De la denuncia del empresario Sergio Hugo Bustamante se desprende que la llegada de Juan Collado a la presidencia del consejo de administración de Libertad Servicios Financieros marcó el inicio de “los negocios grandes”. No era para menos: el abogado, conocido como defensor de importantes políticos en casos de corrupción y narcotráfico, ya había armado una compleja trama financiera en la que participaban presidentes, gobernadores, dirigentes panistas, empresarios y notarios, así como prestanombres y otros abogados.
Un día de “octubre o noviembre de 2014” llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de la empresa Libertad Servicios Financieros, en Querétaro. Sus ocupantes bajaron cajas con dinero en efectivo y las entregaron a empleados de la empresa, entre ellos el contador Romeo Ovando.
Presenciaron la escena José Antonio Rico Rico, presidente del consejo de administración de Libertad entre 2009 y 2012, y su entonces socio Sergio Hugo Bustamante Figueroa. El primero le comentó a Bustamante que ese dinero pertenecía al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Agregó que el abogado Juan Ramón Collado Mocelo era el prestanombres del entonces mandatario priista.
Bustamante relató este episodio a un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 20 de junio. El empresario llevaba dos semanas compareciendo ante dicha institución: denunciaba y documentaba un fraude que Rico y Collado fraguaron contra él en la venta de un inmueble en Querétaro, y a la vez detallaba los engranajes de la máquina de lavado dinero que, según él, es Libertad.
Su denuncia desembocó en la detención de Collado el pasado martes 9, después de comer con su cliente y amigo Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México. La FGR ingresó al litigante en el Reclusorio Norte bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con otras cuatro personas.
Abogado, empresario y hasta el miércoles pasado presidente del consejo de administración de Libertad, Collado se encuentra desde hace más de dos décadas en el corazón del círculo de poder en el que gravitan algunos de los integrantes de la élite política y empresarial.
Por ejemplo, presumió su influencia el pasado 18 de mayo, durante la boda de su hija María del Mar Collado. En la mesa principal no se encontraban los amigos de la novia ni de su esposo, sino los invitados especiales del padre: Peña Nieto, Romero Deschamps, el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza y el cantante español Julio Iglesias.
La revista ¡Hola! desplegó las fotografías del festejo en su portada y las revistas del corazón se deleitaron con los detalles. Los analistas políticos resaltaron la presencia de personajes “intocables” del sexenio de Peña Nieto.
Máquina de lavado
Si bien la denuncia de Bustamante se originó en un pleito privado, terminó desnudando un complejo entramado en Libertad, el cual involucra a dos expresidentes –Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari–, gobernadores, integrantes de la cúpula del PAN, empresarios y notarios presuntamente corruptos, contratistas y prestanombres involucrados en fraudes multimillonarios, así como dueños de medios de comunicación, abogados y contadores públicos.
En la versión que el empresario dio a la FGR, dichos personajes aparecen como actores, directos o indirectos, de un sistema mafioso basado en flujos de efectivo.
Bustamante narró la entrega de portafolios atiborrados de billetes destinados a financiar campañas políticas; detalló cómo se crearon sociedades fantasma y cómo se sacaron decenas de millones de pesos en efectivo de casinos; mostró las transas en la operación del club de futbol Gallos Blancos de Querétaro y exhibió inversiones fraudulentas en el sector inmobiliario, así como desfalcos con créditos.
El denunciante dijo que parte de estos recursos se esparcieron en España y en los paraísos bancarios de Suiza y Andorra, donde Collado tiene una cuenta congelada y bajo investigación desde 2015.
Más aún, Bustamante indicó que “los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros” son los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari, así como el gobernador queretano Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri, líder de la bancada del PAN en el Senado de la República.
Bustamante ha sido socio y colaborador de José Antonio Rico –un contador público de 58 años originario de Salamanca, Guanajuato– en diversas empresas en Querétaro, entre ellas Libertad.
Con base en la denuncia del empresario, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 el pasado 7 de junio, y el siguiente 5 de julio pidió órdenes de aprehensión contra cinco involucrados, entre ellos Collado y Rico.
Según el oficio de la orden de aprehensión, un documento de 141 hojas que las autoridades filtraron a la prensa en la mañana del miércoles 10 con los nombres de Peña Nieto y Salinas incluidos, el abogado se encuentra bajo investigación porque recibió 24 millones de pesos el 10 de abril de 2015, en la transacción fraudulenta del inmueble que denunció Bustamante.
Pero la FGR dio un paso más: afirmó que Collado y sus cuatro cómplices “conforman un grupo delictivo que se conoce desde hace aproximadamente nueve años, y tienen como propósito cometer actos ilícitos”.
Uno de los abogados de Collado, su hermano Antonio, desmintió la acusación y afirmó que la inclusión de los nombres de los expresidentes es una “cortina de humo” orquestada por Bustamante con el afán de ganar su pleito legal.
“Empiezan los negocios grandes”
Si bien estuvo vinculado con Libertad durante años, fue durante el sexenio de su amigo Peña Nieto cuando Collado accedió a la presidencia del consejo de administración de la financiadora. Según Bustamante, su llegada al frente de la empresa es “cuando empiezan realmente los negocios grandes, los negocios con esquemas muy sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera, legal e ilegal”.
Ascendió en 2015: el 6 de mayo, la asamblea general de Libertad acordó una fusión con su empresa Prenda Oro, que operaba 15 casas de empeño en el país y que el abogado heredó de su padre, el jurista de origen español José Ramón Collado Amieva. En una asamblea celebrada el 12 de diciembre siguiente se concretó la fusión –el valor de Prenda Oro fue valuado en cerca de 605 millones de pesos– y Collado entró formalmente como presidente del consejo de administración de Libertad.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entonces dirigida por Jaime González Aguadé, aceptó la fusión. En 2014 el mismo personaje había eximido a Libertad de una serie de acusaciones por lavado de dinero, y en abril último González entró como miembro del consejo de administración de la financiadora, entonces ya presidido por Collado.
De acuerdo con Bustamante, el empresario Jorge Nasser –dueño del diario El Economista– buscó apoderarse de Libertad en 2014. Pero una maniobra pactada entre Francisco Domínguez Servién, entonces candidato a gobernador, y el hispano-mexicano Javier Rodríguez Borgio –empresario gasolinero y “zar de los casinos”– cambió el rumbo de la negociación.
Rodríguez Borgio acordó con José Antonio Rico un precio de 850 millones de pesos. Le pagó la mitad, pero la transacción no pudo prosperar, ya que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) congeló sus cuentas como parte de su investigación por el presunto fraude de 5 mil millones de pesos perpetrado en contra de Banamex por Oceanografía.
Junto con los empresarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez, Rodríguez Borgio era accionista de esa empresa naviera, que obtuvo contratos multimillonarios de Pemex durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y fue señalada por sus supuestos vínculos con Manuel y Jorge Alberto, los hijos de Marta Sahagún, la esposa de Fox.
Rodríguez Borgio, Yáñez y Díaz son protagonistas de la trama de Libertad que reveló Bustamante: según el denunciante, la financiadora lavó dinero para Díaz Álvarez –quien fue presidente de su consejo de administración– a través de la empresa Dixie Bienes Raíces, SA de CV.
A su vez, Díaz Álvarez reunió a Rico con Amado Yáñez. En 2013 el primero vendió al segundo el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro por 8 millones de
dólares.
Según el denunciante, Rico había defraudado Libertad para comprar este equipo en 2002 a Tirso Martínez Sánchez –actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico, donde fue testigo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera–: desvió los ahorros de los socios de Libertad con facturas apócrifas.
Collado aprovechó los problemas judiciales de los socios de Oceanografía y tomó posesión del consejo de administración de Libertad. Incorporó en el consejo al ahora senador panista Mauricio Kuri González, quien de acuerdo con Bustamante representaba “los intereses del (gobernador) Francisco Domínguez Servién”.
Bustamante dijo que a principios de 2015 Rico entregó un portafolios con 10 millones de pesos a Mario Antonio del Prete –un operador de Domínguez Servién que ahora es secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro– y otro con igual monto a Kuri. Tanto Kuri como Domínguez estaban en campaña.
El denunciante añadió que si bien Rodríguez Borgio desapareció “en el papel”, siguió operando en la financiadora. Este empresario se instaló en 2014 en España, donde adquirió la finca La Caprichosa, en Gerena, Sevilla, que pertenecía a tres hijos de Joanne Hearst Castro, nieta del magnate de la prensa estadunidense William Randolph Hearst. La finca, por la que pagó 3.9 millones de euros, fue puesta a la venta en septiembre de 2018.
Collado no sólo entró en el capital de Libertad: la financiadora también absorbió “todos los pasivos o futuras contingencias” de Prenda Oro, la cual en ese entonces “se (encontraba) sujeta a posibles contingencias legales, fiscales y administrativas, que eventualmente le pudiesen imponer las autoridades o terceros por obligaciones que corresponda”, según el informe financiero 2015 de Libertad, consultado por este semanario.
En su primer año de administración, Libertad empezó a otorgar importantes créditos comerciales, los cuales –según Bustamante– sirvieron para lavar dinero: en 2015 se entregaron 170 millones de pesos de créditos a empresas; el año siguiente el monto se disparó hasta alcanzar mil 98 millones, y en 2018 llegó a 2 mil 464 millones.
La red
En las últimas dos décadas y media Collado defendió a algunos de los personajes más polémicos de la vida política de México en asuntos graves que abarcaban desde homicidios hasta narcotráfico y corrupción. Tejió una telaraña en la que se mezclan amistades, secretos de Estado e intereses compartidos.
A mediados de los noventa Collado defendió a Mario Ruiz Massieu, subprocurador de Carlos Salinas y hermano de José Francisco Ruiz Massieu, el cuñado del propio Salinas y secretario general del PRI, asesinado en septiembre de 1994 en la Ciudad de México.
En 1995 las autoridades estadunidenses detuvieron a Mario Ruiz Massieu y le confiscaron 8 millones de dólares bajo la sospecha de que ese dinero era producto del narcotráfico. Collado operó para evitar su extradición a México –donde se le imputaba por fomento al narcotráfico, intimidación, encubrimiento, obstrucción de la justicia, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y tortura– hasta que el 15 de septiembre de 1999 Ruiz Massieu se suicidó.
Collado se convirtió en uno de los abogados y amigo de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, particularmente de este último, quien estuvo preso entre 1995 y 2005, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. En 2006 Collado lo defendió ante la justicia francesa, según la cual el “hermano incómodo” del expresidente Salinas había utilizado bancos franceses para lavar dinero proveniente del narcotráfico y enviarlo a Suiza.
El abogado también litigó para el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, cercano a Salinas y quien huyó del país el 3 de abril de 1999 rumbo a Panamá con 28 imputaciones en su contra, entre ellas narcotráfico y lavado de dinero. A mediados de la primera década del 2000, también asumió la defensa del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, acusado de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.
El sexenio de Peña Nieto marcó el auge de Collado y de su despacho Collado y Asociados. Durante años mantuvo una relación cercana con el exmandatario –ambos obtuvieron su licenciatura en derecho de la Universidad Panamericana en 1991 y sus hijos se graduaron el mismo año del Colegio Miraflores–; incluso lo representó en su divorcio con Angélica Rivera.
En los últimos seis años el litigante defendió al priista quintanarroense Roberto Borge Angulo, uno de los gobernadores que Peña Nieto presumía como “del nuevo PRI”, actualmente preso por lavado de dinero. También representó al exmandatario de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, encarcelado igualmente por lavado de dinero y solicitado en extradición por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El despacho de los hermanos Collado defendió al exsecretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado del desvío de 251 millones de pesos del erario de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte Jáquez para financiar las campañas políticas del PRI en 2016. El caso de Gutiérrez forma parte de la llamada Operación Zafiro, que según el gobierno de Chihuahua consistió en el uso de empresas fantasma para desviar más de 650 millones de pesos de nueve gobiernos estatales para las campañas del PRI.
En octubre de 2018 Peña Nieto interpuso un amparo para que el gobierno chihuahuense se abstuviera de investigar su propio papel en dicha trama de corrupción. El ministro Eduardo Medina Mora, quien fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a propuesta de Peña Nieto y fue señalado recientemente por una serie de transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, acordó la suspensión de esa medida contra el expresidente, la cual fue finalmente cancelada el pasado 19 de junio.
Medina Mora y otros dos ministros de la SCJN (Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar) también acudieron a la boda de la hija de Collado. Se publicaron en la prensa nacional fotografías donde aparecen al lado de Peña Nieto, sonrientes y en animada conversación con Collado.
En ese festejo estuvo también Manlio Fabio Beltrones, quien presidía el PRI cuando los gobiernos estatales llevaron a cabo los presuntos desvíos de recursos hacia las campañas del PRI. Ricardo Yáñez, secretario de Educación de Chihuahua durante el gobierno de Duarte, confesó ante la justicia que Beltrones ideó el plan de los desvíos.
Entre los invitados al enlace matrimonial hubo otros personajes clave del peñismo, como Aurelio Nuño, Enrique Ochoa Reza, José Narro Robles, Rosario Robles Berlanga, Luis Enrique Miranda Nava, Claudia Ruiz Massieu, Alberto Elías Beltrán, Eruviel Ávila Villegas, Manuel Velasco, Diego Fernández de Cevallos y Raúl Salinas de Gortari, cuyo hermano Carlos no se presentó.
