Un informe presentado por Alfonso Durazo a Andrés Manuel López Obrador a finales del año pasado concluía que la corrupción había invadido a la Policía Federal; de ahí que se hablara de la necesidad de crear una Guardia Nacional y de que en un primer momento se recurriera para ello a efectivos de las Fuerzas Armadas. Ahora, ante la rebelión de los federales, el secretario de Seguridad Pública insistió: “Algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la corporación, sino de los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios”. Y también hay indicios de que, desde el sexenio calderonista, agentes de ese agrupamiento se habrían coludido con el crimen organizado.
A finales de 2017 Alfonso Durazo, quien estaría llamado a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le entregó a Andrés Manuel López Obrador un informe en el que detalló las debilidades institucionales de la Policía Federal (PF).
Ahora, tres fichas de ese informe que logró consultar este semanario exhiben los argumentos que inclinaron al nuevo gobierno a la creación de la Guardia Nacional y la preferencia para hacerlo con integrantes de las Fuerzas Armadas, por sobre la PF.
En la primera ficha, Durazo hizo hincapié en el bajo crecimiento de efectivos de las PF entre las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Su número real, en el sexenio pasado, se estancó en “40 mil elementos”, cuando fue adscrita a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
La segunda señala el fracaso del modelo policial que implicó la creación de la Gendarmería Nacional, que según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incorporó 5 mil elementos como una división de la PF. No pudo justificar que su existencia rindiera frutos; tampoco que los gastos o despliegue ayudaran a reducir los índices de violencia.
La tercera habló de posibles abusos de mandos de la PF en la utilización de recursos destinados a operativos y equipo. En 2010 la ASF documentó irregularidades, desde la incorporación de empleados “fantasma” en la nómica –en el periodo de Facundo Rosas Rosas al frente de la corporación– hasta reportes –que implican a sus titulares en el pasado sexenio– por contratación irregular de boletos de avión, hospedaje y alimentos.
Este último punto empató con el programa anticorrupción que encabezó el hoy presidente en su campaña política, luego en su etapa de transición y durante su primer semestre de gobierno.
A finales de noviembre de 2017, los efectos de este diagnóstico quedaron plasmados en el Proyecto de Nación 2018-2024 y se repitieron en otros documentos, como el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, emitido el pasado 29 de junio.
El Proyecto de Nación 2018-2024 estipuló: “La intervención del Ejército en tareas de seguridad pública ha llevado a muchos funcionarios policiales a una cierta complacencia y abulia, que ha limitado e inhibido el crecimiento profesional de los cuerpos de seguridad pública”.
Más adelante: “Se analiza la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 214,157 soldados y 55,574 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores”.
Antecedentes oscuros
El pasado 4 de junio Durazo sostuvo que existió corrupción en la PF en el proceso de adquisición de gasolinas y tecnología. En medio de las protestas por el traslado de policías a la Guardia Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana afirmó que detrás de la rebelión hubo “instigadores” y “oportunistas”.
“Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la corporación, sino de los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios para la compra de gasolina, tecnología, entre otros”, indicó.
Reveló que uno de los asuntos en litigio dentro de la PF es el relativo a la adquisición de un sistema de inteligencia llamado Rafael, que se contrató el 23 de diciembre de 2015. Es decir, durante el periodo en que Monte Alejandro Rubido estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, y en la etapa en que Enrique Galindo Ceballos era comisionado general de la PF.
En su columna “Estrictamente Personal” del pasado viernes 5, Raymundo Riva Palacio escribió que Rafael no es un sistema sino una empresa israelita, Rafael Advance Defense Systems, que proporciona “tecnologías de defensa” y abarca soluciones de seguridad y ciberseguridad. Por la contratación para los servicios de dicha empresa, Damián Canales, entonces jefe de Inteligencia de la PF, firmó un contrato por el que se pagó 33 millones de dólares, sin que los bienes se registraran en el inventario o en el patrimonio de la institución.
Durazo habló de un sobreprecio de cuatro veces el valor real y comentó que en breve se presentará la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y una petición a la ASF para revisar el proceso de adquisición.
Las sospechas se empalman con las dos últimas entregas de la ASF relacionadas con la cuenta pública 2017 y 2018. En la primera detectó pagos indebidos por 163 millones 212 mil 500 pesos para pasajes y viáticos, necesarios para los operativos hechos en el país en materia de seguridad pública, entre ellos irregularidades en la compra de gasolinas, hoteles y alimentación.
La última entrega de la ASF refiere pagos indebidos por 14.4 millones de pesos por la compra de 11 vehículos, sin autorización del Comité Técnico del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipo de Seguridad Pública y de Aeronaves.
También se sospecha que elementos de la PF se coludieron con el crimen organizado. Los primeros indicios aparecieron a finales de la administración de Felipe Calderón.
En junio de 2012, un operativo para capturar a dos policías federales investigados por tráfico de cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México provocó un tiroteo en el que dos agentes perdieron la vida. La Secretaría de Seguridad Pública, encabezada entonces por Genaro García Luna, acusó a los agentes que provocaron el incidente de estar ligados a una red de narcotráfico.
El pasado 14 de noviembre, Jesús El Rey Zambada, integrante del Cártel de Sinaloa y quien testificó en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, confesó que entre 2001 y 2008 traficó cocaína desde el aeropuerto capitalino, custodiado por agentes de la entonces Policía Federal Preventiva. Señaló que la corporación y la Procuraduría General de la República recibían sobornos del cártel.
Baja confianza
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común y quien mantuvo cercanía con la PF durante la administración de Genaro García Luna por medio de la organización México Unido contra la Delincuencia, advierte que la presente administración federal tiene un diagnóstico errado sobre el cuerpo de seguridad federal y hacia dónde fijará su destino.
“Yo no sé quién le dio ese diagnóstico al presidente, pero se lo dieron equivocado. Definitivamente la policía tiene insuficiencias, ha cometido errores y tiene policías buenos y malos. Yo creo que son más los buenos. A mí me parece que desde un principio el presidente tiene una mala percepción que no ha argumentado por qué”, señala en entrevista.
Un resumen del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, antecedente de la estrategia de seguridad oficial que presentaron Durazo y López Obrador, mostró la preocupación por el uso de las Fuerzas Armadas en operativos, pues les ha generado “desgaste y pérdida de confianza”.
En cambio, el documento arremete contra la corporación: “La Policía Federal es un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo; sus integrantes –alrededor de 40 mil elementos, incluidos muchos dedicados a funciones administrativas– reciben bajos salarios y carecen de seguridad y protección social”, señala el documento.
Según el tabulador de salarios de la PF, los efectivos de dicha corporación reciben un salario mínimo de 16 mil 989 pesos, entre los policías rasos que componen la “escala básica”; pero este monto puede escalar a los 104 mil 457 pesos al mes netos entre los grados de “inspectores” y “comisarios”.
Al respecto, Morera insiste en que el presidente y Durazo no han presentado pruebas de estos dichos; ni siquiera en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ley que dio origen a la Guardia Nacional.
Entre 2011 y 2018 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) mantuvo a la PF con bajas calificaciones, en comparación con las secretarías de Defensa y de Marina. Una confianza regular, combinada con altas tasas de percepción sobre corrupción, la posicionan como la peor evaluada entre la ciudadanía.
Según la Envipe, en nueve años la PF logró mejorar su reputación, aunque sin llegar a la de la Defensa o la Marina: mientras que en 2011 la PF mantenía un nivel de 51.2% de aprobación, en 2018 ésta aumentó a 66.4%, lejos de las cifras de que gozan las Fuerzas Armadas: en 2018 el Ejército obtuvo 88.2% de aprobación y la Marina, 84.2%.
Además prevalece la percepción de una corporación “corrupta”: 57.4%; un descenso de sólo 3% respecto a 2011, en tanto que Ejército y Marina mantuvieron percepciones de corrupción por 27.6% y 21.6%, respectivamente.
“Creo que aquí hay un tema de percepción muy fuerte que no logro entender muy bien de dónde viene”, abunda Morera.
–¿Le parece justa la vinculación que se le hace a la PF con el sexenio de Calderón? –se le pregunta en relación con el supuesto nexo denunciado por Durazo en el transcurso de las protestas.
–Bueno, vinculada tiene que estar porque es en la administración que más creció; pero los policías van obedeciendo al jefe que les pongan. No creo que se queden vinculados a unos u otros. Creo que no debemos mezclar política con seguridad.
Derechos humanos vulnerados
Un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la PF estuvo implicada en al menos ocho recomendaciones por “violaciones graves”.
El documento consigna la participación de la PF en las matanzas de Apatzingán, donde se demostró que policías federales intervinieron en la ejecución de 16 civiles desarmados; Tanhuato, donde la CNDH encontró indicios de ejecuciones a corta distancia y siembra de armas, y Nochixtlán, donde los uniformados desalojaron a maestros y padres de familia en una acción que dejó seis ciudadanos muertos por arma de fuego.
Sin embargo, estas recomendaciones persiguen a la corporación desde sus orígenes como Policía Federal Preventiva. De hecho, la CNDH emitió otras 80 por diversos hechos de violencia contra la población cometidos por esa institución. Entre éstos se encuentran las denuncias de abusos en los operativos de desalojo de la huelga de la UNAM y en San Salvador Atenco, donde se estrenó la corporación; o en 2011, cuando tomó parte en el desalojo de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, durante el cual fueron asesinados dos estudiantes desarmados: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En entrevista concedida a este semanario (Proceso 2219), Enrique Guadarrama López, visitador de la CNDH, advirtió que las denuncias contra la PF aumentaron a raíz de que se emplearon fuerzas federales en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
De 2006 al pasado 22 de abril las tres dependencias federales han dado pie a 266 recomendaciones del ómbudsman nacional. En ellas identifica a por lo menos 2 mil 49 víctimas que señalaron como sus agresores a mil 59 policías federales, 371 miembros del Ejército y a 259 de la Secretaría de Marina.
Uno de los señalados fue el almirante Wilfrido Robledo, quien fue comisionado de la Policía Federal Preventiva y principal responsable del operativo que derivó en la represión contra los pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que en esos hechos se cometieron violaciones y torturas contra 11 mujeres.
Politización de la seguridad
“La Policía Federal no es la única dependencia que tiene o ha tenido corrupción; por ejemplo, la Presidencia de la República también ha tenido corrupción, pero nadie se ha planteado desaparecerla”, comenta a Proceso Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) e invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A pesar de que comparte el diagnóstico de López Obrador sobre las causas estructurales de la violencia y el abandono paulatino de la PF, advierte que si continúan descuidándose la prevención y procuración de justicia, habrá problemas que no podrá resolver la Guardia Nacional.
Precisa: fueron 38 mil los elementos reales de la PF que ya no crecieron desde el sexenio pasado; 62 mil elementos menos de los que se planteó que habría en 2019.
Rivas no ve que exista una estrategia en el hecho de que la Guardia Nacional se despliegue en las calles.
“La Guardia no es la estrategia o no debería de serlo, sino el instrumento con el que se implementa una estrategia de seguridad nacional, y eso no lo veo”, añade.
Un reciente estudio del ONC y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que la presente administración federal precipitó recortes de 27% respecto al dinero ejercido en 2018.
Rivas sostiene que la estrategia empleada por López Obrador continúa enfatizando la reacción por encima de la prevención del delito: durante 2019, de 28 programas relacionados con la seguridad sólo dos concentran 59.3% del total del presupuesto de este rubro; ambos pertenecen al eje “Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública”.
“No veo, por ejemplo, una estrategia de prevención en secuestros, donde la Policía Federal había dado resultados”, finaliza.
