera es que la minería tiene impactos ambientales obvios; en relación con eso está el tema social, el de las comunidades que viven alrededor o cerca. Darán puestos de trabajo, pero al final todo –la contaminación de aire, de agua y de suelos– está ahí.
Sin embargo, aclara, “el primer problema es el tema de los impuestos. Mientras que los ciudadanos mexicanos pagan 30% de su trabajo como impuesto, las empresas mineras pagaban 2% y ahora apenas 6 o 7%. La riqueza que se genera a través de la explotación de la minería es impresionante”.
Además del compromiso presidencial de que no se otorgará una sola concesión minera más, el titular de la Semarnat comenta que se revisarán prácticamente “caso por caso” las concesiones que estén incumpliendo las normas ambientales. No obstante, recuerda que las decisiones se deben tomar también en otros ámbitos, como el Legislativo:
“Tengo conocimiento de que en el Congreso hay interés de revisar la ley minera y el tema de los impuestos de este sector; allí hay muchísimo qué hacer.”
Desde luego, enfatiza Toledo, sigue siendo prioridad la revisión de la normatividad propiamente ambiental:
“Se tiene que generar la ley general de aguas; estamos con el tema de revisar la ley de la transición energética, a la que hay que hacerle cambios, ver lo del fracking… Vamos a impulsar una ley en materia alimentaria, que debe reglamentar los pesticidas, los transgénicos. Vamos a trabajar una ley de desechos sólidos también”.
Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía
Al día siguiente de la entrevista, el jueves 25 por la tarde, se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Aeropuerto de Santa Lucía, con énfasis en varios condicionamientos de mitigación de impactos de fauna y flora, ruido, agua, manejo de residuos y prevención de contingencias ambientales derivadas de fenómenos meteorológicos extraordinarios.
“La Secretaría de la Defensa presentó (la MIA) y se trabajaron 12 o 15 rubros. El que más llamó la atención es el del agua. Se atendió a través de la Comisión Nacional del Agua. No hay, efectivamente, posibilidades de traer el agua de alrededor y se traerá del Valle del Mezquital mediante un acueducto que se va a construir. Se revisó el dictamen técnicamente; esto llevó dos semanas de reuniones, de discusiones, de estudios técnicos. De lo que faltó – ya pasó– se hicieron las observaciones”.
–¿La Semarnat dijo lo que tenía que decir sobre la viabilidad del megaproyecto?
–Queda claro que la Semarnat está obligada a hacer la revisión de las MIA del sector privado y también del gobierno. Se va a aplicar el mismo rigor a todos. Ahora, no se olvide que están todos los ojos de las organizaciones pendientes de nosotros. No nos vamos a arriesgar a ser criticados por dejar pasar aspectos que no debían pasar.
–¿Y sobre el Tren Maya?
–Ahí sí, ese es de otra magnitud. El Tren Maya conlleva muchísimas dimensiones que deben revisarse; desborda incluso el tema meramente ambiental. Tiene que ver fundamentalmente con el tema biocultural, porque estamos en una de las regiones bioculturales más importantes del mundo; con una cultura de 3 mil años de antigüedad, y por lo tanto los mexicanos que tenemos apenas 200 años necesitamos ser extremadamente cuidadosos para no afectar a una cultura que tiene 3 mil años ahí, no afectar ese legado histórico y a la región más verde del país con una presencia de comunidades importantísima.
Agrega que la Semarnat ya recibió la información del proyecto por parte de Fonatur. “Lo vamos a revisar con muchísimo cuidado y tomaremos una decisión también; haremos señalamientos específicos y tendremos una posición”, comenta.
–¿Podría ser una posición contra el proyecto?
–Veo difícil que estemos en contra. Los argumentos tendrían que ser muy definitivos… los impactos ambientales, el tren mismo, son superables, pero daremos puntos de vista y alternativas con muchísimo cuidado, porque el trazo es una de las dos fases del proyecto; la primera es poner el tren a funcionar.
“Lo que sigue sí es más complicado: lo que llaman polos de desarrollo. Ahí sí tendría que ser un proyecto muy innovador, con mucha originalidad, para no afectar esa riqueza biocultural que existe en la región. El problema lo veo en los polos de desarrollo.”
En cuanto a la refinería en Dos Bocas, la Semarnat hará evaluaciones de cada etapa y por el momento espera que la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle, presente la MIA correspondiente. No obstante, considera que su construcción es necesaria:
“El petróleo se acaba en muy pocos años y necesitamos hacer la transición energética, pero está el tema de las gasolinas; necesitamos garantizar soberanía energética en términos de las gasolinas. México es dependiente de Estados Unidos y si éste decide cerrar el abasto de ese combustible, el país colapsa en una semana.”
Al preguntarle si la dependencia, con base en estudios científico-técnicos, dará su opinión aunque ésta no le guste al presidente, Toledo contesta:
“Claro. No es un problema. Yo no tengo ningún interés. El presidente me invitó, me lo pidió y yo acepté con mucho gusto. Vamos a estar regidos por la evidencia científica, el criterio equilibrado, y escuchar a las comunidades, a la opinión pública y a la gente, es fundamental. En el diálogo se tiene que llegar a acuerdos”.
Y concluye: “No estamos aquí como una secretaría que simplemente haría el juego al resto del gobierno”. l
