El 22 de julio el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, se enteró de que había sido removido de su cargo cuando le presentaron a su remplazo. El motivo aparente es que se negó a aplicar algunas de las medidas de austeridad propuestas por el presidente López Obrador. En entrevista con Proceso, el extitular del organismo advierte que si bien el gobierno federal no ha atentado contra la integridad del Consejo, el jefe del Ejecutivo ha insinuado que podría hacerlo y pasar sus funciones al INEGI, lo que, advierte, “sería un error muy grave”.
En los últimos dos meses Gonzalo Hernández Licona se negó a aplicar algunas medidas de la “austeridad republicana” en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); por ejemplo, rechazó deshacerse de los 18 directores generales adjuntos y recortar 20% de la estructura del organismo autónomo, equivalente al despido de 64 personas.
La tarde del pasado lunes 22 un grupo de funcionarios de la Secretaría de Bienestar, al frente de quienes iba el abogado general de la dependencia dirigida por María Luisa Albores González, llegó a la sede del Consejo; subió al octavo piso y le enseñó a Hernández Licona un oficio presidencial en el que se informaba del nombramiento del doctor José Nabor Cruz Marcelo como nuevo secretario ejecutivo del Coneval.
“No renuncié. Me dieron el papel y dijeron: ‘Oye, aquí está otro, maestro’; me dan la notificación de que hay alguien más en mi puesto, que fui remplazado”, recuerda Hernández en entrevista con Proceso.
Si bien afirma que no tiene “ningún reclamo” respecto a su remplazo y que el Coneval “no se niega a la austeridad”, el ahora exfuncionario –quien encabezó el organismo autónomo desde su creación, en noviembre de 2005– insiste en que “si aplicamos la austeridad exactamente como dicen, el Coneval va a tener graves problemas de operación”.
En entrevista con este semanario Hernández cuestiona algunas decisiones del gobierno en materia de política social –el recorte al programa de estancias infantiles, la aparente eliminación de Prospera y la abierta desconfianza hacia estructuras de la sociedad civil– que, sumadas a la austeridad, podrían afectar a los más vulnerables e ir contra la política de “primero los pobres”, impulsada desde el gobierno federal.
Estima que el gobierno no sólo debe transferir recursos a los beneficiarios de los programas sociales, sino también invertir masivamente en salud y educación para garantizar un acceso efectivo a los derechos en esas materias; para ello se necesita una “política redistributiva más agresiva”, que pasaría por una mayor recaudación de impuestos a los más ricos, entre otros.
Hernández considera que desaparecer el Coneval y encargar la medición de la pobreza al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado jueves 25, “sería un error muy grave”, pero asegura que las declaraciones del mandatario no generaron pánico en la institución.
“Las funciones del Coneval y del INEGI son complementarias pero diferentes”, sostiene y abunda: “En las mañaneras hay tantas declaraciones, que se toman un poco a la ligera; es como si dijera: ‘Yucatán y Campeche se parecen mucho, ¿por qué no hacemos un solo estado y le ponemos un solo gobernador?’”.
En su conferencia, López Obrador señaló que su gobierno “no descarta” la posibilidad de desaparecer el Coneval, al que incluyó entre los “aparatos burocráticos onerosos, sin beneficio, instituciones supuestamente autónomas” como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al que ha criticado públicamente en reiteradas ocasiones.
“Que vayan los 600 millones de pesos a combatir la pobreza, en vez de crear el aparato para medir si hay pobreza o no; eso se puede seguir haciendo con el INEGI”, abundó el mandatario.
Según Hernández, “un Coneval con posibilidades de hacer estudios ayuda mucho a reducir la pobreza, porque les da a los gobernantes una guía de hacia dónde podemos ir, más allá de partidos políticos y cuotas de poder”.
“La medición de la pobreza es un tema polémico y político. El presidente me va a decir que la pobreza bajó, la oposición va a decir que subió. Si uno va al médico y le dice: ‘Nada más dame las buenas noticias’, pues no es un buen médico ni un buen diagnóstico. Tiene que decirte que tienes que cuidarte bien, si no, vas a estar remal mañana”, abunda.
Y señala: “Por naturaleza, las instancias evaluadoras generan tensión. El Coneval ha tenido la virtud de poder decir las cosas como son: si la pobreza subía, si un programa no estaba siendo efectivo. Lo decimos con el afán de mejorar, no de fregar, pero no siempre ese resultado es bonito”.
–¿Qué implica un Coneval alineado?
–Un Coneval alineado, mejor lo cerramos. Si en el futuro hay un despido o una remoción agresiva de consejeros, creo que hay un problema. Hoy no lo hay.
Focos de atención
–El discurso del gobierno de López Obrador se enfoca en “Primero los pobres”. ¿Observa ese cambio radical, se está moviendo todo el aparato del Estado mexicano hacia los pobres? –se le pregunta.
–Déjame empezar por la parte positiva: ciertamente hay un énfasis en las actitudes, en los mensajes y en una parte importante de la política social sí está el interés en la población pobre. También es cierto que hubo un incremento en el salario mínimo mayor que en otros años. Pero hay problemas de austeridad y hay problemas de coordinación que pueden afectar. Habrá que medirlo.
Pese a que el Coneval apenas inició su análisis y evaluación de la política de desarrollo social impulsada por la nueva administración –y todavía no tiene el respectivo análisis exhaustivo–, Hernández señala algunos focos de atención.
Un ejemplo: el gobierno federal desapareció los componentes de salud y de desarrollo social de Prospera, lo limitó en el otorgamiento de las llamadas Becas Benito Juárez y pasó su coordinación a la SEP, pese a que dicho programa tenía incidencia directa sobre la población más pobre del país, según Hernández.
“Parecería que el gobierno tomó decisiones sin tomar en cuenta las evaluaciones de Prospera. Parece que dijeron: ‘Miren: Prospera no, quítenlo, quítenle la coordinación, que se quede en un tema de becas’”, comenta.
“Si hay un problema de coordinación en el gobierno es que a veces la coordinación es de cuates, pero Prospera tenía una coordinación muy buena, que posiblemente se pierde. Prospera era un programa en el que más claramente llegaba el ingreso a los pobres más pobres. Tenía errores pero era el menos malo o era el mejor”, opina.
–¿Uno de los problemas era el de los vocales que hacían gestión política?
–Puede ser. Había gestión política en muchos programas, incluso en Prospera; pero aun así era el que llegaba a más pobres. Si lo quitas, además del tema de coordinación podría suceder que sus sustitutos no tengan una focalización tan eficiente.
“Perderíamos el tema redistributivo que Prospera sí tenía; y si sus sustitutos no son tan eficientes, tendríamos un problema grande, porque entonces no estaríamos poniendo a los pobres primero.”
Estima que la política social del gobierno federal podría sufrir con las medidas de austeridad, pues subraya que “la política social y su gasto, a pesar de que ha sido mucho, es insuficiente” y no puede limitarse a entregar recursos a los beneficiarios de los programas sociales.
“Si la visión es el ejercicio efectivo de los derechos, falta complementar la transferencia monetaria con mejores servicios, con un gasto social que no solamente vaya a las familias, sino también a los servicios. Lo que se requiere para tener un servicio de salud de calidad es enorme, lo que se requiere para tener un servicio educativo de calidad es enorme. Si no invertimos en eso el efectivo, la transferencia monetaria va a ser de poco alcance”, dice.
“Ejemplo, las becas. Es un dinero que va al alumno, a la familia, para tener más facilidad de ir a la escuela. Si no hay escuelas, te quedas con la beca y la puedes utilizar para muchas cosas, no para ir a la escuela porque no existen escuelas de calidad. No hay disponibilidad ni calidad”, añade.
Una mayor inversión en los servicios de salud y educación implica una necesidad de incrementar el ingreso y mejorar el gasto, lo que pasaría por la creación de una “política fiscal más progresiva”.
“Recaudar impuestos no es popular. Pero si queremos un México con mayor calidad, uno tiene que recaudar más dinero; por ejemplo con un impuesto más agresivo para la gente con más lana; hablar de impuestos al consumo, que es un tabú. El IVA es mucho más bajo en México que en otros países de América Latina”, asegura.
Además observa que “la austeridad va acompañada de una centralización, donde el único intermediario es el gobierno”.
Explica: “En el pasado hubo muchos coyotes: el gobierno sacaba un recurso, pero para que llegara al beneficiario pasaba por 40 escalones, y cada escalón le quitaba una lana. Pero si quitas todos los intermediarios y no confías en ninguno, tienes un problema de dispersión de recursos y de eficiencia”.
Toma el ejemplo de las licitaciones a destiempo en el Sector Salud –lo que generó un desabasto de medicamentos en los primeros meses de la administración– o el polémico tema del programa de estancias infantiles, donde el gobierno dejó de subsidiar a las guarderías privadas y otorgó un apoyo a las madres de familia.
“En salud hubo un problema sobre cómo centralizar las compras, basado en que no se confiaba en una compra más atomizada; centralizar sale más barato, pero cuando uno centraliza demasiado, se vuelve poco operativo porque hay atrasos, porque no hay claridad de cómo se hace”, abunda.
Respecto al Seguro Popular, que provee de servicios de salud básicos a la población más vulnerable del país, Hernández subraya: “Parece que ya no va a estar, lo van a sustituir por otra cosa, no sé si por otro nombre, no sé si por concepto… un Instituto de la Salud y el Bienestar”.
Sin embargo, insiste en que separar del Instituto Mexicano del Seguro Social a la nueva entidad sería un “error”, porque fragmentaría todavía más el sistema de salud pública en México, que ya está dividido entre IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina, Ejército y Seguro Popular, que prestan servicios de calidad diferente.
El pasado 10 de junio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2019 a la Secretaría de Bienestar, en la que cuestionó la modificación al programa de estancias infantiles, y señaló que se trató en realidad de un recorte presupuestario a la mitad.
La Secretaría de Bienestar no sólo rechazó la recomendación: en un oficio enviado el siguiente 21 de junio acusó a la CNDH de encubrir crímenes y mantener la impunidad durante el “periodo autoritario neoliberal”, y afirmó que detrás de su recomendación había “motivaciones políticas” promovidas por “particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”.
“Creo que este tema se politizó, y me parece que se debió haber escuchado más a las estancias, que todavía se pueden corregir y mantener. De hecho, un déficit importante en los servicios del país es el de guarderías y cuidados: hay guarderías del IMSS, pero son claramente insuficientes y esto explica en parte por qué la tasa de participación laboral femenina en México es más baja que en otros lados”, recalca Hernández.
Estira y afloja
Hernández Licona fue el primer empleado del Coneval: lo encabezó desde su fundación, a finales de 2005, y en los primeros seis meses laboró sin cobrar salario, pues no había recursos para el organismo autónomo recién creado. “Ha sido un buen viaje, la verdad”, dice.
“Lo que he visto en los recortes en la administración pública federal es que desafortunadamente la voz es muy chiquita. Por ejemplo: si hubiera un director de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que acaba de poner el gobierno, pues no tiene sentido reclamarle al gobierno, ¿no? A mí, que no me puso este gobierno, pues puedo reclamar más fácilmente”.
El pasado 4 de mayo llegó al Coneval el memorando de López Obrador en el que el mandatario ordenó a las 300 instituciones de la administración pública federal que eliminen las plazas de Dirección General Adjunta y tomen medidas para reducir el gasto. En el organismo autónomo la exigencia consistió además en recortar 20% de su estructura.
“Estas dos primeras instrucciones yo me he rehusado a hacerlas. Llevo dos meses diciendo: ‘Eso no lo voy a hacer yo’. Está muy bien que haya austeridad. Pero yo digo: ‘Apliquen la austeridad dependiendo de la institución’. Entonces me rehusé a hacer estos recortes”, puntualiza.
“En una secretaría grande tienes al secretario, los subsecretarios, los jefes de unidad, los coordinadores, los directores generales, los directores generales adjuntos, los directores de áreas, los subdirectores… Entonces dices: ‘Son muchos niveles y algunos sobran’. Está bien”, reconoce.
“Pero en el Coneval no hay secretarios ni subsecretarios ni jefes de unidad. Empiezas con el director general y debajo están los directores generales adjuntos, que es la gente que trabaja, la gente operativa, la gente que conoce los temas técnicos del Coneval.
“Si uno desaparece esta parte, es como desaparecer el segundo nivel del Coneval, es como si el presidente se quedara sin secretarios de Estado.
“Te pongo un ejemplo: la persona que calcula la pobreza en México en su computadora y que dirige ese equipo, que va a calcular la pobreza en dos semanas, es directora general adjunta. Quien organiza y coordina la evaluación con todas las dependencias, es directora general adjunta.”
Hernández subraya que tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como en la de la Función Pública (SFP) –las encargadas de vigilar que se cumplan las medidas de austeridad– todavía hay direcciones generales adjuntas.
“El pretexto es que ahí están bien justificadas. ¡Aquí también! Si es lo mismo que están haciendo en la SFP, pues hagámoslo también en el Coneval, aquí también están bien justificadas”, dice.
–¿Tras rehusarse, hubo llamadas de atención? –se le pregunta.
–Fue un estira y afloja. De hecho hubo un momento en que nos dijeron: ‘Si no hacen el recorte del 20% no vamos a aprobar las 144 plazas de eventuales en Bienestar que se renuevan cada seis meses, equivalente a 69% del personal’. Estábamos atrapados, porque esto fue en junio.
El pasado martes 23, la SHCP informó que tenía garantizado el pago de 133 plazas de eventuales y la Secretaría de Bienestar aseguró que estaba disponible el recurso destinado para las evaluaciones del Coneval. “Lo que está pendiente es el futuro y el destino de las direcciones generales adjuntas, hay que monitorearlo”, insiste.
