La administración de Donald Trump tenía todo preparado para firmar con el gobierno de Guatemala el “plan perfecto” para controlar el flujo migratorio proveniente del istmo centroamericano y convertirlo en tercer país seguro. Pero el domingo 14, cuando el presidente Jimmy Morales alistaba su viaje a Washington para firmar el acuerdo, la Corte de Constitucionalidad, la más alta instancia legal de Guatemala, recibió cuatro amparos y lo obligó a cancelar su cita. El argumento es que el país carece de las condiciones socioeconómicas para implementar un acuerdo como el que propone Trump.
CIUDAD DE GUATEMALA.- Desde hace varias semanas la administración de Donald Trump tenía su plan para reducir el flujo de inmigrantes centroamericanos. El lunes 15 incluso anunció que sólo evaluaría las solicitudes presentadas desde un tercer país seguro; luego, según el guion, Trump y el mandatario de Guatemala Jimmy Morales firmarían un acuerdo que convertiría a Guatemala en ese tercer país seguro… Pero el plan se descalabró.
Desde junio pasado Trump hizo el anuncio y el viernes 12 la revista The New Yorker citó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien confirmó que “a principios de la semana siguiente” Guatemala y Estados Unidos suscribirían el acuerdo para que los migrantes de cualquier país (no sólo del istmo centroamericano) que quisieran solicitar asilo a Estados Unidos lo hicieran desde Guatemala, ya no desde México.
Todo estaba listo, pero el domingo 14, cuando el presidente Morales preparaba su viaje a Estados Unidos para firmar el acuerdo, tuvo que cancelarlo debido a cuatro amparos presentados por el encargado de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas; el excandidato presidencial del partido Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, y los excancilleres guatemaltecos, Gabriel Orellana y Édgar Gutiérrez ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la más alta instancia legal de Guatemala.
Su argumento: el país carece de las condiciones socioeconómicas para implementar el acuerdo propuesto por la administración Trump.
Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que data de 1951, un tercer país seguro es el destino que proporciona seguridad a quienes abandonan su país en busca de asilo. Y Guatemala, según los promoventes de los amparos, difícilmente cumple ese requisito.
Y cuando el gobierno informó que el presidente Morales tendría que esperar a que la Corte resolviera el tema, la administración Trump modificó su plan original. Estableció que cualquier persona que solicite asilo en Estados Unidos no debe haber transitado por, o vivido en otro país, lo que habilita sólo a los mexicanos.
Otra salida es solicitar asilo desde un tercer país seguro, descartado en tanto: a) Guatemala y México no adquieran ese status con la firma de un acuerdo bilateral con Washington, y b) para llegar a Canadá (el más cercano con esa calidad) se requiera pasar por suelo estadunidense.
El DHS y el Departamento de Justicia estadunidense establecen algunas excepciones para solicitantes no mexicanos cuya solicitud anterior haya sido denegada en su primer país de llegada: en los casos de trata de personas, o bien si el primer país de tránsito no es signatario de un tratado internacional de refugiados. En el continente, sólo Cuba y Guyana no lo son.
Los migrantes de otros países, aparte de México, que huyan de la violencia deben solicitar asilo en los países signatarios de un tratado internacional de refugiados, pero no en Estados Unidos.
Las cosas se complicaron, pues la resolución de la CC en Guatemala puede demorar hasta cuatro meses, según el procurador Rodas. En el Congreso, el resultado de la votación no está garantizado. El partido oficial –Frente de Convergencia Nacional– no tiene suficientes votos para destrabar el problema; necesita la mitad de los 158 votos más uno.
“Seguramente habrá oposición”, anticipa Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien afirma que su partido rechazará el acuerdo.
Mala coyuntura
Trump complicó el plan cuando se sentó a la mesa a negociar con una administración, la de Morales, a la que sólo le quedan seis meses de gestión. El próximo 11 de agosto, en una segunda vuelta electoral, los guatemaltecos decidirán quién lo sucederá, Los candidatos son Sandra Torres, de la UNE, y Alejandro Giamattei, del partido Vamos. El ganador asumirá la Presidencia el 14 de enero de 2020.
Hace un mes, Torres comentó que Morales carecía de legitimidad política para comprometer al país con el acuerdo de tercer país seguro. Según ella, esa decisión correspondía al gobierno entrante. Giamattei dijo que había propuesto un plan alternativo a la Comisión del Migrante en el Senado mexicano, pero no reveló su contenido.
Inhabilitada para firmar el acuerdo del tercer país seguro, Guatemala complica la posibilidad de un pacto regional en el que los países implicados se repartan la carga de solicitantes de asilo, como sugirió el canciller Marcelo Ebrard en una entrevista publicada por el diario español El País el pasado 12 de junio.
El caso de Guatemala coincide con las vísperas del fin del plazo de 45 días que el gobierno mexicano acordó con Washington para decidir si adquiere ese compromiso, con base en su habilidad para controlar el tránsito migratorio en su frontera con Estados Unidos. La gira por Latinoamérica del secretario de Estado Mike Pompeo coincide con esa fecha y se presenta para el gobierno estadunidense como una oportunidad para sumar aliados a su estrategia migratoria.
El 25 de junio pasado, en una conferencia de prensa con el secretario del DHS Kevin McAleenan y los ministros de Gobernación de Honduras, El Salvador y Guatemala, este último, Enrique Degenhart, habló de la posibilidad de que Costa Rica, Panamá y Colombia se integren al plan regional en un corto plazo. La idea, dijo, es que a mayores esfuerzos de detención y expulsión de migrantes indocumentados en cada país, menor será el número de migrantes que alcancen la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, el plan tiene algunos puntos débiles, como Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega no integra los acuerdos, aun cuando es la primera escala centroamericana de los cubanos que viajan a Guatemala y México.
En Guatemala, en los primeros cuatro meses de 2019, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró que 63% de los migrantes eran cubanos; 15%, africanos; 14%, sudamericanos; 4%, haitianos, y otro 4%, centroamericanos.
Es factible que los migrantes no quieran ahora esperar a que haya un tercer país seguro más cercano que Canadá y opten por marchar hacia Estados Unidos y de ahí cruzar la frontera ilegalmente, sin solicitar asilo. Es factible, también, que el tránsito de migrantes indocumentados en el istmo tampoco disminuya.
El castigo
McAleenan declaró en Guatemala que Washington “no dejaría solo” a ningún país al que solicitara cooperación para controlar la migración indocumentada, y que esperaba lograr un acuerdo regional con ese país y México.
“Este es el nivel más alto de cooperación entre países que he visto en mi carrera”, dijo el funcionario estadunidense.
No obstante, bastó que el presidente Morales no pudiera firmar el acuerdo de tercer país seguro para que Pompeo advirtiera que se suspendía la asistencia en Centroamérica, con clara dedicatoria a Guatemala y Honduras, a la vez que urgía al istmo a reducir el número de migrantes que genera.
Ambos países, excluidos de su gira, no consiguen persuadir a sus ciudadanos de que no emigren de forma indocumentada. En 2018, 50 mil unidades familiares guatemaltecas (adultos y niños) llegaron a la frontera sur estadunidense, el doble que en 2017 y más que de cualquier otro país, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos.
Guatemala también tiene problemas con otros centroamericanos. Entre enero y abril de 2019, por ejemplo, de los 2 mil 577 indocumentados que albergó y expulsó, sólo 103 eran del istmo. “A los centroamericanos, se les otorgan hasta 10 días para abandonar el país”, explica Alejandra Mena, portavoz del IGM.
La entidad no puede garantizar que los centroamericanos regresen a sus países de origen en ese lapso, en lugar de huir hacia México y Estados Unidos.
A principios de mes, cuando Washington aún consideraba el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala, un portavoz del DHS, Phillip Bluestein, dijo que ambos países analizaban “acuerdos adicionales para abordar flujos migratorios y temas de asilo”, y trabajaban en iniciativas para asegurar que poblaciones vulnerables recibieran protección inmediata. Sin embargo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala ha denunciado desde hace al menos tres años que los inmigrantes que llegan al país son víctimas de robo, y algunos hasta de extorsión a manos de agentes de la policía guatemalteca. Otros son blanco de ataques armados.
En junio pasado, en la Ciudad de Guatemala, un sujeto disparó contra 10 migrantes hondureños. Mató a uno e hirió a tres. El grupo iba hacia México. El país tiene 21 homicidios por cada 100 mil habitantes, y aunque no está en el top ten de los países con las tasas más altas, como El Salvador y Honduras, la violencia se concentra en su frontera con esos países, el norte de México y la capital guatemalteca.
Problema de números y recursos
En julio, en la Operación Gobernanza, la policía guatemalteca revisó autobuses colectivos en rutas que conducen hacia la frontera con México. Detuvo a 109 indocumentados de El Salvador, Honduras, Haití, Camerún, Eritrea y Bangladesh, y los expulsó. El mes anterior, fueron 150, procedentes de Haití y de países africanos, y los llevaron al único albergue del IGM, ubicado en la Ciudad de Guatemala, con capacidad para 200 personas.
Como otros migrantes ya ocupaban el albergue, varios de los detenidos, entre ellos niños y bebés, permanecieron en la calle vigilados por policías para evitar que huyeran. El día de las capturas, las autoridades permitieron que una vecina del albergue alojara en su casa a 22 adultos con menores de edad, algunos de ellos con resfríos o enfermedades estomacales, y les procuró atención médica por medio de un grupo de obras de caridad.
Mena dijo que llevan a los migrantes a los hospitales públicos sólo cuando requieren atención urgente. No obstante, el Hospital San Juan de Dios, el estatal más cercano al albergue, cobra en promedio 120 dólares por paciente. Con un presupuesto anual que ronda los 70 millones de dólares, el nosocomio sólo podría atender a cuatro pacientes por día, pero la sala de emergencias recibe hasta a 400, la mayoría por enfermedades comunes.
La frontera guatemalteca tiene al menos un centenar de lugares de paso sin presencia oficial. El país tiene un policía por cada 453 habitantes (38 mil agentes para 17.2 millones de habitantes, sin contar turnos), lo que dificulta contener la migración irregular. Asimismo, con 31 mil efectivos militares, Guatemala podría ubicar a 20 soldados por kilómetro (menos, si trabajan en turnos) en toda la frontera, aunque eso no garantiza que detengan una eventual caravana.
Ahora, sin la ayuda estadunidense, pese a que McAleenan afirmó que su país no deja solos a sus socios, el presidente Morales y su secretario Degenhart no pueden garantizar que Guatemala detenga una ola migratoria mayor, con o sin asilo de por medio, y por un largo plazo.
