Sólo uno de los delitos graves que se le imputan al exgobernador de Veracruz Javier Duarte no ha derivado en una orden de aprehensión: la desaparición de personas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado tiene declaraciones y evidencias de que por una orden de Duarte se borró de los registros oficiales la mayor parte de los cadáveres hallados en 2016 en un vertedero clandestino en la barranca La Aurora, cercano a la academia policiaca El Lencero.
La noche del 19 de enero de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue convocado a Casa Veracruz. “Tenemos un pedo”, le dijo por teléfono su jefe, casi a gritos.
Llegó en menos de 15 minutos y con él arribó Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado. La reunión tenía el propósito de hacer un control de daños por los casos de desapariciones de personas.
“A ver, ¿cómo está el pedo ese de los cuerpos encontrados?”, preguntó Duarte en referencia al hallazgo de 19 cadáveres en la barranca La Aurora, dentro de la pequeña comunidad de Emiliano Zapata, justo frente a la Academia Estatal de Policía El Lencero.
Según Bermúdez Zurita, quien colaboró en la investigación, el gobernador ya estaba nervioso a causa de la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca, un caso en el que salió a relucir la participación de policías estatales.
De acuerdo con las indagatorias que años después realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Jorge Winckler Ortiz, sucesor de Bravo Contreras, se trataba de una fosa clandestina que policías de la SSP utilizaban para ocultar cuerpos de víctimas de crímenes que ellos les atribuían a “miembros de la delincuencia organizada”.
Con base en esta información, consignada en el expediente 498/2018, el pasado 13 de mayo el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México determinó negar las medidas cautelares que promovió Javier Duarte contra una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada.
“¿Son los de Tierra Blanca?”, volvió a preguntar el gobernador, aquella noche de enero de 2016. Bravo Contreras negó con la cabeza y dijo: “No considero viable que sean ellos; no tiene sentido que los hayan movido tan lejos”. Lo dedujo por los 200 kilómetros que separan la comunidad de La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata, de Tierra Blanca, en el sur del estado.
El gobernador de Veracruz estalló: “¡No se puede filtrar esa información! ¿Por qué no se puede filtrar esa información? ¡Porque se haría un pedote! Ya traemos encima el tema de Tierra Blanca, con el que me están dando una madriza en los medios nacionales. ¡No puedo darme el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque me van a partir la madre!”.
Cuando el fiscal Bravo le preguntó al gobernador cuál era su instrucción, recibió esta respuesta: “Ya hay una foto en los medios de comunicación, pero en ella sólo se ven cinco o seis cuerpos. A huevo que se tiene que reportar el hallazgo, pero no reportar los 15 y mucho menos los 30 cuerpos o todos los que estén en el lugar. Única y exclusivamente debemos reportar los que salen en la foto”.
Con esa orden, Bermúdez Zurita y Bravo ordenaron a cuatro funcionarios a su cargo que reportaran sólo seis cuerpos encontrados inicialmente en el vertedero. El resto fueron exhumados de manera clandestina, ocultados físicamente y borrados de los registros oficiales.
Al menos 15 colectivos que buscan a las personas desaparecidas en Veracruz consideran crucial el testimonio de Bermúdez Zurita. Sus declaraciones son parte de una lista de 53 evidencias que el citado Juzgado Decimoprimero de Distrito, encabezado por el juez José Antonio Medina Gaona, juzgó válida para sobreseer la protección de la justicia que Duarte solicitó el 6 de junio del año pasado, en el juicio 498/2018.
A diferencia de las acusaciones por asociación delictuosa y lavado de dinero, de las cuales el exgobernador de Veracruz se declaró culpable y recibió una condena de nueve años de cárcel, la de desaparición forzada es el único cargo grave por el cual no se ha ejecutado una orden de aprehensión en su contra.
Otra sentencia judicial, emitida el 13 de mayo, determinó negarle el amparo y dar cauce a la orden de su arresto. Pero el exmandatario interpuso un recurso de queja ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, proceso que se encuentra en trámite. Con dicha apelación busca anular la sentencia.
Pero a la par de su defensa judicial, Duarte empuja una estrategia política: en las últimas dos semanas ha concedido entrevistas en las que promueve su supuesta inocencia ante los cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero, pero afirma que es un “chivo expiatorio” sobre todo de Enrique Peña Nieto y de dos de sus hombres de confianza: el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera su secretario de Gobernación, y Alberto Elías Beltrán, entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, además del exsubprocurador Felipe Muñoz.
Entrevistado por el corresponsal Noé Zavaleta para la agencia Apro, Duarte expresó acerca de las desapariciones de personas en su sexenio: “Respeto su dolor (de las familias), me solidarizo con muchas de ellas; yo soy padre de familia y hago votos para que encuentren a sus seres queridos”. Sin embargo, en Veracruz existen mil 600 carpetas de investigación por desapariciones sin desahogar.
Dos semanas después del hallazgo de los cuerpos en la barranca La Aurora, en un camino de terracería a poco más de 40 kilómetros, en Santa Ana, municipio de Alto Lucero, agentes ministeriales veracruzanos encontraron el “cuerpo en avanzado estado de descomposición” del oficial de la policía estatal David Lara Cruz.
Testimonios y pruebas periciales registradas en las causas penales 037/FEADPD/ZCX/2017 y FEADPD/ZCX/6612018 indican que el agente fue asesinado en otro lugar. El cuerpo de Lara fue hallado por primera vez en la barranca La Aurora el 19 de enero de 2016, cerca de El Lencero, pero por órdenes “de arriba” fue sembrado en un camino de terracería del municipio Alto Lucero y encontrado por segunda ocasión el 3 de febrero siguiente.
Policías ministeriales testificaron que el deceso de Lara “tenía aproximadamente un mes” y el último hallazgo “no corresponde con el lugar de su muerte, sino que únicamente fue depositado ahí”.
El oficial desapareció el 12 de enero de ese año después de acudir a un examen de confianza en la Academia de la Policía Estatal El Lencero, a menos de 500 metros de la barranca La Aurora.
Un oficio relata que el agente, asignado al municipio de Acayucan, fue citado el 12 de enero a las 5:00 horas para el examen. A las 14:30, tras la primera prueba, fue a casa de su hermana, donde comió y jugó con sus hijos. Un par de horas después volvió a salir.
Cinco días después de los hechos la esposa de Lara Cruz, Elizabeth Lozano, interpuso una denuncia por su desaparición. Explicó que habló con su marido una hora y media antes de que fuera levantado.
Un testigo dijo que a las 21:30 horas vio que cinco policías estatales subieron a David a una patrulla en plena calle. Lo escuchó gritar: “¡Déjenme, cabrones, no se pasen de lanza! ¡Soy compañero!”
Los agentes vieron al testigo, que coopera en el anonimato y bajo protección de la FGE, y lo amenazaron: “Sácate a la chingada si no quieres que también te llevemos”.
La denuncia formal por la desaparición de David está fechada el 17 de enero de 2016, dos días antes del hallazgo de su cuerpo en la barranca La Aurora. Posteriormente se supo que en diciembre anterior, un mes antes de morir, David le confió a su madre que tenía problemas con Ervey Cervantes Lozano, delegado de la SSP en la Región XI, con base en Acayucan. Fue éste quien envió a David a realizarse los exámenes de confianza.
El proceso para esclarecer la desaparición da David fue acompañado por el Colectivo por la Paz Xalapa. El 2 de agosto de 2017 esa organización denunció ante la PGR las desapariciones forzadas de 59 personas, cometidas entre 2013 y 2016, periodo que coincide con el gobierno de Duarte de Ochoa.
En la acusación el colectivo señaló a Arturo Bermúdez, expriista y exsecretario de Seguridad Pública estatal, como el principal sospechoso. También solicitó que fuera juzgado ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Ocultamiento criminal
La noche del 19 de enero de 2016, después de hablar con el entonces gobernador Duarte, el fiscal general Bravo Contreras instruyó a María del Rosario Zamora, fiscal de Investigaciones Ministeriales, para “encargarse de los cuerpos”. Al día siguiente, junto con otros tres funcionarios de la FGE y de la SSP, inició el control de daños. Entre los cuerpos que debían desaparecer estaba el de Lara Cruz.
Eso quedó asentado en las declaraciones que rindieron cuatro peritos y varios funcionarios estatales en las investigaciones 037/FEADPD/ZCX/2017, 007/FEADPD/ZCX/2018 y 009/FEADPD/ZCX/2018. Refieren que la operación fue encabezada por Gilberto Aguirre Garza, director de Servicios Periciales; Carlota Zamudio Parroquín, delegada de la Policía Ministerial, y Eva Aquino Tamayo, fiscal de distrito.
El 20 de enero, en una incursión al vertedero de cadáveres, Zamora González se encargó de recoger cámaras fotográficas y celulares que pudieran contener evidencias de que había más cadáveres, como ordenó Duarte la noche en que se reunió con el fiscal general y el titular de la SSP. Zamora González fue señalada como la responsable de un altercado con soldados del 26 Batallón de Infantería, con sede en Xalapa, a quienes obligó a apagar las cámaras instaladas en su equipo táctico.
A su vez, Zamudio Parroquín y Aquino Tamayo se encargaron de alterar los registros documentales sobre el hallazgo en la barranca La Aurora. La primera ordenó a uno de los funcionarios: “Por instrucciones de arriba, se tiene que cambiar el informe ya que sólo se van a reportar seis cuerpos”.
Aquino Tamayo ayudó a coordinar que en la madrugada del 20 de enero personal de la Fuerza Civil ingresara al lugar antes que los peritos de la FGE, se llevara algunos cadáveres y dejara sólo seis, como ordenó Duarte.
Aguirre Garza reiteró a varios funcionarios de la Fiscalía veracruzana la instrucción de levantar los seis cadáveres que un día antes salieron fotografiados en varios medios de comunicación. Los cuerpos ya se encontraban en estado de putrefacción. Una vez confirmada la identidad de David Lara –se lee en una carpeta de investigación–, el director de Servicios Periciales de la FGE indicó “que (éste) no podía descubrirse ahí”, por lo cual ordenó que lo sacaran del Semefo y lo llevaran lejos de la Región de Xalapa, específicamente a “Santana”, en el municipio de Alto Lucero.
Los Fieles
En una comida con reporteros, fotoperiodistas y directivos de medios de la zona norte de la entidad, celebrada en diciembre del 2015, el gobernador Javier Duarte advirtió: “Vienen tiempos difíciles”. Agregó que se sabía de la existencia de reporteros “coludidos con la delincuencia organizada”.
“Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos –machacó –; dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos… todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!”.
Era la antesala del escándalo que dio pie a la aparición del escuadrón policial conocido como Los Fieles, acusado de desaparecer a decenas de personas.
En enero de 2018, Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Xalapa, encontró el celular de David Lara. Lo tenía María del Pilar Elos Cárdenas, esposa del albañil Isidro Mepal Chama, quien a su vez trabajaba con el “capitán” José Luis Reyes Carballo, adscrito a la academia El Lencero.
Mepal Chama señaló que dos años atrás conoció a Reyes Carballo en dicha academia, donde fue a levantar unos muros. Un día llegó al departamento del “capitán” para “hacer trabajos de pintura” y el oficial le entregó un celular que, según él, le había quitado a un “malandro”. El aparato estaba “limpio”: no tenía chip, fotos ni nada, por lo que Isidro aceptó el teléfono y se lo llevó a casa para dárselo a su esposa.
Tras la aparición de este indicio, el 2 de marzo de 2018 el fiscal general Jorge Winckler lo integró en una carpeta de investigación (032/FEADPD/ZCX/2017), donde también figura el relato de un testigo protegido que confirma la existencia del grupo paramilitar Los Fieles.
Eran integrantes de las Fuerzas Especiales de la SSP liderados por el teniente Roberto Carlos Flores, bajo el auspicio de Nabor Nava Olguín y Arturo Bermúdez Zurita, respectivamente subsecretario y titular de dicha dependencia. Se dedicaban a “torturar y desaparecer personas bajo sospecha de ser criminales”.
Según ese testigo, Los Fieles operaban a unos metros del rancho y la barranca La Aurora, lugar que dio origen al único caso por desaparición de personas que involucra directamente a Duarte:
“En distintas ocasiones se percató de que se detenía a personas, pero no eran puestas a disposición, sino que se entregaban a un grupo conocido como Los Fieles, comandados por el teniente Roberto Carlos Flores. Las funciones de Los Fieles eran trasladar a las personas a la academia de policía El Lencero, en donde tenían su base.
“En ese lugar tenían por días a los detenidos hasta en tanto les sacaban la información que requerían, después se los llevaban y los tiraban cerca de un lugar que bautizaron como ‘La Laguna Negra’, que se encuentra cerca de la academia y que también era conocida como la barranca de La Aurora, [mientras que] a [la acción de tirar los cuerpos] le llamaban dar ‘olímpica’”.
Esta prueba fue integrada al expediente de Javier Duarte y es una de las hipótesis en el móvil de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a manos de la policía estatal.
Al desechar la solicitud de amparo que presentó Duarte contra la orden de detención librada en su contra por una juez de control en Xalapa, el pasado 13 de mayo el juez José Antonio Medina Gaona, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo, se basó en constancias allegadas al juicio, la videograbación de una audiencia con Bermúdez Zurita celebrada el 6 de junio de 2018, una orden de aprehensión, una denuncia penal, la presunción de un delito grave, más diversas pruebas y testimonios.
Duarte no reconoció los delitos que se le imputan. Su defensa argumentó “que la orden de aprehensión reclamada no satisface los requisitos para su emisión, toda vez que de la totalidad de datos de prueba (…) sólo en uno de ellos (el de Arturo Bermúdez Zurita) hace mención de éste (Javier Duarte)”. Y exigió la declaración del exfiscal Bravo Contreras.
En la mencionada entrevista con Noé Zavaleta, Duarte señaló que Bermúdez Zurita sigue siendo su amigo: “Muchos declararon en contra mía, bajo coacción, bajo tortura. Sigo en contacto con ellos, Arturo sigue siendo mi amigo… uno de mis mejores amigos”, dijo.
Bermúdez Zurita dejó este año la cárcel después de librar una acusación de enriquecimiento ilícito. Él, junto con el exfiscal Bravo Contreras, el exdirector de Servicios Periciales Gilberto Aguirre Garza y la exdirectora de Investigaciones Ministeriales de la FGE María del Rosario Zamora, dejaron el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo para continuar su proceso en arresto domiciliario.
