En varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fustigado a las empresas que, mediante “contratos leoninos”, han cobrado millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad por las 13 megaobras inconclusas que se mencionan en el Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019. Y aun cuando el titular de la dependencia, Manuel Bartlett Díaz, interviene para resolver el problema, éste se complica más.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no logra superar el desastre que le heredó la pasada administración: el plan quinquenal para la construcción de una red de gasoductos, cotizada en millones de dólares, está paralizada.
Documentos internos de la dependencia consultados por Proceso indican que son 13 los megaproyectos –entre conflictos sociales, litigios agrarios y constitucionales en materia indígena y ambiental– los que se encuentran parados.
En 2018, siete de los gasoductos identificados por el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, y por el presidente Andrés Manuel López Obrador significaron un costo superior a 301 millones de dólares (mdd), un cargo previsto en los contratos que el mandatario ha calificado de “leoninos”.
Los contratos prevén un cobro por motivo de hechos fortuitos o de fuerza mayor; es decir, por el hecho de que las empresas estén dispuestas a construir y operar la infraestructura pero que por causas ajenas a las compañías ese resulte imposible.
Para los gasoductos mencionados, las empresas privadas invocan esa cláusula, pues hay amparos interpuestos por comunidades indígenas en cuyos territorios se trazó la ruta sin que se realizaran consultas previas ni los estudios ambientales de ley.
El pasado 11 de febrero el presidente dijo en su conferencia de prensa matutina que se trataba de las empresas IEnova, que dirige Carlos Ruiz Sacristán; Carso Energy, de Carlos Slim; Fermaca, que preside Fernando Calvillo, y TransCanada.
Esos señalamientos incomodaron a varios exfuncionarios que trabajaban entonces como altos ejecutivos; luego se acusó al entonces titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, emparentado con directivos de Fermaca, de conflicto de intereses (Proceso 2207).
Las empresas involucradas y la CFE convinieron en renegociar los contratos para evitar la parálisis. Durante semanas no hubo avances, hasta que, el pasado 26 de junio, IEnova informó que la dependencia encabezada por Bartlett Díaz estaba solicitando un arbitraje internacional para anular las cláusulas mencionadas de su contrato. Dos días después, el embajador de Canadá en México, Pierre Aliare, expuso que la CFE daba señales de no querer respetar los contratos.
La intención manifiesta del gobierno ha sido renegociar las cláusulas que, en el cálculo de Bartlett Díaz, costarán al país unos 8 mil mdd este 2019 sin la infraestructura terminada ni el abasto de gas.
El funcionario se sostuvo en pedir el arbitraje el martes 2 de julio, aun cuando la Ley de Hidrocarburos estipula en su artículo 95 que los gasoductos, al ser de interés público, se regirán por las leyes mexicanas y en caso de cualquier diferendo es la justicia mexicana la que decide.
La argumentación jurídica se le dio a conocer a Bartlett en varias oportunidades en marzo pasado, de acuerdo con participantes en la mesa de trabajo que se integró en el gabinete energético para atender la situación. Miembros de ese foro confiaron a Proceso que explicaron a Bartlett los capítulos 4 y 5 de esa ley, relativos a la ocupación y el impacto ambiental, con los que se podían suspender los permisos, revocarlos, pagar una indemnización y dejar la infraestructura para la CFE, con la posibilidad de establecer otras medidas en función de que los megaproyectos violaron los artículos 1, 2 y 27 constitucionales. Pese a todo, Bartlett optó por el arbitraje.
“Las empresas interpusieron demandas con medidas de arbitraje; ellas nos mostraron el camino. Hicimos una demanda arbitral, así como las empresas privadas, transportistas de gas, lo hicieron antes con nosotros. El propósito del gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos”, dijo Bartlett el martes 2.
Con las demandas interpuestas, la CFE presionó justo en el momento de iniciar las “pláticas introductorias” de renegociación. Y es que, tras darse a conocer a partir del 26 de junio la demanda arbitral internacional, la primera reunión, con Fermaca, se programó para el lunes 1 de julio; el jueves 4 con TransCanada, el viernes 5 con IEnova y el lunes 8 con Carso Energy.
Raúl Jiménez, abogado de la CFE, explicó el martes 2 que se mantendrán las negociaciones, así como la demanda arbitral por las cláusulas relacionadas con “cargo fijo”, “fuerza mayor” y los efectos que tiene su aplicación. Advirtió que continuar con las cláusulas afectaría las finanzas de la dependencia.
Crisis sin responsables
De acuerdo con el documento Red de gasoductos en México (operados actualmente por Cenagas), el 21 de septiembre de 2015 la Secretaría de Energía (Sener) aprobó el Plan Quinquenal 2015-2019.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) presentó la propuesta a la Sener que, a través de su Unidad de Políticas de Transformación Industrial y de la Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos, realizó el análisis técnico y destacó cuatro aspectos:
Que el Plan Quinquenal cumplía el objeto de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones del transporte y almacenamiento del gas natural; que recibió apoyo de la CRE; que cumplía con la planeación, los proyectos de cobertura social y otros aspectos establecidos por la Ley de Hidrocarburos, y que, en la definición del plan, se incorporó la opinión técnica de la CRE y de la Subsecretaría de Hidrocarburos.
La relevancia de esos puntos radica en que el documento expone cuáles fueron las áreas que diseñaron y garantizaron la viabilidad de los gasoductos, bajo la afirmación de cumplir “la cobertura social”; esos puntos, sin embargo, resultaron fallidos y deberían definir responsabilidades para los funcionarios implicados.
Y es que los 12 gasoductos y una estación de compresión –con la que se garantizaría una expansión de la red de gasoductos en 5 mil 159 kilómetros para un total de 9 mil 736–, tan no tenían resuelta la cobertura social que detonaron movilizaciones y amparos de las comunidades por las que pasaban.
Esta es la razón principal por la cual los gasoductos están inconclusos o paralizados, lo que provoca el cobro millonario que el nuevo gobierno califica de “leonino”.
En síntesis, hasta ahora ninguno de los exfuncionarios implicados ha sido sancionado por el fracaso del Plan Quinquenal.
El 18 de febrero, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió a Proceso que se investigaría a quienes pudieran ser responsables de esa situación. Hasta hoy, ni la Sener ni la Secretaría de la Función Pública han anunciado que se hayan abierto investigaciones ni que éstas hayan tenido resultados.
El documento citado establece los casos de los proyectos licitados durante 2015 y que, se suponía, estarían plenamente activos este año.
Un segundo documento describe los siete proyectos cuyo cargo por capacidad impacta las finanzas de la CFE, bajo el título Pagos por caso fortuito o fuerza mayor en gasoductos en 2018. Esos proyectos son los que en este mes el gobierno intenta renegociar o resolver por arbitraje.
El documento detalla cada proyecto. Para localizar los puntos conflictivos, Proceso realizó una búsqueda en el sistema de consulta del Poder Judicial a fin de identificar los amparos, así como en los archivos del portal informativo proceso.com.mx. El cruce de datos arrojó el siguiente resultado:
El gasoducto Tuxpan-Tula, que atraviesa los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México, se proyectó con una longitud de 276 kilómetros, de los cuales sólo se han construido 170. Fue contratado a Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de TransCanada. Debería entrar en operación el 31 de diciembre de 2017, pero hasta ahora sólo tiene 86% de avance y está parado. La CFE tuvo que pagar 31.1 mdd en 2018.
Respecto a este megaproyecto –el más conflictivo para la CFE dada la intervención diplomática canadiense–, existen cuatro amparos, dos de los cuales ya fueron resueltos. En diciembre de 2017, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, con sede en Puebla, ordenó la protección constitucional para los pobladores de la localidad de San Pablito, Pahuatlán, Puebla, por falta de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluación de Impacto Social y falta de consulta.
Meses después, en febrero de 2019, la comunidad poblana de Cuautepec ganó un amparo en el mismo juzgado, luego de que el juez consideró que el proyecto es susceptible de afectar el derecho colectivo a la tierra y territorio de comunidades indígenas en Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como por los mismos motivos del ganado por los habitantes de San Pablito.
El siguiente en el documento de la CFE es el gasoducto Tula-Villa de Reyes, también contratado a la filial de TransCanada, que pasa por los estados de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato, con una longitud proyectada de 418 kilómetros y sólo 174 kilómetros construidos. Debió entrar en operación el 18 de enero de 2018, y obtuvo 49.4 mdd por capacidad y sin operación en 2018.
La propia CFE tiene documentada la conflictividad en su documento: hay inconformidad y judicialización en ejidos de Hidalgo, Estado de México y Guanajuato; además, no le han liberado 59 permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); por si fuera poco, TransCanada se amparó en septiembre de 2017 contra lo que considera “cobros arbitrarios” del municipio de Nopala de Villagrán, además de otros problemas con los ayuntamientos de Huichapan y Tula, en Hidalgo.
El gasoducto Samalayuca-Sásabe está contratado con Carso Gasoducto Norte, filial de Carso Energy. Proyectado para una longitud de 622 kilómetros, lleva 423 kilómetros construidos. En 2018 se le pagaron a la empresa 42.2 mdd y la obra está enmarañada:
Tiene pendientes 21 resoluciones de servidumbre legal de hidrocarburos por parte del Tribunal Unitario Agrario con protección sobre tramos de Chihuahua y ocho municipios de Sonora. Además, de la consulta a los registros judiciales el Tribunal Noveno de Distrito del Quinto Circuito concedió suspensión al ejido Agua Prieta por falta de licencia de uso de suelo y permiso de edificación; lo construido ahí es entonces ilegal.
Más aún, hay dos averiguaciones previas abiertas por corrupción (SON/HR/PGJ/2018/503/0087, presuntamente por haberse obtenido permisos de construcción, derechos de vía y cambio de uso de suelo mediante la corrupción de un presidente municipal de Ciudad Juárez.
En el caso del gasoducto Guaymas-El Oro, asignado a IEnova, que conecta terminales en Sonora y Sinaloa, la afectación es menor, pues se proyectó construir 331 kilómetros y lleva 316. Se le pagaron en 2018 40.9 mdd sin haber operado, ya que desde abril de 2016 existe una suspensión dictada por la juez séptima de Distrito en Sonora por realizar trabajos sin consulta previa en el territorio yaqui de Loma de Bácum.
En el gasoducto La Laguna-Aguascalientes se contrató a Fermaca para construir 452 kilómetros, de los cuales lleva 412. En 2018 se le pagaron 46 mdd sin que operara, pues el trazo afecta terrenos nacionales en Cuencamé, Durango, y no se cuenta con permisos de derecho de vía necesarios.
Otro gasoducto conflictuado es el Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, también contratado a Fermaca para construir 374 kilómetros que debieron estar operando en enero de 2018. Sólo lleva 160 kilómetros y el año pasado se le pagaron 35.7 mdd. Ahí no hay amparos, pero se pudo acreditar la inconformidad de varios ejidos en San Luis Potosí, que denuncian estafa y despojo, porque se comenzó a construir sin permisos.
Finalmente, está el caso de sur de Texas-Tuxpan, contratado con Infraestructura Marina del Golfo, filial también de TransCanada. En este caso se trataba de un gasoducto submarino de 765 kilómetros. Le faltan sólo dos, pues lleva 763. Debió entrar en operación este 2019 pero está detenido a raíz de un amparo concedido por el Juzgado Décimo Tercero con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, que resolvió que atenta contra el medio ambiente.
