El gobierno mexicano mantiene desactivada la colaboración con Estados Unidos en materia de lucha contra los cárteles de la droga. Esta afirmación es hecha a Proceso por dos funcionarios del Departamento de Justicia de ese país, para quienes la supuesta falta de interlocución está siendo aprovechada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa para expandirse.
WASHINGTON.- Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desatiende la cooperación binacional en materia de combate al narcotráfico, lo que aprovechan dos cárteles mexicanos para extender su control territorial, y se muestran extrañados porque, dicen, pareciera que al mandatario no le interesa la cooperación con su vecino del norte.
“Nuestros agentes asignados a México no tienen interlocutores para el intercambio de información de inteligencia sobre la lucha contra los cárteles; incluso nos han reportado que el nuevo presidente está deslindando a la Marina mexicana de la estrategia para confrontar a los cárteles”, explica uno de los funcionarios, quien, al igual que su colega, aceptó la entrevista bajo la condición del anonimato.
“Es mejor así –lo secunda su compañero–. No quisiéramos causar más problemas en la relación con el gobierno mexicano.”
Comentan que la administración de Donald Trump entiende que los siete meses de mandato de López Obrador, los reajustes en sus planes de gobierno, así como la instauración de la Guardia Nacional y el remplazo de la PGR por la Fiscalía General de la República (FGR) apenas están tomando forma. Sin embargo, en la cooperación bilateral de combate al narcotráfico no hay interlocución; hasta ahora, afirman, no ha habido intercambio de información de inteligencia.
“Nuestros agentes no tienen contrapartes en los estados donde los cárteles de la droga ejercen el control de territorios. Antes tenían a los agentes del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), a policías federales y a delegados de la PGR; ahora no saben con quiénes trabajar. Y no estoy hablando de la relación burócrata en la Ciudad de México; hablo del personal operativo, de los que están en los campos de batalla”, subraya uno de los entrevistados.
Y esa ausencia de contrapartes mexicanas para el intercambio de información de inteligencia la resiente más el gobierno estadunidense en la frontera sur de su país. Los consulados mexicanos en California, Texas, Nuevo México y Arizona se quedaron sin delegados y la FGR no ha designado a sus sustitutos.
Antes, dice el mismo funcionario, “cada lunes nuestras agencias federales en la frontera sur y los agentes que operan en el norte de México tenían reuniones con sus contrapartes mexicanos representados en los consulados. Esas sesiones eran exclusivamente para intercambiar información de la lucha contra el crimen organizado y otros temas de seguridad… Se está perdiendo el terreno que habíamos ganado”.
Extrañas coincidencias
Apoyados en informes de inteligencia y confidenciales recopilados por sus agencias federales en México, los funcionarios del Departamento de Justicia ven con preocupación la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el aumento en el trasiego de heroína y metanfetamina de esta organización criminal y del Cártel de Sinaloa.
“Pareciera que el gobierno mexicano no está interesado en contener el aumento de poder del CJNG o que desconoce lo que está ocurriendo en México con este poderoso grupo criminal. Por eso es esencial el intercambio de información de inteligencia y de estrategia (bilateral). Los narcos han aprovechado este hueco”, reitera a Proceso uno de los funcionarios.
Ambos hablan también sobre el presunto “cambio de estrategia” de López Obrador en la lucha contra los cárteles del narco.
Uno de los informantes indica: “Hay señales de que el presidente mexicano quisiera sacar a la Marina de las estrategias para desmantelar a los cárteles. Eso es grave. La Marina mexicana es la entidad mejor preparada de México para contenerlos; ellos (los marinos) tienen la mejor preparación, cuentan con un sistema de recopilación de información de inteligencia incomparable y, para ser honestos, son nuestras mejores contrapartes.
“Celebramos que el presidente López Obrador esté limpiando las instituciones mexicanas. Eso es necesario para combatir el narcotráfico, pero no debería eliminar las estrategias exitosas en la lucha contra el crimen organizado en algunas entidades.”
En extraña coincidencia con ambos funcionarios del Departamento de Justicia, el lunes 1, en entrevista con el periódico La Jornada, López Obrador declaró: “Si por mí fuera, yo desaparecía al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional; es decir, declararía que México es un país pacifista, que no necesita Ejército y que la defensa a la nación, en el caso de que fuese necesario, la haríamos todos los mexicanos y que el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad”.
–¿Es deseo o es plan? –le cuestionó La Jornada.
–No lo puedo hacer porque hay resistencias; o sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, pero ya el paso que dimos fue importante porque era una cosa increíble: tenemos 230 mil elementos en el Ejército y 65 mil en la Marina, y podían estar asaltando enfrente de un cuartel a un ciudadano y no podían meterse porque no lo permitía la Constitución. Por eso lo de la creación de la Guardia Nacional. Tomando en cuenta lo que estás diciendo, tu preocupación, además de ser justa, legítima, es también mi preocupación de cómo llevar a cabo una reconversión, cómo hacer posible que se respeten derechos humanos, que haya un comportamiento distinto en la Guardia Nacional formada por militares y por marinos.
Los logros de la Marina
Entre los logros que el gobierno de Trump y anteriores le reconocen a la Marina mexicana en el combate al narcotráfico destacan el desmantelamiento de las estructuras cupulares de organizaciones como Los Zetas, La Familia Michoacana y los cárteles del Golfo, de Tijuana y de Juárez.
“La captura de Joaquín El Chapo Guzmán no se hubiera logrado sin la participación y cooperación con la Marina, y otros connotados golpes asestados al Cártel de Sinaloa. Insisto: la Marina de México es la más capacitada para enfrentar al narcotráfico; tiene armas, el equipo tecnológico y la estrategia de inteligencia necesaria para ello”, enfatiza uno de los entrevistados.
En cuanto a la expansión del poder y el control de territorios por parte del CJNG y el Cártel de Sinaloa, los funcionarios sostienen que ello es resultado de una “extraña relación o tregua” entre ambas organizaciones criminales.
Al respecto, uno de los funcionarios del Departamento de Justicia sostiene: “Desde que El Chapo Guzmán salió del cuadro de mando del Cártel de Sinaloa, la fracción comandada por (Ismael) El Mayo Zambada García y sus hijos parece que ha cedido al CJNG territorios que eran dominados por El Chapo.
“Hay una pugna entre esta organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y fracciones criminales de Sinaloa y de otros grupos; por eso hay tanta violencia. Pero en México el gobierno y la prensa han dejado de hablar de esta situación, como que quieren ocultarla. Eso lo entendemos políticamente, pero, como estrategia de seguridad, es necesario afrontar esta situación”.
El miércoles, 17 en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el juez Brian Cogan dictará sentencia al Chapo Guzmán. Los entrevistados sostienen que al capo mexicano le darán por lo menos cadena perpetua.
“El caso del Chapo está finiquitado. Lo que ocurrirá después es lo que nos preocupa, pues habrá reajustes entre las fracciones del Cártel de Sinaloa; se cobrarán muchas deudas entre los capos, lo que se traducirá en violencia.
“El CJNG será sin duda un elemento importante en el reajuste y podría salir altamente beneficiado respecto al control de plazas. Hay que estar preparados para confrontar eso; y para hacerlo es primordial la cooperación e intercambio de información de inteligencia in situ, no a nivel burocrático en la Ciudad de México”, precisa el funcionario del Departamento de Justicia.
Lo que viene
Desde que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, y a partir de su juicio y de la sentencia que recibirá en Brooklyn este año, agencias federales de este país, sobre todo la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), han dejado de hablar con el mismo énfasis sobre la lucha contra el Cártel de Sinaloa, la organización criminal que en los tiempos del Chapo fue considerada como la más poderosa.
La falta de una campaña mediática por parte de Estados Unidos y la DEA contra el Cártel de Sinaloa –como la que llevó a cabo cuando El Chapo formaba parte de la cúpula de mando– genera suspicacias en el sentido de que existe un acuerdo con la fracción del Mayo Zambada.
Estas sospechas aumentaron cuando, en el juicio del Chapo, Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, el hijo mayor del Mayo, se presentó al proceso judicial como testigo del Departamento de Justicia para incriminar al exsocio de su padre.
–Se rumora que existe un acuerdo de la DEA y el Departamento de Justicia con la fracción del Mayo Zambada en el Cártel de Sinaloa. ¿Existe ese compromiso? –se le pregunta a uno de los funcionarios del Departamento de Justicia.
–No existe, es falso. El hecho de que ahora no se publicite tanto el desmantelamiento de esa organización ni la captura de sus líderes, como se hizo en el pasado, no significa que se dejó de hacer. Es otra la estrategia que se sigue. Y para tener el éxito es primordial e insustituible la cooperación con el gobierno mexicano y sus instituciones, como la Marina, por ejemplo, y el Ejército.
–¿El gobierno de López Obrador ha bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico?
–No podemos, ni nos corresponde, calificar el trabajo del gobierno de México. Lo que buscamos es mayor cooperación en la lucha contra los cárteles de la droga. Consideramos que con los cambios instrumentados por el presidente (López Obrador) se han descuidado algunos aspectos cruciales para el objetivo. La violencia, en muchos estados mexicanos, está ligada a la expansión de control de plazas del CJNG.
Esto es algo que le corresponde analizar al gobierno de López Obrador, dice el entrevistado, e insiste: “Nosotros estamos listos para continuar cooperando, pero debemos contar con las contrapartes para hacerlo”.
