La advertencia de Donald Trump sobre el inicio de operativos para detener “a miles” de migrantes y sacarlos de Estados Unidos provocó miedo entre esas comunidades. Sin embargo, también movilizó a las organizaciones humanitarias, y las autoridades de las ciudades santuario aclararon que no colaborarán con la autoridad en esas medidas. Por ello se prevé que la resistencia a las deportaciones sea muy fuerte, sobre todo en California.
San Francisco, California.- Lo más preciado para Blanca Marroquín, una joven guatemalteca, son sus dos hijos de cinco y siete años. La sola idea de ser separada de ellos la aterroriza.
“Mi mayor miedo es que me quiten a mis hijos –dice en referencia a la posibilidad de ser arrestada y deportada por agentes de inmigración este domingo 14–, pero he aprendido a no tener miedo y sé que tengo derechos como inmigrante.”
Marroquín salió de Quetzaltenango, Guatemala, en enero pasado y permaneció cinco días en un centro de detención para migrantes en California, junto a su madre y sus dos hijos. En febrero fue liberada y pudo trasladarse a San Francisco, donde espera ser llamada a la corte para iniciar su proceso de asilo. Tiene un grillete en el tobillo y sus datos están registrados en el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En teoría, Marroquín podría ser uno de los muchos objetivos de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes en varias ciudades de Estados Unidos. Esos operativos están programados para iniciar este domingo 14, reportó The New York Times, que citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Según el periódico, las detenciones serán realizadas por agentes del ICE durante varios días y pueden incluir deportaciones “colaterales”, es decir, de personas que estaban junto al objetivo de la deportación. La medida tendrá lugar sobre todo en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleáns, Nueva York y San Francisco.
“El objetivo son familias que recibieron orden de deportación en los últimos 10 meses”, dice Sarah Pierce, analista del Migration Policy Institute. Explica que la administración puso los casos de esas familias en expedientes de resolución acelerada y la mayoría terminó en órdenes de deportación, no en la Corte. Añade que posiblemente la mayor parte de esos expedientes corresponde a familias provenientes de Centroamérica.
La probabilidad de que las deportaciones sean focalizadas a ese grupo no ha mermado el temor y la incertidumbre entre el resto de los inmigrantes indocumentados.
Marisela Esparza, directora del área de Derechos de los Inmigrantes del Centro de Servicios Comunitarios Dolores Street, señala: “Hemos visto mucho miedo y pánico, pero también sentimos que es una campaña para crear terror, que es lo que busca la administración… Cuando hay miedo las personas se aíslan, se retiran, dejan de asistir a juntas y se informan menos”.
El abogado Jhon Tesoro acude diariamente a la Corte migratoria en San Francisco para litigar los casos de varios clientes, quienes suelen acompañarlo en las audiencias. Pero en los últimos meses ha visto algo que le preocupa. El miedo, dice, es más intenso desde Trump.
“Una de las tácticas que el gobierno está usando es enviar a agentes del ICE a las Cortes –dice Tesoro–. Eso realmente asusta a la gente y ya no quieren venir. Tengo clientes que prefieren estar bajo el radar, pero si ellos no acuden a la Corte pueden ser deportados; pierden la oportunidad de impugnar su deportación.”
A decir de Tesoro, las personas están estresadas: “La retórica de las noticias los espanta, los intimida”.
En su amenaza inicial, el 18 de junio, Trump escribió en su cuenta de Twitter que deportaría “a millones de inmigrantes ilegales”. Al día siguiente lanzó su campaña para la reelección, pero las deportaciones no ocurrieron porque Trump argumentó que les daría tiempo a los demócratas para negociar cambios a la ley de asilo.
El jueves 11 Trump confirmó que su gobierno llevará a cabo los operativos a partir del domingo 14: “Tengo la obligación de hacerlo… Los sacaremos por miles”.
A partir del primer anuncio, organizaciones de apoyo a inmigrantes empezaron a redoblar sus esfuerzos para informar de sus derechos a esas comunidades. En ciudades californianas como San Francisco, Los Ángeles y San José se establecieron líneas telefónicas de respuesta rápida para dar ayuda legal a las personas que sean detenidas por el ICE.
Entre el 18 y 26 de junio pasado, cuando Trump anunció que deportaría a 1 millón de personas, la línea de respuesta rápida del Centro de Servicios Comunitarios Dolores Street en San Francisco recibió 400 llamadas. “Es un volumen inusual”, dice Esparza.
Para la activista es erróneo pensar que los operativos del ICE se enfocarán en personas con órdenes de deportación. “Esa es una táctica para dividir a los migrantes y crearles un sentido de seguridad falsa al hacerlos pensar: ‘eso no me va a tocar a mí’, pero está habiendo muchos arrestos colaterales”.
Esparza aclara también que usar el término “redada” para los operativos de deportación no es adecuado: “Hubo redadas en 2008 y 2010, cuando el ICE entraba a los lugares de trabajo y agarraba a todos, pero lo que estamos viendo ahora es que inmigración está buscando y vigilando a las personas afuera de sus casas; eso está alineado con la campaña de terror”.
El jueves 11 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda para proteger a las personas que podrían ser blanco de los operativos de deportación. El argumento principal es que no se garantizó el derecho constitucional de esas personas a comparecer ante un juez de inmigración.
“La administración de Trump planea arrestar y deportar a miles de familias y niños centroamericanos sin darles un día en una Corte, lo cual es ilegal e inmoral –dijo Ahilan Arulanantham, consejero de ACLU en el sur de California–. Hace más de 100 años la Suprema Corte decidió que los inmigrantes no podían ser deportados sin el debido proceso. Estos refugiados merecen esa protección básica.”
No es claro qué efecto tendrá esta demanda en los operativos planeados para el domingo 14.
Pierce considera que los operativos del ICE no serán tan amplios, debido principalmente a la limitación de recursos que tiene la agencia.
“En un año normal hay dos tipos de arrestos y la mayoría de ellos ocurren en el sistema criminal de justicia, es decir, cuando una persona es detenida por algún delito, es condenada y entregada al ICE para su deportación. Es una operación fácil.
“El otro tipo son los arrestos at large, cuando hay búsqueda, localización y arresto de la persona. Esto requiere más recursos; en general, el ICE lleva a cabo alrededor de 15 mil arrestos por año en este tipo de operaciones.”
En opinión de Pierce, el anuncio de Trump constituyó una declaración política para detener el flujo de migrantes a Estados Unidos: “La idea es que las familias no vengan, que se queden en su país, pero hemos visto que esas políticas de Trump no han ayudado a esa meta. Primero vino la separación de familias y de ahí se dio un nuevo récord de migrantes, que al final creó una emergencia”.
Fuerte resistencia en California
El anuncio de las deportaciones motivó que las organizaciones civiles e incluso los gobiernos de las ciudades santuario multiplicaran sus esfuerzos educativos hacia los inmigrantes.
En San Francisco, la Oficina del Defensor Público del condado está preparada para ofrecerles asesoría legal.
“Es muy importante reasegurar a la comunidad que hay defensa y seguridad –dice el abogado Francisco Ugarte, coordinador de la Unidad de Inmigración–. Si la persona no exige sus derechos puede ser deportada inmediatamente. La gente tiene derechos, los indocumentados tienen derechos y deben entenderlo.”
La Oficina del Defensor Público tiene ocho abogados y cinco empleados de apoyo. Regularmente representan a detenidos que no pueden pagar su defensa legal.
“Sabemos cómo manejar la defensa en casos de una redada –dice Ugarte–. Las personas tienen derechos cuando son arrestadas sin previa orden de deportación; tienen derecho a mantenerse en silencio, derecho a fianza, derecho a representación; pueden pedir remedio si hay riesgo de que los manden a su país o si tienen un hijo o una pareja americana. Hay muchas maneras de defenderlos.”
Aun en caso de que exista orden de deportación, insiste el litigante, “se puede hacer una moción para reabrir el caso y la migración no lo puede deportar. Siempre hay manera de defenderlos”.
En la ciudad de San José, a unos 45 minutos de San Francisco, el alcalde, Sam Liccardo, y el jefe de la policía, Eddie García, se han reunido en varias ocasiones con miembros de la comunidad hispana para asegurarles que la fuerza pública local no cooperará con el ICE. De hecho, Liccardo reafirmó su posición en una entrevista radiofónica: “La gente debe estar consciente de sus derechos como inmigrante”.
También en Los Ángeles el Departamento de Policía reiteró que no colaborará en los operativos del ICE, mientras que el sheriff Alex Villanueva manifestó en un comunicado su oposición a posibles operativos para deportar a miles de personas: “Estoy por la seguridad de todos y entiendo el principio básico de que no podemos garantizar la seguridad pública si las personas indocumentadas están temerosas de denunciar un crimen”.
A decir del abogado Ugarte, en California “hemos aprendido mucho de las falsas narrativas de Trump y el pueblo aquí ha hecho un movimiento de defensa y una resistencia muy poderosa”.
Marroquín, la inmigrante guatemalteca, se sumó a este movimiento desde su llegada a San Francisco. Ella insiste en que escapó de su país no sólo por la violencia general, sino también por la doméstica. Su sueño es trabajar, ganar dinero y que sus hijos crezcan en un ambiente sano y positivo. Está decidida a trabajar por ello.
“Los seres humanos tenemos derecho a una mejor vida y no pueden quitarnos ese derecho”, dice.
